Yolanda Soria Vargas

Expediente 493/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
493/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
08/06/2021

Partes del expediente

  • Yolanda Soria Vargas

Actuaciones

  1. Principal

    NOTIFIQUESE PERSONALMENTE...

  2. Principal

    SE HACE CONSTAR QUE SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EN VIRTUD DE NO CUMPLIR CON EL AVISO FIJADO EN PUERTA EL AUTO DE OCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIUNO QUE ESTABLECE: Querétaro, Querétaro, a ocho de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los autos de los cuales se desprende que, no se interpuso recurso de queja contra el auto de veintiuno de mayo de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo promovida por Yolanda Soria Vargas, por propio derecho, contra actos de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Querétaro, dentro del plazo establecido en el artículo 98 de la Ley de Amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno conducentes. Por otra parte, visto el estado procesal que guarda el juicio de amparo que nos ocupa, del cual se advierte que no existe promoción pendiente por acordar o diligencia por realizar; se el archivo definitivo del expediente en que se actúa. Asimismo, con fundamento en el artículo 21, fracción I del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece lineamientos para la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, consultable en el Diario Oficial de la Federación número veinte, del veintiséis de octubre de dos mil nueve, y los artículos 11, fracción XIX y 81, fracciones XVIII y XXXIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, reformados en el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil dieciocho, así como a la circular SEA/DGAD/1/2018 de diecisiete de abril de dos mil dieciocho, suscrita por la Directora General de Archivo y Documentación, a través de la cual se informa que el Consejo de la Judicatura Federal a partir del dieciséis de abril de dos mil dieciocho se ha hecho cargo de organizar, administrar y resguardar los archivos de los Juzgados de Distrito y Tribunales Colegiados de Circuito; que establece que aquellos expedientes que se hayan concluido por un acuerdo sin decidir el juicio en lo principal, serán susceptibles de destrucción, supuesto en el cual se encuentran las demandas de amparo que, se hayan tenido por no presentadas, que se hayan desechado, los juicios en los que se haya decretado la incompetencia y aquellos que hubiera decretado el sobreseimiento fuera de audiencia; en esas condiciones, el presente expediente es susceptible de ser destruido. De igual forma, se comunica a las partes que, de conformidad a lo señalado en el artículo décimo primero del capítulo tercero del referido Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este Juzgado Federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos vigésimo y vigésimo primero del Acuerdo antes citado, una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, la Dirección General de Archivo y Documentación ????A???????? del Consejo de la Judicatura Federal procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Finalmente, se deja a disposición de la parte promovente los documentos que en original adjunto al escrito de demanda; en tal razón, se ordena notificarle personalmente el presente auto, para que acuda dentro del plazo de noventa días naturales, a recoger los documentos en cita, bajo el apercibimiento de que en caso de no hacerlo, una vez transcurrido ese lapso se agregarán al expediente sin ulterior acuerdo, y en su oportunidad serán destruidos, es decir, se desintegrarán materialmente junto con las constancias que obran en el presente expediente, lo anterior en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En la inteligencia de que la entrega de los documentos precitados, solamente se realizará los días miércoles en un horario de 8:30 a 11:45 de la mañana; por tanto, no habrá excepciones de ninguna especie, de ahí que los demás días no hay entrega de ellos, se establece ese horario como medida preventiva que ayude a concluir el trámite solicitado, ya que si se permite después de las 11:45 de la mañana, no se alcanza a concluir el tramite; además, el personal del juzgado que labora físicamente no puede permanecer en el órgano después de la hora de conclusión que lo es las 13:45 horas. Máxime que para recoger los citados documentos deberá generarse la cita respectiva a través del sistema "Agenda OJ" en el día señalado (siempre y cuando haya citas disponibles); sistema que otorga a la persona o cuyo nombre se solicite, un Código QR, el cual permitirá que ella y, en su caso, otra persona autorizada en el expediente respectivo, ingrese al órgano jurisdiccional. Lo anterior, a fin de cumplir con el "ACUERDO GENERAL 1/2021, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REFORMA SU SIMILAR 21/2020, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, CON RELACIÓN AL PERÍODO DE VIGENCIA" en el periodo correspondiente del 3 de agosto de 2020 al 30 de junio de 2021. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    *AVISO FIJADO EN PUERTA.- SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE 21/05/2021, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: "...Vista la demanda de garantías promovida por.En ese orden de ideas, en relación al escrito de demanda que nos ocupa, la parte quejosa hace consistir esencialmente el acto reclamado en la resolución de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, dictada en el Toca Familiar 198/2021, del índice de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Querétaro, que confirmó el auto de veinte de noviembre de dos mil veinte, dictado en los autos del juicio ordinario civil 522/2020, del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro, en el que en relación a las pruebas testimoniales ofrecidas por la quejosa a cargo de Juan Eduardo Gutiérrez de Anda, José Antonio Aguilar Martínez, Tania Rosas López y Sandra Mayte Rosas Soria, la juez natural previno a la impetrante de amparo para que redujera a dos el número de atestes, apercibiéndole que para el caso de no hacerlo, únicamente le tendría como testigos a los dos primeros nombrados y con ellos desahogaría la prueba. Hecha tal precisión, cabe decir que de acuerdo al artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; lo que es así, porque, en atención al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes.En cumplimiento a lo anterior, después de analizar la presente demanda de garantías, este Juzgado advierte que, en la especie existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, pues se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo en vigor, en relación con el diverso 107, fracción V, de la invocada ley, este último aplicado a contrario sensu, en virtud de que la quejosa señala como acto reclamado la resolución de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, dictada en el Toca Familiar 198/2021 y cuaderno de apelación 01/2021, del índice de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Querétaro, que confirmó el auto de veinte de noviembre de dos mil veinte, dictado en los autos del juicio ordinario civil 522/2020 que sobre divorcio necesario promovió YOLANDA SORIA VARGAS, del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro, en el que en relación a las pruebas testimoniales ofrecidas por la quejosa a cargo de Juan Eduardo Gutiérrez de Anda, José Antonio Aguilar Martínez, Tania Rosas López y Sandra Mayte Rosas Soria, la juez natural previno a la impetrante de amparo para que redujera a dos el número de atestes, apercibiéndole que para el caso de no hacerlo, tendría únicamente como testigos a los dos primeros nombrados y con quienes se desahogaría la prueba.Previo a exponer las razones por las cuales se estima que se actualiza la citada causal de improcedencia, conviene precisar que en la jurisprudencia 37/2014 el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, interpretó la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, en la que señaló que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. De acuerdo con los preceptos legales transcritos, el amparo contra actos dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos son de imposible reparación y la resolución reclamada que nos ocupa -mediante la que se confirmó el auto de veinte de noviembre de dos mil veinte, dictado en los autos del juicio ordinario civil 522/2020 que sobre divorcio necesario promovió YOLANDA SORIA VARGAS, ante el Juzgado Octavo de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro, en el que en relación a las pruebas testimoniales ofrecidas por la quejosa a cargo de Juan Eduardo Gutiérrez de Anda, José Antonio Aguilar Martínez, Tania Rosas López y Sandra Mayte Rosas Soria, la juez natural previno a la impetrante de amparo para que redujera a dos el número de atestes, apercibiéndole que para el caso de no hacerlo, solo tendría como testigos con quienes procediera al desahogo de la prueba, no se trata de un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, sino que se trata de una resolución que afecta derechos procesales de las partes del juicio, esto es, el acto reclamado en su caso únicamente produce una violación de carácter formal o procesal que no afecta de forma material algún derecho sustantivo de la parte quejosa, pues solo trascienden al trámite del juicio natural; de ahí que contra tal violación resulta improcedente el juicio de amparo indirecto. En el caso se considera que se trata de una violación procesal que podrá ser reparable en caso de que la quejosa obtenga sentencia favorable, en el juicio ordinario civil 522/2020 que sobre divorcio necesario promovió ante el Juzgado Octavo de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro, de donde emana el acto reclamado, o en su defecto, podrá combatirse en la vía directa como violación procesal en el supuesto de obtener una sentencia adversa al combatirse tambien la sentencia definitiva, como violación procesal, conforme a la fracciones III, XI y XII del artículo 172 de la Ley de Amparo. Ello es así, en razón de que la resolución de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, dictada en el Toca Familiar 198/2021, del índice de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Querétaro, que confirmó el auto de veinte de noviembre de dos mil veinte, dictado en los autos del juicio ordinario civil 522/2020, del índice del Juzgado Octavo de Primera Instancia Familiar del Distrito Judicial de Querétaro, en el que en relación a las pruebas testimoniales ofrecidas por la quejosa a cargo de Juan Eduardo Gutiérrez de Anda, José Antonio Aguilar Martínez, Tania Rosas López y Sandra Mayte Rosas Soria, la juez natural previno a la impetrante de amparo para que redujera a dos el número de atestes, y la apercibió que para el caso de no hacerlo, tendría como testigos únicamente a los dos primeros nombrados con quienes desahogaría la prueba, solo tiene como finalidad el perfeccionamiento de una prueba para un mejor dictado de la sentencia de fondo. De ahí que el acto reclamado no causa un perjuicio de imposible reparación a la parte quejosa, pues por un lado, en caso de que la sentencia que se emita sea favorable a sus intereses se subsanarían las posibles violaciones procesales cometidas durante el procedimiento con motivo de la resolución de testigos y, por el otro lado, en el supuesto de que tal sentencia le sea desfavorable, puede reclamar como violación procesal la resolución que ahora impugna, esto es, esa reducción de atestes en el juicio de amparo directo que promueva en contra de la sentencia definitiva, una vez agotados los recursos ordinarios, a fin de que tal violación sea reparada, en términos del artículo 172 fracciones III, XI y XII de la Ley de Amparo. Ciertamente, la materia del acto reclamado se traduce en una violación procesal reclamable en amparo directo, en el supuesto que la ahora quejosa no obtenga sentencia definitiva favorable, una vez agotados los recursos ordinarios; pues por un acto de ejecución de imposible reparación, que haga procedente el juicio de amparo biinstancial conforme al artículo 107 fracción V de la Ley de Amparo, debe entenderse aquel que afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte material, como la vida, la integridad personal, la libertad, y la propiedad, por citar algunos. En cambio, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado, y estos actos se actualizan respecto de los llamados derechos adjetivos o procesales. De acuerdo a los anteriores criterios jurisprudenciales, se concluye que el amparo contra actos dictados dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por tanto, se concluye que el acto reclamado, consistente en la resolución de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, dictada en el Toca Familiar 198/2021, del índice de la Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Querétaro, que confirmó el auto de veinte de noviembre de dos mil veinte, en el que se previno a la quejosa a reducir el número de testigos apercibiéndole que en caso de omisión dicha reducción se realizaría de oficio por la Juez natural; no reúne esa calidad, pues no se trata de un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Lo anterior, porque atendiendo a las características del acto del que se duele la quejosa (reducción de testigos en el juicio de origen) dicha determinación no genera efectos de imposible reparación a las partes del procedimiento de divorcio necesario que se ventila ante el juez natural, pues como se dijo únicamente produce efectos en el proceso, específicamente en lo inherente a las pruebas testimoniales que oferto, pues las violaciones procesales de que se duele pueden quedar sin efectos de obtener fallo favorable, o bien, en caso de que la sentencia sea adversa a sus intereses, podrá combatirlas en el amparo directo, una vez agotados los recursos ordinarios; al no ponerse en riesgo la vida, la libertad, o el patrimonio de la quejosa. En este orden de ideas, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia regulada por el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo en vigor, en relación con el numeral 107, fracción V de la propia legislación, esté último aplicado a contrario sensu, el cual que dispone que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito, contra actos en el juicio que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, lo que como se dijo en el caso no acontece. Por consiguiente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V aplicado a contrario sensu y 172, fracciones III, XI y XII de la Ley de Amparo en vigor; con fundamento en el artículo 113 de la misma legislación, se DESECHA DE PLANO la demanda de garantías que promueve YOLANDA SORIA VARGAS, por notoriamente improcedente."

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