Yolanda Reyes Juarez
Expediente 929/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 18 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 929/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 18
- Última actuación
- 26/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- Yolanda Reyes Juarez
- EMMA VILLA GABRIEL y Otros.
- YOLANDA REYES JUAREZ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 18.
- Principal
Vista la razón de cuenta del Actuario Judicial adscrito a este Juzgado Quinto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, mediante la cual informa la imposibilidad existente a fin de notificar a la parte quejosa el auto de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, por los motivos que expone en la misma; en tales condiciones, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, notifíquese a la parte quejosa por lista el proveído de mérito, así como los subsecuentes autos aún los de carácter personal, hasta en tanto señale domicilio actual en la ciudad de Puebla para tal efecto.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos se advierte que a esta fecha ha trascurrido el plazo otorgado a las partes para que manifestaran lo que a su derecho importara en relación con las actuaciones realizadas por la autoridad responsable ordenadora en cumplimiento a la sentencia dictada en este juicio, sin que hubieran efectuado manifestación alguna; sin embargo, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, corresponde a este juzgado federal pronunciarse al respecto. De la sentencia dictada en este juicio se advierte que se concedió el amparo solicitado por la quejosa *** para el efecto de que el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, realizara lo siguiente: I. Deje insubsistente el acuerdo de quince de agosto de dos mil diecisiete, únicamente en la parte que fijó los montos para que la quejosa pueda gozar de su libertad bajo caución. II. En su lugar, emita otro en el que con libertad de jurisdicción, determine de manera fundada y motivada: a) El monto de las obligaciones procesales a partir de un análisis pormenorizado de cada uno de los aspectos señalados en el artículo 355 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, primero, de manera aislada y, después, en su conjunto. b) El monto de la reparación del daño, con base a las disposiciones aplicables y las pruebas que tome en consideración para su cuantificación. c) El monto de la posible sanción pecuniaria, atendiendo al delito del que se trata, la sanción pecuniaria establecida para el mismo y el salario que toma como base para su cuantificación. De las constancias que envió el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, se advierte que mediante resolución de tres de enero de este año dictada en el proceso 77/2012-II, realizó lo siguiente: A. Dejó insubsistente el acuerdo de quince de agosto de la presente anualidad reclamado, únicamente en la parte que fijó los montos para que la inconforme Yolanda Reyes Juárez pueda gozar de su libertad bajo caución, así como el diverso de seis de diciembre del año que transcurrió, mediante el cual pretendió acatar el fallo. B. En su lugar, con libertad de jurisdicción, determinó: a) El monto de las obligaciones procesales a partir de un análisis pormenorizado de cada uno de los aspectos señalados en el artículo 355 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, primero, de manera aislada y, después, en su conjunto. b) El monto de la reparación del daño (moral y material) con base a las disposiciones aplicables y las pruebas que tomó en consideración para su cuantificación. c) El monto de la posible sanción pecuniaria, atendiendo al delito del que se trata, la sanción pecuniaria establecida para el mismo y el salario que tomó como base para su cuantificación. En ese sentido, se estima que la sentencia dictada en el presente juicio de amparo se encuentra cumplida, en atención a que los efectos para los cuales se concedió el amparo han sido satisfechos por la autoridad responsable; sin que en el caso se advierta exceso o defecto en su cumplimiento, pues no hizo más ni menos de lo que le correspondía hacer en cumplimiento al fallo. En consecuencia, se declara cumplida la ejecutoria de mérito y, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente y definitivamente concluido; hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Glósese a los presentes autos, el original de los cuadernos incidentales derivados del presente juicio de amparo, debiendo subsistir el folio respecto del cuaderno principal en que se actúa; y resguárdese el duplicado por separado, debidamente identificado. Por otra parte, en virtud de que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y las constancias que obran en el mismo carecen de relevancia documental, sin que se advierta documento alguno en original exhibido por la parte quejosa, lo que se hace constar conforme a lo señalado en el punto Décimo Primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; el presente expediente es susceptible de DEPURACIÓN, de acuerdo a lo dispuesto en el punto vigésimo primero fracción IV del citado Acuerdo General. De igual forma, se hace la indicación que el cuaderno original del incidente de suspensión que deriva del presente juicio, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, pues se NEGÓ LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA por todos los actos reclamados, acorde con lo dispuesto en el primer párrafo de la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo; por lo cual, una vez transcurridos TRES AÑOS a partir de esta fecha, deberán transferirse el juicio principal y dicho cuaderno original, al Centro de Documentación y Análisis, previa la anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Así mismo, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Se ordena hacer la anotación correspondiente en las carátulas de los expedientes, conforme a lo establecido en el segundo párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio y anexo del Juez de lo Penal de Tehuacán, Puebla; visto su contenido, téngasele informando sobre el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 196, primer párrafo, de la Ley de Amparo, dése vista a las partes con su contenido, para que en el plazo de tres días, siguientes a aquél en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, manifiesten lo que a su interés convenga; lo anterior, en el entendido que transcurrido ese tiempo, con manifestación o sin ella, se resolverá lo que proceda en derecho.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos se advierte que a esta fecha ha trascurrido el plazo otorgado a las partes para que manifestaran lo que a su derecho importara en relación con las actuaciones realizadas por la autoridad responsable ordenadora en cumplimiento a la sentencia dictada en este juicio, sin que hubieran efectuado manifestación alguna; sin embargo, tomando en consideración que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, corresponde a este juzgado federal pronunciarse al respecto. De la sentencia dictada en este juicio se advierte que se concedió el amparo solicitado por la quejosa Yolanda Reyes Juárez para el efecto de que el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, realizara lo siguiente: I. Deje insubsistente el acuerdo de quince de agosto de dos mil diecisiete, únicamente en la parte que fijó los montos para que la quejosa pueda gozar de su libertad bajo caución. II. En su lugar, emita otro en el que con libertad de jurisdicción, determine de manera fundada y motivada: a) El monto de las obligaciones procesales a partir de un análisis pormenorizado de cada uno de los aspectos señalados en el artículo 355 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, primero, de manera aislada y, después, en su conjunto. b) El monto de la reparación del daño, con base a las disposiciones aplicables y las pruebas que tome en consideración para su cuantificación. c) El monto de la posible sanción pecuniaria, atendiendo al delito del que se trata, la sanción pecuniaria establecida para el mismo y el salario que toma como base para su cuantificación. De las constancias que envió el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, se advierte que mediante resolución de seis de diciembre de este año dictada en el proceso 77/2012-II, realizó lo siguiente: A. Dejó insubsistente el acuerdo de quince de agosto de la presente anualidad reclamado, únicamente en la parte que fijó los montos para que la inconforme Yolanda Reyes Juárez pueda gozar de su libertad bajo caución. B. En su lugar, con libertad de jurisdicción, determinó: a) El monto de las obligaciones procesales. b) El monto de la reparación del daño (moral y material). c) El monto de la posible sanción pecuniaria, atendiendo al delito del que se trata, la sanción pecuniaria establecida para el mismo y el salario que tomó como base para su cuantificación. En ese sentido, se estima que la sentencia dictada en el presente juicio de amparo no se encuentra cumplida, en atención a que los efectos para los cuales se concedió el amparo no han sido satisfechos por la autoridad responsable ordenadora, tal y como se evidencia a continuación. Al fijar lo relativo a la libertad personal de la quejosa Yolanda Reyes Juárez, previamente estableció el análisis de los requisitos previstos en el artículo 355 de la ley adjetiva penal; sin embargo, omitió abordar el estudio en su conjunto de tales aspectos al señalar el monto fijado. Ello, porque si bien estableció: a) Los antecedentes del acusado. b) La gravedad y circunstancias del delito imputado. c) El mayor o menor interés que pueda tener el acusado en sustraerse a la acción de la justicia. d) Las condiciones económicas del acusado. e) La naturaleza de la garantía que se ofrezca. Al fijar la cantidad $46,380.60 (cuarenta y seis mil, trescientos ochenta pesos, con sesenta centavos, moneda nacional), para garantizar la libertad personal de la inconforme, no expone las razones suficientes para establecer que el análisis individual de los anteriores requisitos, en su conjunto, conllevan a establecer que la cantidad señalada es asequible para la inconforme y, a su vez, resulta suficiente para garantizar que no se sustraiga de la acción de la justicia durante el tiempo que dure el procedimiento penal. Por su parte, para determinar el monto correspondiente a la reparación del daño material ocasionado a la agraviada, incurre en la misma deficiencia destacada en el párrafo que antecede, al señalar que resulta incuestionable que la pasivo recibió tratamiento médico, lo cual generó gastos para rehabilitarse, pero sin expresar las pruebas o, en su caso, las razones que lo llevaron a considerar que ascienden a tal cantidad. Bajo esa tesitura, atendiendo al criterio establecido para el procedimiento de ejecución de sentencias relativo a que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional, se deberá requerir de nueva cuenta especificando qué deberá realizar la autoridad responsable y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición. En consecuencia, resulta procedente requerir vía telegrama oficial urgente al Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Tehuacán, Puebla, para que dentro del término IMPRORROGABLE de VEINTICUATRO HORAS, contadas a partir de que quede notificado del presente proveído, dé cabal cumplimiento con la ejecutoria de amparo, esto es, atendiendo cada uno de los puntos especificados en la sentencia de amparo y en el presente auto, realice lo siguiente: I. Deje insubsistente el acuerdo de quince de agosto de dos mil diecisiete reclamado, únicamente en la parte que fijó los montos para que la quejosa pueda gozar de su libertad bajo caución, así como el diverso de seis de diciembre de esta anualidad, mediante el cual pretende cumplir con el fallo. II. Con libertad de jurisdicción, determine de manera fundada y motivada: a) El monto de las obligaciones procesales a partir de un análisis pormenorizado de cada uno de los aspectos señalados en el artículo 355 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, primero, de manera aislada y, después, en su conjunto. b) El monto de la reparación del daño, con base a las disposiciones aplicables y las pruebas que tome en consideración para su cuantificación. c) El monto de la posible sanción pecuniaria, atendiendo al delito del que se trata, la sanción pecuniaria establecida para el mismo y el salario que toma como base para su cuantificación. Apercibido el juez responsable que en caso de no dar cumplimiento a lo ordenado en los términos establecidos, se le impondrá una multa por la cantidad de CIEN VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización y este juzgado determinará que no se encuentra cumplida totalmente o correctamente la misma, remitiendo los autos al Tribunal Colegiado que corresponda con el fin de que se inicie el procedimiento de inejecución respectivo, que podrá derivar en la separación y consignación del funcionario público contumaz ante el Juez de Distrito, sanción que según el artículo 198 de la Ley de Amparo, puede persistir aún en el caso de que se deje el cargo si se acredita que incurrió en responsabilidad al evadir los efectos de la protección constitucional. Previniendo a dicha autoridad responsable que la desobediencia a este mandato entraña la comisión de un delito, por lo que de consumarse el mismo de inmediato se dará vista al Agente del Ministerio Público Federal para los efectos a que haya lugar.
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