Yolanda Ortiz Díaz
Expediente 287/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 12 actuaciones registradas, la última del 10 de agosto de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 287/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 12
- Última actuación
- 10/08/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Yolanda Ortiz Díaz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 12.
- Principal
El diez de agosto de dos mil diecisiete, el licenciado Juan García Trejo, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado CERTIFICA: Que el término de diez días que prevé el artículo 86 de la Ley de Amparo, trascurrió del veintiséis de julio al ocho de agosto del año en curso; sin que se haya interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada el dieciocho de julio de la presente anualidad, dentro del juicio de amparo número 287/2017; Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existen documentos con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal; Que sí existen constancias que devolver a la autoridad responsable Juez Primero del Ramo Familiar del Distrito Judicial de la Capital del Estado de Zacatecas De igual forma, se hace constar que se tramitó incidente de suspensión, en el que se concedió la suspensión definitiva; asimismo, ninguna de las partes exhibió billete de depósito. Conste. En la misma fecha se da cuenta al Secretario encargado del despacho con el estado que guardan los presentes autos y con la certificación que antecede. Conste. Zacatecas, Zacatecas, diez de agosto de dos mil diecisiete. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación asentada por la secretaria adscrita a este tribunal federal, en el sentido de que ha transcurrido el término señalado por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrida la resolución dictada por este juzgado, el dieciocho de julio del año en curso, en la que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el citado numeral 86 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Devuélvase a la autoridad responsable las constancias que remitió en su informe previo y justificado. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Consecuentemente, en su oportunidad y con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, se determina que este expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, en virtud de que se decretó el sobreseimiento en el presente asunto, y este Juzgado considera que no reviste valor jurídico o histórico que amerite su conservación. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, última parte, del citado acuerdo General, se declara QUE EL ORIGINAL DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN RELATIVO SÍ ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN; sin embargo, en atención a que en dicho cuaderno se concedió la suspensión definitiva al promovente del amparo; luego, deben conservarse las constancias relativas a la copia de la demanda de amparo con que se formó, así como de la resolución del otorgamiento de la suspensión definitiva; en consecuencia, agréguese este cuaderno al juicio de amparo en que se actúa; y el duplicado guárdese por separado para que atendiendo a lo dispuesto en la fracción III, del diverso punto vigésimo del citado acuerdo, una vez que transcurra el término de seis meses; se realicen las gestiones pertinentes para su destrucción. En consecuencia, una vez que transcurran los tres años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del Acuerdo en cita, remítase este expediente por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Asimismo, en cumplimiento a lo dispuesto en el Punto Décimo Tercero del acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes. NOTIFÍQUESE MEDIANTE OFICIO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y POR LISTA A LAS DEMÁS PARTES. Así lo proveyó y firma el licenciado Jorge Martín Zamora González, Secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones de la titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorización concedida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión celebrada el veintitrés de mayo de dos mil diecisiete, según oficio CCJ/ST/2117/2017, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza. Doy fe. Regina
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V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 287/2017; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el trece de marzo de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Yolanda Ortiz Díaz demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridad que enseguida se describen: Autoridad responsable: Juez Primero del Ramo Familiar del Distrito Judicial de la Capital. Acto reclamado: Resolución incidental del catorce de febrero de dos mil diecisiete, dictada en el incidente de determinación de bienes afectos al régimen de sociedad conyugal derivado del juicio civil ordinario de divorcio necesario 845/2014, promovido por la ahora quejosa Yolanda Ortiz Díaz. Acto que, a su parecer, resulta violatorio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 4, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de derechos de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, cuya titular, en proveído de quince de marzo de dos mil diecisiete, la admitió a trámite, ordenó su registro bajo el expediente 287/2017, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención legal que por derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, se ordenó el emplazamiento a la parte tercero interesada y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó en los términos asentados en el acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver del presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que la resolución reclamada se atribuye a una autoridad judicial que reside en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la materia de la litis efectivamente planteada en este juicio se concreta en el acto reclamado siguiente: Del Juez Primero del Ramo Familiar del Distrito Judicial de la Capital: La resolución incidental del catorce de febrero de dos mil diecisiete, dictada en el incidente de inventario y determinación de bienes afectos al régimen de sociedad conyugal, derivado del juicio civil ordinario de divorcio necesario 845/2014, promovido por la ahora quejosa Yolanda Ortiz Díaz contra Ángel Artiaga Salas, en la que se declaró que el único bien afecto a la sociedad conyugal es el inmueble ubicado en la calle El Camino, colonia Ojo de Agua de La Palma, municipio de Guadalupe, Zacatecas adquirido el cinco de diciembre de dos mil seis, por lo que para la división de ese bien común debía procederse conforme al artículo 411 del Código Procesal Civil de Zacatecas. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Juez Primero del Ramo Familiar del Distrito Judicial de la Capital aceptó la existencia de la resolución reclamada, pues así lo manifestó en forma expresa en su informe con justificación (foja 29). Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia número 305, pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 206, del Tomo VI, Materia Común, Primera Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo anterior, se corrobora con las constancias remitidas por la citada responsable en apoyo a su informe de ley, consistentes en dos legajos de copias certificadas relativos al juicio civil ordinario de divorcio necesario 845/2014 y al incidente de inventario y determinación de bienes afectos a la sociedad conyugal, derivado de aquél, del que se advierte que el catorce de febrero de dos mil diecisiete, se emitió la resolución combatida en esta instancia constitucional (fojas 67 a 70 del segundo de los legajos). Documentales a las que se otorga valor probatorio, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. Se cita como sustento, la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, tesis 226, página 153, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." En consecuencia, se encuentra acreditada la existencia del acto reclamado. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Para mejor comprensión del asunto, es necesario relatar los antecedentes de la resolución combatida: 1. Mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes del Poder Judicial del Estado, el veintiocho de junio de dos mil dieciséis, remitido al Juez Primero del Ramo Familiar de la Capital, el día siguiente, Ángel Artiaga Salas, en ejecución de la sentencia de divorcio emitida en el proceso familiar ordinario 845/2014, promovió incidente de inventario y determinación de bienes afectos al régimen de sociedad conyugal contra Yolanda Ortiz Díaz (fojas 1 a 7 del legajo relativo a dicho incidente). 2. Por auto de siete de julio de dos mil dieciséis, se tuvo por promovido el incidente de mérito, el que se fundó en los artículos 484, 485 y 553 del Código de Procedimientos Civiles del Estado y se ordenó notificar a la demandada, ahora quejosa, para que en el término de tres días diera contestación a la demanda entablada en su contra (foja 9). 3. En proveído de veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, se tuvo a la aquí quejosa Yolanda Ortiz Díaz contestando la demanda incidental, de acuerdo a su escrito presentado el doce anterior, con el cual se ordenó dar vista al demandado incidentista para que en el término de tres días manifestara lo que a sus intereses legales conviniera; vista que se tuvo por evacuada el diez de octubre del año en cita (fojas19 a 31). 4. Una vez que se tuvieron por recibidas las pruebas ofrecidas por las partes, en proveído de uno de febrero del año en curso, se citó a las partes para sentencia interlocutoria en el aludido incidente, la que se emitió el catorce del mismo mes y año, en cuyo resolutivo segundo se determinó: "SEGUNDO. Se declara que el único bien afecto a la sociedad conyugal es el inmueble ubicado en calle El Camino, colonia Ojo de Agua de la palma de la ciudad de Guadalupe, Zacatecas que se adquirió el cinco de diciembre de dos mil seis (vid fojas 392-401 del principal), por lo que para la división de este bien común deberá procederse al tenor de lo normado por el artículo 411 del Código Procesal Civil de Zacatecas". La resolución anterior constituye la materia de la presente instancia constitucional. QUINTO. Procedencia del juicio de amparo. La procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y de estudio preferente previo a la materia del fondo del asunto, ya sea de oficio o por planteamiento de alguna de las partes, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo y con la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." La suscrita juzgadora advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, dado que en contra del acto reclamado no se agotó el principio de definitividad, al no interponerse el recurso procedente. En efecto, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." El enunciado normativo transcrito contiene el principio de definitividad que rige en los juicios de amparo. Éste establece que, previamente a la presentación de la demanda de amparo, la parte quejosa debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución judicial que le causa perjuicio, pues, de lo contrario, la acción de control constitucional es improcedente. De lo anterior, se desprende que el juicio de amparo es un medio de defensa extraordinario, dado que únicamente es procedente una vez que se han agotado los recursos ordinarios a través de los cuales se puedan modificar, revocar o anular los actos reclamados. Por tanto, el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones recurribles. Es respaldo de lo considerado, la jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, Novena Época, mayo de dos mil dos, página novecientos dos, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Como excepciones al principio en comento, la fracción citada establece cuatro supuestos: 1. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa a las fuerzas armadas; 2. cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; 3. cuando el amparo sea solicitado por terceros extraños al juicio; y, 4. cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Ahora, el incidente de determinación de bienes afectos a la sociedad conyugal del que emana el acto reclamado, a que se hizo mención en el considerando que antecede, fue tramitado con fundamento, entre otros artículos, en el 484 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que, en su párrafo primero, establece: "484. Los incidentes se tramitarán de acuerdo con el procedimiento que se establezca para cada uno de ellos. Cuando no tengan establecida una tramitación especial, se sujetarán al siguiente procedimiento; cualquiera que sea la clase del juicio: ." De donde se desprende que la autoridad responsable consideró que el incidente de que se trata, no tiene una regulación especial en el mencionado código adjetivo, sin embargo, debe regularse conforme a las disposiciones generales en materia de ejecución forzosa. Ello si se atiende a que el ordenamiento en cuestión está integrado, entre otros, por el título quinto, denominado "De la Ejecución Forzosa", del cual cabe destacar las disposiciones generales del capítulo I, que enseguida se mencionan: "Artículo 399. En la ejecución de las resoluciones judiciales se observarán las siguientes reglas generales: I. Se llevará a efecto en forma adecuada para que tengan pronto y debido cumplimiento; II. Se procurará no ocasionar al ejecutado molestias o gravámenes innecesarios, y que no se traspasen los límites de la resolución que se ejecuta; III. La ejecución únicamente afectará al deudor y su patrimonio, y no a terceras personas, cuyos bienes y derechos deben ser respetados al efectuarla; IV. Se procurará no originar trastornos a la economía social llevando a cabo la ejecución en forma tal, que permita conservar abiertas las fuentes de producción y de trabajo." "Artículo 408. Si la resolución cuya ejecución se pide no contiene cantidad líquida, para llevar adelante la ejecución debe previamente liquidarse conforme a las siguientes prevenciones: I. Si la resolución no contiene cantidad líquida, la parte a cuyo favor se pronunció, al promover la ejecución presentará su liquidación, de la cual se dará vista por tres días a la parte condenada. Si ésta no la objetare dentro del término fijado, se decretará la ejecución por la cantidad que importe, pero moderada prudentemente por el juez; mas si expresare su inconformidad, se dará vista de las razones que alegue a la parte promovente, por tres días, y de lo que replique, por otros tres al deudor. El juez fallará dentro de igual término lo que estime justo y la resolución no será recurrible;." "Artículo 411. Cuando la sentencia condena a dividir una cosa común y dé las bases para ello, se ejecutará de acuerdo con ellas. Cuando la sentencia no dé las bases, se convocará a los interesados a una junta, para que en la presencia judicial las determinen o designen un partidor y si no se pusieren de acuerdo en una u otra cosa, el juez las señalará, y si fueren menester conocimientos especiales, nombrará perito en la materia para que haga la partición otorgándole un término prudente para que presente el proyecto. Presentado el plan de partición, quedará en la Secretaría a la vista de los interesados por cinco días comunes para que formulen objeciones. De éstas se correrá traslado al partidor y demás interesados, y se substanciarán en la misma forma que los incidentes de liquidación de sentencia. El juez, al resolver, mandará hacer las adjudicaciones y extender los títulos respectivos, con una breve relación de los antecedentes del caso". "Artículo 419. Las resoluciones que se dicten en ejecuciones de sentencias sólo son recurribles en apelación o queja cuando la ley lo determine expresamente. El auto aprobatorio del remate será siempre apelable en el efecto suspensivo, si la sentencia definitiva fuere apelable. En los demás casos, las resoluciones no serán recurribles". Asimismo, la fracción II, del artículo 392 del mismo ordenamiento, es del tenor siguiente: "Artículo 392. El recurso de queja contra el juez es procedente: [.] II.- Respecto a las interlocutorias dictadas en la ejecución de sentencia;." De las anteriores disposiciones se advierte que el Código de Procedimientos Civiles para Estado de Zacatecas, contempla un título dedicado a la ejecución forzosa, donde se regula la ejecución de las resoluciones judiciales, señalando, en el numeral 411, que cita la responsable en el punto resolutivo segundo de la resolución reclamada, que cuando la sentencia condena a dividir una cosa común y no dé las bases para ello, se convocará a los interesados a una junta, para que en la presencia judicial las determinen o designen un partidor y si no se pusieren de acuerdo en una u otra cosa, el juez las señalará, y si fueren menester conocimientos especiales, nombrará perito en la materia para que haga la partición otorgándole un término prudente para que presente el proyecto y presentado el plan de partición, quedará en la Secretaría a la vista de los interesados por cinco días comunes para que formulen objeciones. De éstas se correrá traslado al partidor y demás interesados, y se substanciarán en la misma forma que los incidentes de liquidación de sentencia; substanciación ésta, que es con la que concluirá la ejecución de la sentencia de divorcio que se inició con el incidente del que emana el acto reclamado. Ahora bien, es cierto que la fracción I, del artículo 408 de código adjetivo en cuestión, establece que no será recurrible la resolución que se dicte para determinar la cantidad líquida a pagar en ejecución de sentencia, pero también lo es, que la diversa fracción II, del numeral 392 del mismo ordenamiento dispone que el recurso de queja contra el juez es procedente respecto a las interlocutorias dictadas en la ejecución de sentencia. En la especie, como ya se dijo, el acto reclamado se hizo consistir en la resolución incidental de catorce de febrero de dos mil diecisiete, dictada en el incidente de inventario y determinación de bienes afectos al régimen de sociedad conyugal, derivado del juicio civil ordinario de divorcio necesario 845/2014, promovido por la ahora quejosa Yolanda Ortiz Díaz contra Ángel Artiaga Salas, en la que, la responsable declaró que el único bien afecto a la sociedad conyugal es el inmueble ubicado en la calle El Camino, colonia Ojo de Agua de La Palma, municipio de Guadalupe, Zacatecas adquirido el cinco de diciembre de dos mil seis. Como se aprecia, no existe lugar a dudas de que la interlocutoria relativa aparece dictada en ejecución de sentencia, pues resolvió el incidente de inventario y determinación de bienes afectos al régimen de sociedad conyugal, en cumplimiento de la sentencia definitiva de divorcio que la ordenó, por lo que solamente falta la división de ese bien común referido en dicha resolución, la que se llevará a cabo conforme al artículo 411 del Código Procesal Civil de Zacatecas. Resulta aplicable la tesis sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 109, Volumen CXXVIII, Cuarta Parte, Materia Civil, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, de rubro y texto siguientes: "SOCIEDAD CONYUGAL, LIQUIDACION DE LA, CON MOTIVO DE DIVORCIO. La liquidación de la sociedad legal o conyugal no es el objeto principal del juicio de divorcio, sino una consecuencia del mismo, así que las partes obviamente sólo se preocupan por probar sus respectivas pretensiones en orden a la disolución del vínculo matrimonial que los une (el cónyuge actor) o a la conservación del mismo (el cónyuge demandado), cuando no existe contrademanda. Por tanto, como la liquidación de la sociedad legal en un juicio de divorcio sólo se ordena si se declara disuelto el vínculo matrimonial de los cónyuges que la forman, es inconcuso que en la sentencia simplemente debe declararse terminada o disuelta la sociedad, dejando para un incidente de liquidación de la misma, los pormenores de la liquidación, sobre todo cuando durante la secuela del juicio se observó que existe controversia entre los cónyuges respecto de la existencia de los bienes comunes o pertenecientes al fondo social, y también respecto de su inclusión o exclusión en el acervo social." Por lo anterior, de acuerdo con el numeral 392, fracción II, en relación con el 419, de la legislación en cita, contra las interlocutorias dictadas en la ejecución de sentencia, procede el recurso de queja. Por tanto, la quejosa, al ser parte actora en el juicio principal y demandada en el incidente que concluyó con la interlocutoria reclamada, debió agotar el recurso de queja citado, previamente a la presentación demanda el amparo, de conformidad con el principio de definitividad que rige la materia. Sin que en el caso se esté ante alguna de las excepciones al principio de definitividad, por lo siguiente: La quejosa, al ser parte del juicio natural y como consecuencia en el incidente derivado del mismo, no es tercero extraña a éste. La resolución reclamada no importa riesgo de privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. El acto reclamado no consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión; auto de vinculación a proceso; resolución que niegue la libertad bajo caución o establezca los requisitos para su disfrute; resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos; orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la quejosa (salvo la sentencia definitiva en el proceso penal). La procedencia del recurso no se sujeta a interpretación adicional ni su fundamento es insuficiente para determinarla. No obsta a la anterior determinación la circunstancia de que, de las constancias que integran el cuadernillo relativo al incidente del que emana la interlocutoria de catorce de febrero del año en curso, que constituye el acto reclamado, se desprenda que la aquí quejosa interpuso recurso de apelación contra dicha resolución, ya que el mismo no le fue admitido por la autoridad responsable por no tratarse del recurso idóneo establecido por el Código de Procedimientos Civiles del Estado, por lo que no era posible que produjera efectos jurídicos tendientes a revocar, confirmar o modificar el acto de que se trata. Tiene aplicación al respecto, por las razones que la informan, la jurisprudencia número VI.3o.C. J/60, visible en la página 2365, Tomo XXII, Diciembre de 2005, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tribunales Colegiados de Circuito, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS. SON LOS QUE NO SE IMPUGNAN MEDIANTE EL RECURSO IDÓNEO. Debe reputarse como consentido el acto que no se impugnó por el medio establecido por la ley, ya que si se hizo uso de otro no previsto por ella o si se hace una simple manifestación de inconformidad, tales actuaciones no producen efectos jurídicos tendientes a revocar, confirmar o modificar el acto reclamado en amparo, lo que significa consentimiento del mismo por falta de impugnación eficaz". En consecuencia, procede sobreseer en el juicio de amparo en que se actúa, respecto del acto reclamado consistente en la resolución de catorce de febrero de dos mil diecisiete, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 287/2017, promovido por Yolanda Ortiz Díaz, contra la interlocutoria de catorce de febrero del año en curso, que reclamó del Juez Primero de lo Familiar del distrito judicial de la Capital; por los motivos y fundamentos expuestos en el último considerando de esta sentencia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y A LA AUTORIDAD RESPONSABLE POR OFICIO. Así lo resolvió y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistida de la licenciada María Concepción García Jacobo, Secretaria que autoriza, hoy dieciocho de julio de dos mil diecisiete, que lo permitieron las labores del Juzgado. DOY FE.
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SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE TERCERO INTERESADA ANGEL ARTEAGA SALAS, LA SENTENCIA DE 18 DE JULIO DE 2017 DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCIOÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO."V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 287/2017; y, RESULTANDO: PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante escrito presentado el trece de marzo de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, Yolanda Ortiz Díaz demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridad que enseguida se describen: Autoridad responsable: Juez Primero del Ramo Familiar del Distrito Judicial de la Capital. Acto reclamado: Resolución incidental del catorce de febrero de dos mil diecisiete, dictada en el incidente de determinación de bienes afectos al régimen de sociedad conyugal derivado del juicio civil ordinario de divorcio necesario 845/2014, promovido por la ahora quejosa Yolanda Ortiz Díaz. Acto que, a su parecer, resulta violatorio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 4, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. La demanda de derechos de referencia se turnó para su conocimiento a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, cuya titular, en proveído de quince de marzo de dos mil diecisiete, la admitió a trámite, ordenó su registro bajo el expediente 287/2017, se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable, se dio la intervención legal que por derecho corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción, se ordenó el emplazamiento a la parte tercero interesada y se fijó hora y día para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se desahogó en los términos asentados en el acta que antecede y que forma parte integral de la presente resolución; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas tiene competencia legal para conocer y resolver del presente juicio, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, constitucionales; 1°, fracción I, 33, fracción IV, 107, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, en el Acuerdo General 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece; en virtud de que la resolución reclamada se atribuye a una autoridad judicial que reside en el Estado de Zacatecas, territorio en el que ejerce jurisdicción este juzgado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la materia de la litis efectivamente planteada en este juicio se concreta en el acto reclamado siguiente: Del Juez Primero del Ramo Familiar del Distrito Judicial de la Capital: La resolución incidental del catorce de febrero de dos mil diecisiete, dictada en el incidente de inventario y determinación de bienes afectos al régimen de sociedad conyugal, derivado del juicio civil ordinario de divorcio necesario 845/2014, promovido por la ahora quejosa Yolanda Ortiz Díaz contra Ángel Artiaga Salas, en la que se declaró que el único bien afecto a la sociedad conyugal es el inmueble ubicado en la calle El Camino, colonia Ojo de Agua de La Palma, municipio de Guadalupe, Zacatecas adquirido el cinco de diciembre de dos mil seis, por lo que para la división de ese bien común debía procederse conforme al artículo 411 del Código Procesal Civil de Zacatecas. Cobra aplicación la tesis de jurisprudencia P./J.40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32 del Tomo XI, correspondiente al mes de abril de dos mil, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." TERCERO. Certeza del acto reclamado. El Juez Primero del Ramo Familiar del Distrito Judicial de la Capital aceptó la existencia de la resolución reclamada, pues así lo manifestó en forma expresa en su informe con justificación (foja 29). Al respecto, tiene aplicación la jurisprudencia número 305, pronunciada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 206, del Tomo VI, Materia Común, Primera Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-1995, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Lo anterior, se corrobora con las constancias remitidas por la citada responsable en apoyo a su informe de ley, consistentes en dos legajos de copias certificadas relativos al juicio civil ordinario de divorcio necesario 845/2014 y al incidente de inventario y determinación de bienes afectos a la sociedad conyugal, derivado de aquél, del que se advierte que el catorce de febrero de dos mil diecisiete, se emitió la resolución combatida en esta instancia constitucional (fojas 67 a 70 del segundo de los legajos). Documentales a las que se otorga valor probatorio, de conformidad con los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo. Se cita como sustento, la jurisprudencia 226 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice de 1995, Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, tesis 226, página 153, que dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." En consecuencia, se encuentra acreditada la existencia del acto reclamado. CUARTO. Antecedentes del acto reclamado. Para mejor comprensión del asunto, es necesario relatar los antecedentes de la resolución combatida: 1. Mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes del Poder Judicial del Estado, el veintiocho de junio de dos mil dieciséis, remitido al Juez Primero del Ramo Familiar de la Capital, el día siguiente, Ángel Artiaga Salas, en ejecución de la sentencia de divorcio emitida en el proceso familiar ordinario 845/2014, promovió incidente de inventario y determinación de bienes afectos al régimen de sociedad conyugal contra Yolanda Ortiz Díaz (fojas 1 a 7 del legajo relativo a dicho incidente). 2. Por auto de siete de julio de dos mil dieciséis, se tuvo por promovido el incidente de mérito, el que se fundó en los artículos 484, 485 y 553 del Código de Procedimientos Civiles del Estado y se ordenó notificar a la demandada, ahora quejosa, para que en el término de tres días diera contestación a la demanda entablada en su contra (foja 9). 3. En proveído de veintiséis de septiembre de dos mil dieciséis, se tuvo a la aquí quejosa Yolanda Ortiz Díaz contestando la demanda incidental, de acuerdo a su escrito presentado el doce anterior, con el cual se ordenó dar vista al demandado incidentista para que en el término de tres días manifestara lo que a sus intereses legales conviniera; vista que se tuvo por evacuada el diez de octubre del año en cita (fojas19 a 31). 4. Una vez que se tuvieron por recibidas las pruebas ofrecidas por las partes, en proveído de uno de febrero del año en curso, se citó a las partes para sentencia interlocutoria en el aludido incidente, la que se emitió el catorce del mismo mes y año, en cuyo resolutivo segundo se determinó: "SEGUNDO. Se declara que el único bien afecto a la sociedad conyugal es el inmueble ubicado en calle El Camino, colonia Ojo de Agua de la palma de la ciudad de Guadalupe, Zacatecas que se adquirió el cinco de diciembre de dos mil seis (vid fojas 392-401 del principal), por lo que para la división de este bien común deberá procederse al tenor de lo normado por el artículo 411 del Código Procesal Civil de Zacatecas". La resolución anterior constituye la materia de la presente instancia constitucional. QUINTO. Procedencia del juicio de amparo. La procedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público y de estudio preferente previo a la materia del fondo del asunto, ya sea de oficio o por planteamiento de alguna de las partes, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo y con la jurisprudencia de rubro y texto siguiente: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." La suscrita juzgadora advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, dado que en contra del acto reclamado no se agotó el principio de definitividad, al no interponerse el recurso procedente. En efecto, el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." El enunciado normativo transcrito contiene el principio de definitividad que rige en los juicios de amparo. Éste establece que, previamente a la presentación de la demanda de amparo, la parte quejosa debe agotar o substanciar todos los medios ordinarios de defensa que tenga al alcance para modificar o revocar la resolución judicial que le causa perjuicio, pues, de lo contrario, la acción de control constitucional es improcedente. De lo anterior, se desprende que el juicio de amparo es un medio de defensa extraordinario, dado que únicamente es procedente una vez que se han agotado los recursos ordinarios a través de los cuales se puedan modificar, revocar o anular los actos reclamados. Por tanto, el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones recurribles. Es respaldo de lo considerado, la jurisprudencia I.6o.C. J/37, sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XV, Novena Época, mayo de dos mil dos, página novecientos dos, que dice: "AMPARO. PARA SU PROCEDENCIA ES OBLIGATORIO AGOTAR LOS RECURSOS O MEDIOS DE DEFENSA QUE LA LEY COMÚN ESTABLECE, EN ACATAMIENTO AL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD QUE RIGE EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. La procedencia del juicio constitucional, está condicionada a que si existe contra el acto de autoridad algún recurso o medio de defensa legal, éste debe ser agotado sin distinción alguna, por lo que es suficiente que la ley del acto los contenga para que estén a disposición del interesado y pueda ejercitarlos a su arbitrio, o en su defecto, le perjudique su omisión; de tal manera que no es optativo para el afectado cumplir o no con el principio de definitividad para la procedencia del amparo, por el hecho de que la ley del acto así lo contemple, sino obligatorio, en virtud de que el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo es terminante en que se agoten los medios legales establecidos, como requisito indispensable, para estar en posibilidad de acudir al juicio de garantías". Como excepciones al principio en comento, la fracción citada establece cuatro supuestos: 1. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 constitucional, así como la incorporación forzosa a las fuerzas armadas; 2. cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; 3. cuando el amparo sea solicitado por terceros extraños al juicio; y, 4. cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo. Ahora, el incidente de determinación de bienes afectos a la sociedad conyugal del que emana el acto reclamado, a que se hizo mención en el considerando que antecede, fue tramitado con fundamento, entre otros artículos, en el 484 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, que, en su párrafo primero, establece: "484. Los incidentes se tramitarán de acuerdo con el procedimiento que se establezca para cada uno de ellos. Cuando no tengan establecida una tramitación especial, se sujetarán al siguiente procedimiento; cualquiera que sea la clase del juicio: ." De donde se desprende que la autoridad responsable consideró que el incidente de que se trata, no tiene una regulación especial en el mencionado código adjetivo, sin embargo, debe regularse conforme a las disposiciones generales en materia de ejecución forzosa. Ello si se atiende a que el ordenamiento en cuestión está integrado, entre otros, por el título quinto, denominado "De la Ejecución Forzosa", del cual cabe destacar las disposiciones generales del capítulo I, que enseguida se mencionan: "Artículo 399. En la ejecución de las resoluciones judiciales se observarán las siguientes reglas generales: I. Se llevará a efecto en forma adecuada para que tengan pronto y debido cumplimiento; II. Se procurará no ocasionar al ejecutado molestias o gravámenes innecesarios, y que no se traspasen los límites de la resolución que se ejecuta; III. La ejecución únicamente afectará al deudor y su patrimonio, y no a terceras personas, cuyos bienes y derechos deben ser respetados al efectuarla; IV. Se procurará no originar trastornos a la economía social llevando a cabo la ejecución en forma tal, que permita conservar abiertas las fuentes de producción y de trabajo." "Artículo 408. Si la resolución cuya ejecución se pide no contiene cantidad líquida, para llevar adelante la ejecución debe previamente liquidarse conforme a las siguientes prevenciones: I. Si la resolución no contiene cantidad líquida, la parte a cuyo favor se pronunció, al promover la ejecución presentará su liquidación, de la cual se dará vista por tres días a la parte condenada. Si ésta no la objetare dentro del término fijado, se decretará la ejecución por la cantidad que importe, pero moderada prudentemente por el juez; mas si expresare su inconformidad, se dará vista de las razones que alegue a la parte promovente, por tres días, y de lo que replique, por otros tres al deudor. El juez fallará dentro de igual término lo que estime justo y la resolución no será recurrible;." "Artículo 411. Cuando la sentencia condena a dividir una cosa común y dé las bases para ello, se ejecutará de acuerdo con ellas. Cuando la sentencia no dé las bases, se convocará a los interesados a una junta, para que en la presencia judicial las determinen o designen un partidor y si no se pusieren de acuerdo en una u otra cosa, el juez las señalará, y si fueren menester conocimientos especiales, nombrará perito en la materia para que haga la partición otorgándole un término prudente para que presente el proyecto. Presentado el plan de partición, quedará en la Secretaría a la vista de los interesados por cinco días comunes para que formulen objeciones. De éstas se correrá traslado al partidor y demás interesados, y se substanciarán en la misma forma que los incidentes de liquidación de sentencia. El juez, al resolver, mandará hacer las adjudicaciones y extender los títulos respectivos, con una breve relación de los antecedentes del caso". "Artículo 419. Las resoluciones que se dicten en ejecuciones de sentencias sólo son recurribles en apelación o queja cuando la ley lo determine expresamente. El auto aprobatorio del remate será siempre apelable en el efecto suspensivo, si la sentencia definitiva fuere apelable. En los demás casos, las resoluciones no serán recurribles". Asimismo, la fracción II, del artículo 392 del mismo ordenamiento, es del tenor siguiente: "Artículo 392. El recurso de queja contra el juez es procedente: [.] II.- Respecto a las interlocutorias dictadas en la ejecución de sentencia;." De las anteriores disposiciones se advierte que el Código de Procedimientos Civiles para Estado de Zacatecas, contempla un título dedicado a la ejecución forzosa, donde se regula la ejecución de las resoluciones judiciales, señalando, en el numeral 411, que cita la responsable en el punto resolutivo segundo de la resolución reclamada, que cuando la sentencia condena a dividir una cosa común y no dé las bases para ello, se convocará a los interesados a una junta, para que en la presencia judicial las determinen o designen un partidor y si no se pusieren de acuerdo en una u otra cosa, el juez las señalará, y si fueren menester conocimientos especiales, nombrará perito en la materia para que haga la partición otorgándole un término prudente para que presente el proyecto y presentado el plan de partición, quedará en la Secretaría a la vista de los interesados por cinco días comunes para que formulen objeciones. De éstas se correrá traslado al partidor y demás interesados, y se substanciarán en la misma forma que los incidentes de liquidación de sentencia; substanciación ésta, que es con la que concluirá la ejecución de la sentencia de divorcio que se inició con el incidente del que emana el acto reclamado. Ahora bien, es cierto que la fracción I, del artículo 408 de código adjetivo en cuestión, establece que no será recurrible la resolución que se dicte para determinar la cantidad líquida a pagar en ejecución de sentencia, pero también lo es, que la diversa fracción II, del numeral 392 del mismo ordenamiento dispone que el recurso de queja contra el juez es procedente respecto a las interlocutorias dictadas en la ejecución de sentencia. En la especie, como ya se dijo, el acto reclamado se hizo consistir en la resolución incidental de catorce de febrero de dos mil diecisiete, dictada en el incidente de inventario y determinación de bienes afectos al régimen de sociedad conyugal, derivado del juicio civil ordinario de divorcio necesario 845/2014, promovido por la ahora quejosa Yolanda Ortiz Díaz contra Ángel Artiaga Salas, en la que, la responsable declaró que el único bien afecto a la sociedad conyugal es el inmueble ubicado en la calle El Camino, colonia Ojo de Agua de La Palma, municipio de Guadalupe, Zacatecas adquirido el cinco de diciembre de dos mil seis. Como se aprecia, no existe lugar a dudas de que la interlocutoria relativa aparece dictada en ejecución de sentencia, pues resolvió el incidente de inventario y determinación de bienes afectos al régimen de sociedad conyugal, en cumplimiento de la sentencia definitiva de divorcio que la ordenó, por lo que solamente falta la división de ese bien común referido en dicha resolución, la que se llevará a cabo conforme al artículo 411 del Código Procesal Civil de Zacatecas. Resulta aplicable la tesis sustentada por la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 109, Volumen CXXVIII, Cuarta Parte, Materia Civil, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, de rubro y texto siguientes: "SOCIEDAD CONYUGAL, LIQUIDACION DE LA, CON MOTIVO DE DIVORCIO. La liquidación de la sociedad legal o conyugal no es el objeto principal del juicio de divorcio, sino una consecuencia del mismo, así que las partes obviamente sólo se preocupan por probar sus respectivas pretensiones en orden a la disolución del vínculo matrimonial que los une (el cónyuge actor) o a la conservación del mismo (el cónyuge demandado), cuando no existe contrademanda. Por tanto, como la liquidación de la sociedad legal en un juicio de divorcio sólo se ordena si se declara disuelto el vínculo matrimonial de los cónyuges que la forman, es inconcuso que en la sentencia simplemente debe declararse terminada o disuelta la sociedad, dejando para un incidente de liquidación de la misma, los pormenores de la liquidación, sobre todo cuando durante la secuela del juicio se observó que existe controversia entre los cónyuges respecto de la existencia de los bienes comunes o pertenecientes al fondo social, y también respecto de su inclusión o exclusión en el acervo social." Por lo anterior, de acuerdo con el numeral 392, fracción II, en relación con el 419, de la legislación en cita, contra las interlocutorias dictadas en la ejecución de sentencia, procede el recurso de queja. Por tanto, la quejosa, al ser parte actora en el juicio principal y demandada en el incidente que concluyó con la interlocutoria reclamada, debió agotar el recurso de queja citado, previamente a la presentación demanda el amparo, de conformidad con el principio de definitividad que rige la materia. Sin que en el caso se esté ante alguna de las excepciones al principio de definitividad, por lo siguiente: La quejosa, al ser parte del juicio natural y como consecuencia en el incidente derivado del mismo, no es tercero extraña a éste. La resolución reclamada no importa riesgo de privación de la vida, deportación, destierro o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional. El acto reclamado no consiste en una orden de aprehensión o reaprehensión; auto de vinculación a proceso; resolución que niegue la libertad bajo caución o establezca los requisitos para su disfrute; resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos; orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal de la quejosa (salvo la sentencia definitiva en el proceso penal). La procedencia del recurso no se sujeta a interpretación adicional ni su fundamento es insuficiente para determinarla. No obsta a la anterior determinación la circunstancia de que, de las constancias que integran el cuadernillo relativo al incidente del que emana la interlocutoria de catorce de febrero del año en curso, que constituye el acto reclamado, se desprenda que la aquí quejosa interpuso recurso de apelación contra dicha resolución, ya que el mismo no le fue admitido por la autoridad responsable por no tratarse del recurso idóneo establecido por el Código de Procedimientos Civiles del Estado, por lo que no era posible que produjera efectos jurídicos tendientes a revocar, confirmar o modificar el acto de que se trata. Tiene aplicación al respecto, por las razones que la informan, la jurisprudencia número VI.3o.C. J/60, visible en la página 2365, Tomo XXII, Diciembre de 2005, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tribunales Colegiados de Circuito, que dice: "ACTOS CONSENTIDOS. SON LOS QUE NO SE IMPUGNAN MEDIANTE EL RECURSO IDÓNEO. Debe reputarse como consentido el acto que no se impugnó por el medio establecido por la ley, ya que si se hizo uso de otro no previsto por ella o si se hace una simple manifestación de inconformidad, tales actuaciones no producen efectos jurídicos tendientes a revocar, confirmar o modificar el acto reclamado en amparo, lo que significa consentimiento del mismo por falta de impugnación eficaz". En consecuencia, procede sobreseer en el juicio de amparo en que se actúa, respecto del acto reclamado consistente en la resolución de catorce de febrero de dos mil diecisiete, de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se resuelve: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo 287/2017, promovido por Yolanda Ortiz Díaz, contra la interlocutoria de catorce de febrero del año en curso, que reclamó del Juez Primero de lo Familiar del distrito judicial de la Capital; por los motivos y fundamentos expuestos en el último considerando de esta sentencia." SENTENCIA DE DIECIOCHO DE JULIO DE DOS MIL DIECISIETE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo.
- Principal
En diez de abril de dos mil diecisiete, el secretario da cuenta a la Juez, con un escrito con registro 4913.- Conste. Zacatecas, Zacatecas, diez de abril de dos mil diecisiete. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el tercero interesado Ángel Arteaga Salas, por propio derecho y, con fundamento en el artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, téngasele por apersonado; asimismo, como lo solicita, se tiene como autorizado en términos del artículo 12, de la Ley de Amparo, a los licenciados Humberto Sandoval Rubio (788865) y José Galván Herrera (2257665), toda vez que tienen registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de profesionales del Derecho, ante los Juzgados de Distrito como domicilio para oír y recibir notificaciones, el ubicado en callejón del moral número ciento seis, zona centro de esta ciudad. Por otra parte téngasele por hechas las manifestaciones que vierte en su escrito, sin perjuicio de hacer relación de nueva cuenta en el momento procesal oportuno. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Isaura Romero Mena, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante el licenciado Juan García Trejo, Secretario que autoriza y da fe. Vicky
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