Yolanda Solana Ricárdez

Expediente 552/2021 tramitado ante el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 9 actuaciones registradas, la última del 26 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
552/2021
Año
2021
Actuaciones
9
Última actuación
26/08/2022

Partes del expediente

  • Yolanda Solana Ricárdez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Juicio de Amparo Directo

    EN VIRTUD DE QUE LA QUEJOSA NO ATENDIO EL AVISO, SE LE NOTIFICA POR LISTA EL ACUERDO DE VEINTISÉIS DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO QUE EN ESENCIA REFIERE: "Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que el veintiuno de junio de dos mil veintidós se notificó a la parte quejosa la resolución de quince de junio de dos mil veintidós, por lo que el trece de julio de dos mil veintidós, feneció el término de quince días del que disponía para impugnarla a través del recurso de inconformidad previsto en el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el punto Octavo, fracción IV, del Acuerdo General número 5/2013 de trece de mayo de dos mil trece del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito; en tal virtud, se declara que dicho auto ha causado estado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a ley de la materia. En mérito de lo anterior, se estima que el presente asunto se encuentra concluido, por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, archívese el expediente. Por otra parte, en atención a la certificación de cuenta y con fundamento en el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al no existir documentos originales aportados por las partes y que el asunto no es de relevancia documental, procede su depuración. Hágase saber a las partes que, en términos del artículo en cita del propio Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este Tribunal por el plazo de tres años a partir de la fecha en que se ordenó su archivo; una vez transcurrido, sin mediar proveído alguno se remitirá al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación que corresponda. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa"

  2. Juicio de Amparo Directo

    Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que el veintiuno de junio de dos mil veintidós se notificó a la parte quejosa la resolución de quince de junio de dos mil veintidós, por lo que el trece de julio de dos mil veintidós, feneció el término de quince días del que disponía para impugnarla a través del recurso de inconformidad previsto en el artículo 201, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el punto Octavo, fracción IV, del Acuerdo General número 5/2013 de trece de mayo de dos mil trece del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito; en tal virtud, se declara que dicho auto ha causado estado de conformidad con lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a ley de la materia. En mérito de lo anterior, se estima que el presente asunto se encuentra concluido, por tanto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, archívese el expediente. Por otra parte, en atención a la certificación de cuenta y con fundamento en el artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, al no existir documentos originales aportados por las partes y que el asunto no es de relevancia documental, procede su depuración. Hágase saber a las partes que, en términos del artículo en cita del propio Acuerdo, el presente expediente permanecerá en el archivo de este Tribunal por el plazo de tres años a partir de la fecha en que se ordenó su archivo; una vez transcurrido, sin mediar proveído alguno se remitirá al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación que corresponda. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa

  3. Juicio de Amparo Directo

    Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que ha trascurrido el plazo otorgado a la quejosa, relativo a la vista que se le dio con el oficio y anexos presentados por la Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en relación con el juicio de nulidad con el número de expediente ********************; plazo dentro del cual no hizo manifestaciones. Por ello, tomando en cuenta que el cumplimento de la sentencia de amparo es de orden público; y toda vez que el artículo 214 de la Ley de la materia establece que ningún asunto podrá archivarse hasta que quede cumplida la ejecutoria respectiva, con las constancias de autos, el Presidente de este tribunal colegiado procede a resolver si se dio cumplimiento a la sentencia de protección constitucional, de acuerdo con lo previsto por el numeral 196 de la ley citada. De la revisión a las constancias de autos, se advierte que este tribunal colegiado concedió el amparo a la quejosa, para el efecto de que la Sala responsable dejara insubsistente la sentencia reclamada y, en su lugar, emitiera una nueva, en la que procediera a valorar los comprobantes de pago exhibidos por la parte actora en relación con el contenido de la hoja única de servicios, a fin de dilucidar si dicha hoja contenía un error en cuanto a lo reflejado respecto de los conceptos identificados con las claves "07 sueldo base" y "PG prima de antigüedad" y, una vez hecho lo anterior, resolviera lo conducente. Mediante acuerdo de uno de abril de dos mil veintidós, la responsable dejó insubsistente la sentencia reclamada y, en su lugar, el cuatro siguiente, la Sala emitió una nueva sentencia, en la que, en lo que aquí interesa, procedió a valorar los comprobantes de pago exhibidos en el juicio natural, de los cuales advirtió que la actora percibió de forma continua y periódica los conceptos de sueldo base y quinquenios o prima de antigüedad, en el último año inmediato anterior a la baja del servicio público, en las cantidades y períodos precisados en el cuadro que aparece en las fojas treinta y seis y treinta y siete de la sentencia. Además, la responsable examinó la concesión de pensión, de la cual observó que al calcular la cuota diaria, el instituto demandado no consideró el salario mensual correcto percibido en el último año de servicios ni el concepto de prima de antigüedad, pues tomó en cuenta las cantidades indicadas en la hoja única de servicios, a pesar de que dicha hoja contenía cantidades inferiores a las indicadas en los comprobantes de pago, lo cual, adquirió relevancia, porque la responsable sostuvo que la actora no estaba obligada a acreditar la cotización del sueldo básico ni de los quinquenios, sino que dicha carga correspondía a la demandada. En ese tenor, la responsable sostuvo que la actora percibió los conceptos recién referidos de manera continua y periódico, en el último año anterior a su baja, en las cantidades y períodos que precisó en la sentencia, sin que la demandada los tomara en cuenta en el cálculo pensionario. En consecuencia, la Sala declaró la nulidad de la resolución impugnada, para el efecto de que la demandada dentro el plazo de cuatro meses, emita una nueva en la que de manera fundada y motivada realice correctamente el cálculo diario de pensión, considerando las cantidades y conceptos de sueldo básico y prima de antigüedad, señalados en los comprobantes de percepciones y deducciones que constan en autos. En ese tenor, esta Presidencia estima que la responsable acató las premisas que motivaron la concesión de la protección constitucional, conforme al artículo 77 de la Ley de Amparo, sin exceso ni defecto, pues emitió una nueva sentencia, en la que procedió a valorar los comprobantes de pago exhibidos por la actora, en relación con el contenido de la hoja única de servicios, a fin de dilucidar si la autoridad consideró o no las cantidades y conceptos relativos a los conceptos denominados "sueldo básico" y "prima de antigüedad", en el cálculo de la cuota pensionaria. En tales condiciones, el Presidente de este tribunal colegiado estima que toda vez que se encuentran colmados en sus términos los lineamientos relativos a la concesión de la protección constitucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO. Notifíquese; personalmente a la quejosa (habilitando al actuario adscrito a este Tribunal para que de ser necesario se constituya en días y horas inhábiles en su domicilio, de conformidad con el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°). Así lo proveyó y firma el Magistrado Humberto Suárez Camacho, Presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, asistido por la Secretaria de Tribunal Marlen Ángeles Tovar, quien da fe.

  4. Juicio de Amparo Directo

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, DEL ACUERDO DE QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE MEDULARMENTE DICE LO SIGUIENTE: "Ciudad de México, a quince de junio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que ha trascurrido el plazo otorgado a la quejosa, relativo a la vista que se le dio con el oficio y anexos presentados por la Sexta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en relación con el juicio de nulidad con el número de expediente 7025/21-17-06-3; plazo dentro del cual no hizo manifestaciones. Por ello, tomando en cuenta que el cumplimento de la sentencia de amparo es de orden público; y toda vez que el artículo 214 de la Ley de la materia establece que ningún asunto podrá archivarse hasta que quede cumplida la ejecutoria respectiva, con las constancias de autos, el Presidente de este tribunal colegiado procede a resolver si se dio cumplimiento a la sentencia de protección constitucional, de acuerdo con lo previsto por el numeral 196 de la ley citada. De la revisión a las constancias de autos, se advierte que este tribunal colegiado concedió el amparo a la quejosa, para el efecto de que la Sala responsable dejara insubsistente la sentencia reclamada y, en su lugar, emitiera una nueva, en la que procediera a valorar los comprobantes de pago exhibidos por la parte actora en relación con el contenido de la hoja única de servicios, a fin de dilucidar si dicha hoja contenía un error en cuanto a lo reflejado respecto de los conceptos identificados con las claves "07 sueldo base" y "PG prima de antigüedad" y, una vez hecho lo anterior, resolviera lo conducente. Mediante acuerdo de uno de abril de dos mil veintidós, la responsable dejó insubsistente la sentencia reclamada y, en su lugar, el cuatro siguiente, la Sala emitió una nueva sentencia, en la que, en lo que aquí interesa, procedió a valorar los comprobantes de pago exhibidos en el juicio natural, de los cuales advirtió que la actora percibió de forma continua y periódica los conceptos de sueldo base y quinquenios o prima de antigüedad, en el último año inmediato anterior a la baja del servicio público, en las cantidades y períodos precisados en el cuadro que aparece en las fojas treinta y seis y treinta y siete de la sentencia. Además, la responsable examinó la concesión de pensión, de la cual observó que al calcular la cuota diaria, el instituto demandado no consideró el salario mensual correcto percibido en el último año de servicios ni el concepto de prima de antigüedad, pues tomó en cuenta las cantidades indicadas en la hoja única de servicios, a pesar de que dicha hoja contenía cantidades inferiores a las indicadas en los comprobantes de pago, lo cual, adquirió relevancia, porque la responsable sostuvo que la actora no estaba obligada a acreditar la cotización del sueldo básico ni de los quinquenios, sino que dicha carga correspondía a la demandada. En ese tenor, la responsable sostuvo que la actora percibió los conceptos recién referidos de manera continua y periódica en el último año anterior a su baja, en las cantidades y períodos que precisó en la sentencia, sin que la demandada los tomara en cuenta en el cálculo pensionario. En consecuencia, la Sala declaró la nulidad de la resolución impugnada, para el efecto de que la demandada dentro el plazo de cuatro meses, emita una nueva en la que de manera fundada y motivada realice correctamente el cálculo diario de pensión, considerando las cantidades y conceptos de sueldo básico y prima de antigüedad, señalados en los comprobantes de percepciones y deducciones que constan en autos. En ese tenor, esta Presidencia estima que la responsable acató las premisas que motivaron la concesión de la protección constitucional, conforme al artículo 77 de la Ley de Amparo, sin exceso ni defecto, pues emitió una nueva sentencia, en la que procedió a valorar los comprobantes de pago exhibidos por la actora, en relación con el contenido de la hoja única de servicios, a fin de dilucidar si la autoridad consideró o no las cantidades y conceptos relativos a los conceptos denominados "sueldo básico" y "prima de antigüedad", en el cálculo de la cuota pensionaria. En tales condiciones, el Presidente de este tribunal colegiado estima que toda vez que se encuentran colmados en sus términos los lineamientos relativos a la concesión de la protección constitucional, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 196 de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO. Notifíquese; personalmente a la quejosa (habilitando al actuario adscrito a este Tribunal para que de ser necesario se constituya en días y horas inhábiles en su domicilio, de conformidad con el artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°). Así lo proveyó y firma el Magistrado Humberto Suárez Camacho, Presidente del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, asistido por la Secretaria de Tribunal Marlen Ángeles Tovar, quien da fe."

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