Yolanda Rivera Sánchez
Expediente 769/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 30 de diciembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 769/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 30/12/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Yolanda Rivera Sánchez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta de diciembre de dos mil veintiuno. CAUSA EJECUTORIA NIEGA Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, específicamente la certificación que antecede de la que se advierte ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa a quien perjudica el sentido de la sentencia, hubiese interpuesto recurso de revisión contra la sentencia de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, en la que se NEGÓ el amparo promovido por Yolanda Rivera Sánchez; en tal virtud, con apoyo en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA dicha resolución, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. SE INFORMA CAMBIO TITULAR Finalmente, se hace del conocimiento de las partes que a partir del uno de diciembre de dos mil veintiuno, el licenciado Omar Alejandro Elizalde Herrera, funge como titular de este órgano jurisdiccional, en cumplimiento a lo ordenado en el oficio SEADS/1089/2021 y el diverso SEADS/1205/2021, remitido en alcance, suscrito por el Encargado del Despacho de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en términos de los artículos 118 y 146 de la Ley orgánica del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Omar Alejandro Elizalde Herrera, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy fe.
- Principal
V I S T O S, para dictar sentencia, los autos que integran el juicio de amparo número 769/2020-VII, promovido por Yolanda Rivera Sánchez, por propio derecho contra actos que reclama de la Junta Especial número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje; y; R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, recibido en este órgano jurisdiccional por razón de turno el mismo día, Yolanda Rivera Sánchez, por su propio derecho, promovió demanda de amparo indirecto contra la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad. "IV. ACTO RECLAMADO.- La omisión de dictar la resolución de declaratoria de beneficiarios, de conformidad con el artículo 501, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo". En ese ocurso, la quejosa narró los antecedentes del caso, formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes y señaló como derechos humanos vulnerados, los contenidos en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. Por auto de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo respecto del acto reclamado y por la autoridad señalada como responsable, registrándose con la misma con el número de expediente VII-769/2020; se solicitó de las autoridades responsables su informe justificado; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que tuvo lugar previo su diferimiento en los términos del acta que antecede, quedando así los autos en estado de emitir sentencia. Ahora bien, en virtud de que en términos de lo dispuesto por los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, se autorizó al secretario Leonel López Pérez, para fungir como Juez, será éste quien con tales funciones dicte en este asunto la resolución que en derecho proceda, a fin de preservar la actividad normal del órgano jurisdiccional. Es aplicable al respecto la jurisprudencia que dice: Registro digital: 2022487 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 17/2020 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 80, Noviembre de 2020, Tomo I, página 16 Tipo: Jurisprudencia "SECRETARIO DE JUZGADO EN FUNCIONES DE JUEZ DE DISTRITO. PARA JUSTIFICAR ESA CALIDAD EN EL DICTADO DE LA SENTENCIA, BASTA CON QUE MENCIONE EN LA ANTEFIRMA DE LA RESOLUCIÓN QUE SE ENCUENTRA AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA ACTUAR CON TAL CARÁCTER. Hechos: La Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al analizar la forma en que un secretario en funciones de Juez de Distrito debe justificar que actúa con tal carácter al dictar sentencias, llegaron a soluciones distintas, ya que para la Primera Sala basta con que el secretario mencione que se encuentra autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal, mientras que para la Segunda Sala es necesario que en la sentencia se transcriba el documento que autoriza al secretario para fungir como Juez de Distrito. Criterio jurídico: La calidad de secretario en funciones de Juez de Distrito al dictar una sentencia, se justifica cuando éste menciona en la antefirma de la resolución que se encuentra autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal para actuar con ese carácter. Justificación: La sola manifestación de esa autorización goza de la presunción de certeza, en tanto que el Consejo de la Judicatura Federal tiene facultades para autorizar al secretario del juzgado para desempeñar las funciones de Juez de Distrito en la ausencia del titular, y dichas actuaciones deben ser autorizadas por el secretario de Acuerdos respectivo, quien tiene fe pública. Lo anterior se refuerza en virtud de que la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Ley de Amparo y el Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a esta última, no prevén mayores formalidades para el ejercicio de tal encomienda; esto, sin menoscabo de que el quejoso, en su caso, pueda demostrar la ilegalidad de tal actuación. Contradicción de tesis 371/2019. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 4 de mayo de 2020. Mayoría de ocho votos de los Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Juan Luis González Alcántara Carrancá, José Fernando Franco González Salas, Luis María Aguilar Morales, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Ana Margarita Ríos Farjat, Alberto Pérez Dayán y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Disidentes: Yasmín Esquivel Mossa, Norma Lucía Piña Hernández y Javier Laynez Potisek. Ponente: Javier Laynez Potisek. Secretario: Alfredo Uruchurtu Soberón. Tesis y/o criterios contendientes: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 615/96, el cual dio origen a la tesis aislada 1a. II/97, de rubro: "SENTENCIAS PRONUNCIADAS POR EL SECRETARIO DEL JUZGADO DE DISTRITO AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. LA SOLA MENCIÓN DE ESTA CIRCUNSTANCIA EN LA ANTEFIRMA GOZA DE LA PRESUNCIÓN DE CERTEZA.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, enero de 1997, página 189, con número de registro digital: 199517; y, La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 4/2011, la cual dio origen a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 67/2011, de rubro: "SECRETARIO AUTORIZADO POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUPLIR AL JUEZ DE DISTRITO. CASOS EN QUE TIENE FACULTADES PARA DICTAR SENTENCIA A FIN DE PRESERVAR LA ACTIVIDAD NORMAL DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL.", publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, julio de 2011, página 853, con número de registro digital: 161460. El Tribunal Pleno, el veintinueve de octubre en curso, aprobó, con el número 17/2020 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. Ciudad de México, a veintinueve de octubre de dos mil veinte. Esta tesis se publicó el viernes 27 de noviembre de 2020 a las 10:38 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 30 de noviembre de 2020, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 16/2019". C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, es legalmente competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, fracción I, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, y el diverso numeral 48 y 54, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; en relación con el acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, alusivo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Se procede a la fijación de los actos reclamados, en términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo vigente al momento de la presentación de la demanda y con apoyo en la tesis del contenido literal y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 181810 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Aislada uente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Abril de 2004 Materia(s): Común Tesis: P. VI/2004 Página: 255 "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Amparo en revisión 2589/96. Grupo Warner Lambert México, S.A. de C.V. 25 de noviembre de 2003. Unanimidad de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: Martha Elba Hurtado Ferrer y Emmanuel G. Rosales Guerrero. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veinticinco de marzo en curso, aprobó, con el número VI/2004, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es idónea para integrar tesis jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco de marzo de dos mil cuatro". De igual forma, se invoca la jurisprudencia del contenido y datos que enseguida se anotan: Época: Novena Época Registro: 192097 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XI, Abril de 2000 Materia(s): Común Tesis: P./J. 40/2000 Página: 32 DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo. Amparo en revisión 546/95. José Chacalo Cohen y coags. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 1470/96. Bancomer, S.A., Grupo Fiduciario. 24 de abril de 1997. Unanimidad de diez votos. Ausente: Mariano Azuela Güitrón. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame. Amparo en revisión 507/96. Bernardo Bolaños Guerra. 12 de mayo de 1998. Mayoría de diez votos; once votos en relación con el criterio contenido en esta tesis. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: Lourdes Margarita García Galicia. Amparo en revisión 3051/97. Marco Antonio Peña Villa y coag. 19 de octubre de 1999. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Presidente Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán; en su ausencia hizo suyo el proyecto Juan Díaz Romero. Secretaria: Martha Velázquez Jiménez. Amparo en revisión 1465/96. Abraham Dantus Solodkin y coag. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Marco Antonio Bello Sánchez. El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de marzo en curso, aprobó, con el número 40/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de marzo de dos mil". En ese tenor, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en: La omisión de la responsable de dictar la resolución respectiva dentro del procedimiento paraprocesal previsto por el artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo número 588/2020, del índice de la Junta Especial número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable Junta Especial número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, al rendir su informe con justificación, aceptó la existencia de la omisión que se le reclama; sin embargo, precisó que la omisión es consecuencia de la falta de cumplimiento del requerimiento realizado a la allá actora, lo que es necesario para proseguir con el trámite respectivo. En esos términos, en razón de que la responsable aceptó la omisión que se le reclama, lo procedente es considerar ciertos los datos asentados por la parte quejosa en su escrito de demanda. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Quinta Época Registro: 1002815 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 2011 Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Sexta Sección - Procedimiento de amparo indirecto Materia(s): Común Tesis: 749 Página: 830 "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. Amparo en revisión 2925/22.-Hernández Antonio.-23 de octubre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1556/22.-Martínez y Martínez Manuel.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 3403/22.-Sánchez Alarcón Juan.-23 de octubre de 1923.-Unanimidad de nueve votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1428/21.-Magos Reséndi Jesús.-6 de noviembre de 1923.-Unanimidad de diez votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Amparo en revisión 1058/21.- Martínez y Martínez Epifanio.-6 de noviembre de 1923.-Mayoría de ocho votos.-La publicación no menciona el nombre del ponente. Apéndice 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, Jurisprudencia, Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 231, Pleno, tesis 278". Además, dicha existencia de la omisión reclamada se corrobora con las constancias que la autoridad responsable exhibió en apoyo a su informe justificado, consistente en copias certificadas del expediente número 588/2020, del índice de la responsable. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del ordenamiento adjetivo Federal anotado, al tratarse de constancias emitidas por una autoridad en ejercicio de sus funciones; de las que se desprende la existencia de la omisión reclamada. Apoya lo anterior, la jurisprudencia del contenido literal siguiente: Época: Quinta Época Registro: 394182 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, Parte SCJN Materia(s): Común Tesis: 226 Página: 153 "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena. Quinta Epoca: Tomo I, pág. 654. Amparo directo. Chiprout Jacobo. 7 de noviembre de 1917. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 660. Amparo en revisión. Pérez Cano José. 6 de septiembre de 1918. Unanimidad de once votos. Tomo III, pág. 1331. Amparo en revisión. Calderón Silvestre y vecinos de la Villa de Nombre de Dios. 20 de diciembre de 1918. Unanimidad de nueve votos. Tomo IV, pág. 978. Queja. Astorga J. Ascensión. 1o. de mayo de 1919. Mayoría de siete votos. Recurso de súplica 5/24. Shiemann Guillermo. 9 de junio de 1924. Unanimidad de once votos. Nota: En los Apéndices al Semanario Judicial de la Federación correspondientes a los Tomos de Quinta Epoca, así como en los Apéndices 1954, 1965 y 1975, la tesis aparece publicada con el rubro: ´DOCUMENTOS PUBLICOS´". CUARTO. Oportunidad de la presentación de la demanda de amparo. Por lo que respecta al acto que por esta vía se reclama, debe decirse, que no hay término para la presentación de la demanda de amparo, pues se trata de un acto de abstención por parte de la autoridad responsable, el cual puede reclamarse en cualquier tiempo, además, el término razonable de que habla el precepto Constitucional no está definido en forma precisa, por lo que, no puede tomarse como base ningún día para iniciar el término para computar la oportunidad de la demanda, ni puede obligarse a nadie, tratándose de abstenciones, a que promueva el amparo antes de que estime que hacerlo conviene a su derecho; por tanto, la demanda se encuentra presentada en tiempo, sin encontrarse sujeta al término que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la tesis del texto literal y datos del localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 178476 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXI, Mayo de 2005 Materia(s): Común Tesis: III.5o.C.21 K Página: 1451 "DEMANDA DE AMPARO, ÉRMINO PARA INTERPONERLA TRATÁNDOSE DE ACTOS NEGATIVOS Y OMISIVOS. En los primeros la autoridad se rehúsa o rechaza expresamente obrar a favor de la pretensión del gobernado; en tanto que en los omisivos se abstiene de contestar la petición del particular ya sea en forma afirmativa o negativa. En ese contexto, se afirma que contra los actos negativos sí corre el término que prescribe el artículo 21 de la Ley de Amparo, en la medida de que el gobernado resiente una afrenta con la actitud de la autoridad de no complacerlo en los términos que éste pretende, situación que se consuma en el instante de la negativa y es lo que da la pauta para establecer, a partir de que se tenga conocimiento del mismo, el plazo a que alude el referido precepto; lo que no sucede con los actos omisivos, puesto que la abstención de actuar por parte de la autoridad, que es lo que produce el perjuicio, no se consuma en un solo evento, sino que se prorroga en el tiempo de momento a momento, razón por la cual en esta clase de actos no corre el término de referencia. QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO. Amparo en revisión 545/2004. J. Concepción Lomelí Rodríguez. 3 de marzo de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Dueñas Sarabia. Secretario: César Augusto Vera Guerrero". QUINTO. Análisis de causales de improcedencia. Establecida la existencia de los actos fijados en el considerando tercero, se impone analizar la procedencia del juicio de amparo, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, ya sea que lo hagan valer las partes o que este órgano jurisdiccional lo advierta de oficio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, cobra aplicación la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Octava Época Registro: 394770 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Apéndice de 1995 Tomo VI, ParteTCC Materia(s): Común Tesis: 814 Página: 553 "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO. Octava Epoca: Recurso de revisión 827/88. Comisariado Ejidal de Tepatepec, Municipio de Francisco I. Madero, Hidalgo. 8 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Recurso de revisión 7/89. María Antonieta Puertas Ibarra y otra. 23 de febrero de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 205/89. María Esther Reyes Valdez. 4 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 281/89. Ofelia Serrano de Hernández. 18 de mayo de 1989. Unanimidad de votos. Amparo directo 531/89. Jorge Godínez Márquez. 7 de febrero de 1990. Unanimidad de votos. NOTA: Tesis II.1o.J/5, Gaceta número 41, pág. 81; Semanario Judicial de la Federación, tomo VII-Mayo, pág. 95". En el caso concreto las partes no hicieron valer causas de improcedencia, y de oficio no se advierte que se actualice alguna legal, constitucional o jurisprudencial, por lo que procede entrar al examen de la inconstitucionalidad planteada. SEXTO. Conceptos de violación. No se transcribirán los conceptos de violación que esgrime la parte impetrante en su demanda, por no exigirlo el artículo 74 de la Ley de Amparo, ni alguna otra disposición. Es aplicable, la jurisprudencia del texto y datos de localización siguientes: Época: Novena Época Registro: 164618 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXI, Mayo de 2010 Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 58/2010 Página: 830 "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer. Contradicción de tesis 50/2010. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Segundo del Noveno Circuito, Primero en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito y Segundo en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito. 21 de abril de 2010. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Arnulfo Moreno Flores. Tesis de jurisprudencia 58/2010. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del doce de mayo de dos mil diez". SÉPTIMO. Estudio del fondo del asunto. Es infundado el único concepto de violación expuesto por la parte quejosa. En esencia, el requirente de protección de garantías alude que la omisión en que la Junta ha incurrido, consistente en dictar el laudo respectivo, vulnera en su perjuicio la pronta y expedita impartición de justicia, prerrogativa consagrada en el artículo 17 Constitucional, la cual impone a los tribunales a impartir justicia en los términos establecidos en las leyes que rige el acto. No obstante, refiere que a pesar de que en el procedimiento de origen desde el trece de octubre de dos mil veinte, la Junta responsable no ha dictado la resolución respectiva, por lo que desde su perspectiva, no se le imparte justicia en los lapsos de tiempo establecidos en la Ley Federal del Trabajo. Al respecto el artículo 17 de la Carta Magna, establece: "Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales. [.]" De la interpretación literal de la invocada disposición primaria permite advertir una obligación dirigida a los órganos de impartición de justicia (como en el caso acontece con la Junta responsable), que de suyo los constriñe a resolver las controversias sujetas a su potestad dentro de los lapsos de tiempo establecidos en los ordenamientos legales que regulan su función, con el objeto de que emitan sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Al respecto, no le asiste razón a la demandante de amparo al referir que se viola en su perjuicio el derecho consagrado en artículo 17 Constitucional. Ello es así, porque si bien el justiciable goza de los derechos fundamentales que otorga a su favor la Constitución Federal, entre los que destaca la impartición de justicia pronta, y la Junta responsable como órgano de administración de justicia en el ramo del derecho del trabajo, está compelido por disposición constitucional a tramitar las controversias que son de su conocimiento, dentro de los términos y plazos establecidos en la Ley Federal del Trabajo o en las legislaciones aplicables de manera supletoria, a efecto de que pronuncie la resolución que dirima la litis en la temporalidad que para tal efecto previene el citado ordenamiento legal; no menos lo es, que en el caso concreto la autoridad responsable no está en aptitud de dar prosecución al procedimiento, por causas atribuibles a la allá actora. Como se anticipó, tales argumentos resultan infundados, lo anterior, por los motivos que se expondrán más adelante. Cabe hacer una relación cronológica de los hechos que derivaron en el acto que por esta vía se reclama de la siguiente manera: Mediante escrito presentado el trece de octubre de dos mil veinte, Yolanda Rivera Sánchez, demandó en la vía de procedimiento especial paraprocesal, la declaración de beneficiarios sobre derechos generados por el trabajador extinto Antonio Mora Rodríguez. En proveído de trece de octubre de dos mil veinte, la responsable admitió la demanda, registrándola bajo el número 588/2020, y en ese auto determinó requerir a la parte actora, a efecto de que especificara el último domicilio donde laboró el finado trabajador; así como el sitio en el que cohabito con dicho extinto, por resultar necesario para realizar la investigación económica y fijar la convocatoria respectiva; así como comisionar al Actuario a efecto de llevar a cabo el emplazamiento y notificaciones respectivas. La anterior determinación la hizo saber a la parte actora por conducto de su autorizado el veintiuno de mayo de dos mil veintiuno. Luego, como ya se mencionó los actos que por esta vía reclama el quejoso consisten en la omisión de dictar la resolución respectiva que ponga fin al procedimiento paraprocesal número 588/2020, del índice de la responsable Junta Especial número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad. Como se señaló, la parte quejosa en su demanda de amparo se duele de la dilación en que incurre la junta responsable al no emitir la resolución respectiva, puesto que estima ha transcurrido con exceso el término que la ley establece para tal efecto, considerando que tal proceder es atentatorio de su derecho fundamental de pronta y expedita impartición de justicia a que alude el artículo 17 de la Constitución Federal. Tal argumento como se anunció, es infundado como se verá a continuación: Cabe precisar que el uno de mayo de dos mil diecinueve se publicaron en el Diario Oficial de la Federación diversas reformas estructurales a la Ley Federal del Trabajo; sin embargo, en el artículo octavo transitorio se estableció lo siguiente: "Octavo. Asuntos iniciados con posterioridad al Decreto. Las Juntas de Conciliación y Arbitraje federales y locales, así como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, según corresponda, continuarán conociendo de los procedimientos individuales, colectivos y registrales que se inicien con posterioridad a la entrada en vigor del presente Decreto, hasta en tanto entren en funciones los Tribunales federales y locales y los Centros de Conciliación, conforme a los plazos previstos en las disposiciones transitorias del presente Decreto. Hasta en tanto entren en funciones los Centros de Conciliación, la Procuraduría de la Defensa del Trabajo conservará la facultad para citar a los patrones o sindicatos a juntas de avenimiento o conciliatorias, apercibiéndolos que de no comparecer a dichas diligencias, se les impondrá la medida de apremio a que se refiere la fracción I del artículo 731 de la Ley Federal del Trabajo, bajo la condición que si el solicitante del servicio no asiste a la junta de avenimiento o conciliatoria, se le tendrá por desistido de su petición sin responsabilidad para la Procuraduría, salvo que acredite que existió causa justificada para no comparecer. Dichos procedimientos se tramitarán conforme a las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y demás leyes vigentes hasta antes del presente Decreto. Para tales efectos se les dotará de los recursos presupuestales necesarios". En esos términos, la ley que debe acatar la Junta responsable, es la anterior a las reformas, en cumplimiento a dicho transitorio. Así, los artículos 501, 502, 503, 892 y 893 de la Ley Federal del Trabajo, regulaban lo relativo a las diligencias de investigación por muerte, y establecían lo siguiente: "Artículo 501. Tendrán derecho a recibir indemnización en los casos de muerte o desaparición derivada de un acto delincuencial: I. La viuda, o el viudo que hubiese dependido económicamente de la trabajadora y que tenga una incapacidad de cincuenta por ciento o más, y los hijos menores de dieciséis años y los mayores de esta edad si tienen una incapacidad de cincuenta por ciento o más; II. Los ascendientes concurrirán con las personas mencionadas en la fracción anterior, a menos que se pruebe que no dependían económicamente del trabajador; III.- A falta de cónyuge supérstite, concurrirá con las personas señaladas en las dos fracciones anteriores, la persona con quien el trabajador vivió como si fuera su cónyuge durante los cinco años que precedieron inmediatamente a su muerte, o con la que tuvo hijos, siempre que ambos hubieran permanecido libres de matrimonio durante el concubinato. IV.- A falta de cónyuge supérstite, hijos y ascendientes, las personas que dependían económicamente del trabajador concurrirán con la persona que reúna los requisitos señalados en la fracción anterior, en la proporción en que cada una dependía de él; y V. A falta de las personas mencionadas en las fracciones anteriores, el Instituto Mexicano del Seguro Social". "Artículo 502. En caso de muerte o por desaparición derivada de un acto delincuencial del trabajador, la indemnización que corresponda a las personas a que se refiere el artículo anterior será la cantidad equivalente al importe de cinco mil días de salario, sin deducir la indemnización que percibió el trabajador durante el tiempo en que estuvo sometido al régimen de incapacidad temporal". "Artículo 503. Para el pago de la indemnización en los casos de muerte o desaparición derivada de actos delincuenciales, por riesgo de trabajo, se observarán las normas siguientes: I. El Inspector del Trabajo que reciba el aviso de la muerte o de la desaparición por actos delincuenciales, o la Junta de Conciliación y Arbitraje ante la que se reclame el pago de la indemnización, mandará practicar dentro de las veinticuatro horas siguientes una investigación encaminada a averiguar qué personas dependían económicamente del trabajador y ordenará se fije un aviso en lugar visible del establecimiento donde prestaba sus servicios, convocando a los beneficiarios para que comparezcan ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, dentro de un término de treinta días, a ejercitar sus derechos; II. Si la residencia del trabajador en el lugar de su muerte o cuando sucedió la desaparición por actos delincuenciales era menor de seis meses, se girará exhorto a la Junta de Conciliación y Arbitraje o al Inspector del Trabajo del lugar de la última residencia, a fin de que se practique la investigación y se fije el aviso mencionado en la fracción anterior; III. La Junta de Conciliación y Arbitraje o el inspector del Trabajo, independientemente del aviso a que se refiere la fracción I, podrán emplear los medios publicitarios que juzguen conveniente para convocar a los beneficiarios; IV. El Inspector del Trabajo, concluida la investigación, remitirá el expediente a la Junta de Conciliación y Arbitraje; V. Satisfechos los requisitos señalados en las fracciones que anteceden y comprobada la naturaleza del riesgo, la Junta de Conciliación y Arbitraje, con audiencia de las partes, dictará resolución, determinando qué personas tienen derecho a la indemnización; VI. La Junta de Conciliación y Arbitraje apreciará la relación de esposo, esposa, hijos y ascendientes, sin sujetarse a las pruebas legales que acrediten el matrimonio o parentesco, pero no podrá dejar de reconocer lo asentado en las actas del Registro Civil; y VII. El pago hecho en cumplimiento de la resolución de la Junta de Conciliación y Arbitraje libera al patrón de responsabilidad. Las personas que se presenten a deducir sus derechos con posterioridad a la fecha en que se hubiese verificado el pago, sólo podrán deducir su acción en contra de los beneficiarios que lo recibieron". "Artículo 892. Las disposiciones de este Capítulo rigen la tramitación de los conflictos que se susciten con motivo de la aplicación de los artículos 5o. fracción III; 28, fracción III; 151; 153, fracción X; 158; 162; 204, fracción IX; 209, fracción V; 210; 236, fracciones II y III; 389; 418; 425, fracción IV; 427 fracciones I, II y VI; 434, fracciones I, III y V; 439; 503 y 505 de esta Ley y los conflictos que tengan por objeto el cobro de prestaciones que no excedan del importe de tres meses de salarios". "Artículo 893. El procedimiento se iniciará con la presentación del escrito de demanda, en el cual el actor podrá ofrecer sus pruebas ante la Junta competente, la cual con diez días de anticipación, citará a una audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, la que deberá efectuarse dentro de los quince días hábiles siguientes a la fecha en que se haya presentado la demanda o al concluir las investigaciones a que se refiere el artículo 503 de esta Ley". De los numerales antes transcritos se advierte, en lo que interesa, que el inspector del trabajo o la autoridad laboral, que reciba el aviso de la muerte o el reclamo del pago de alguna indemnización, mandará practicar dentro de las veinticuatro horas siguientes una investigación encaminada a averiguar qué personas dependían económicamente del trabajador y ordenará que se fije un aviso en lugar visible del establecimiento donde prestaba sus servicios, convocando a los beneficiarios para que comparezcan ante la Junta de Conciliación y Arbitraje, dentro de un término de treinta días, a ejercitar sus derechos; además podrá emplear los medios publicitarios que juzgue convenientes para convocar a los beneficiarios, asimismo, apreciará la relación de esposo, esposa, hijos y ascendientes, sin sujetarse a las pruebas legales que acrediten el matrimonio o parentesco, pero no podrá dejar de reconocer lo asentado en las actas del Registro Civil. Que el procedimiento especial a que alude el artículo 892 de la Ley Federal del Trabajo, cuando se trata de conflictos relacionados con la aplicación del artículo 503 del mismo ordenamiento legal, constituye un verdadero juicio en el que se otorga a los presuntos beneficiarios la oportunidad de comparecer ante la autoridad laboral a hacer valer sus derechos, toda vez que se inicia con una demanda y se desarrolla en una sola audiencia, donde las partes tienen oportunidad, en caso de no llegar a un arreglo conciliatorio, de exponer lo que a su derecho convenga, de precisar sus peticiones, de ofrecer y rendir las pruebas que les sean admitidas y de formular alegatos. Concluyendo la audiencia con la resolución donde la Junta o el tribunal laboral deciden sobre el fondo del conflicto al que se contrae la litis natural, la cual tiene las características de un laudo, y que, en el supuesto de que se trata, se refiere a las personas a quienes les reviste el carácter de beneficiarios de un trabajador fallecido. Resolución que debe dictarse al concluir las investigaciones a que se refiere el artículo 503 del citado ordenamiento legal. Los numerales previamente reproducidos, fueron analizados por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 6/2008-SS, en la que precisó que de estos preceptos se deduce, que cuando un trabajador fallece por una causa de riesgo de trabajo, su beneficiario tendrá derecho a una indemnización equivalente al importe de setecientos treinta días de salario sin que se deduzca de éste la indemnización que haya percibido durante el tiempo en que estuvo sujeto a incapacidad temporal. Además, señaló que para poder ser designado beneficiario, la autoridad laboral deberá practicar dentro de las veinticuatro horas siguientes a la solicitud de indemnización o aviso de muerte que haya recibido, una investigación encaminada a averiguar qué personas dependían económicamente del trabajador fallecido y ordenará se fije un aviso en lugar visible del centro de trabajo de éste, convocando a los beneficiarios para que comparezcan ante dicha autoridad dentro de un término de treinta días para que puedan deducir sus derechos. Independientemente de la convocatoria que se fije en el centro de trabajo, la autoridad laboral podrá emplear los medios publicitarios que juzgue convenientes para convocar a los beneficiarios; realizado lo anterior, la Junta, con audiencia de las partes, dictará resolución en donde determine quién es el beneficiario y si tiene derecho a la indemnización citada. Igualmente la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, estableció que si el legislador en la redacción del artículo 503 fracción I de la Ley Federal del Trabajo, para determinar qué persona o personas son los beneficiarios del trabajador fallecido utilizó la conjunción copulativa "y", su intención fue la de establecer dos condiciones que se deben cumplir para que la autoridad laboral esté en aptitud de determinarlos: - La primera consiste en ordenar una investigación encaminada a averiguar qué personas dependían económicamente del trabajador, lo que podrá realizarse a través de las instituciones que al efecto cuenten con ese tipo de datos, entre otras, el Registro Civil, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda o el área de recursos humanos del propio lugar de trabajo en donde laboró el empleado fallecido, quienes podrían contar en sus archivos con información que permita determinar si el occiso tenía familiares o dependientes económicos. - La segunda, consiste en la convocatoria que se fije en un lugar visible del establecimiento donde prestaba sus servicios. Lo anterior, a fin de que los presuntos beneficiarios comparezcan ante la autoridad laboral a deducir sus derechos y, de esa manera, se cuente con los medios jurídicos necesarios para poder determinar quién debe recibir la indemnización. Asimismo, consideró que no debía soslayarse que el principio de seguridad jurídica consagrado en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tiene como objetivo primordial dar certeza al gobernado estableciendo los elementos mínimos para hacer valer el derecho que le asiste a las personas, a fin de que las autoridades no incurran en arbitrariedades. De lo que se colige que, si el legislador estableció dos requisitos para que la autoridad laboral determinara quién o quiénes son las personas que pueden recibir la indemnización por muerte del trabajador derivada de un riesgo de trabajo en la estructura del precepto, ambos deben cumplirse, sin que pueda considerarse que la sola convocatoria sirve para colmarlos por estar implícito en ésta el supuesto de investigación descrita en la propia regla. Interpretarlo de esa manera haría insustancial el principio de seguridad jurídica, ya que la autoridad laboral podría incurrir en arbitrariedades al no acatarse la investigación de esos datos que se pueden obtener en otras instituciones, incluso en los propios archivos de la empresa donde laboraba el trabajador fallecido. Concluyó la citada Superioridad, que mientras más caminos se sigan para determinar quiénes son los beneficiados, mayores posibilidades existirán de que se alcance la verdad y todos puedan ser convocados, lo que previsiblemente estimó el legislador al establecer conjuntamente ambos requisitos. De la contradicción de tesis enunciada, cuyas consideraciones han sido expuestas, resultó la Jurisprudencia 2a./J. 68/2008, de la Segunda Sala, que dice: Registro digital: 169871 Instancia: Segunda Sala Novena Época Materias(s): Laboral Tesis: 2a./J. 68/2008 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVII, Abril de 2008, página 591 Tipo: Jurisprudencia "INDEMNIZACIÓN EN CASO DE MUERTE POR RIESGO DE TRABAJO. PARA DETERMINAR QUIÉNES SON BENEFICIARIOS DEL TRABAJADOR FALLECIDO, LA AUTORIDAD LABORAL DEBE FIJAR LA CONVOCATORIA EN EL CENTRO DE TRABAJO Y REALIZAR LA INVESTIGACIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 503, FRACCIÓN I, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO. Si el legislador en el artículo 503, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo, para determinar quiénes son los beneficiarios del trabajador fallecido, utilizó la conjunción copulativa "y", es evidente su intención de establecer dos condiciones a cumplir para que la autoridad laboral pueda determinarlos, la primera: ordenar una investigación encaminada a averiguar quiénes dependían económicamente del trabajador, lo que deberá realizarse a través de todas las instituciones o registros al alcance de la autoridad que cuenten con ese tipo de datos, entre otras, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Instituto Nacional de la Vivienda, el Sistema de Ahorro para el Retiro o el área de recursos humanos de la propia empresa en donde laboró el empleado fallecido, quienes pueden contar en sus archivos con información relativa a si tenía familiares o dependientes económicos, y la segunda: la convocatoria que se fije en un lugar visible del establecimiento donde prestaba sus servicios, o cualquier otra forma que se considere pertinente. Lo anterior, porque esos son los requisitos mínimos determinados por el legislador para que los presuntos beneficiarios comparezcan ante la autoridad laboral a deducir sus derechos. Además, mientras más sean los caminos para precisar quiénes son los beneficiarios, mayores posibilidades existirán de alcanzar la verdad y de que todos sean convocados. Contradicción de tesis 6/2008-SS. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito y el entonces Tercer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Cuarto Circuito. 9 de abril de 2008. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: José Eduardo Alvarado Ramírez. Tesis de jurisprudencia 68/2008. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del nueve de abril de dos mil ocho". Asimismo, es oportuno destacar que el artículo 115 de la Ley Federal del Trabajo, dispone lo siguiente: "Artículo 115. Los beneficiarios del trabajador fallecido tendrán derecho a percibir las prestaciones e indemnizaciones pendientes de cubrirse, ejercitar las acciones y continuar los juicios, sin necesidad de juicio sucesorio. Como se observa, al margen del procedimiento especial previsto para la declaración de beneficiarios en caso de muerte por riesgos de trabajo, el legislador federal estableció, en diversa norma, que los beneficiarios del trabajador fallecido tendrán derecho a: 1) Percibir las prestaciones pendientes de cubrir por el patrón; por ejemplo, fondo de ahorro, aguinaldo, o salarios devengados. 2) Percibir las indemnizaciones decretadas por la autoridad del trabajo pendientes de entregarse. 3) Ejercer las acciones en materia de trabajo; y, 4) Continuar los juicios laborales que el trabajador haya instado. Así, el legislador determinó que el derecho sucesorio civil no es aplicable en materia laboral, al considerar que la Ley Federal del Trabajo tiene un procedimiento especial para determinar quién o quiénes y en qué proporción, son los beneficiarios de las indemnizaciones o cantidades adeudadas a los trabajadores que lleguen a fallecer, y si bien el congresista no estableció en la norma transcrita cómo debía tramitarse la declaratoria de esos beneficiarios, lo cierto es que participa de la misma naturaleza que el procedimiento especial a que hace referencia el artículo 503, de ese ordenamiento legal, y por ende, amerita seguir las mismas reglas. Es decir, el procedimiento especial que tiene como objetivo declarar beneficiarios, aplica tanto para aquel evento en el que fallece el empleado por un riesgo de trabajo, como para aquellos casos en los que se encuentra pendiente: 1) cubrir prestaciones, 2) pagar indemnizaciones, 3) ejercitar las acciones correspondientes, o 4) continuar los juicios. Esto es, el objetivo de su sustanciación es simplemente determinar quién o quiénes y en qué proporción, tienen derecho al pago de las prestaciones o indemnizaciones del trabajador fallecido, a fin de liberar al patrón de responsabilidad en caso de pago en cumplimiento de la resolución correspondiente de la Junta. Pero para tal efecto, es necesario que lleve a cabo el procedimiento agotando todo el procedimiento de investigación. Ahora, en el asunto que nos ocupa, como puede apreciarse de los antecedentes reseñados, la autoridad responsable, ante la solicitud de la ahora quejosa, de que se le declarara beneficiaria de los derechos laborales de su esposo fallecido, dio inicio al procedimiento paraprocesal; sin embargo, a la autoridad no le ha sido posible continuar con la tramitación del procedimiento, porque la allá actora no ha dado cumplimiento al requerimiento que le fue realizado y notificado por conducto de su autorizado el veintiuno de mayo de dos mil veintiuno. En esos términos, el incumplimiento del requerimiento realizado a la allá actora ha traído como consecuencia la paralización del procedimiento, pero ello no puede ser atribuido a la Junta responsable, dado que también corresponde a las partes cumplir con los requerimientos, a fin de no permitir que el juicio quede inactivo. Todo lo anterior evidencia que el juez de origen ha actuado dentro del ámbito de su competencia en los términos que establece el artículo 17 Constitucional, puesto que ha proseguido con el procedimiento, y al ser ello así, no es dable sostener que exista una conducta omisiva. Con lo anterior se pone de manifiesto lo infundado de los conceptos de violación. En consecuencia lo procedente es negar el amparo solicitado por Yolanda Rivera Sánchez, respecto de la omisión reclamada. Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el Sexto Transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, misma que entró en vigor al día siguiente, las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente asunto, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y, por ende, son aplicables, dado que no se oponen a la ley vigente. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 37, 73, 74, 107, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Yolanda Rivera Sánchez, en contra del acto reclamado y por la autoridad señalada como responsable en el considerando séptimo de esta sentencia, por los motivos expuestos en el mismo. Notifíquese...
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Morelia, Michoacán, tres de septiembre de dos mil veintiuno. CUMPLE REQUERIMIENTO. Visto el oficio de cuenta signado por la Auxiliar en funciones de Presidenta por Ministerio de Ley de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, a través del cual cumple con el requerimiento hecho en auto de dieciséis de agosto de dos mil veintiuno, y al efecto remite las constancias requeridas. PRUEBA DOCUMENTAL. En consecuencia, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia, se tiene por desahogada en atención a su propia y especial naturaleza; la documental que la autoridad responsable anexa a su oficio, sin perjuicio de hacer relación de la misma en la audiencia constitucional. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, actuando con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza.- Doy fe.svm
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Morelia, Michoacán, dieciséis de agosto de dos mil veintiuno. DIFERIMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que mediante auto de dos de junio de dos mil veintiuno, se requirió al Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, a efecto de que remitiera las constancias relativas a la notificación del auto de trece de octubre de dos mil veinte, dictado en el expediente 588/2020, a través del cual se requirió a la parte aquí quejosa proporcionara los últimos domicilios que en vida habitó y laboró Antonio Mora Domínguez toda vez que dicha información resulta necesaria para resolver el presente asuntos, sin que haya certeza de que se haya girado el oficio correspondiente. En consecuencia, y en obvio de mayores dilaciones procesales, mediante oficio que al efecto se gire se requiere al Presidente de la Junta Especial Número Treinta de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, a efecto de que dentro del término de tres días contado a partir de la legal notificación del presente proveído, remita las constancias relativas a la notificación del auto de trece de octubre de dos mil veinte, dictado en el expediente 588/2020, a través del cual se requirió a la parte aquí quejosa proporcionara los últimos domicilios que en vida habitó y laboró Antonio Mora Domínguez remitiendo copia certificada de dichas constancias, toda vez que dicha información resulta necesaria para resolver el presente asunto. APERCIBIMIENTO. Apercíbasele que de no cumplir con lo anterior en el lapso fijado, se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Constitución Federal, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación vigente a partir el día siguiente, en relación con los artículos 238 y 260, fracción II de la Ley de la materia en vigor. En tal virtud, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para hoy, la que tendrá verificativo a las NUEVE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTINUVE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Leonel López Pérez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia, en funciones de Juez de Distrito, en términos de lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorización que fue notificada mediante oficio CCJ/ST/2634/2021, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, quien actúa con Marbella Juárez García, Secretaria que autoriza. Doy Fe.
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