Yolanda Pérez Solano

Expediente 999/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero. 16 actuaciones registradas, la última del 26 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
999/2019
Año
2019
Actuaciones
16
Última actuación
26/12/2019

Partes del expediente

  • Yolanda Pérez Solano
  • Yolanda Pérez Solano y Otros.
  • Rubén Ivahn Lobato Rodríguez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Vistos, los autos, para dictar sentencia en el juicio de amparo número 999/2019; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito recibido el quince de octubre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con residencia en esta ciudad de Acapulco, y remitido ese día por razón de turno a este Juzgado Octavo de Distrito, Yolanda Pérez Solano, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se señala: AUTORIDADES RESPONSABLES ORDENADORAS Agente Determinador del Ministerio Público del Sector Coloso, en esta ciudad. Fiscal General del Estado, con sede en Chilpancingo. Juez Primero de Primera Instancia del Ramo Familiar del Distrito Judicial de Tabares, en esta ciudad. EJECUTORA Comandante de la Policía Ministerial adscrito a la Agencia del Coloso, en esta ciudad. ACTO RECLAMADO "De la Autoridades Responsables y Ordenadoras RECLAMO LA ORDEN ILEGAL DE BÚSQUEDA Y PRESENTACIÓN DE MIS MENORES HIJAS IVAHNA ITSANI Y STEPHANIE LIZETTE, DE APELLIDOS LOBATO PÉREZ, Y LA DETENCIÓN DE MIS MENORES HIJAS Y QUE FUERON ENTREGADAS A RUBÉN IVAHN LOBATO RODRÍGUEZ, EN LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN NÚMERO 12030340100343270619, INSTRUIDA POR LA SUSCRITA POR EL DELITO DE SUSTRACCIÓN DE MENORES EN CONTRA DE RUBÉN IVAHN LOBATO RODRÍGUEZ, y de la Autoridad Ejecutora reclamo el cumplimiento que le dieron a dicha orden ilegal de búsqueda y presentación de mis menores hijas" SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. Por auto de treinta y uno de octubre de dos mil diecinueve, se admitió a trámite la demanda registrada en el Libro de Gobierno correspondiente con el número 999/2019, previo desahogo de prevención contenida en acuerdo de dieciséis y veintiuno de octubre pasado; se solicitó a las autoridades responsables rindieran su informe justificado; se ordenó notificar a la parte tercera interesada el inicio de este juicio y se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo con el resultado asentado en el acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107 fracción V, de la Constitución Federal; 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana; y la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; en razón de que se reclama un acto dictado dentro de un juicio civil, por una autoridad jurisdiccional radicado dentro del ámbito de competencia de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene que la parte quejosa reclama: Del Agente Titular del Ministerio Público del Fuero Común del Sector Coloso, en esta ciudad y del Fiscal General del Estado de Guerrero, la orden de búsqueda y presentación de las menores Ivahna Itsani Lobato Pérez y Stephanie Lizette Lobato Pérez, y su entrega a Rubén Ivahn Lobato Rodríguez. Del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares del Estado de Guerrero, el auto de uno de julio de dos mil diecinueve, dictado en el expediente 205-1/2018, mediante el cual se dio entrada al incidente de modificación de convenio planteado por Rubén Ivahn Lobato Rodríguez, por sí y en representación de las menores Ivahna Itsani y Stephanie Lizette de apellidos Lobato Pérez; ordenó emplazar a la quejosa y como medida cautelar ordenó que las cosas se mantuvieran en el estado que guardaban, lo cual por acuerdo de dieciséis siguiente, cobro el efecto de dicha medida y señaló que en el citado proveído, se decretó a favor del promovente la guarda y custodia provisional de las infantes en cita. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado al El Director General Jurídico de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, pues así lo manifestó al rendir informe justificado; negativa que debe aceptarse en sus términos, ya que la solicitante del amparo no aportó prueba tendente a acreditar la existencia del mismo. Consecuentemente, se sobresee en el presente juicio de amparo con fundamento en lo dispuesto en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo a su respecto. CUARTO. Certeza del acto reclamado. ES CIERTO el acto reclamado al Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, en esta ciudad, pues así lo reconoció expresamente al rendir su informe con justificación; certeza que además se robustece con las constancias que como sustento allegó en copia certificada, y que dada su naturaleza tienen valor probatorio pleno al tenor de lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2. Por otra parte, no obstante que las autoridades responsables ejecutoras Encargado de la Coordinación de Zona de la Policía Ministerial del Estado adscrito al Sector Coloso y el Agente Titular del Ministerio Público del Fuero Común del Sector Coloso, ambos en esta ciudad al rendir su informe con justificación, negaron el acto que se les atribuye, ello se desvirtúa, pues de las constancias que remitió como apoyo a su informe con justificación, se advierte que en la carpeta de investigación 12030340100343270619 haya dilucidado derechos alguno respecto a la guarda y custodia de las menores Ivahna Itsani y Stephanie Lizette de apellidos Lobato Pérez, sino que solo hizo entrega de éstas a quien conforme con las constancias remitidas por el juez familiar el corresponde aquella. QUINTO. Análisis de causas de improcedencia. Una vez verificada la certeza del acto reclamado, previo al estudio de fondo del presente asunto, por ser de orden público y de estudio preferente, se examinan las causas de improcedencia que invoquen las partes o que se adviertan de oficio, atento a lo dispuesto por el artículo 62 en relación con el diverso 64, ambos de la Ley de Amparo. En ese sentido, oficiosamente se advierte que, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, en confrontación con el primer párrafo del numeral 17 y 18 de la Ley de Amparo, en virtud de que la demanda de amparo no se instó dentro de los quince días siguientes al en que se notificaron los actos reclamados. En efecto, las citadas disposiciones legales establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos." "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De estos dispositivos se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos en contra de los cuales no se promueva el juicio de amparo por regla general dentro del término de quince días computado de la siguiente forma: a) Desde el día siguiente a aquél en que surta efectos conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución reclamada. b) Desde el día siguiente a aquél en que el quejoso haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución. c) Desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado el quejoso sabedor de dicho acto o de su ejecución. Los citados supuestos son excluyentes entre sí y no guardan prelación alguna; por tanto, el término para la promoción del amparo se computa a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de ellos. Cabe hacer mención que las fracciones I, II, III y IV del artículo 17 de la Ley de Amparo señalan excepciones al plazo genérico de quince días con que se cuenta para intentar la acción de amparo: 1) En el caso de leyes autoaplicativas o el procedimiento de extradición el término para interponer la demanda será de treinta días; 2) Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal que imponga pena de prisión en un plazo de hasta ocho años. 3) La demanda de amparo podrá promoverse en un plazo hasta de siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto, privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a un núcleo de población sujeto al régimen ejidal o comunal. 4) En el caso de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, e incorporación forzosa al ejército, la demanda puede promoverse en cualquier tiempo. En efecto, esta hipótesis de improcedencia tiene lugar cuando el juicio de amparo no se promueve dentro de los plazos que para el caso específico consagra el artículo 17 de la Ley de Amparo, dado que la ley hace presumir que el afectado por la ley o por el acto de autoridad, consintió uno u otro de manera tácita, lo que resulta explicable, en razón de que la temporalidad para el ejercicio de la acción constitucional -fuera de los casos de excepción destacados- no podría quedar a la libre elección del gobernado; aceptarlo, implicaría desconocer la fuerza legal y eficacia de los principios de preclusión y cosa juzgada. Ahora, de las constancias remitidas por el juez responsable como apoyo a su informe, cuyo valor probatorio quedó precisado en líneas precedentes; se advierte que la parte quejosa fue emplazada al incidente de modificación de convenio número 2015-1/2018, promovido por Rubén Ivahn Lobato Rodríguez, el tres de septiembre del año en curso; por lo que se debe considerar que a partir de esa fecha conoció el proveído que se reclama, sin que este juzgado de Distrito esté facultado para analizar la legalidad de la notificación del acuerdo reclamado, pues el artículo 18 de la Ley de Amparo, prevé que para los efectos de la presentación de la demanda de amparo, las notificaciones y la forma en que surten sus efectos, se rigen por la ley del acto reclamado; en el presente caso, la notificación se practicó de manera personal, según se advierte de las constancias relativas, aunado a que al apersonarse mediante escrito presentado el seis de septiembre del año en curso, quedó convalidado su conocimiento en términos del numeral 167, fracción III, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Guerrero, tan es así que en contra del auto reclamado interpuso recurso de apelación, el cual fue admitido en proveído de veinte de septiembre de dos mil diecinueve, en el efecto devolutivo. Por tanto, si de acuerdo con el artículo 18 de la Ley de Amparo, el término para la interposición de la demanda de amparo debe computarse desde el día siguiente a aquél en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, en el caso el arábigo 101, párrafo último del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, entonces, tomando en consideración la fecha en que la parte quejosa quedó notificada del acto reclamado, - tres de septiembre de dos mil diecinueve- el término de quince días con que disponía para promover la acción de tutela constitucional transcurrió del cuatro al veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, descontando los días catorce, quince, dieciséis, veintiuno y veintidós por haber sido inhábiles; de lo que se sigue que el aludido plazo de quince días transcurrió en su perjuicio, habida cuenta que la demanda de amparo fue presentada el quince de octubre siguiente, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, residente en esta ciudad. Bajo ese contexto, se concluye que dicha demanda fue presentada de manera extemporánea, y por ende, consentido tácitamente el acto reclamado, sin que se ubique en alguna de las hipótesis de excepción a que se refiere en el artículo 17, fracciones I a la IV, del de la ley de la materia, para estimar que deba considerarse otro el plazo con que contaba la parte quejosa para acudir a la instancia constitucional. Consecuentemente, al actualizarse la causal de improcedencia en estudio, lo procedente es sobreseer el presente juicio, de conformidad con la fracción V del artículo 63 de la ley en cita. Sobreseimiento que se hace extensivo respecto de los actos reclamados al Agente Titular del Ministerio Público del Fuero Común del Sector Coloso del Distrito Judicial de Tabares y al Encargado de la Coordinación de Zona de la Policía Ministerial del Estado adscrito al Sector Coloso, ambos en esta ciudad, al ser una consecuencia lógico-jurídica de la determinación reclamada, pues aun cuando se materializó con posterioridad al dictado de aquélla como se adelantó, a la fecha de la presentación de la demanda, el acto que derivo de tal actuación era un acto conocido por la quejosa. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74 y 217, de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo número 999/2019, en términos de lo establecido en los considerandos tercero y quinto de este fallo. Notifíquese, y como no existió oposición expresa alguna, al publicarse esta sentencia pueden incluirse los datos personales de las partes, con independencia de que en la versión pública se supriman.

  2. Principal

    Acapulco, Guerrero; dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el escrito de Santa Cruz Ceballos Suárez; al no tener reconocida personalidad alguna en el presente asunto. Notifíquese.

  3. Principal

    Acapulco, Guerrero; veintiocho de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguense a sus autos lo de cuenta, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, para conocimiento de las partes, se tiene por rendido el informe justificado del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Familiar del Distrito Judicial de Tabares, en esta ciudad sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional. Respecto de las constancias remitidas por la autoridad antes citada, intégrense en su totalidad por encontrarse relacionadas directamente con la litis constitucional; y en razón de que adjunta copias certificadas del expediente 205-1/2018 del que derivan los actos reclamados; fórmense por separado el tomo dos de pruebas relativo al juicio en que se actúa, previa certificación por parte de la Secretaria de este órgano jurisdiccional. Ahora bien, a fin de que el informe de mérito sea conocido con la anticipación a la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, como lo establece el numeral de referencia, se difiere la audiencia señalada para este día, y se fijan las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Notifíquese.Así lo proveyó y firma el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo de Distrito en el Estado de Guerrero, asistido por Tamara Anayanzing Fierros Pineda, Secretaria adscrita al propio juzgado de Distrito que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Acapulco, Guerrero; veintiuno de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese lo de cuenta; en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, para conocimiento de las partes, se tiene por rendido el informe justificado del Director General Jurídico de la Fiscalía General del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo, sin perjuicio de relacionarlo en la audiencia constitucional; asimismo, téngasele como sus delegados en términos del numeral 9 de la ley de la materia a las personas que designa.Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Maestro Lino Román Quiroz, Juez Octavo d

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