Yolanda Ovando Olmos
Expediente 880/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 8 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 880/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 08/03/2021
Partes del expediente
- Yolanda Ovando Olmos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, ocho de marzo de dos mil veintiuno. Tribunal Colegiado remite ejecutoria y se ordena archivo Agréguese a los autos el oficio de la Secretaria de Acuerdos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, mediante el cual remite copia certificada de la ejecutoria pronunciada en el recurso de queja Q-162/2020 de su índice; por tanto, acúsese el recibo de estilo a dicho Tribunal de Alzada, respecto del testimonio dictado el once de febrero de dos mil veintiuno y del expediente original del presente juicio. Atento a lo anterior, comuníquese a la parte quejosa que la superioridad declaró infundado el recurso de queja interpuesto por ella en contra del proveído de dieciséis de octubre de dos mil veinte, cuyo puntos resolutivos establece lo siguiente: PRIMERO. Se declara infundado el presente recurso de queja. SEGUNDO. Se confirma el auto recurrido. TERCERO. Se desecha por improcedente la demanda de amparo promovida por ..., por propio derecho, en contra del acto que reclamó del Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Atlixco, Puebla, consistente en la resolución interlocutoria de diecisiete de marzo de dos mil veinte, dictada en el recurso de reclamación que interpuso en los autos del juicio reivindicatorio ..., que confirmó el proveído de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, donde no se acordó favorablemente su petición de que se sustituyera a los atestes que participarían en el desahogo de la prueba testimonia que ofreció en el juicio de origen. En tal virtud, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. A fin de evitar la repetición innecesaria de las actuaciones que ya obran en el presente sumario, se ordena glosar únicamente las constancias originales del cuaderno de antecedentes que se formó con motivo de la interposición del aludido recurso. Con fundamento en lo dispuesto por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se acuerda lo siguiente. Destrucción. Destrúyase el presente expediente, una vez transcurridos tres años de su archivo, ya que el juicio concluyó con un auto que determinó desechar de plano la demanda de amparo, es decir, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso d) del artículo 21 del Acuerdo General de referencia, que establece: "Artículo 21. Expedientes destruibles en un plazo de tres años. Cumplido el plazo de conservación, las siguientes series documentales deberán ser destruidas, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el acuerdo como asunto concluido, por los órganos jurisdiccionales: (.) d)Aquellos que desechen, declaren improcedentes, o declaren sin materia o infundado; ...". Asimismo, a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de referencia. Háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente para una mejor identificación del mismo. Digitalización. Previo a su destrucción, en cumplimiento al párrafo segundo, del artículo 25, del acuerdo invocado, se comisiona al Secretario para que verifique la digitalización de la demanda, el auto que determinó desechar la demanda de amparo y de las actuaciones que ameriten ese tratamiento, a fin de conservar y difundir su contenido, así como la remisión física del expediente al archivo correspondiente. Transparencia. Con fundamento en los artículos 3º, 8º, 9º, 67, fracción II, 68, 98, 104, 108, 110, 113, 117 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 09 de mayo de 2016, hágase saber a la parte quejosa que este órgano jurisdiccional está obligado a hacer público el presente expediente, debiendo en su caso suprimirse la información que tenga el carácter de reservada o confidencial. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, once de diciembre de dos mil veinte. Se admite recurso de queja. Agréguese a los autos el oficio de la Actuaria Judicial adscrita al Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, por medio del cual informa que admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por la parte quejosa; asimismo, que lo radicó con el número 162/2020 de su índice. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 61, 62, 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional toma conocimiento de la admisión del recurso de queja para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, veintinueve de octubre de dos mil veinte. Se interpone recurso de queja Visto el escrito de cuenta signado por ..., mediante el cual interpone recurso de queja en contra del proveído del dieciséis de octubre de dos mil veinte, en el que se desechó de plano la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en los artículos 80, 97, fracción I, inciso a), 98, 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo vigente, se tiene por interpuesto el citado medio de impugnación. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. Se rinde informe sobre la materia de la queja, en el sentido de ser cierto que este Juzgado de Distrito dictó el acuerdo recurrido. Ahora bien, tomando en consideración que el auto recurrido lo constituye la determinación que desechó la demanda, se estima innecesario otorgar plazo a la parte quejosa para que señale las constancias que en copia certificada deban remitirse para resolver el recurso de queja. En ese sentido, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en turno, el escrito de agravios original y copias, así como el expediente en que se actúa. Fórmese cuaderno de antecedentes con copia de la papeleta de turno, de la demanda de amparo, del escrito de agravios, así como el auto que al efecto se emite. Notifíquese.
- Principal
San Andrés Cholula, Estado de Puebla, dieciséis de octubre de dos mil veinte. Quejosa cumple prevención y se desecha demanda de amparo. Agréguese a los autos el escrito signado por la quejosa ..., mediante el cual da cumplimiento al requerimiento efectuado en el proveído del treinta de septiembre del presente año, y al efecto precisa que únicamente reclama la resolución del diecisiete de marzo de dos mil veinte, dictada en el juicio reivindicatorio ..., del índice del Juzgado de lo Civil del Distrito de Atlixco, por lo que no es su deseo reclamar la notificación de esa actuación; asimismo, aclara que no señala como autoridad responsable al Diligenciario adscrito a dicho órgano jurisdiccional e informa -bajo protesta de decir verdad- que en el citado procedimiento no se ha dictado sentencia definitiva. En ese contexto, con base en el estudio exhaustivo de la demanda de amparo y su escrito aclaratorio, se procede a proveer lo conducente. Así, con apoyo en lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones. El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquel que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 448, tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO." Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Lo anterior se confirma con el criterio del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 898, Tomo VII, Enero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE." Con base en estas premisas, la improcedencia notoria y manifiesta de la demanda de amparo que presenta Yolanda Ovando Olmos, deriva del hecho que el acto reclamado consistente en la resolución del diecisiete de marzo de dos mil veinte, dictada en el juicio reivindicatorio 79/2019, del índice del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Atlixco, en la que se declaró infundado el recurso de reclamación promovido por la quejosa en contra del auto del veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, en el que se negó su petición de cambiar a los testigos que participarían en el desahogo de la prueba testimonial ofrecida en dicho procedimiento, no constituye un acto dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, por no afectar materialmente derechos sustantivos contenidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Por tanto, en el caso se advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia del juicio constitucional prevista en el artículo artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -aplicados a contrario sensu-, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b) Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan. De acuerdo con lo dispuesto en el numeral 107, fracción V, de la ley de la materia, el juicio de amparo procede ante un Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Con base en lo anterior, debe decirse que en la Ley de Amparo vigente existe un cambio de definición respecto de los actos de imposible reparación, pues aun cuando anteriormente la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en jurisprudencia la procedencia del juicio de amparo biinstancial respecto de violaciones procesales que afectaran a las partes en grado predominante o superior, tal criterio ya no resulta aplicable a los asuntos tramitados conforme a la nueva Ley de Amparo. Al respecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 377/2013, en la sesión del veintidós de mayo de dos mil catorce, esencialmente determinó que de conformidad con la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, resulta improcedente el juicio de amparo indirecto en contra de la determinación que resuelve la personalidad en un juicio laboral, pues en el artículo 107, fracción V, de dicha ley, el legislador delimitó los actos de imposible reparación, estableciendo como tales únicamente a aquellos que afecten materialmente derechos sustantivos, esto es, derechos que no son procedimentales, con la clara intención de evitar al máximo la promoción de juicios de amparo respecto de decisiones enteramente procesales, en atención al principio de concentración, esto es, para que la mayor cantidad de violaciones procesales se concentraran en el juicio de amparo directo, que es donde esa violación puede producir una afectación. En esos términos, se consideró que el legislador ordinario, a fin de dar certeza jurídica, desarrolló el concepto de "actos de imposible reparación" contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que con base en esa definición quedó atrás la diversa que se hizo en la tesis 4/2001 y, por tanto, conforme a la legislación vigente en este momento, el tema de la falta de personalidad no reúne los requisitos que establece la ley reglamentaria del artículo 107 constitucional para poder considerarlo como una cuestión de imposible reparación. Sentado lo anterior, de acuerdo con los hechos que manifestó bajo protesta de decir verdad la quejosa se advierte que Jesús Martin Grajeda Mejia, promovió en su contra un juicio reivindicatorio, del cual correspondió conocer al Juez de lo Civil del Distrito Judicial de Atlixco, quien lo radicó con el número 79/2019, y lo admitió a trámite. Asimismo, una vez que se emplazó a la quejosa, el tres de mayo de dos mil diecinueve dio contestación a la demanda y se señaló fecha para la celebración de la audiencia de recepción de pruebas, alegatos y citación para sentencia. Posteriormente, el veinte de septiembre de ese año, la justiciable solicitó el cambio de los testigos que participarían en la prueba testimonial ofrecida en el juicio; no obstante, por auto del veinticuatro de septiembre siguiente el Juez responsable determinó no acordar favorablemente su petición. Inconforme con lo anterior, el catorce de octubre de dos mil diecinueve, la quejosa interpuso recurso de reclamación, el cual se resolvió el diecisiete de marzo de dos mil veinte, en el sentido de declarase infundado, por lo cual se confirmó el auto impugnado. Finalmente, se celebró la audiencia de recepción de pruebas, alegatos y citación para sentencia, sin que aún se haya dictado el fallo definitivo. Expuesto lo anterior, se advierte que el acto reclamado en la presente vía lo constituye la interlocutoria del diecisiete de marzo del presente año, que resolvió el recurso de reclamación promovido por la impetrante; no obstante, se considera que únicamente tiene efectos meramente procesales, pues sólo puede implicar la infracción de derechos adjetivos y, por ende, no afecta irremediablemente algún derecho sustantivo, por lo que debe decirse que dicha resolución no constituye un acto de imposible reparación, dado que sus consecuencias no afectan materialmente algún derecho sustantivo contenido en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. En efecto, se insiste que la resolución reclamada del diecisiete de marzo de dos mil veinte sólo puede implicar una infracción de derechos adjetivos que producen únicamente efectos intraprocesales, los cuales podrían ser reparados, pues en el caso de que en el juicio civil de origen se dictara una sentencia favorable a los intereses de la quejosa, entonces el hecho de que se hubiera cambiado o no a sus testigos o desahogado o no la prueba testimonial que ofreció se tornaría irrelevante. Además, cabe precisar que tal determinación no deja en estado de indefensión jurídica al justiciable, pues en caso de que la sentencia resulte adversa a sus intereses, entonces esa violación procesal sería reclamable en amparo directo; tan es así que el artículo 172, fracción III de la ley de la materia, prevé expresamente como una violación procesal lo relacionado con el desechamiento de pruebas o su desahogo en una forma contraria a la ley; en consecuencia, se trata de una violación de reparación posible por no afectar derechos sustantivos. Por lo anterior, dado que la resolución reclamada no afecta algún derecho sustantivo, no constituye un acto dictado en el juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, lo que denota que se actualiza la causa de improcedencia en estudio. Finalmente, cabe señalar que el análisis emprendido por este órgano de control constitucional a fin de determinar la procedencia del juicio constitucional, partiendo de la base de determinar si el acto reclamado afecta materialmente derechos sustantivos contenidos en la Constitución Federal y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, no implica que se vulnere el contenido del artículo primero, párrafo segundo, de la Constitución Federal que, esencialmente, exige que los derechos humanos se interpreten conforme a la propia Constitución y a los tratados internacionales, de tal suerte que se favorezca la protección más amplia a las personas. En las relatadas condiciones, es claro que se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos -aplicados a contrario sensu-; por lo que con fundamento en el artículo 113 de la ley en la materia, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo promovida por ... Notifíquese personalmente.
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