Yolanda Rico Oliver
Expediente 998/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 998/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 19/09/2016
Partes del expediente
- Yolanda Rico Oliver
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
II. Con fundamento en el artículo 287 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se tiene por hecha la certificación precedente, para conocimiento de las partes. Ahora, en consideración a que la parte quejosa dentro del plazo establecido en el artículo 86 de la Ley de Amparo, no recurrió la sentencia dictada el veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, por la que se sobreseyó en el presente asunto; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado estado; en el Libro de Gobierno realícense las anotaciones respectivas. En otro orden, el estado procesal del presente juicio evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en la parte conducente del artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. En términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hacen las indicaciones siguientes: 1. El cuaderno principal es susceptible de destrucción, pues se sobreseyó en el presente juicio de amparo (punto vigésimo primero, inciso II). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. 3. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará materialmente al archivo el expediente en que se actúa.
- Principal
II) V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 998/2016-II promovido por YOLANDA RICO OLIVER, por propio derecho, contra actos del Jefe de Departamento de Pensiones de la Delegación del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, el cual, por razón de turno fue remitido el mismo día a este juzgado, YOLANDA RICO OLIVER, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra los actos y autoridades responsables que a continuación se precisan: "AUTORIDADES RESPONSABLES: COMO ORDENADORA Y EJECUTORA: LIC. MAYRA ANGÉLICA MOLINA GUZMAN, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PENSIONES DE LA DELEGACIÓN DEL ISSSTE, ESTADO DE MÉXICO." LEY O ACTO QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA: LO ES LA FALTA DE CONTESTACIÓN QUE SE CONSTITUYE POR EL SILENCIO DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, AL NO DAR RESPUESTA LA LIC. MAYRA ANGÉLICA MOLINA GUZMAN, JEFA DEL DEPARTAMENTO DE PENIONES DEL ISSSTE, ESTADO DE MÉXICO, FUNDADA, MOTIVADA, CONGRUENTE Y RAZONADA, A LA SOLICITUD PRESENTADA EN FECHA 16 DE MAYO DE 2016, tenga bien otorgarme mi pensión por el tiempo y edad que cotice ante este Instituto, solicitando se aplique la ley que más me beneficie, esto en virtud de que a la fecha no he recibido una sola cantidad del tiempo que cotice, siendo mi último empleo el Instituto Nacional de Perinatología del ISSSTE y con categoría de Enfermera General, aunado de que a la fecha no se me otorgaron mis beneficios de seguridad social a pesar de que fueron solicitados a este Instituto." SEGUNDO. Preceptos Constitucionales Transgredidos. El peticionario de amparo argumenta en su demanda, que el acto de autoridad que combate, vulnera en su perjuicio sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 8, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Admisión de la demanda. Mediante proveído de cuatro de julio de dos mil dieciséis, se admitió a trámite la demanda; se dio vista a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable y, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México es competente para conocer y resolver el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 48, en relación con el diverso 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el punto cuarto, fracción II, del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues los actos reclamados son atribuidos a unas autoridades que residen dentro de la jurisdicción otorgada a este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos del artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, debe precisarse que del análisis íntegro de la demanda de amparo y de los informes justificados rendidos por las autoridades señaladas como responsables, se advierte que la parte quejosa reclama, esencialmente: La falta de contestación, por parte de la autoridad responsable al escrito formulado por la parte quejosa el dieciséis de mayo de dos mil dieciséis. Se hace la precisión anterior, en atención a la lectura íntegra de la demanda y de un análisis de los datos del escrito inicial de demanda, en un sentido congruente con todos sus elementos, así como la totalidad de la información del expediente del presente juicio, incluyendo la intencionalidad de la parte quejosa, es decir, lo que quiso decir, porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Es aplicable la jurisprudencia P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, del Tomo XI, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de abril del año dos mil, Novena Época, con número de registro 192097, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." CUARTO. Existencia del acto reclamado. Previo al análisis de la constitucionalidad del acto que por esta vía se controvierte, resulta oportuno pronunciarse respecto a la certeza o inexistencia del acto reclamado en el presente asunto, ya que por razón de método, en toda sentencia de amparo indirecto dicha situación debe ocurrir previamente. En ese sentido, debe precisarse que el TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, al rendir su informe justificado, manifestó que el acto que se le atribuye resulta inexistente. Sin embargo, dicha negativa queda desvirtuada ya que el veinte de mayo de la anualidad en curso dio contestación a la petición formulada por la quejosa mediante oficio DPSH/MAMG/2080/2016, así como la pieza postal 00351, vía correo de las cuales anexó copia certificada. Documentos a los que se les otorga valor probatorio de conformidad con lo que disponen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°, por tratarse de documentos públicos. Es aplicable la jurisprudencia 226, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 153, del Tomo VI, primera parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Quinta Época, Materia Común, con número de registro 394182, que establece: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, hacen prueba plena." QUINTO. Causas de improcedencia. Por ser preferente su estudio, con apoyo en el artículo 62 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional examina de oficio la procedencia del juicio de amparo, en virtud de que dicha cuestión debe estudiarse cualquiera que sea el estado del procedimiento, lo aleguen o no las partes, pues es de orden público y de análisis preferente, por lo que de aparecer o sobrevenir la actualización de alguna de las causas de improcedencia previstas en el numeral 61 de la ley de la materia, deberá sobreseerse en este asunto. Lo expuesto se robustece con el criterio contenido en la jurisprudencia II.1º.J/5 consultable en la página 95, del Semanario Judicial de la Federación, mayo de 1991, Tomo VII, Octava Época, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." El artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo dispone que resulta procedente el sobreseimiento cuando durante el juicio apareciere o sobreviniere alguna de las causas de improcedencia contendidas en el artículo 61 del cuerpo legal en cita. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" Al respecto, debe decirse que el Tribunal Pleno ha sostenido que para ser operante esa causa en el juicio de amparo, no basta que la autoridad responsable revoque o derogue el acto reclamado, sino que sus efectos deben quedar destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiera otorgado la protección constitucional, cuyo objeto, es restablecer las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Conforme a los matices del caso, tomando en cuenta que los hechos en análisis son omisiones o actos negativos y que en estos supuestos la regla restitutoria establecida en la ley reglamentaria dispone que el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho humano de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija, podría decirse entonces que la omisión de tramitar y resolver oportunamente el juicio cesaría de manera absoluta, completa e incondicional, sólo si éste prosiguiera hasta su conclusión y resolución, ya que ésta sería la única forma de resarcir al quejoso plenamente en el goce de la garantía individual violada, como si se le hubiera otorgado la protección constitucional. En ese entendido, cabe señalar que el TITULAR DE LA UNIDAD JURÍDICA DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, emitió oficio DPSH/MAMG/2080/2016 de veinte de mayo de dos mil dieciséis en el que determinó lo siguiente. "(.) (.)" Asimismo, de las constancias remitidas por la responsable en apoyo a su informe con justificación se advierte que el veintitrés de mayo siguiente, el citado oficio fue depositado vía correo con la pieza postal 00351 (foja 27), documento que tiene valor probatorio en términos de lo preceptuado en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°. De lo expuesto, se advierte que se emitió respuesta a la petición que formuló la parte quejosa, misma que se ordenó notificar a través del Servicio Postal Mexicano; y no obstante que no existe constancia de que la quejosa haya recibido dicha notificación, tuvo conocimiento de la misma a través de la tramitación del presente juicio de amparo, pues incluso pretendió ampliar la demanda respecto de dicho acto; por consiguiente, es patente que se actualiza la causa de improcedencia en estudio, en la medida que cesaron los efectos de la omisión reclamada al satisfacerse a plenitud la pretensión de la impetrante; esto es, que se emita respuesta al escrito de doce de mayo de dos mil catorce. En tales condiciones es claro que en el caso se actualiza la causa de improcedencia establecida en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por tanto, procede sobreseer el juicio constitucional, de conformidad en la fracción V del numeral 63 de dicho ordenamiento. Es aplicable el criterio sustentado en la jurisprudencia 103, visible en la página ochenta y uno, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, materia común, Tomo VI, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." También resulta aplicable la tesis P.CL/97, que se localiza en la foja setenta y uno del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, noviembre de 1997, Tomo VI, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Igualmente cobra vigencia la jurisprudencia publicada en la página seiscientos cinco del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Enero de 2009, Tomo XXIX, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." Consecuentemente, en este juicio de garantías se actualiza la causa de improcedencia que prevé la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y, por tanto, procede sobreseer en este juicio, de conformidad en la fracción V del numeral 63 de la ley de la materia. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74, 63, 124 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Yolanda Rico Oliver, respecto del acto y autoridad precisada en la presente resolución. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Israel Díaz Reyna, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/2966/2016, quien actúa con el Secretario Nicolas de Luna Gonzalez que autoriza, firma y da fe.
- Principal
II. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho corresponda con el complemento al informe justificado rendido por el Titular de la Unidad Jurídica de la Delegación en el Estado de México del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, sin perjuicio de relacionarlo en la celebración de audiencia constitucional. Finalmente, de conformidad con los numerales 9 y 26, fracción II, inciso a) de la Ley de Amparo, se tienen como delegados a las personas indicadas por la responsable para tales efectos y como domicilio el señalado en el oficio de cuenta.
- Principal
II. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho corresponda con los informes justificados rendidos por el Titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, y anexo que remite consistente en copia certificada del oficio DPSH/MAMG/2080/206, de veinte de mayo del año en curso, sin perjuicio de relacionarlos en la celebración de la audiencia constitucional. Se estima aplicable, la tesis publicada en la página 1081, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Abril de 2001, Tomo XIII, Novena Época, cuyo rubro y texto son: "INFORME JUSTIFICADO. SE CONSTITUYE CON LAS CONSTANCIAS QUE LO APOYEN. Aun cuando la autoridad responsable rinda el informe justificado con la debida anticipación de al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia constitucional, si no acompañó al mismo la totalidad de las constancias debidamente legibles que lo apoyen y hubo necesidad de requerirlas con fundamento en el artículo 78, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se entiende que se integró debidamente dicho informe en el momento en que el Juez de Distrito recibió las constancias que le fueron enviadas por la autoridad responsable, en virtud de ser parte integrante del mismo, por lo que el término a que alude el artículo 149 de la Ley de Amparo empezará a contar desde el momento en que se dio vista a las partes con las referidas constancias." En esa tesitura, con fundamento en los artículos 75 y 117 de la Ley de Amparo, se requiere al Titular de la Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que en el término de tres días legales contados a partir de su notificación remita la totalidad de las constancias que se encuentran relacionadas con el acto reclamado, así como el expediente personal de la quejosa. Con el apercibimiento que de no dar cumplimiento en los términos indicados, se le impondrá la multa de cincuenta a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con lo previsto en el artículo, de conformidad con los artículos 237, 238 y 259, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 1a./J.163/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tomo XXIII, del Mes de Enero de 2006, visible en la página 319, número de registro 176291, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. ANTE LA EXISTENCIA DE ALGÚN INDICIO DE UNA CAUSAL DE ESA NATURALEZA, EL JUZGADOR DEBE INDAGAR O RECABAR DE OFICIO LAS PRUEBAS NECESARIAS PARA ASÍ ESTAR EN POSIBILIDAD DE DETERMINAR FEHACIENTEMENTE SI OPERA O NO ESA CAUSAL. Conforme al último párrafo del artículo 73 de la Ley de Amparo, el examen de las causales de improcedencia del juicio de garantías es oficioso, esto es, deben estudiarse por el juzgador aunque no las hagan valer las partes, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente al fondo del asunto. Asimismo, esta regla de estudio oficioso debe hacerse extensiva a la probable actualización de dichas causales cuando éstas se adviertan mediante un indicio, sea que una de las partes las haya invocado u ofrecido o que el juzgador las hubiese advertido de oficio, pues con independencia de cuál sea la vía por la que se conocieron esos indicios, el juzgador de amparo los tiene frente a sí, y la problemática que se presenta no se refiere a la carga de la prueba, sino a una cuestión de orden público; por consiguiente, si de las constancias de autos el juzgador de amparo advierte un indicio sobre la posible existencia de una causal que haría improcedente el juicio constitucional, oficiosamente debe indagar y en todo caso allegarse de las pruebas necesarias para resolver si aquélla se actualiza o no y así, probada fehacientemente, sobresea en el juicio o bien en caso contrario, aborde el fondo del asunto". A fin de dar tiempo a que se cumplimente lo anterior, la audiencia constitucional prevista para celebrarse en esta fecha, se difiere y en su lugar se fijan las once horas con veinticinco minutos del veintiséis de agosto de dos mil dieciséis.
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