Yolanda Parra Lendo
Expediente 640/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 640/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoprimero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Yolanda Parra Lendo
Actuaciones
- Principal
I... Vista la certificación que antecede se advierte que ha fenecido el término que refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya interpuesto recurso de queja; por ende, con fundamento en lo dispuesto por los numerales 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicados supletoriamente a la ley invocada, se declara que el auto por el cual se desechó la demanda, ha causado estado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese el presente asunto. ..., este expediente es susceptible de destrucción; por lo tanto, una vez transcurridos más de tres años a partir de esta fecha, procédase a ello, conforme a los lineamientos que establece el acuerdo en cuestión.
- Principal
I... Agréguese a los autos el ocurso de cuenta signado por la quejosa Yolanda ..., en atención su contenido, se tiene desahogada la prevención decretada en autos. Ahora, vista nuevamente la demanda de amparo promovida por la citada quejosa, quien se ostenta como administradora de los bienes de Rodolfo ...; contra actos del Juez Decimoprimero Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla con Residencia en Huixquilucan, México y otra autoridad. Antes de pronunciarse sobre la admisión de la demanda que se provee, es menester verificar que no exista motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. En ese orden, el suscrito estima que se actualiza la hipótesis normativa aludida que da lugar a su desechamiento, en virtud que se evidencia la contenida en el dispositivo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción IV, ambos de la Ley de Amparo. En términos del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, los procedimientos judiciales no contenciosos comprenden todos los actos en que por disposición de la ley o por solicitud de los interesados se requiere la intervención del Juez, sin que esté promovida ni se promueva cuestión alguna entre partes determinadas. En estos casos el acto prejudicial no es jurisdiccional, pues no hay partes en sentido estricto, ya que el peticionante o pretensor no pide nada contra nadie y por lo tanto no es contraparte de nadie. Además tampoco hay controversia ya que si ésta apareciera, ese procedimiento se transformaría en contenciosa sujetándose al juicio correspondiente. Por lo tanto, al no haber ninguna controversia, los procedimientos judiciales no contenciosos deben calificarse como actos dictados fuera de juicio en términos del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo... De manera similar acontece con los actos provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo dictados tanto dentro 'de juicio' (fracción IV), como después de concluido 'éste' (fracción III), pues, como antes se dijo, respecto de los primeros rige la regla general de que las violaciones cometidas durante el curso del juicio son reclamables hasta que culmine el mismo con el fallo correspondiente, sea sentencia, laudo o resolución que ponga fin al procedimiento, y sólo por excepción se permite su impugnación por la trascendencia de sus efectos; y respecto de los segundos, tratándose de los actos de ejecución de sentencia y de remate, sólo son reclamables hasta la resolución final. Resulta entonces manifiesta la prevalencia del principio con arreglo al cual, para evitar la promoción de juicios de amparo en contra de todos y cada uno de los actos dictados o ejecutados dentro de un procedimiento judicial o administrativo, debe reservarse la procedencia del juicio para combatir aquellos actos que, por ser finales, resuelven la situación jurídica del gobernado. Este principio, operante para los actos de las autoridades administrativas y de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, dictados dentro del juicio y después del juicio, debe regir igualmente, por razones de congruencia y unidad, para los actos fuera del juicio, considerando que el legislador, de haber tenido presente este supuesto -inusual por lo demás, pues la mayoría de esos actos se producen fuera de todo procedimiento- habría adoptado la misma solución (Énfasis añadido). Si de acuerdo con lo anterior, en el supuesto de los actos fuera de juicio que, sin embargo, provengan de un procedimiento así sea breve o sumarísimo, el juicio constitucional sólo procede en contra de la resolución que pone fin a dicho procedimiento, cabe concluir que en la materia de la presente contradicción de tesis, la acción de amparo únicamente resulta procedente en contra de la resolución que autoriza o niega la venta de la prenda." De la transcripción anterior, así como de los principios de economía procesal y concentración, se estima que el juicio de amparo indirecto sólo procede en contra de la determinación que pone fin a los procedimientos judiciales no contenciosos, como actos provenientes de tribunales judiciales dictados fuera de juicio (previo acatamiento del principio de definitividad).... En el caso, el acto reclamado consiste en la omisión de la autoridad responsable de notificarle en su carácter de administradora de bienes de Rodolfo Torres Duarte, de la devolución de los autos así como de la continuación del procedimiento que ella inició con el fin de que se declare la ausencia de su cónyuge el citado Torres Duarte, esto en el expediente número 224/2015 procedimiento judicial no contencioso, del que es promovente y al que no acudió después de que transcurrió demasiado tiempo; sin embargo, al comparecer se le indicó que el expediente estaba turnado para sentencia, que alguien ya estaba promoviendo en éste. Establecido esto, se pone de relieve de lo manifestado bajo protesta de decir verdad y de las constancias que allegó la impetrante con su demanda de amparo, que en el caso no se ha emitido la resolución que pone fin al procedimiento judicial no contencioso de origen, pues no se ha llegado al punto de declarar la ausencia de Rodolfo Torres Duarte, sino que habiendo sido asignado en favor de la quejosa (y aceptado por ella) el nombramiento de depositaria de los bienes de su cónyuge ausente, dejó de darle continuidad al procedimiento y fue hasta el seis de mayo de este año, cuando compareció ante la responsable, que se enteró que al asunto se le había dado prosecución y que estaba pendiente el dictado de la resolución correspondiente; esto, sin que se le hubiere hecho notificación alguna con el fin de que conociera de la continuación del procedimiento judicial no contencioso que promovió; lo que afirma le transgrede su derecho de audiencia. Por esta razón y los argumentos expuestos líneas precedentes, es que se estima que existe una causa notoria y manifiesta de improcedencia que conduce a desechar la demanda, pues en el procedimiento judicial no contencioso de origen expediente número 224/2015, no se ha dictado la última resolución, que es la que puede ser atacada mediante el juicio de amparo indirecto, una vez agotado el medio de defensa ordinario que proceda contra ésta. Debiéndose excluir, en esta última hipótesis, que el acto reclamado sea uno intermedio cuya ejecución sea de imposible reparación, es decir, uno que afecte un derecho sustancial; lo que se afirma así, por una parte, desde el momento en que en la actualidad no está definido legalmente que el presunto ausente efectivamente sea el propietario del inmueble (como para afirmar que se afecta su posesión o propiedad). Lo anterior dado que los preceptos 107, fracción III, inciso b), Constitucional y 107 fracción V de la Ley de Amparo, disponen que cuando se reclamen actos dentro del juicio, el amparo sólo procederá contra aquéllos cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos en la propia ley de la materia, como aquellos que afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución y no en los casos en que se refieran a aquellos adjetivos o procesales. Es decir, procede el juicio de amparo solamente en contra de actos autoritarios que lesionen de manera directa derechos sustantivos de las partes y trasciendan del ámbito puramente procesal para incidir en la esfera de derechos materiales de los gobernados, resultando improcedente el que se promueva en contra de los que únicamente producen violaciones de carácter formal dentro del proceso, que atañen a las posiciones que las partes van adquiriendo, con vista a la obtención de un fallo favorable, pues cuando este objetivo se obtiene, se extinguen aquéllas, sin vulnerar los derechos fundamentales. De modo tal, que el concepto de irreparabilidad no consiste en la imposibilidad jurídica que la violación puede ser analizada nuevamente al dictar la resolución, sino que con motivo de sentencia favorable, no se actualice el daño o perjuicio, pues de acuerdo con los principios procesales de preclusión y firmeza de las resoluciones judiciales, no todas las actuaciones del procedimiento son reclamables en el amparo indirecto, ya que de otro modo, se contravendría la regla del inciso a) fracción III del artículo 107 Constitucional. En consecuencia, al actualizarse de un modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia advertida, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo en relación con el 61, fracción XXIII, y 107, fracción IV, del mismo ordenamiento, se desecha la demanda de amparo.
- Principal
I... Vista la demanda de amparo promovida por Yolanda
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