Yolanda Quintanilla Bruch
Expediente 539/2022 tramitado ante el Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas. 25 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 539/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 06/09/2022
Partes del expediente
- Yolanda Quintanilla Bruch
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, seis de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa y del contenido de la certificación de cuenta, en el sentido de que a la fecha ha transcurrido el término de diez días previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes en este juicio interpusieran recurso de revisión previsto por el numeral 81, fracción I, inciso e), de la citada ley reglamentaria, en contra de la sentencia de once de agosto del año en curso, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio de amparo; con fundamento en el dispositivo 2º de la ley de la materia, en relación con el diverso 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la legislación de la materia, se declara que dicho fallo ha causado ejecutoria. Consecuentemente, es de sostenerse que el presente asunto se encuentra concluido; por tanto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. En otro orden de ideas, de conformidad con el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo del mismo año, toda vez que no existen documentos originales agregados al expediente, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, pues se trata de un asunto sobreseído; además, a juicio de este Juzgado de Distrito no tiene relevancia documental para su conservación. De igual manera, como lo dispone el artículo 35, párrafo tercero, del citado Acuerdo General, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en los libros de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; y, una vez que transcurran tres años, el presente expediente deberá ser destruido de conformidad con lo previsto en el párrafo tercero del artículo 21 citado en el párrafo que precede. Visto lo de cuenta, ténganse por recibidos los sobres devueltos por el Administrador de Correos, con asiento en esta ciudad, relativos a los oficios 15264/2022 y 15173/2022 enviados a consignación del Delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en Ciudad Victoria, Tamaulipas; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su numeral 2°, agréguese sin mayor proveído sustancial al respecto; por los motivos expuestos en los párrafos que anteceden. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, once de agosto de dos mil veintidós. V I S T O S para resolver los autos que integran el juicio de amparo 539/2022-IV, promovido por Yolanda Quintanilla Bruch, contra actos del del Subdelegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO.- Por escrito presentado el diecinueve de mayo de dos mil veintidós, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Tamaulipas, con sede en esta ciudad, y turnado en esa propia fecha a este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y de Juicios Federales, Yolanda Quintanilla Bruch demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por el acto que a continuación se transcriben: Autoridades responsables: "INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICISO SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, EL SUBDELEGADO. INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, EL TITULAR DE SERVICIOS FARMACEUTICOS INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, TITULAR DE PRESTACIONES MEDICAS DE ESPECIALIDADES" Todas con sede en Matamoros, Tamaulipas. Acto Reclamado: "AL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICISO SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO: Se reclama la omisión de suministro de medicamentos para contemplar la atención médica urgente por el padecimiento consistente en CIRROSIS HEPATICA, HEPATITIS (VHC) por contagio de transfusión de sangre y plaquetas, el primer padecimiento en estado avanzado que resulta incurable, según diagnóstico de especialistas de tercer nivel de la red de INSTITUCIONES MEDICAS pertenecientes al Estado para la atención Medica de sus derechohabientes ubicada en la ciudad de Monterrey Nuevo León, la precipitada enfermedad requiere el servicios médico de segundo y tercer nivel ante el eminente riesgo de sufrir consecuencias a falta de atención urgente, desde el día 17 de marzo del año en curso en consulta en la unidad de gastroenterología se me expidió receta con la denominación del medicamento para controlar el funcionamiento de órganos afectados, sin que a la fecha se me haya suministrado, ni agendado cita no obstante de requerir un cuidado especial e ministración de medicinas alimentos y terapias para mantener un estado físico e intelectual alerta para prevenir contagios o riesgos ambientales que deterioren más el estado de salud en que me encuentro. La negativa y omisión de brindarme todos y cada uno de los medicamentos y servicios para tratar mi padecimiento de CIRROSIS HEPATICA, HEPATITIS, como lo es, servicios preventivos y la medicina EPCLUSA, que me fue prescrito debido a la deficiencia hepática que sufro por diagnóstico tardío, sumando la omisión de suministro, agrava más mi estado emocional al estar enterada el riesgo que implica la ausencia de tratamiento y servicios medico el cual está sujeto a resultados de la medicina prescrito. A la UNIDAD DE ESPECIALIDADES MÉDICAS DE PRIMER NIVEL: Se reclama la negativa de atención médica ESPECIALIZADA por el padecimiento degenerativo que pone en peligro mi existencia por deficiente administración de servicios de salud, consistente CIRROSIS HEPATICA, HEPATITIS (VHC) enfermedades que limitan el funcionamiento de mi organismo, clasificado en etapa critica, según información de especialista gastroenterólogo que tiene a cargo el seguimiento de mi salud. La negativa de brindarme todos y cada uno de los medicamentos para tratar mi padecimiento crónico degenerativo, como lo es el medicamento denominado EPCLUSA, mismo que se encuentra dentro del cuadro básico y catálogo de medicamentos del consejo de salubridad general que debe proporcionarse por parte del Instituto. A la UNIDAD DE ESPECIALIDADES MÉDICAS: Se reclama la negativa de atención médica continua urgente por el padecimiento consistente en CIRROSIS HEPÁTICA al igual que HEPATITIS por contagio de transfusión sanguínea y plaquetas, la negligencia de no surtir el medicamento proscrito me causa estado de salud en riesgo, sin servicios de médico especialista atendiendo a causas de negligencia humana del personal de la paraestatal nombrada como autoridad responsable. La falta de otorgar tratamiento médico urgente e inmediato. ." SEGUNDO.- La quejosa narró los antecedentes del caso; no hizo señalamiento de tercero perjudicado; y formuló los conceptos de violación que estimó pertinentes. TERCERO.- Mediante proveído de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, este Tribunal admitió la demanda, quedando registrada bajo el número 539/2022-IV que le correspondió en el Libro de Gobierno; solicitó el informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; dio la intervención legal que le compete al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Tamaulipas, con residencia en esta ciudad, es competente para conocer del presente juicio de garantías en términos de los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de los Puntos Segundo y Cuarto del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, vigente a partir del veintitrés de enero de dos mil trece. SEGUNDO. PRESICIÓN DEL ACTO RECLAMADO De acuerdo con lo que establece el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a la fijación y precisión del acto reclamado, lo que se hace después de analizar en su integridad el escrito de demanda e informes justificados, para determinar la verdadera intención de la promovente, así como prescindiendo de calificativas sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad. Con base en dicha premisa, se tiene que el acto reclamado descansa en: La negativa de brindar atención médica especializada y otorgar los medicamentos para el padecimiento de cirrosis hepática, hepatitis (VHC) por parte de las autoridades responsables. TERCERO. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO Respecto de dicho acto reclamado, la Titular de Prestaciones Médicas de Especialidades del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en Matamoros, Tamaulipas, al momento de rendir su informe justificado, negó la existencia de los actos que le son atribuidos (fojas 42 y 43). No obstante las anteriores manifestaciones, del contenido del anexo de los mismos, se desprende la existencia del acto de autoridad que aqueja a la ahora agraviada, esto es, que al día de la presentación de la demanda, que data del diecinueve de mayo de dos mil veintidós, aún no se le había otorgado el medicamento para el tratamiento de su padecimiento de cirrosis hepática, hepatitis (VHC), pues ésta, fue dada con posterioridad, esto es, el diecinueve de julio de dos mil veintidós. Documento que tiene pleno valor probatorio en términos de lo dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme su artículo Segundo. Por otra parte, la autoridad responsable Titular Servicios Farmacéuticos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, omitió rendir su informe justificado, no obstante que fue debidamente notificada para ello desde el veinte de mayo de dos mil veintidós, según se acredita con la constancia de acuse de recibo que obra agregado en autos (foja 36); por tanto, en términos de lo dispuesto en el artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se tiene por presuntivamente cierto el acto que la quejosa le reclama. Tiene aplicación al respecto la tesis aislada sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, consultable en la página 1011, del Semanario Judicial de la Federación, III, segunda parte-2, enero a junio de 1989, Octava Época, materia común, que en su rubro y texto dice: "INFORME JUSTIFICADO. OMISIÓN DE RENDIRLO POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE SEÑALADA COMO ORDENADORA. PRESUNCIÓN LEGAL QUE SE ACTUALIZA. Cuando una autoridad responsable es señalada como ordenadora y omite rendir su informe justificado se actualiza la presunción contemplada por el artículo 149 de la Ley de Amparo aun cuando la ejecutora niegue los actos reclamados." CUARTO. Acreditada la existencia del acto reclamado, lo conducente es analizar si en el presente caso existe alguna causa de improcedencia, por ser una cuestión de orden público en el juicio de amparo, conforme a lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, de oficio se advierte que respecto al acto que reclama la quejosa de las autoridades responsables, opera la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo; para justificar dicha conclusión, conviene tener presente el contenido de la norma en comento: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ." Asimismo, por encontrarse íntimamente vinculado con la causal de improcedencia de que se trata, también es de utilidad transcribir el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: ... II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. ." La interpretación literal y sistemática de dichos preceptos conduce a determinar que, para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que se derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario que se destruyan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Lo que antecede, encuentra sustento en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el tomo IX, Junio de 1999, página 38, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo sumario, a la letra, dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En la especie, de la lectura de la demanda de garantías, se advierte que la parte quejosa reclama de las autoridades responsables, la omisión de brindarle atención médica por problemas derivados del padecimiento de cirrosis hepática, hepatitis (VHC), alegando con ello una violación directa al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, de las constancias que integran el juicio de amparo, se desprende que la Directora de la Unidad Clínica Hospital Dr. Manuel F. Rodríguez Brayda Dirección Médica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, juntamente con el oficio CHM-DM-0872-2022 de veintidós de julio de dos mil veintidós, mediante el cual cumplió el requerimiento de veintiuno de julio del año en curso, informó que la quejosa está recibiendo el medicamento necesario para su padecimiento, y allegó un documento que justifica la atención médica brindada a la agraviada Yolanda Quintanilla Bruch, que en síntesis descansa en: Informa que Yolanda Quintanilla Bruch ha estado recibiendo su medicamento y atención médica en el Hospital Regional de Monterrey, Nuevo León, siendo la fecha más reciente de surtido del medicamento con clave 010000613100 el día diecinueve de julio de dos mil veintidós a las once horas con treinta y siete minutos. Captura de pantalla del sistema de surtimiento de medicamentos SIAM, en donde se corrobora que la paciente recibió el medicamento y copia de receta en donde se observa la firma de recibido por parte de Yolanda Quintanilla Bruch. Las anteriores documentales, al provenir de funcionario público en ejercicio de sus funciones, se reitera, constituyen prueba plena, en cuanto a su contenido, máxime que en relación al acto de autoridad, que constituye la causa de pedir, no existe medio de convicción alguno que demuestre lo contrario, esto es, que a la derechohabiente Yolanda Quintanilla Bruch, no se le haya dado la atención médica en los términos expuestos. Por tanto, si las autoridades responsables, a partir del día diecinueve de julio de dos mil veintidós, dieron atención médica y el medicamento respectivo a la quejosa, cuya ausencia resultaba ser su causa de pedir, es inconcuso que han cesado los efectos del acto reclamado y, como consecuencia, se actualiza la causa de improcedencia del juicio de garantías, contemplada en el numeral 61, fracción XXI, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ante lo cual, resulta procedente sobreseer el presente juicio constitucional con fundamento en lo establecido por el arábigo 63, fracción V, de la invocada legislación. Lo anterior es así, pues en caso de habérsele otorgado la protección de la justicia federal, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, el efecto consistiría en obligar a las autoridades responsables a que dieran al quejoso la atención médica para que sea valorado y proporcionar el medicamento para el tratamiento de su padecimiento de cirrosis hepática, hepatitis (VHC); circunstancia que a la fecha ya aconteció, pues como se analizó, las responsables la valoraron, y posteriormente dieron el tratamiento respectivo, cesando así la violación reclamada por la agraviada, sin dejar huellas que borrar a través de la protección constitucional, en virtud de que el actuar de las responsables fue con posterioridad a la presentación de la demanda. En consecuencia, es inconcuso, que se restituyó a la quejosa en el goce de la garantía violada, actualizándose la causa de improcedencia, prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, por lo que procede sobreseer en el presente juicio, en términos del numeral 63, fracción V, de la citada legislación. Cabe decir que a esta determinación no se opone lo manifestado por el licenciado Celso Zúñiga Martínez, autorizado de la quejosa en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a guisa de alegatos, consiste en los trámites médicos que aduce son negligentes y que están contenidos en el oficio CHM-DM-0872-2022 de veintidós de julio de dos mil veintidós; pues no existe medio de convicción alguno tendente a demostrar su contenido; y, por el contrario, la constancia médica de diecinueve de julio de dos mil veintidós arroja que se le brindó el medicamento a la paciente. No se soslaya que la doliente Yolanda Quintanilla Bruch, señaló como autoridad responsable al Subdelegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con asentamiento en Ciudad Victoria, Tamaulipas; sin embargo, dicha autoridad fue declarada inexistente durante el trámite de este juicio; de ahí que no se realice mayor pronunciamiento al respecto Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 63, fracción IV, 74, 75, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de garantías promovido por Yolanda Quintanilla Bruch. Notifíquese. Así lo resuelve y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Heroica Matamoros, Tamaulipas, tres de agosto de dos mil veintidós. Téngase por recibido el escrito signado por el licenciado Celso Zúñiga Martínez, autorizado en términos del artículo 12 de la parte quejosa Yolanda Quintanilla Bruch, mediante el cual desahoga la vista que le fuera conferida en proveído de veintiséis de julio de dos mil veintidós y realiza diversas manifestaciones; en consecuencia, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a sus autos para que obre como corresponda. En relación a las manifestaciones vertidas por el promovente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo, se le tiene formulando los alegatos de su intención, sin perjuicio de dar nueva cuenta en la audiencia constitucional respectiva. Notifíquese. Así lo acuerda y firma el licenciado Francisco Javier Cavazos Argüelles, Juez de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, asistido del licenciado Jesús Florentino González González, Secretario que actúa y da fe.
- Principal
Matamoros, Tamaulipas, veintiséis de julio de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio CHM-DM-0872-2022 y anexos, suscrito por la Directora de la Unidad Clínica Hospital Dr. Manuel F. Rodríguez Brayda Dirección Médica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con sede en esta ciudad, a través del cual da cumplimiento al requerimiento hecho por este órgano jurisdiccional mediante proveído de veintiuno de julio del año en curso, e informa que la quejosa está recibiendo el medicamento necesario y al efecto adjunta captura de pantalla del sistema de surtimiento de medicamentos SIAM, así como copia de la receta en donde se observa la firma de recibido por parte de la quejosa Yolanda Quintanilla Bruch, con el fin de acreditar su dicho; en consecuencia, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, agréguese a sus autos para que obre como corresponda. Atento a lo anterior, dése vista a las partes por el término de tres días, para que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo acuerda y firma el licenciado Edgar Ulises González González, secretario del Juzgado de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el estado de Tamaulipas, encargado del despacho en términos del artículo 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del titular, autorizadas por el Consejo de la Judicatura Federal, asistido del licenciado Josué Juárez Hernández, secretario con quien actúa y da fe.
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