Yolanda Pineda Figueroa
Expediente 16/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 16/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 24/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Yolanda Pineda Figueroa
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos; veinticuatro de febrero de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta, de la que se advierte que mediante Circular CAP/3/2020, se ordenó regresar al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al once de enero de dos mil veintiuno, plazo que se fue prorrogando por varios periodos mediante las Circulares SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/6/2021 y SECNO/9/2021, hasta el quince de febrero de dos mil veintiuno; no obstante, conforme a la diversa Circular SECNO/10/2021, se estableció un periodo de transición para la reanudación de las actividades jurisdiccionales a partir del dieciocho de febrero de dos mil veintiuno, en donde no corrieron plazos ni términos los días dieciséis y diecisiete. Atento a lo anterior, quedaron suspendidos los plazos procesales en los diferentes asuntos de este órgano jurisdiccional del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al diecisiete de febrero de dos mil veintiuno, y por lo mismo no fue factible continuar con la tramitación de este procedimiento. Reanudación del procedimiento. De esa forma, conforme a esta última Circular y bajo los lineamientos del Acuerdo General 21/2020, aprobado el veintiocho de julio de dos mil veinte, por el Consejo de la Judicatura Federal, se reanuda el procedimiento en el presente juicio de amparo. Consulta de autos mediante cita. Por otro lado, si es deseo del justiciable consultar los autos de manera física, podrá hacerlo siempre y cuando cumpla con las obligaciones previstas en el capítulo II del acuerdo 21/2020, entre ellas, la gestión de la cita y obtención de su código QR a través del Portal del Consejo de la Judicatura Federal, al igual que el tiempo máximo que permite su estadía en el recinto judicial; y, primordialmente, el acato de las medidas sanitarias, pues su incumplimiento generará la inmediata expulsión. Exhortación a las partes para llevar el trámite en línea. Por otra parte, conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes para que de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, esto es continúen con la tramitación del presente asunto vía electrónica, para lo cual deberán proporcionar correctamente el nombre del usuario con el que se hizo el registro en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y solicitar expresamente la consulta del expediente electrónico, así como que las notificaciones personales emitidas en el presente juicio y que así lo ameriten, se les efectúe electrónicamente, y presentar promociones por ese medio; conforme lo establecen los artículos 34 y 55 del acuerdo general 12/2020. Se acuerda oficio. Ahora bien, visto lo de cuenta, se provee; agréguese a los presentes autos, el oficio de la autoridad responsable, mediante el cual, remite copia certificada de las actuaciones que obran en el juicio laboral de origen, mismas que se tienen por exhibidas para los efectos legales conducentes. Requerimiento. En tal virtud, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, requiérase a la Secretaria Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en la Ciudad de México, para que, dentro del plazo de tres días, siguiente al en que se le notifique el presente acuerdo, informe a este órgano jurisdiccional, las acciones que ha realizado para vigilar la diligenciación del exhorto enviado con oficio 1436A/2020, que le envió la autoridad responsable Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, a fin de que en auxilio de la responsable designe perito a favor de la parte actora. Por otro lado, se requiere a la Juta Laboral responsable, para que en el plazo de tres días, comunique a este órgano de control constitucional, si además de la prueba pericial que se alude en párrafos que antecede, existe diverso medio probatorio pendiente por desahogar en los autos del juicio laboral de origen. Se apercibe a las autoridad citadas con antelación que caso de no cumplir con los requerimientos que les fueron realizados o no manifestar impedimento, la autoridad contumaz, se hará acreedora de una multa de cien unidades de medida y actualización, conforme al artículo Tercero Transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, sin perjuicio de proceder como lo disponen los ordinales 192 y 193 de la misma. Cabe precisar a la Secretaría Auxiliar de Peritajes y Diligencias de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje con residencia en la Ciudad de México, que no es impedimento el hecho de que no haya figurado como autoridad responsable en este juicio de amparo, pues toda autoridad está obligada al cumplimiento de una ejecutoria, aun cuando no haya intervenido en el procedimiento del juicio de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis 1ª./J057/2007 Primera Sala, visible a página 144, tomo XXV, mayo de 2007, materia común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, localizable con el número de registro 172605, novena época con el rubro y texto siguiente: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica." Notificación. Sin que resulte necesario notificar de manera personal este proveído, en razón de que no ha dejado de actuarse en el juicio durante más de seis meses, lo anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 309, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Notifíquese.
- Principal
Cuernavaca, Morelos; tres de febrero de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta; se tiene por recibida la demanda de amparo presentada vía electrónica a nombre de la quejosa ************, contra actos de todos los Jueces de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio, adscritos al Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y otras autoridades responsables. Registro de demanda. Regístrese en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con el número 16/2021, fórmese expediente. Ahora bien, en principio, cabe destacar que, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 24/2015 (10a.) publicada en el Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, página 19, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 2009910 derivado de la resolución de la contradicción de tesis 27/2015, emitió el criterio siguiente: "ACUMULACIÓN DE JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDIMIENTO CUANDO SE ENCUENTRAN RADICADOS ANTE EL MISMO JUZGADOR FEDERAL. En el derecho procesal constitucional la acumulación obedece a la conexidad de dos o más litigios distintos, sometidos a procesos separados, pero vinculados por referirse al mismo acto reclamado, cuando el mismo quejoso promueva diversos juicios de amparo indirecto, reclamando un mismo acto, atribuible a distintas autoridades o cuando diversos quejosos impugnen, de las mismas autoridades, el mismo acto reclamado, con lo que se permite al juzgador resolverlos en una sola sentencia, evitando posibles contradicciones. Ante ello, si bien la Ley de Amparo vigente no prevé expresamente la acumulación de los juicios de amparo indirecto, debe tomarse en cuenta, por una parte, que de la exposición de motivos del proceso legislativo que precedió la emisión de ese ordenamiento se advierte que el legislador no pretendió suprimir la tramitación de los incidentes de acumulación sino, por el contrario, incorporarlos al régimen general de sustanciación, en la vía incidental, de las cuestiones que surjan dentro del procedimiento que ameriten ese tratamiento y, por otra parte, que el Código Federal de Procedimientos Civiles es de aplicación supletoria a la Ley de Amparo cuando ésta no desarrolla o regula de manera insuficiente alguna institución jurídica. En ese orden, cuando se pretenda acumular dos o más juicios de amparo indirecto, a petición de parte o de oficio, el juzgador que conozca de ellos, atendiendo a lo previsto en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, podrá resolver de plano o mediante el procedimiento incidental respectivo; en la inteligencia de que, en este último supuesto, dará vista a las partes por el plazo de 3 días para que manifiesten lo que a su interés convenga y ofrezcan las pruebas pertinentes sobre la conexidad de los litigios constitucionales o la ausencia de ésta; transcurrido el plazo, dentro de los 3 días siguientes celebrará audiencia en la cual, en su caso, se desahogarán las pruebas y se escucharán los alegatos de las partes; enseguida, en la misma audiencia, dictará la resolución correspondiente, ordenando la acumulación de los autos cuando lo estime pertinente atendiendo a lo previsto en el artículo 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. En cambio, si los juicios que se pretende acumular se tramitan ante Juzgados de Distrito o Tribunales Unitarios de Circuito distintos, lo pertinente es acudir, además, a lo previsto al respecto en el referido código adjetivo federal." Del criterio anterior se desprende que si bien la Ley de Amparo no contempla de forma expresa la acumulación de los juicios de amparo, lo cierto es que, de la exposición de motivos de ese ordenamiento legal se desprende que no fue intención del legislador suprimir su procedencia, por lo que, la misma puede decretarse de oficio o a petición de parte, ya sea de plano o mediante la sustanciación del incidente respectivo. En la especie, tomando en consideración que de la demanda de cuenta y de la diversa 17/2021, se desprende que se refieren a la misma quejosa Yolanda Pineda Figueroa, se señalan los mismos actos reclamados (orden de aprehensión, presentación y/o detención), así como las mismas autoridades responsables (Jueces de Primera Instancia de Control, Juicio Oral y Ejecución de Sentencias del Primer Distrito Judicial con sede en Jojutla, Morelos, y diversas autoridades ejecutoras), a fin de evitar el dictado de resoluciones contradictorias, y en aras de garantizar la efectividad del derecho fundamental tutelado en el artículo 17 constitucional, lo procedente es decretar DE OFICIO Y DE PLANO, LA ACUMULACIÓN DE LAS DEMANDAS DE CUENTA. Consecuentemente, al seguir la regla de que el juicio más reciente ha de acumularse al más antiguo, se ordena la acumulación del juicio de amparo 17/2021 al diverso 16/2021. Lo anterior se apoya en la tesis aislada, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, Tomo XIC, Julio de 1994, Octava Época, página 395 del Semanario Judicial de la Federación, registro 211015, que es del tenor literal siguiente: "ACUMULACIÓN DE AUTOS. El objetivo primordial de la acumulación de autos, según se desprende del análisis lógico y congruente de los artículos 57 y 63 de la Ley de Amparo, es acatar el principio de economía procesal traducido en que en una sola audiencia se resuelvan dos o más juicios de garantías en donde se reclama el mismo acto y evitar que en dichos juicios se dicten sentencias contradictorias; resultando de lo anterior, que a pesar de la tramitación y de la resolución conjunta y simultánea, los juicios de amparo acumulados conservan su individualidad, es decir, sus características propias. De lo anterior se infiere que la circunstancia de que no se haya declarado la acumulación de ninguna manera implica que se hubiere dejado sin defensa a las partes o que pudiera influir de manera decisiva en la sentencia que deba dictarse en definitiva, ni menos aún que no haya sido oída alguna de las partes que tenga derecho a intervenir en el juicio conforme a la ley; motivo por el cual es claro que no está en presencia del supuesto normativo que contemple el artículo 91, fracción IV, segunda parte, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales.". Se precisa que dicha tesis se invoca en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, que si bien interpreta preceptos de la ley abrogada, no se opone a la norma en vigor. Desechamiento. Previo a pronunciarse, sobre su admisión, prevención o desechamiento, debe analizarse íntegramente el escrito de demanda, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. El artículo 113 de la Ley de Amparo, dispone: ". Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano..." Del precepto transcrito, se desprende que es obligación del Juez de Distrito examinar ante todo el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, deberá desecharla de plano. Para ello, se debe analizar si en el caso se surte alguna de las causas de improcedencia, reguladas en el artículo 61 de la ley invocada. Es menester establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos, pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para determinar en forma contundente la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que por ende, le permita desechar de plano la demanda de amparo, e indudable significa evidente, lo que no puede ponerse en duda, que al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual. Por lo que ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las veintitrés causas de improcedencia establecidas en el ordinal 61 de la Ley de Amparo, su última fracción contempla que procede sobreseer el juicio, si la misma deriva de cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, caso en que procede a desechar de plano la demanda de amparo y no así, a la admisión y tramitación del juicio, pues a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente a la parte quejosa, al cual, se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Sirve de apoyo la tesis VIII.2o.C.T.1 K (10a.), sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo II, Libro 7, Junio de 2014, Décima Época, página 1669, del siguiente rubro y texto: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. SI EL JUEZ DE DISTRITO ADVIERTE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DESDE SU PRESENTACIÓN, NO ESTÁ OBLIGADO A OBSERVAR LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 64, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE LA MATERIA, PARA DESECHARLA DE PLANO, CONFORME AL DIVERSO ARTÍCULO 113 DE LA MISMA LEY. Si se trata del juicio de amparo indirecto, la obligación prevista en el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo vigente, sólo se surte a cargo del Juez de Distrito una vez que se haya tramitado el respectivo juicio de amparo, mas no cuando el juzgador federal advierta la actualización del motivo de improcedencia desde la presentación de la demanda, lo anterior, porque el numeral en cuestión se refiere a que se advierta de oficio la actualización de una causal de improcedencia "no alegada por alguna de las partes", lo cual presupone el previo trámite del respectivo juicio constitucional, en tanto que sólo así, dicha causal podría hacerse valer por alguna de las partes pero, además, porque en términos del artículo 113 de la citada ley, el juzgador federal conserva la facultad de desechar de plano la demanda de amparo." Por otra parte, los artículos 3o, 6o, 61, fracción XXIII, y 108 de la Ley de Amparo, establecen: "Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso. Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita. (.)" "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará:" I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación." De los numerales transcritos, se establece que el escrito inicial de demanda puede presentarse mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando la firma electrónica, conforme a la regulación establecida por el Consejo de la Judicatura Federal, la cual producirá todos los efectos jurídicos que la firma autógrafa; juicio de amparo que lo puede promover la quejosa por sí misma, a través de su representante legal o por su apoderado. Asimismo, refieren que el juicio de amparo es improcedente en los casos que deriven de la Ley de Amparo o de la Constitución y que la demanda de amparo puede formularse por escrito o por medios electrónicos. En tal virtud, la demanda de derechos fundamentales puede ser presentada por la directa quejosa, representante legal o apoderado, por medios electrónicos, mediante el uso de la "firma electrónica", en términos del artículo 3o de la Ley de Amparo y conforme a los artículos 6, 9, 14 y 16 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; la que en términos del artículo 2, fracciones XV y XVI del acuerdo invocado, se entiende por firma electrónica a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", la firma electrónica o "e.firma" (antes firma electrónica o "FIEL"), y las firmas electrónicas o certificados digitales emitidos por otros órganos del Estado con los cuales el Poder Judicial de la Federación haya celebrado convenios para el reconocimiento de certificados digitales homologados. En el particular caso la demanda de amparo fue presentada vía electrónica por *************, en tanto que la directa quejosa es *************, la cual fue firmada electrónicamente por la primera, careciendo de la firma electrónica de esta última; en ese sentido, al carecer de firma electrónica de la directa impetrante reconocida por el Poder Judicial de la Federación, se actualiza una causa de improcedencia del juicio de amparo. Se sostiene lo anterior, en virtud de que uno de los principios fundamentales para la procedencia del juicio de amparo consiste en que debe ser siempre promovido a instancia de parte agraviada. En ese contexto, del escrito de demanda se advierte que la directa quejosa ***********, señala como actos reclamados la orden de aprehensión, presentación y/o detención girada en su contra, por los Jueces de Control y diversas autoridades ejecutoras. Actos que no se ubican dentro de los supuestos del artículo 15 de la Ley de Amparo y catalogados como asuntos urgentes, por no tratarse de un acto que importe peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Casos en los que se puede omitir el requisito de la firma electrónica prevista en el artículo 3 de la ley de la materia. En efecto, no se ubican los supuestos anteriormente expuestos, en razón de que los actos que se combaten en la presente instancia constitucional, son actos emitidos dentro de juicio, que se atribuye a Jueces. Lo que hace patente que estos se emitieron dentro de alguna etapa del procedimiento penal, que de conformidad con el artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, comprende desde la etapa de investigación inicial que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y que está a cargo del agente del Ministerio Público hasta el dictado de la sentencia definitiva por parte de la autoridad judicial. Por otro lado, la demanda de amparo también puede ser promovida por diversa persona al quejoso, conforme lo dispone el artículo 6o de la ley de la materia, esto es, a través de su representante o apoderado legal, o por conducto de su defensor, o por cualquier persona que la ley así lo permita. Lo que no acontece en este caso, porque la demanda de amparo no es promovida por su representante legal o apoderado legal, tampoco se satisface la condición establecida en el artículo 15 párrafo primero de la Ley de Amparo, ya que de su lectura no se advierte que la quejosa *************, se encuentre imposibilitada material y físicamente para promover por propio derecho la demanda de amparo mediante firma electrónica; pues incluso, los actos aún no se han ejecutado y la justiciable se encuentra gozando de su libertad. En ese orden, si la demanda no contiene la firma electrónica reconocida de la directa quejosa ***********, eso no puede considerarse como una "irregularidad", en los términos previstos por el artículo 114 de la Ley de Amparo. Debido a que el juicio constitucional únicamente se sigue a instancia de parte agraviada, siendo que todo escrito presentado en el procedimiento debe ser firmado por su autor o autores, sobre todo el escrito de demanda que da origen al juicio, constituyendo esto un requisito esencial por ser la expresión de la voluntad del accionante, puesto que un escrito que carece de firma electrónica, debe ser considerado como un simple papel que no incorpora expresión de voluntad alguna. No obsta para tal conclusión que obre evidencia criptográfica de la firma electrónica de ************, a quien pretendió autorizar con facultades amplias en término del artículo 12 de la Ley de la materia, pues no corresponde a la firma electrónica de quien se ostenta como quejosa y promueve además por su propio derecho, de modo que quien debe firmar el escrito de demanda respectivo es la promovente **********, ya que es quien resiente la afectación en su esfera jurídica, por lo que no se satisface el principio de instancia de parte agraviada, porque no se garantiza la manifestación inequívoca de la voluntad de la parte quejosa de instar el juicio constitucional y tampoco de la designación en términos amplios de las personas que se mencionan en la demanda. Consecuentemente, al no existir la manifestación de voluntad de la promovente, lo procedente es DESECHAR DE PLANO la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 3o, 5o, fracción I, 6o, 61, fracción XXIII, en relación con el 15 y 109 de la Ley de Amparo. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 65, Abril de 2019, Tomo I, Materia Común, Décima Época, página 79, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." -Lo subrayado no es de origen- Cabe precisar que el análisis de las causales de improcedencia previstas por el artículo 61 de la Ley de Amparo, no constituye una denegación de justicia. En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que para que exista un recurso efectivo, debe ser idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y establecer lo conducente para remediarlo; pero en el derecho interno existen condiciones que deben observarse para garantizarlos, como criterios de admisibilidad del recurso o relativos al estudio de fondo del mismo, porque por seguridad jurídica, es dable establecerlos para una correcta y funcional administración de justicia y consecuente protección de derechos; sin que ello implique una violación al derecho de acceso a un recurso judicial efectivo. Lo anterior es acorde, con la tesis 1a. CCLXXV/2012, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, diciembre de 2012, Tomo 1, visible en la página 525, del tenor: "DERECHO HUMANO A UN RECURSO JUDICIAL EFECTIVO. EL HECHO DE QUE EN EL ORDEN JURÍDICO INTERNO SE PREVEAN REQUISITOS FORMALES O PRESUPUESTOS NECESARIOS PARA QUE LAS AUTORIDADES DE AMPARO ANALICEN EL FONDO DE LOS ARGUMENTOS PROPUESTOS POR LAS PARTES, NO CONSTITUYE, EN SÍ MISMO, UNA VIOLACIÓN DE AQUÉL. El derecho humano a un recurso sencillo, rápido y efectivo, reconocido en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, implica la necesidad de que los instrumentos o medios procesales destinados a garantizar los derechos humanos sean efectivos; así, de acuerdo con este principio, la inexistencia de un recurso efectivo contra las violaciones a los derechos reconocidos por la citada Convención constituye su transgresión por el Estado parte. Al respecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que para que exista el recurso, no basta con que esté previsto por la Constitución o la ley, o que sea admisible formalmente, sino que se requiere que sea realmente idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y proveer lo necesario para remediarla. Ahora bien, el simple establecimiento de requisitos o presupuestos formales necesarios para el estudio de fondo de los alegatos propuestos en el amparo no constituye, en sí mismo, una violación al derecho humano a un recurso judicial efectivo, pues en todo procedimiento o proceso existente en el orden interno de los Estados deben concurrir amplias garantías judiciales, entre ellas, las formalidades que deben observarse para garantizar el acceso a aquéllas. Además, por razones de seguridad jurídica, para la correcta y funcional administración de justicia y para la efectiva protección de los derechos de las personas, los Estados pueden y deben establecer presupuestos y criterios de admisibilidad, de carácter judicial o de cualquier otra índole, de los recursos internos; de manera que si bien es cierto que dichos recursos deben estar disponibles para el interesado y resolver efectiva y fundadamente el asunto planteado y, en su caso, proveer la reparación adecuada, también lo es que no siempre y en cualquier caso cabría considerar que los órganos y tribunales internos deban resolver el fondo del asunto que se les plantea, sin que importe verificar los presupuestos formales de admisibilidad y procedencia del recurso intentado. En este sentido, aun cuando resulta claro que el juicio de amparo es la materialización del derecho humano a un recurso judicial efectivo, reconocido tanto en la Constitución como en los tratados internacionales, el hecho de que el orden jurídico interno prevea requisitos formales o presupuestos necesarios para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes no constituye, en sí mismo, una violación a dicho derecho humano". Así, el incumplimiento de las condiciones necesarias para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes, no constituye, en sí mismo, una denegación de justicia, máxime que permitir el acceso en todo momento al juicio de amparo, generaría inseguridad jurídica en detrimento del propio derecho fundamental de acceso a la justicia. Autorizados, correo electrónico y usuario. Sin que haya lugar a proveer en relación a los autorizados y correo electrónico que precisa, pues como se indicó, no se externó la voluntad de la directa quejosa para promover la demanda de amparo. No obstante, a fin de realizar la notificación del presente auto y no dejar en estado de indefensión a la provente, aunado a que se encuentra registrado en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el nombre de usuario "**********", se autoriza las notificaciones electrónicas del presente juicio, por tanto, instrúyase a la Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes a efecto de que realice las gestiones necesarias y se habilite las notificaciones electrónicas. Habilitación días y horas. En acato al principio de celeridad procesal que rige al juicio de amparo, elevado a rango de derecho fundamental, con fundamento en el artículo 21 último párrafo de la Ley de Amparo, se faculta al actuario de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a las partes y que sean de carácter personal, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles. Aviso de transparencia. Asimismo, se hace del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 1, 4, 11, 12, 15 y 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince, toda la información pública generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión de los sujetos obligados es pública y será accesible a cualquier persona, asimismo, que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 70, fracción XXXVI, 73, fracción II, 116 y 120 de la referida ley, deberá ponerse a disposición del público y actualizarse la información relativa a las resoluciones y laudos que se emitan en procesos o procedimientos seguidos en forma de juicio, así como las versiones públicas de las sentencias que sean de interés público; sin embargo, para que pueda permitirse el acceso a información confidencial que contenga datos personales concernientes a una persona identificada o identificable, se requerirá del consentimiento de los particulares titulares de la información, en la inteligencia de que la falta de oposición de manera expresa conlleva su consentimiento. En caso de oposición, deberá estarse a lo establecido en la sección tercera, relativa al procedimiento de acceso, rectificación, cancelación y oposición de publicación de datos personales, del Acuerdo General del pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el ocho de mayo de dos mil quince. Notifíquese a la parte quejosa vía electrónica y por lista.
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