Yolanda Sandoval Ortiz
Expediente 828/2021 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 16 actuaciones registradas, la última del 31 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 828/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 31/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Yolanda Sandoval Ortiz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
...Del estado procesal que guardan los presentes autos se aprecia que el proveído de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo, no fue recurrido dentro del plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, puesto que la parte quejosa no interpuso el recurso de revisión que prevé el artículo 81, fracción I, inciso d), de la ley en comento; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO. Sin que sea el caso realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del citado recurso, en atención a que lo resuelto no les irroga perjuicio alguno. "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal" En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y se ordena su archivo judicial en términos Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: NO es de RELEVANCIA documental. DESTINO: Este expediente es DESTRUIBLE en el plazo de 3 años, contado a partir de la fecha del presente auto. Expediente incidental original. Es DESTRUIBLE en el plazo de 3 años contado a partir de la fecha del presente auto. Expediente incidental duplicado. Es DESTRUIBLE en el plazo de seis meses, contado a partir de la fecha en que se actúa. EXISTENCIA DE DOCUMENTOS: En el presente asunto no obran documentos exhibidos por la parte quejosa. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 12, 15, interpretado a contrario sentido, 20 párrafo primero, fracción II, inciso a); y 21, párrafo primero, incisos a) y c), del Acuerdo en cita. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física de los cuadernos y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). DEVOLUCIÓN DE TOMOS En diverso aspecto, devuélvanse al Juez Primero Civil de Partido de Pénjamo, Guanajuato, y al Magistrada de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con residencia en la capital, las constancias que allegaron al presente sumario, relativas a la copia certificada del expediente *** en dos tomos (tomo II) Juez, así como copia certificada del cuadernillo de amparo relativo al toca *** en un tomo, y copia certificada del expediente *** en cuatro tomos (tomos V) Sala según corresponda, por resultar innecesaria su conservación.. Finalmente, se requiere a las autoridades responsables para que se abstengan de acusar recibo del oficio que este Juzgado les remite, salvo en aquellos casos en los que de manera expresa les sea solicitado, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional...
- Principal
...Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por la Magistrada Propietaria de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, mediante el cual acusa recibo del diverso 23584/2021, de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, por el que se le informó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de amparo. De lo que se toma conocimiento para los efectos legales correspondientes...
- Principal
Irapuato, Guanajuato, veintidós de diciembre de dos mil veintiuno. INFORME JUSTIFICADO Agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por la Magistrada Propietaria de la Quinta Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado de Guanajuato, mediante el cual, en alcance a su informe justificado, remite las constancias referidas en las certificación de cuenta, el cual solo se agrega para constancia legal, en atención a que mediante proveído de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, se sobreseyó el presente juicio de amparo. SE APERTURAN TOMOS Dado el volumen de las constancias exhibidas fórmense los tomos VI y VII de pruebas, por separado. Notifíquese.
- Incidental
SE DICTÓ INTERLOCUTORIA EN LA QUE SE DETERMINÓ LO SIGUIENTE: CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos atribuidos a las autoridades responsables, pues así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes previos. QUINTO. Naturaleza de los actos reclamados (materia para la suspensión). Los actos reclamados, sus efectos y/o consecuencias, deberán ser paralizables de no haberse consumado en forma jurídica y materialmente irreparable; o bien, aquéllos deberán, al momento de resolverse la suspensión, contener efectos vigentes que perjudiquen a la parte quejosa en forma actual y presente, de manera que las violaciones permanezcan vivas y exista materia para la medida cautelar. En el caso, la parte quejosa solicitó que se conceda la medida cautelar medularmente, para que no se lleva a cabo la desposesión del bien inmueble ubicado en la localidad del refugio del González y/o San Francisco Tierra Blanca del Municipio de Abasolo, Guanajuato, con una superficie de 51.195.91 metros cuadrados con las medidas y colindancias que precisa en su escrito de demanda en su calidad de copropietaria. Sobre esa base, se considera que el acto en estudio resulta paralizable, en virtud de que tiene efectos positivos, que consisten en un hacer de las responsables, voluntario y efectivo, que se materializa a través de una acción, esto es, el seguimiento del juicio de origen en que se ordene la ejecución de cualquier actuación tendente a la desposesión del inmueble que la parte quejosa defiende; lo que puede ocasionar una eventual trasgresión, molestia o privación de sus bienes o derechos. SEXTO. Ponderación del interés particular sobre el interés social y las disposiciones de orden público. El artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo, establece como uno de los requisitos necesarios para la procedencia de la suspensión solicitada, es que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. El orden público y el interés social se perfilan como conceptos jurídicos indeterminados, de imposible definición, cuyo contenido sólo puede ser delineado por las circunstancias de modo, tiempo y lugar prevalecientes en el momento en que se realice la valoración. En todo caso, para darles significado, el Juzgador debe tener presentes las condiciones esenciales para el desarrollo armónico de una comunidad, es decir, las reglas mínimas de convivencia social, a modo de evitar que con la suspensión se causen perjuicios mayores que los que se pretende evitar con esta institución, en el entendido de que la decisión a tomar en cada caso concreto no puede descansar en meras apreciaciones subjetivas del Juzgador, sino en elementos objetivos que traduzcan las preocupaciones fundamentales de una sociedad. De lo anterior, se considera que con lo solicitado no se causa perjuicio al interés social ni al orden público, que tiene que ver con los mayores beneficios que aseguren el desarrollo armónico de la comunidad, pues en caso de ejecutarse los actos reclamados se causaría afectación a los derechos sustantivos de la parte quejosa porque se le podría privar del bien o derechos que difícilmente recuperarían. SÉPTIMO. Interés suspensional -estudio de la apariencia del buen derecho-. De conformidad con el artículo 131 de la Ley de Amparo, solo se concederá la medida cautelar cuando la parte quejosa acredite el interés jurídico o legítimo que justifique su otorgamiento, es decir, cuando el acto reclamado, sus efectos y/o consecuencias, afecten derechos sustantivos de la parte quejosa. La noción de interés suspensional, corresponde a la verosimilitud de la titularidad del derecho afectado por la emisión del acto de autoridad o su ejecución, para lo cual se necesita acreditar, al menos indiciariamente, el derecho para obtener la medida cautelar solicitada. En otras palabras, el denominado interés suspensional es el vínculo entre quien solicita la medida cautelar por la posibilidad de afectación a su esfera jurídica, con una determinada relación sustancial. Cobra aplicación al caso, por las razones que la conforman, la tesis I.4o.A.15 K (10a.), del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 2166, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIX, Abril de 2013, Tomo 3, que dice: "INTERÉS SUSPENSIONAL. SU NOCIÓN EN EL CONTEXTO DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN X, PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, REFORMADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 6 DE JUNIO DE 2011. El citado precepto constitucional dispone que para resolver sobre la suspensión de los actos reclamados, cuando la naturaleza de éstos lo permita, el juzgador deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social, expresión que destaca diversos elementos que deben tomarse en consideración para decidir sobre la procedencia de esa medida cautelar. En ese contexto, se considera que la noción de interés suspensional, en relación con el diverso numeral 124, fracción III, de la Ley de Amparo, corresponde a la verosimilitud de la titularidad del derecho afectado por la emisión del acto de autoridad o su ejecución, para lo cual se necesita acreditar, al menos indiciariamente, el derecho para obtener la medida cautelar solicitada. En otras palabras, el denominado interés suspensional es el vínculo entre quien solicita la medida cautelar por la posibilidad de afectación a su esfera jurídica, con una determinada relación sustancial, en la inteligencia de que ese interés es distinto de la mera solicitud a que alude la fracción I del citado artículo 124, pues ésta únicamente debe entenderse como una condición para acceder a la medida cautelar, cuya existencia permite al Juez de amparo analizar si se cumplen los requisitos de los que depende su otorgamiento. De ahí que el interés suspensional pueda considerarse comprendido en la apariencia del buen derecho, que se traduce en la justificación preliminar de la titularidad del derecho en juego". Ahora, del análisis efectuado a la demanda de amparo y al escrito aclaratorio, se precisa que no se encuentra satisfecho el presente requisito puesto que la parte incidentista no acreditó el interés suspensional para acceder a su concesión. Se afirma lo anterior, toda vez que la parte quejosa no demostró que le asista algún derecho sobre el bien que defiende, o bien, que tenga el carácter de parte en el juicio de origen, pues fue omisa en exhibir algún medio de convicción para ello. Ello pues, en los casos en que se defiende algún derecho sobre un inmueble, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere dicho derecho, al menos de manera indiciaria, entendiéndose por título la causa generadora de esa propiedad o posesión. Por tanto, era menester que demostrara, aún de manera indiciaria, el derecho que dice tener sobre el bien inmueble que defiende; empero, se reitera, no demostró tener su titularidad o el derecho que aduce transgredido, siendo que era necesario que lo probara, al menos de manera indiciaria. En ese sentido, no se soslayan las manifestaciones de la quejosa en el sentido de que su derecho de posesión se originó en el contrato verbal de compra del inmueble que aduce defender; sin embargo dicha manifestación no se encuentra corroborada con algún otro dato o constancia, mediante los cuales, concatenados entre sí, pudiera, por lo menos indiciariamente demostrar le asiste la titularidad de dicho bien. De ahí que, no queda acreditado, al menos de manera indiciaria, que la parte quejosa ostente algún derecho sobre el bien que defiende; sin que sea suficiente la manifestación, bajo protesta de decir verdad, en ese sentido, ya que del estudio integral de la demanda no se advierte que los actos reclamados se encuentren dirigidos a la persona de la quejosa, ni que cuente con la calidad de parte en el sumario del que derivan. Cobra aplicación a lo expuesto, la jurisprudencia III. 2o. A. J/6, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, visible en la página 46, tomo 52, Abril de 1992, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "SUSPENSIÓN. PROTESTA DE DECIR VERDAD, VALOR Y EFECTO EN EL INCIDENTE DE. El que la parte quejosa en la demanda de amparo haya indicado, bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que le consten, no significa que por ello sea procedente la medida suspensional que solicita, pues el hecho de que haya manifestado tal circunstancia, no le eximía de la obligación de acompañar al cuaderno incidental, algún elemento de convicción que en forma indiciaria robusteciera su aserto. Ello es así, porque las declaraciones que realizó la quejosa en su escrito de demanda bajo protesta de decir verdad, únicamente tiene como efecto dar cumplimiento a uno de los requisitos formales que toda demanda de amparo indirecto debe contener, conforme lo dispone el artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, más desde luego ello no implica la veracidad de lo afirmado, lo cual debe ser demostrado indiciariamente en el cuaderno incidental; por tanto la mencionada protesta, es insuficiente para acreditar presuntivamente el interés jurídico de la quejosa." En esa guisa, se insiste, que es requisito para obtener la suspensión de la medida cautelar solicitada, además de la petición de parte agraviada, que deriva de manera directa e inmediata para la existencia de un agravio, que también deba acreditarse el mismo, aún de manera indiciaria; esto es, el interés que le asiste para obtener la susodicha suspensión. Lo que se traduce en la existencia de un derecho que se presuma vulnerado y que tal derecho esté relacionado y acreditado por el aquí solicitante, pues solo así podría considerarse, precisamente, tal carácter para efectos de la suspensión. Sin embargo, si el aludido interés se refiere al derecho jurídicamente protegido, es lógico establecer que para acreditar el interés debió acreditar el derecho que ostenta sobre el bien que aquí defiende; lo cual no aconteció. Por tanto, si la parte quejosa no demostró la titularidad que dice le asiste sobre el inmueble que refiere, se colige que no acreditó, ni aun de manera presunta, el interés jurídico para obtener la medida cautelar solicitada. En consecuencia, lo procedente es negar la medida cautelar solicitada, al no acreditar el interés jurídico que pretende proteger. Lo anterior en armonía a la tesis aislada, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página quinientos trescientos nueve, Tomo XII, julio de mil novecientos noventa y tres, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, que dice: "SUSPENSIÓN, INTERÉS JURÍDICO PARA OTORGAR LA. La negativa de la suspensión definitiva se ajusta a derecho, cuando el quejoso no acredita su interés jurídico, aun cuando sea en forma presuntiva". Tiene sustento a lo anterior, la tesis VIII.A.C.7 K del Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Octavo Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, Abril de 2010, Novena Época, página 2742, de rubro y texto: "INTERÉS SUSPENSIONAL. CORRESPONDE AL QUEJOSO DEMOSTRARLO EN EL INCIDENTE RESPECTIVO, CUANDO MENOS INDICIARIAMENTE, PUESTO QUE LA OBLIGACIÓN DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR EL INFORME PREVIO SE CIRCUNSCRIBE A EXPRESAR SI LOS ACTOS RECLAMADOS SON CIERTOS. De conformidad con los artículos 124 y 131 de la Ley de Amparo, corresponde al quejoso aportar en el incidente de suspensión los medios de prueba que, cuando menos indiciariamente, demuestren su interés suspensional en la medida cautelar, pues esa carga no corresponde a la autoridad responsable, al margen de que ésta hubiere admitido la existencia de los actos reclamados y tenga en su poder las constancias relativas al caso, puesto que de conformidad con el numeral 132 de la referida legislación, la obligación de ésta al rendir el informe previo se circunscribe a expresar si aquéllos son ciertos, aun cuando pueda agregar las razones que estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión, a diferencia de lo que ocurre con el informe justificado donde en términos del diverso dispositivo 149 de la propia ley, sí existe obligación de acompañar copias certificadas de las constancias que sean necesarias para apoyarlo, sin que ello implique acreditar el mencionado interés." Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 140 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se; R E S U E L V E: ÚNICO. Se niega a *****, la suspensión definitiva, por las razones aludidas en la parte final del considerando sexto de la presente resolución. Notifíquese
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