Yolanda Sosa Avendaño

Expediente 2199/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tabasco. 2 actuaciones registradas, la última del 21 de diciembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
2199/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
21/12/2022

Partes del expediente

  • Yolanda Sosa Avendaño

Actuaciones

  1. Principal

    MESA VI......se declara que ha causado estado el auto que desechó de plano la demanda de amparo....se ordena el archivo del presente juicio....

  2. Principal

    Villahermosa, Tabasco, seis de diciembre de dos mil veintidós. Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se tiene por recibida la demanda presentada por se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por Yolanda Sosa Avendaño, contra el acto de la siguiente autoridad responsable: Segundo Tribunal Laboral de la Región Uno de Centro, Tabasco. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente; capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 2199/2022-VI. UTILIZACIÓN PREFERENTE DE MEDIOS TECNOLÓGICOS Y SOLUCIONES DIGITALES EN EL TRABAJO. Con fundamento en el artículo 263, fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, en vigor a partir del siete de noviembre de mismo año, se exhorta a las partes para que cuando le sea posible, transiten hacia la actuación desde el portal de Servicios en Línea, el cual cuenta con apertura total del esquema de "juicio en línea" a todas las materias e instancias en los asuntos competencia de los órganos a cargo del Consejo, para efecto de continuar (previa solicitud) la tramitación del presente expediente por medios electrónicos. Por otra parte, de conformidad con el diverso 257, fracción I del citado Acuerdo General, se invita a las partes que proporcione número de teléfono móvil y/o cuenta de correo electrónico, a fin de que se establezcan comunicaciones no procesales, para lo cual en estos casos, el personal del órgano jurisdiccional deberá conservar el registro de las comunicaciones, hasta la conclusión del trámite del juicio de amparo. Al respecto, se tiene a la promovente proporcionando como medios de contacto numero celular 99313883232 y correo electrónico edduar_garcia85@hotmail.com. Asimismo, se hace la precisión que de conformidad con el artículo 22 del referido acuerdo, la digitalización de pruebas, poderes, valores y garantías diversas, queda al arbitrio del suscrito juzgador, pudiéndose, en su caso, incluir una certificación en el expediente electrónico que dé cuenta de éstas e incluya una fotografía o imagen del documento en cuestión. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinara el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Así también, el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, en jurisprudencia visible bajo el número V.2o. J/75 en la página 77 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, tomo 68, agosto de 1993, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS" y la del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X Septiembre de 1999, página 730, Novena Época, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA"; ha establecido cuáles son las condiciones necesarias que deben concurrir en una demanda para que sea desechada, pudiendo éstas resumirse en que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto, y finalmente, que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no podrá el juez formarse una convicción distinta, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es oportuno señalar que la parte quejosa hace consistir como actos reclamados los siguientes: "a) EL ILEGAL ACUERDO DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2022, EN SUS PUNTOS 6 Y 7, QUE ME FUE NOTIFICADO EL DÍA 14 DE NOVIEMBRE DEL AÑO EN CURSO, DICTADO EN EL EXPEDIENTE LABORAL NÚMERO 316/2022, ACUERDO EN DONDE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE, DE FORMA ILEGAL SIN FUNDAR Y MOTIVAR EL MISMO SE DECLARA INCOMPETENTE POR RAZÓN DE TERRITORIO, TURNANDO LOS AUTOS AL JUZGADO ESPECIALIZADO EN MATERIA LABORAL REGIÓN II, CON RESIDENCIA EN TAPACHULA CÓRDOVA Y ORDOÑEZ, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, RESOLUCIÓN QUE ES VIOLARIO, A LOS ARTÍCULOS 16 Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, RELACIONADA CON EL ARTÍCULO 18, 685, 700 FRACCIÓN II INCISO B, Y C, Y 712, 761, 762 763 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, TODA VEZ QUE DE FORMA ILEGAL SE ME IMPIDIÓ CONTINUAR LAS AUDIENCIAS ANTE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE, QUIEN RESULTA SER LA COMPETENTE PARA SEGUIR CONOCIENDO EL PRESENTE JUICIO, POR LO QUE SOLICITO QUE MEDIANTE LA SETENCIA QUE SE SIRVA A DICTAR ESTE H. JUZGADO SE LE ORDENE A LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE SIGA CONOCIENDO Y CELEBRADO LAS AUDIENCIAS HASTA EL DICTADO DE LA SENTENCIA b) LA OMISIÓN POR PARTE DE LA AUTORIDAD SEÑALADA COMO RESPONSABLE, DE CELEBRAR LA AUDIENCIA INCIDENTAL DE COMPETENCIA EN EL EXPEDIENTE LABORAL NÚMERO 316/2022, FORMULADO POR LA DEMANDA MORAL ESTACIÓN DE SERVICIO MARÍN S.A. DE C.V. Y QUE DE MANERA OFICIOSA SIN ENTRAR AL ESTUDIO PARA DETERMINAR SU PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA, LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL ACUERDO DE FECHA 08 DE NOVIEMBRE, SE DECLARÓ INCOMPETENTE TURNANDO LOS AUTOS AL JUZGADO ESPECIALIZADO EN MATERIA LABORAL REGIÓN II, CON RESIDENCIA EN TAPACHULA CÓRDOVA Y ORDOÑEZ, EN EL ESTADO DE CHIAPAS, VIOLANDO MIS DERECHOS CONSAGRADO SEN LOS ARTÍCULOS 761, 762 763 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. Así, de conformidad con el artículo 74, fracción I, en vinculación con el diverso numeral 1º, fracción I, ambos de la ley de la materia, es obligación de este Juzgador realizar la fijación clara y precisa del acto u omisión reclamado, por lo que de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa impugna: La resolución de ocho de noviembre de dos mil veintidós, dictada dentro del expediente laboral 316/2022, en la cual de oficio el Segundo Tribunal Laboral de la Región Uno de Centro, Tabasco, se declaró incompetente por razón de territorio, para seguir conociendo de dicho asunto y ordenó remitirlo al Juzgado Especializado en Materia Laboral Región II, en Tapachula de Córdova y Ordoñez, en el Estado de Chiapas. Sin que pase inadvertido que la promovente refiera como acto reclamado la omisión de la autoridad responsable de celebrar la audiencia incidental de competencia en el expediente laboral 316/2022, formulado por la demandada moral Estación de Servicio Marín Sociedad Anónima de Capital Variable; sin embargo, no se fija como acto reclamado, en razón de que dicho tópico constituye un concepto de violación, toda vez que al declarar la responsable de oficio la incompetencia para conocer del juicio de origen, es evidente que no celebró la audiencia que a consideración de la quejosa debió realizar. Apoya lo anterior, por lo que informa, la tesis de jurisprudencia I. 3o. A. J/26, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo VII, enero de 1991, página 69, que establece: "ACTO RECLAMADO Y CONCEPTO DE VIOLACIÓN. Si conforme a su definición el acto que se impugna se refiere a una conducta (activa o pasiva), que se atribuye a una autoridad, el correcto señalamiento de él para los efectos del amparo consistirá en describirla. Los calificativos que a esa descripción se adjunten y los argumentos que se expresen para destacar sus aspectos circunstanciales no participan de la naturaleza propia del acto sino que constituyen el examen de la conducta, es decir, los razonamientos que se formulen en relación con ella para alcanzar una conclusión respecto de su juridicidad. Por esa razón en el estudio del acto reclamado, tanto para delimitarlo como para establecer su certeza, debe prescindirse de todos los elementos ajenos a él. Así, por ejemplo, cuando se señala como acto reclamado "las órdenes de comisión o de visita, en virtud de que jamás me fueron mostradas y mucho menos se nos dio copia, dejándonos en estado de indefensión", aparece en claro que los actos reclamados los constituyen "las órdenes de comisión o de visita", nada más. Lo relativo a si fueron mostradas y si se entregó copia de ellas o no, son cuestiones ajenas al dictado de esas órdenes, constituyen aspectos propios de otro acto: la ejecución del mandato. La conducta de las autoridades introduce a la realidad otros elementos que son la formulación de las órdenes y su ejecución. Por ende, la manera en que ésta última se haya desarrollado (la exhibición y entrega de las órdenes) no constituye el acto reclamado sino apreciaciones sobre él y, en el supuesto examinado, se trata de incipientes conceptos de violación. La distinción entre el acto reclamado y el agravio es más patente cuando se advierte que para apreciar la certeza del acto basta examinar el informe rendido, en su caso, y las pruebas existentes en autos cuando se trata de los que están sujetos a prueba o no son notorios; mientras que para determinar la exactitud de los calificativos y conceptos de violación se requiere de un proceso posterior que, subsumiendo la hipótesis legal al asunto concreto, viene a dilucidar la controversia." En mérito de lo anterior, se advierte que en el presente caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación al diverso 107, fracción VIII, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley [.]" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto. [.]". De ahí, que sea indispensable remitirse a los artículos 1º, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en lo que interesa respecto del acto reclamado que se analizara señalan: "Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. (.)". "Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite I. Por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a). Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado; (.)". En esas condiciones, de una interpretación sistemática de los artículos 1o, 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte claramente que a partir de la reforma constitucional en materia del juicio de amparo, que comenzó a tener vigencia a partir del cuatro de octubre de dos mil once, los tribunales de la federación como en el caso es este Juzgado de Distrito, resolverán las controversias que se susciten por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas por la Constitución, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. De ahí, las controversias que establece el artículo 103 citado, deben sujetarse a los procedimientos que determine la ley reglamentaria (Ley de Amparo) vigente a partir del tres de abril de dos mil trece. Al respecto, debe tomarse en cuenta que el contenido del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VIII. Contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto." Del citado precepto legal se advierte que el amparo indirecto procede contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento del asunto, lo que tiene como finalidad permitir la revisión de tales cuestiones en esa vía constitucional. Sin embargo, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 239/2014, determinó que si bien el artículo 107, fracción VIII de la ley de la materia, señala que procede el juicio de amparo indirecto contra los actos de autoridad que determinaban inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, lo cierto es que no podía interpretarse literalmente, ya que era necesario que dicho auto fuera definitivo y produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del gobernado, lo cual ocurría una vez que el órgano a favor del que se declinaba la competencia la aceptaba (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando aceptaba inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque era en ese momento y no antes, cuando se producía la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada. Entonces, la resolución de ocho de noviembre de dos mil veintidós, dictada dentro del expediente laboral 316/2022, en la cual de oficio el Segundo Tribunal Laboral de la Región Uno de Centro, Tabasco, se declaró incompetente por razón de territorio, para seguir conociendo de dicho asunto y ordenó remitirlo al Juzgado Especializado en Materia Laboral Región II, en Tapachula de Córdova y Ordoñez, en el Estado de Chiapas; resulta ser un acto que, por su naturaleza, no es decisivo, dado que el Juzgado Especializado en Materia Laboral Región II, en Tapachula de Córdova y Ordoñez, en el Estado de Chiapas, puede aceptar o no la competencia declinada a su favor; por lo que, aún no tiene el carácter de definitivo para los efectos del juicio de amparo. En consecuencia, si el acto reclamado, tal y como se precisó no es definitivo, pues está sometido a la determinación que en su caso y en su momento emita la autoridad a la cual se le planteó la competencia, no altera las cuestiones que dieron origen a la controversia, y mucho menos deja sin defensa a las partes respecto del mismo, lo que permite concluir que no irroga ningún perjuicio a la quejosa pues no vulnera materialmente derecho sustantivo alguno. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P. /J. 17/2015 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación el catorce de agosto de dos mil quince, materia: Común, Décima Época, número de registro: 2009721, de rubro y texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas." Criterio Jurisprudencial que se considera obligatorio para el suscrito de conformidad con el artículo 217 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 217. La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con excepción de la propia Suprema Corte. La jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación será obligatoria para sus Salas, pero no lo será la de ellas para el Pleno. Ninguna sala estará obligada a seguir la jurisprudencia de la otra. La jurisprudencia que establezcan los plenos regionales es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su región, salvo para la Suprema Corte de Justicia de la Nación y los plenos regionales. La jurisprudencia que establezcan los tribunales colegiados de circuito es obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas de su circuito, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los plenos regionales y los tribunales colegiados de circuito. La jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna". Del citado precepto legal se advierte que si una tesis de jurisprudencia ha sido aprobada con tal carácter y publicada a través de los medios autorizados, será obligatoria para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas, con excepción de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por tanto, las jurisprudencias emitidas antes de la entrada en vigor del Decreto por el que, entre otras cosas, se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el diario oficial de la federación el siete de junio de dos mil veintiuno, se invocan en virtud de que prevalece su obligatoriedad, siempre que no sean interrumpidas; y las tesis continúan con ese carácter, de conformidad con lo previsto por los transitorios Décimo y Décimo primero, del referido decreto. En esas condiciones al haberse publicado la jurisprudencia P. /J. 17/2015 (10a.), en el Semanario Judicial de la Federación el catorce de agosto de dos mil quince, ésta se considera obligatoria a partir del diecisiete de agosto de dos mil quince, de conformidad con lo establecido en el citado artículo 217 de la Ley de la materia. A mayor abundamiento, la presente resolución no contraviene los principios de congruencia y exhaustividad que rigen el dictado de toda resolución, ya que no se restringe el acceso a la justicia, ni mucho menos se afectan prerrogativas de fundamentación y motivación, pues la cita o transcripción del precedente o de la tesis jurisprudencial aplicable al caso concreto, contiene los argumentos necesario para sustentar el sentido de lo aquí expuesto, siempre y cuando las circunstancias de hecho y de derecho contenidas en dicho precedente o jurisprudencia, apliquen exactamente a las previstas en la controversia planteada. En las relatadas consideraciones, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO, conforme lo previsto en los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción VIII, en relación al 113, todos de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones, el mencionado en su escrito de demanda, y como a autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que menciona. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherente a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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