Yolanda Soto Valdivia
Expediente 505/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 8 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 505/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 27/06/2019
Partes del expediente
- Yolanda Soto Valdivia
- Tribunal de Arbitraje Y Escalafón del Estado de Jalisco
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
De la certificación de cuenta y del estado procesal de autos, se advierte que transcurrió el plazo que la ley concede a las partes interesadas, para que se inconformaran, si a su derecho convenía, contra la determinación pronunciada el tres de junio de dos mil diecinueve, a través de la cual, se tuvo por cumplida la ejecutoria dictada en autos; por tanto, envíense materialmente las actuaciones al archivo. Con apego al citado numeral 196 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto concluido. Háganse las anotaciones correspondientes. En cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, en sus artículos XX y XXI, en el que se establecen los lineamientos para depuración y destrucción de los juicios de amparo se considera que el presente expediente es susceptible de depuración, bajo los lineamientos precisados en la fracción IV del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General en cita, toda vez que se concedió el amparo de la Justicia Federal. Se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Hágase saber para los efectos establecidos en dicho acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. De conformidad con lo dispuesto por el artículo Décimo Primero, del referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno en original, que devolver a las partes.
- Principal
De la certificación de cuenta se desprende que transcurrió el plazo de tres días que se concedió a la parte quejosa, por auto de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, para que desahogara la vista que se ordenó respecto del cumplimiento que el Secretario General del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, adujo dar a la ejecutoria de amparo. Consecuentemente, con fundamento en el párrafo cuarto de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional, de oficio, procede a pronunciarse respecto al cumplimiento aludido, tomando en consideración las constancias que obran en este expediente. A efecto de estar en posibilidad de pronunciarse sobre el cumplimiento de la sentencia que concedió el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso Yolanda Soto Valdivia, deben tomarse en consideración los siguientes antecedentes. La parte quejosa en su escrito de demanda, solicito el amparo en contra de las autoridades y por los actos siguientes: Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco. La omisión de dictar el laudo en el juicio laboral 135/2017. En la sentencia autorizada el veintitrés de abril de dos mil diecinueve, se resolvió: "ÚNICO. La Justicia de la Unión AMPARA Y PROTEGE a Yolanda Soto Valdivia, contra el acto que reclama del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, por las razones expuestas en el considerando quinto y para los efectos señalados en el considerando sexto de esta sentencia." En auto de veinte de mayo de dos mil diecinueve, se declaró ejecutoriada la sentencia concesoria, en la cual se determinó que el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, debía realizar lo siguiente: Con plenitud de jurisdicción, resolviera de inmediato el laudo dentro del juicio laboral 135/2017, para así respetar y cumplir lo que el derecho humano en cuestión exige y, por ende resarcir la quejosa en términos del artículo 77 fracción I, de la Ley de Amparo; o en su caso, demostrar el impedimento legal que tenga para ello. Por acuerdo de veinticuatro de mayo de dos mil diecinueve, se tuvo al Secretario General del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, remitiendo las constancias con las que adujó haber cumplimentado la ejecutoria de amparo. Con lo anterior, se dio vista a la parte quejosa, a fin de que manifestara lo que su interés legal conviniera, sin que la hubiese desahogado, por lo que resulta pertinente calificar el cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo. Previo a determinar si la ejecutoria de amparo se encuentra cumplida, o bien, determinar si existe exceso o defecto en el cumplimiento, debe atenderse el argumento toral con el que se concedió la protección constitucional, mismo que en lo que interesa, fue el siguiente. Del precepto 17 constitucional se advierte que en él se establece: a) El derecho a la jurisdicción que tiene todo gobernado de acudir ante los órganos del estado competentes, previamente establecidos, para el efecto de obtener una resolución sobre una pretensión y, en su caso, la ejecución de lo juzgado. b) La obligación por parte de las autoridades de conocer, substanciar y resolver los juicios que se diriman ante ellas. c) Que dicha impartición de justicia deberá efectuarse dentro de los plazos previamente establecidos en las leyes aplicables al caso; es decir, que las resoluciones, ya sean autos o sentencias, se deben pronunciar dentro de los términos establecidos en las legislaciones procesales. d) La última parte del artículo en comento consagra la gratuidad en el desempeño de la actividad jurisdiccional; esto significa que las autoridades que realizan dicha función no deben percibir remuneración o percepción económica alguna, diversa a la que la ley les señala, estableciéndose así la prohibición constitucional de las costas judiciales, lo que persigue la finalidad de conseguir la imparcialidad de los tribunales. En suma, cabe decir que dicho canon tutela la garantía individual de acceso a la jurisdicción, entre cuyas calidades está la que se refiere a que los tribunales deben impartir justicia en los plazos y términos que fijen las leyes, lo cual significa que el precepto interpretado protege al gobernado al establecer que los tribunales deben resolver las controversias de su competencia, conforme a las reglas señaladas en las leyes orgánicas y de procedimiento que regulan su actuar, es decir, deben acatar los lineamientos que establezca el procedimiento respectivo; por tanto, cuando la autoridad no actúe así, es decir, que no respete los términos establecidos dentro del procedimiento del que emana tal acto, estará actuando contra lo dispuesto por el artículo 17 constitucional. En ese sentido, para estar en posibilidad de verificar si la autoridad responsable ha retardado el desarrollo normal y oportuno del juicio natural, es necesario, según se obtiene del artículo constitucional que se examina, acudir al ordenamiento legal que norma su actuación pública, a fin de constatar si se ha ajustado a éste o no. De su interpretación, se advierte, entre otras cosas, que el Tribunal de Arbitraje y Escalafón tendrá las más amplias facultades para la práctica de las diligencias de desahogo de pruebas; además, que una vez concluida la recepción de pruebas y practicadas las diligencias ordenadas por el tribunal, se declarará concluido el procedimiento y se dictará el laudo correspondiente dentro de un término que no excederá de veintidós días hábiles. Entonces, de lo manifestado por la parte quejosa, y del reconocimiento expreso de la autoridad responsable, al momento de rendir su informe con justificación, y de la documental adjunta al mismo, consistente en la copia certificada del acuerdo de veintiocho de agosto de dos mil dieciocho, al cual se le otorga valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de la que se advierte que la autoridad responsable declaró concluido el periodo de alegatos y ordenó turnar los autos a la vista del Pleno del Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado de Jalisco, para el dictado del laudo correspondiente, sin que a la fecha se haya emitido. Por tanto, es inconcuso, que la responsable infringió los numerales transcritos, relativos a cuidar que los procedimientos que ante el Tribunal se tramitan, no queden inactivos, a efecto de que la justicia sea pronta y expedita y en su caso, emitir el laudo respectivo dentro del plazo fijado por la ley. Y, al no pronunciar el laudo multicitado, dentro del plazo que para tal efecto se establece, ocasiona que de manera injustificada, quede paralizado el procedimiento laboral, lo que conlleva inactividad procesal y, en consecuencia, la violación al derecho humano de pronta impartición de justicia, consagrado por el artículo 17 Constitucional. Del texto del artículo citado se desprende que el objeto de la concesión de la protección constitucional al quejosa, es para restituirla en el goce de sus garantías individuales violadas, para lo cual distingue la naturaleza del acto en dos hipótesis: - Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se ordenará restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación; y - Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Luego, en el presente caso, la naturaleza del acto reclamado fue de carácter omisivo, por lo que el objeto de la concesión fue restituir a la parte quejosa, en el goce del derecho fundamental que se consideró vulnerado. V. Actos realizados por la autoridad responsable tendente a cumplir con la ejecutoria de amparo. Entonces, de las constancias certificadas remitidas por la autoridad señalada como responsable, a la cuales se le concede valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de forma supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su precepto 2°, se advierte, en lo que interesa, que el dieciséis de mayo de dos mil diecinueve se pronunció el laudo correspondiente dentro del expediente 135/2017-G2. VI. Pronunciamiento sobre exceso o defecto en el cumplimiento. Ahora bien, en términos del artículo 196, párrafo segundo de la Ley de Amparo, se procede a analizar si hubo exceso o defecto en el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En ese contexto, se estima pertinente mencionar que existe "exceso" cuando la responsable no se ajusta al tenor exacto del fallo y se extralimita en su cumplimiento al ir más allá del alcance de la resolución que concedió la protección constitucional; en tanto que, hay "defecto" cuando la autoridad responsable deja de cumplir en su integridad lo ordenado en la sentencia, esto es, deja de hacer algo que se le ordenó en la resolución de cuya ejecución se trata. Entonces, de los lineamientos establecidos en la resolución de concesión de amparo y del contraste que se realiza con las documentales que adjuntó la responsable en cumplimiento a dicha ejecutoria, se considera que se ha cumplido el núcleo esencial de la protección constitucional. Ello es así, ya que los efectos concesorios del amparo constriñen a que la autoridad responsable, con plenitud de jurisdicción, resolviera el laudo dentro del juicio laboral 135/2017-G2, para así respetar y cumplir lo que el derecho humano en cuestión exige y, por ende, resarcir a la quejosa en términos del artículo 77 fracción I, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto en párrafos que anteceden, se aprecia que se ha cumplido el núcleo esencial de la protección constitucional. Por lo expuesto, quien ahora provee considera que no existe exceso o defecto en la forma de cumplimiento al fallo protector, toda vez que la autoridad señalada como responsable debía resolver con plenitud de jurisdicción el laudo, dentro del juicio laboral 137/2017-G2, respetando y cumpliendo lo que el derecho humano en cuestión exige y, resarciendo al quejoso en términos del artículo 77 fracción I, de la Ley de Amparo. En ese orden, en atención al fallo protector dictado en actuaciones, y con fundamento en el artículo 196, de la Ley de Amparo, este órgano de Control Constitucional declara que se ha cumplido la ejecutoria de mérito y se tiene a la autoridad responsable, dando cumplimiento a los lineamientos sustentados en el fallo protector, restituyendo con ello a la parte quejosa en el goce de sus derechos constitucionales. Lo anterior, sin perjuicio del derecho que reviste a la parte interesada para inconformarse en términos de la Ley de Amparo aplicable. Se reserva pronunciarse sobre el destino del expediente de amparo, hasta en tanto transcurra el plazo a que se refiere el artículo 202 de la Ley de la Materia. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
VISTO LO DE CUENTA, SE TIENE POR RECIBIDOS EL OFICIO Y ANEXO QUE REMITE EL SECRETARIO GENERAL DEL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO, MEDIANTE EL CUAL DESAHOGA EL REQUERIMIENTO EFECTUADO POR ESTE JUZGADO DE DISTRITO EN ACUERDO DE VEINTE DE MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE, EN RELACIÓN A LA EJECUTORIA DE AMPARO EMITIDA EN EL PRESENTE JUICIO. EN CONSECUENCIA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 196 DE LA LEY DE AMPARO, SE ORDENA DAR VISTA A LA PARTE QUEJOSA. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
VISTA LA CERTIFICACIÓN ANTERIOR, SE ADVIERTE QUE HA TRANSCURRIDO EL PLAZO DE DIEZ DÍAS ALUDIDO EN EL ARTÍCULO 86 DE LA LEY DE AMPARO, SIN QUE LAS PARTES HAYAN INTERPUESTO RECURSO DE REVISIÓN EN CONTRA DE LA SENTENCIA DICTADA EL VEINTITRÉS DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, EN LA QUE SE CONCEDIÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL. EN CONSECUENCIA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 356, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, APLICADO SUPLETORIAMENTE A LA LEY DE LA MATERIA, SE DECLARA QUE HA CAUSADO EJECUTORIA, LA CITADA RESOLUCIÓN. EN VIRTUD DE QUE SE CONCEDIÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 192 DE LA LEY DE LA MATERIA, SE REQUIERE AL TRIBUNAL DE ARBITRAJE Y ESCALAFÓN DEL ESTADO DE JALISCO, PARA QUE DÉ CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA DE AMPARO DICTADA POR ESTE JUZGADO FEDERAL. EL ARTÍCULO CITADO ESTABLECE, POR REGLA GENERAL UN PLAZO DE TRES DÍAS PARA QUE LA RESPONSABLE DE CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA CONCESORIA DE AMPARO; A SU VEZ, ESTA JUZGADORA SE ENCUENTRA FACULTADA PARA AMPLIAR EL PLAZO DE ACUERDO A LA COMPLEJIDAD DE LOS LINEAMIENTOS. POR TANTO, LA AUTORIDAD OBLIGADA DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL, DEBE ATENDER A LOS PLAZOS PREVISTOS POR LA PROPIA LEGISLACIÓN QUE RIGE EL ACTO. PARA ESTABLECER OBJETIVAMENTE EN QUÉ RADICA LA COMPLEJIDAD O DIFICULTAD DE UNA EJECUTORIA DE AMPARO QUE DEBA CUMPLIMENTARSE, ES NECESARIO REALIZAR UN ANÁLISIS INTEGRAL DE LA SERIE DE FACTORES QUE SE PRESENTAN EN EL PARTICULAR; ASÍ DE LA REVISIÓN DE LAS CONSTANCIAS DEL PRESENTE ASUNTO, SE DESPRENDE QUE EN SENTENCIA DE VEINTITRÉS DE ABRIL DE DOS MIL DIECINUEVE, SE DETERMINÓ CONCEDER LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL, PARA LOS SIGUIENTES EFECTOS: CON PLENITUD DE JURISDICCIÓN, RESUELVA DE INMEDIATO EL LAUDO DENTRO DEL JUICIO ORDINARIO LABORAL 135/2017, PARA ASÍ RESPETAR Y CUMPLIR LO QUE EL DERECHO HUMANO EN CUESTIÓN EXIGE Y, POR ENDE RESARCIR LA QUEJOSA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 77 FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO; O EN SU CASO, DEMOSTRAR EL IMPEDIMENTO LEGAL QUE TENGA PARA ELLO. DE LA LECTURA DE LA EJECUTORIA DE AMPARO, SE DESPRENDE QUE LOS LINEAMIENTOS DE LA CONCESIÓN IMPONE LA OBLIGACIÓN A LA RESPONSABLE DE REALIZAR DIVERSAS ACCIONES, LO QUE PODRÍA TRADUCIRSE EN QUE LA MISMA RESUELVA DE INMEDIATO EL LAUDO DENTRO DEL JUICIO LABORAL 135/2017 Y RESARCIR A LA QUEJOSA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 77 FRACCIÓN I, DE LA LEY DE AMPARO; POR LO QUE SE LE CONCEDE EL PLAZO DE DÍEZ DÍAS PARA ACATAR EL FALLO PROTECTOR. SE APERCIBE A LA AUTORIDAD RESPONSABLE QUE DE NO DAR CUMPLIMIENTO EN EL PLAZO OTORGADO, SE LLEVARÁ A CABO EL PROCEDIMIENTO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO. HÁGANSE LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN EL LIBRO DE GOBIERNO.
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