Yolanda Rico Luna

Expediente 206/2018 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 6 actuaciones registradas, la última del 31 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
206/2018
Año
2018
Actuaciones
6
Última actuación
31/05/2018

Partes del expediente

  • Yolanda Rico Luna

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    - Visto el estado de los autos, se advierte . . . SE TIENE POR CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO . . . ARCHÍVESE el expediente como asunto concluido . . .

  2. Principal

    Agréguese a los autos para que obre como constancia y surta los efectos legales conducentes, el oficio número J4/853/2018 signado por el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Querétaro, mediante el cual da cumplimiento a la sentencia concesoria emitida en el presente para tal efecto anexa constancias, en esa virtud, con fundamento en los artículos 196, en relación con la última parte del primer párrafo, de la fracción IV, del artículo 5° de la Ley de Amparo; dése vista por el término de tres días, contados a partir de la notificación de este auto, a la parte quejosa, para que manifiesten lo que a sus intereses convenga; en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna en el plazo indicado, este Tribunal, procederá a analizar en forma oficiosa, lo relativo al cumplimiento de la sentencia.

  3. Principal

    - V I S T O el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, de los que se advierte . . . se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA . . . requiérase a . . . para que, dentro del término de TRES DÍAS contados a partir del en que reciba la presente notificación, cumpla con la sentencia ejecutoria de amparo pronunciada en autos . . . Apercibido que, de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa . . .

  4. Principal

    QUERÉTARO, QUERÉTARO, A ONCE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO. VISTOS para resolver, los autos del juicio de amparo 206/2018-IV, promovido por YOLANDA RICO LUNA, contra actos del Presidente y Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado con residencia en San Juan del Río, y R E S U L T A N D O PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinte de febrero de dos mil dieciocho, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Amparo y Juicios Federales en el Estado, YOLANDA RICO LUNA, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra actos que atribuyó al Presidente y Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado con residencia en San Juan del Río, que hizo consistir textualmente en: (.) La omisión en que incurre la Autoridad responsable al dejar de cumplir los términos procesales a que se encuentra sujeta para dictar la resolución de incidente en el juicio número 05504/2017/4/1, por lo que viola totalmente en mi perjuicio las disposiciones contenidas en los artículos 1, 14, 146, 17, 123 apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como lo establecido en el artículo 763 de la Ley Federal del Trabajo [foja 2]. Que estimó violatorios de los derechos que consigna el artículo 1, 14, 17, 123 apartado A y 146 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por razón de turno, el conocimiento del asunto correspondió a este Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales, donde por auto de veintiuno de febrero de dos mil dieciocho, se admitió a trámite la demanda de amparo promovida por YOLANDA RICO LUNA, contra actos del Presidente y Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado con residencia en San Juan del Río, registrada con el número 206/2018-IV; se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio la intervención que legalmente compete a la representación social de la adscripción y se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Seguido el juicio por sus trámites legales, se llevó a cabo la audiencia de ley respectiva, dándose así por vistos los autos y se procede a resolver; y CONSIDERANDO PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, es legalmente competente para conocer y resolver en el presente juicio de amparo de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XI, de la Constitución General de la República, 37 de la Ley de Amparo y 49, 52 fracción III y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, éste último en relación con los Acuerdos Generales 3/2013 y 30/2014, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que en forma respectiva establecen la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales Colegiados y de los Juzgados de Distrito; y el segundo, lo relativo al cambio de denominación, domicilio y competencia de los cinco juzgados de Distrito en el Estado de Querétaro, en Juzgados Primero y Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales y en Juzgados Primero, Segundo y Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, todos con residencia en la ciudad del mismo nombre; así como al inicio de funciones, denominación, residencia, competencia, jurisdicción territorial y domicilio de los Juzgados Cuarto y Quinto de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro; así como a las reglas de turno, sistema de recepción y distribución de asuntos entre los órganos jurisdiccionales de la entidad y sede en mención, y a la creación y cambio de denominación de las respectivas oficinas de correspondencia común; además de que la ejecución de los actos reclamados tendrá verificativo en esta ciudad de Querétaro, en cuyo lugar este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. PRECISIÓN DE ACTOS. Es criterio reiterado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que la demanda de garantías es un todo, por lo que debe efectuarse un análisis integral del escrito respectivo a fin de lograr la interpretación completa de la voluntad del que demanda el amparo y protección de la Justicia de la Unión. Lo anterior, acorde al criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis número VI/2004, consultable en página 255, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura integral de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". Así, de la lectura integral del escrito de demanda, se deduce que la parte quejosa señala como actos reclamados los siguientes: La omisión en dictar la resolución inherente al incidente de falta de personalidad planteado en autos del expediente laboral 005504/2017/4/1. TERCERO. CERTEZA DE ACTO. El Presidente y Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado con residencia en San Juan del Río, aceptaron la existencia del acto que se le atribuye. Lo que se corrobora con las actuaciones que adjuntó consistente en las constancias derivadas del expediente número 05504/2017/4/1, cuya documental reviste pleno valor probatorio al tenor de los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis visible a foja 153, Primera Parte, Tomo VI, Materia Común, Quinta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, de rubro y texto siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y por consiguiente, hacen prueba plena." CUARTO. Conceptos de violación. Es innecesario transcribir la sentencia reclamada y conceptos de violación, al no exigirlo el artículo 74 de la Ley de Amparo, además, ello no trasgrede el principio de congruencia y exhaustividad que rige el dictado de la resolución. QUINTO. Previamente al estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causales de improcedencia que hagan valer las partes, o bien, de oficio se advierta que se actualicen, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo tal como lo establece el artículo 62, de la Ley de Amparo. La misma consideración se desprende de la jurisprudencia número 814, publicada en la página 553 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Este órgano jurisdiccional advierte que no existe alguna causal de improcedencia en el presente asunto, ni causa de sobreseimiento, ni las partes las hicieron valer, por lo que, se procede al análisis de fondo de la cuestión planteada. SEXTO. ESTUDIO DEL ASUNTO. La parte quejosa manifiesta en sus conceptos de violación medularmente que se viola en su perjuicio el artículo 17 constitucional, ante la omisión en resolver lo que en derecho proceda en relación al incidente de falta de personalidad planteado en el expediente número 005504/2017/4/1. El concepto de violación sintetizado resulta fundado, mismo que será examinado a la luz del artículo 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos prevé el derecho a la tutela judicial efectiva en un plazo razonable, en los siguientes términos: "Artículo 8. Garantías Judiciales 1. Toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. (.)." Así como, del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Art. 17.- Ninguna persona podrá hacerse justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su derecho. Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas las costas judiciales.---". El citado artículo establece, entre otras garantías relacionadas con la administración de justicia en favor de las personas, tener un acceso efectivo a la administración de justicia que desarrollan los tribunales; así, para su debido acatamiento no basta el que se permita a los gobernados instar ante un órgano jurisdiccional, sino que es necesario que el acceso sea cierto en la medida en que el justiciable, de cumplir con los requisitos justificados constitucionalmente, pueda obtener una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no razón sobre los derechos cuya tutela jurisdiccional ha solicitado. Entonces, la impartición de la administración de justicia solicitada por los gobernados y, por ende, el efectivo acceso a la justicia, se debe sujetar a los plazos y términos que fijen las leyes; es decir, la regulación de los respectivos procedimientos jurisdiccionales debe garantizar a los particulares un efectivo acceso a la justicia, por lo que los requisitos y presupuestos que condicionan la obtención de una resolución sobre el fondo de lo pedido deben encontrarse justificados constitucionalmente, lo que sucede, entre otros casos, cuando tienden a generar seguridad jurídica a los gobernados que acudan como partes a la contienda, o cuando permiten la emisión de resoluciones prontas y expeditas, siempre y cuando no lleguen al extremo de hacer nugatorio el derecho cuya tutela se pretende. Sirve de apoyo a lo anterior, en la parte conducente, la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el tomo XXI, junio de 2005, página 238, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 178190, que dice: "JUSTICIA PRONTA. EL LEGISLADOR DEBE GARANTIZARLA EN LAS LEYES, SIN MENOSCABO DEL DERECHO QUE LOS GOBERNADOS TIENEN A SU DEFENSA PLENA. Es cierto que el legislador, además de la obligación que le impone el segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de garantizar en las leyes que expida el derecho a la defensa plena en beneficio de las partes del conflicto jurídico, debe asegurar que los procedimientos que para tal efecto instruya garanticen una administración de justicia pronta, como lo manda el artículo 17 de la propia Norma Fundamental; sin embargo, esto último no podría lograrse si so pretexto de evitar la prolongación innecesaria de los juicios, se proscribiera la admisión de pruebas que pudieran resultar indispensables para crear convicción en el juzgador sobre los hechos materia de la controversia, porque no podría existir una verdadera impartición de justicia sin el respeto de las formalidades esenciales del procedimiento, entre las que se encuentra el derecho que tienen las partes, dentro del proceso, a probar sus acciones y excepciones." Asimismo, el artículo 762, fracción III, de la Ley Federal del Trabajo, señala que el incidente de falta de personalidad es de previo y especial pronunciamiento. Por su parte, el artículo 763 de la Ley Federal del Trabajo , concretamente su primer párrafo, establece que cuando se promueva un incidente de personalidad la Junta deberá substanciarlo de inmediato oyendo a las partes y resolverá. Conforme al artículo 17 Constitucional, precedentemente trascrito, el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: a) Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes. b) Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado. c) Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no de lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido, y d) Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno para la prestación de ese servicio público. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN AQUEL DERECHO PÚBLICO SUBJETIVO, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual o el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. Justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición, de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto se establezcan en las leyes; 2. Justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. Justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución, no sólo apegada a derecho, sino, fundamentalmente, que no dé lugar a que pueda considerarse que existió favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y 4. Justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si dicha garantía está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, con independencia de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales" (Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Mayo de 2002, Tomo XV, página 299). Asimismo, se tiene que los artículos 685, 750, 771 y 873 de la Ley Federal del Trabajo, disponen que el proceso laboral será público, gratuito, inmediato, predominantemente oral y se iniciará a instancia de parte; que las Juntas tendrán la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso; que las notificaciones, citaciones o emplazamientos, deberán realizarse dentro de los cinco días siguientes a su fecha, salvo cuando expresamente en la resolución o en la ley exista disposición en contrario; finalmente, que los Presidentes de las Juntas y los auxiliares cuidarán, bajo su más estricta responsabilidad que los juicios que ante ellos se tramiten no queden inactivos, proveyendo lo que conforme a la ley corresponda hasta dictar laudo; y que el Pleno o la Junta Especial, dentro de las veinticuatro horas siguientes contados a partir del momento en que reciba el escrito de demanda, dictará acuerdo en el que señalará día y hora para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, ofrecimiento y admisión de pruebas, que deberá efectuarse dentro de los quince días siguientes al en que se haya recibido el escrito de demanda. Ahora bien, analizando en forma integral la demanda, se puede establecer que la parte quejosa, básicamente, se duele de la omisión en dar el trámite correspondiente al incidente de falta de personalidad planteado. Ahora bien, de las constas inherentes al acto reclamado, destaca: 1) Escrito a través del cual YOLANDA RICO LUNA, por medio de apoderado legal, demandó de COMERCIALIZACIÓN ALTA CALIDAD, Sociedad Anónima de Capital Variable y otro, las prestaciones que ahí se especifican (fojas 14 a 16). 2) Proveído de nueve de agosto de dos mil diecisiete, por el que se admitió a trámite la referida demanda en contra de COMERCIALIZACIÓN ALTA CALIDAD, Sociedad Anónima de Capital Variable y otro, ordenado su emplazamiento a juicio (foja 21). 3) Audiencia de conciliación, demanda y excepciones, de fecha seis de noviembre de dos mil diecisiete, de la cual destaca: (.) Se le concede el uso de la voz A la parte actora en replica por conducto de quien en su representación comparece, manifestando: . Interpongo incidente de falta de personalidad de compareciente para representar a la moral demandada lo cual baso en la siguiente . instrumento público número 37,434 de fecha 23 de noviembre del 2012, no se desprende que el C. EDGAR ANAYA GONZÁLEZ tenga facultades para delegar poderes requisito que es indispensable ante tal omisión solicito se declare procedente el incidente de planteado y se tenga contestada la demanda en sentido afirmativo a la moral demandada ofreciendo como prueba la documental referida con anterioridad. Es todo. A la parte demandada en contrarréplica por conducto de quien es su representación comparece, manifestando: resultan totalmente infundados improcedentes los argumentos expuestos por el representante de la parte actora en este procedimiento en primer término porque no existe ningún tipo de adeudo con la accionante en el presente juicio ahora bien en cuanto el incidente planteado por el representante del actor en el presente juicio resulta a todas luces improcedente toda vez que de la documental pública consistente en el instrumento Público número 37,434 se desprende que el de la voz cuenta con todas las facultades necesarias para representar a la persona moral demandada ya que el mismo me otorga todas las facultades necesarias para intervenir a la presente audiencia lo anterior como se desprende de dicho instrumento.- es todo. Visto lo anterior LA JUNTA ACUERDA (.) Ahora bien, en razón del incidente de falta de personalidad que promueve la parte actora con fundamento en el artículo 761, 762 fracción III, 763 y demás relativos y aplicables de la Ley Federal del Trabajo, se suspende el procedimiento en lo principal, a efecto de dar trámite a la cuestión incidental planteada, para tal efecto, se concede el uso de la voz a la parte actora incidentista y actora en lo principal y quien dice: "que ratifico el incidente planteado.- Se concede el uso de la voz a la parte demandada incidentista y demandado en lo principal, quien dice: que en este acto vengo a dar contestación por infundado e improcedente incidente FALTA DE PERSONALIDAD, promovido por el actor incidentista toda vez que el instrumento público al cual hace alusión el actor incidentista cuenta con todas y cada una de las facultades necesarias para que el SR. EDGAR ANAYA GONZÁLEZ, pueda delegar cualquier tipo de facultad tal y como se hace constar en el inciso F) , de dicho instrumento público, aunado que la carta poder con la cual el de la voz interviene en la presente audiencia cuenta con todos y cada una de los requisitos para que el suscrito pueda intervenir razones estas por lo que dicho incidente deberá ser desechado de plano aunado a que las pruebas ofrecidas por el actor incidentista no cuentan con ningún tipo de relación o con ningún hecho controvertido violando con ello las formalidades esenciales del procedimiento se ofrece para acreditar lo anterior la instrumental Pública consistente en todo lo actuado en el presente juicio misma que se relaciona con todos los hechos controvertidos del presente sumario así mismo la presuncional en su doble aspecto legal y humana, en todo lo que beneficie a los intereses de quienes represento que de igual forma se relaciona con todos y cada uno de los hechos controvertidos dentro del presente expediente. Es todo. Visto lo anterior la JUNTA ACUERDA. Se tiene por presente a los comparecientes, y en razón de las manifestaciones realizadas por la parte actora y visto el incidente de falta de personalidad que promueve, el mismo se tiene por sustanciado como si a la letra se insertase y en obvio de repeticiones se les tiene por hechos sus manifestaciones, a la que se tuvo a la parte actora principal e incidentista por ratificado el incidente planteado, así como sus pruebas ofrecidas, por lo que respecta a la demandada principal e incidentada COMERCIALIZACIÓN ALTA CALIDAD, S.A. DE C.V. se le tiene por hechas sus manifestaciones de igual forma se le tiene contestando de manera verbal el incidente de falta de personalidad planteado por la actora de igual forma se le tiene ofreciendo las pruebas que señalo de manera verbal, en virtud de las pruebas ofrecidas por parte actora se admite las mismas y toda vez que las mismas no ameritan especial para su desahogo, éstas serán valoradas al momento de dictar la resolución incidental. Por lo que respecta a los medios probatorios ofrecidos por la demandada principal e incidentada Toda vez que esta autoridad requiere, a efecto de entrar al estudio del incidente que nos ocupa el desahogo de la prueba ofrecida, se reserva el dictar la resolución correspondiente, la cual una vez que esta sea emitida será notificada de manera personal. --- (fojas 46 y 47). De lo reseñado es evidente que a la fecha actual, ha existido dilación en el dictado de la resolución del incidente de falta de personalidad planteado, ya que a la data no se ha emitido; por ende, se continúa configurando la violación al derecho consagrado en el artículo 17 constitucional del peticionario de amparo. Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "LAUDO. LA OMISIÓN DE SU DICTADO, A PESAR DE HABER TRANSCURRIDO EL PLAZO LEGAL PARA ELLO, ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN IMPUGNABLE EN AMPARO INDIRECTO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la tesis de jurisprudencia P./J. 24/92, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 56, agosto de 1992, página 11, que los actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, son impugnables ante el Juez de Distrito en términos de lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales. Por otra parte, el propio Tribunal Pleno precisó en la jurisprudencia P./J. 113/2001 publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, septiembre de 2001, página 5, que el artículo 17 constitucional garantiza a favor de los gobernados el disfrute de diversos derechos, entre los que se encuentra el acceso efectivo a la administración de justicia, la cual debe impartirse de manera pronta y expedita mediante el cumplimiento por parte de la autoridad jurisdiccional de los plazos y términos dispuestos por la ley. En ese orden, la omisión de pronunciar el laudo, a pesar de haber transcurrido el plazo previsto en los artículos 885 a 887 y 889 de la Ley Federal del Trabajo, constituye una paralización del procedimiento laboral, que evidencia la existencia de una violación que incide en la esfera jurídica del particular de manera irreparable, pues con ello se difiere la resolución del juicio, aun cuando el laudo que en el fondo del asunto llegare a emitirse resultara favorable a sus intereses, ya que la violación a la garantía individual no podría ser remediada ante la imposibilidad material de retrotraer el tiempo y, por ende, la vía para la impugnación de aquella omisión es el amparo indirecto, en términos de lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, pues el efecto vinculatorio de la sentencia concesoria será obligar a la Junta a obrar en el sentido de respetar la garantía violada emitiendo el laudo relativo." Consecuentemente, con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo, procede conceder el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a YOLANDA RICO LUNA. Efectos del amparo: Se concede el amparo para el efecto de que la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje con sede en San Juan del Río, Querétaro, con fundamento en el artículo 763 de la Ley Federal del Trabajo de inmediato, a partir de que cause ejecutoria la presente resolución, dicte la resolución relativa al incidente de falta personalidad planteado en el juicio laboral 05504/2017/4/1. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, de rubro y texto siguientes: "JUNTAS DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE. DEBEN ACATAR LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, Y EMITIR SUS LAUDOS EN LOS PLAZOS Y TÉRMINOS QUE FIJEN LAS LEYES. Conforme al artículo 17 de la Constitución Federal toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Ahora bien, las Juntas de Conciliación y Arbitraje, como tribunales responsables de la administración de justicia en materia laboral deben acatar lo dispuesto en el citado precepto constitucional, y emitir sus laudos y resoluciones en los plazos y términos que fijen las leyes, independientemente de las cargas de trabajo, ya que si bien deben tenerse en cuenta las condiciones particulares de cada tribunal, tales como insuficiencia de recursos, volumen de trabajo, etcétera, también lo es que no es justificable un retraso prolongado para dictarse el laudo, pues ello no impide que se configure la violación a la garantía prevista en el referido artículo 17 constitucional." Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 73, 74, 75, 76 y 77, de la Ley de Amparo en vigor; se R E S U E L V E ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a YOLANDA RICO LUNA por los motivos expuestos en el sexto apartado considerativo.

Quedan 2 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro · 13,793 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano