Yolanda Soto Llanes

Expediente 606/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sinaloa. 2 actuaciones registradas, la última del 7 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
606/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
07/06/2021

Partes del expediente

  • Yolanda Soto Llanes

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación con que se da cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el auto pronunciado el doce de mayo de dos mil veintiuno, en el que se desechó de plano la demanda de amparo; por tanto, con fundamento en los preceptos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, en consecuencia, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, de conformidad con el artículo 196 de la ley de la materia, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes. Como se advierte de la certificación de cuenta, en este asunto no existen documentos originales exhibidos por las partes. Así, en cumplimiento al acuerdo general conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que el presente asunto no tiene valor jurídico, ni relevancia documental, por lo que es susceptible de destrucción.

  2. Principal

    En razón de no haber acudido la parte quejosa, a las instalaciones de este Juzgado, a efecto de notificarle personalmente el auto de doce de mayo del presente año, no obstante el citatorio dejado en su domicilio con anterioridad, se le notifica por lista de estrados el referido auto, que en lo conducente dice: Fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno de este juzgado como juicio de amparo 606/2021, dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa el ubicado en ***, en esta ciudad, y como autorizado a ***, con las facultades amplias que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo, por tener acreditado estar facultado para ejercer la profesión de licenciado en derecho y a ***, con las limitantes que establece el citado numeral al no reunir dicho requisito. Respecto al correo electrónico y número de celular que proporciona la parte quejosa, de conformidad con el artículo 5, fracción I, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus Covid-19, serán considerados como herramientas de contacto para la atención de la justiciable, en caso de resultar necesario, no así para practicar notificaciones, toda vez que no es un medio legal para llevarlas a cabo de conformidad con la Ley de Amparo. Se exhorta a las partes para que transiten y den seguimiento al presente asunto mediante el esquema de juicio en línea. Del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: Del Agentes del Ministerio Público Titular y Auxiliar de la (antes) Unidad Integral del Ministerio Público de lo Penal Fiscalía General del Estado del Distrito Judicial de Guasave, Sinaloa y Agente del Ministerio Público encargado de la integración de la carpeta de investigación ***, en Guasave, Sinaloa: La omisión de darle trámite a las solicitudes realizadas por escritos de ocho de noviembre de dos mil dieciocho y ocho de marzo de dos mil diecinueve, en la carpeta de investigación ***.Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, establece que el Juez de Distrito debe examinar la demanda de amparo y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. En ese contexto, se advierte que respecto de los actos reclamados en este asunto, se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia que deriva de lo previsto por el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, que prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior". La causa de improcedencia señalada, se actualiza cuando se reclaman actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese hecho valer oportunamente. Como puede verse, la citada causal de improcedencia supone que antes de acudir a la vía constitucional extraordinaria, se agoten todas las posibilidades que la ley ordinaria concede a efecto de que la determinación o actuación judicial que genera afectación sea revocada, modificada o nulificada; salvo las excepciones expresamente delimitadas en la propia legislación. Ahora bien, debe precisarse que la Constitución Federal en su artículo 20 menciona los principios y directrices que regirán el proceso penal acusatorio, y en su apartado C se reconocen los derechos de las víctimas u ofendidos, entre los cuales destacan los que protegen el interés que tienen en que se investiguen los hechos que constituyan la comisión de un delito como se advierte de las fracciones II y VII que a la letra dicen: "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación. . C. De los derechos de la víctima o del ofendido: II. Coadyuvar con el Ministerio Público; a que se le reciban todos los datos o elementos de prueba con los que cuente, tanto en la investigación como en el proceso, a que se desahoguen las diligencias correspondientes, y a intervenir en el juicio e interponer los recursos en los términos que prevea la ley . VII. Impugnar ante autoridad judicial las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos, así como las resoluciones de reserva, no ejercicio, desistimiento de la acción penal o suspensión del procedimiento cuando no esté satisfecha la reparación del daño". Por su parte, el Código Nacional de Procedimientos Penales, también reconoce los derechos de la víctima u ofendido, en su artículo 109, cuya fracción XXI, prevé la posibilidad de impugnar las omisiones o negligencia del agente investigador, al señalar: "Artículo 109. Derechos de la víctima u ofendido En los procedimientos previstos en este Código, la víctima u ofendido tendrán los siguientes derechos: . XXI. A impugnar por sí o por medio de su representante, las omisiones o negligencia que cometa el Ministerio Público en el desempeño de sus funciones de investigación, en los términos previstos en este Código y en las demás disposiciones legales aplicables". En ese sentido, el artículo 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establece el control judicial como medio de impugnación, al disponer lo siguiente: "Artículo 258. Las determinaciones del Ministerio Público sobre la abstención de investigar, el archivo temporal, la aplicación de un criterio de oportunidad y el no ejercicio de la acción penal deberán ser notificadas a la víctima u ofendido quienes las podrán impugnar ante el Juez de control dentro de los diez días posteriores a que sean notificadas de dicha resolución. En estos casos, el Juez de control convocará a una audiencia para decidir en definitiva, citando al efecto a la víctima u ofendido, al Ministerio Público y, en su caso, al imputado y a su Defensor. En caso de que la víctima, el ofendido o sus representantes legales no comparezcan a la audiencia a pesar de haber sido debidamente citados, el Juez de control declarará sin materia la impugnación. La resolución que el Juez de control dicte en estos casos no admitirá recurso alguno." Del dispositivo legal transcrito, se advierte que contra las omisiones o negligencias del ministerio público de integrar la carpeta de investigación procede el medio de impugnación innominado antes mencionado, que tiene por objeto buscar que los asuntos de esta materia sean resueltos de forma breve y garantista en favor del imputado, así como de la víctima u ofendido; por tanto, el Juez de Control puede revisar las decisiones u omisiones del Ministerio Publico y conminarlo a que reanude la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias. En ese contexto, en el caso en concreto, la parte quejosa estuvo en aptitud de promover el medio de defensa innominado contra las abstenciones u omisiones de las autoridades responsables en la integración de la carpeta de investigación ***, antes de acudir a impugnarlas en el juicio de amparo, ya que es el medio de impugnación que expresamente establece la legislación ordinaria aplicable, mediante el cual se puede conminar a las autoridades responsables a que reanuden la investigación y practique todas las diligencias que sean necesarias para el esclarecimiento de los hechos denunciados, para cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio constitucional; por tanto, como no se satisfizo ese presupuesto procesal, es evidente que se actualiza la causa de improcedencia que se analiza. Cabe destacar que el acto reclamado en estudio, no encuadra en ninguna de las excepciones al principio de definitividad establecidas en la Ley de Amparo, pues como se aprecia de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad expuso, la quejosa inconforme es parte y no es tercera extraña; además, no se trata de una ley o de un acto de privación de libertad que la exima de la obligación de agotar los recursos ordinarios antes de acudir en solicitud de amparo, por lo que estaba obligado a cumplir con el principio de definitividad aludido; por tanto, debe considerarse que la definitividad del acto no quedó satisfecha, ya que la justiciable se encuentra obligada a interponer el recurso que la ley confiere contra los actos que reclama. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia que deriva de lo previsto por el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, con apoyo en el numeral 113 del mismo cuerpo normativo, se desecha de plano la demanda de amparo de que se trata.Se habilitan días y horas inhábiles para que el actuario judicial pueda realizar las diligencias correspondientes.

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