Yolanda Orozco Melendrez
Expediente 1267/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de julio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1267/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 11/07/2023
Partes del expediente
- Yolanda Orozco Melendrez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Zapopan, Jalisco, once de julio de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, con apoyo en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 98 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la ley de la materia, en razón de que la parte promovente no recurrió en queja el acuerdo de veintiuno de junio de dos mil veintitrés, por medio del cual se tuvo por no presentada la demanda de amparo, se declara que el mismo ha causado estado. Orden de archivo. Háganse las anotaciones respectivas y archívese el presente expediente como asunto concluido. Orden de destrucción. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 20 fracción II del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, el presente expediente es susceptible de destrucción una vez que se cumplan tres años de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, debido a que se tuvo por no presentada la demanda de amparo. Oposición de datos personales. De autos se advierte que la parte quejosa no manifestó oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el precitado Acuerdo, que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Devolución de documentos. De conformidad con lo dispuesto por el referido Acuerdo General, hágase del conocimiento que en el presente expediente no existe documento alguno, en original, que devolver a las partes.
- Principal
Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan las presentes actuaciones, se observa que a la fecha en que se actúa no obra respuesta por parte del Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, respecto a la petición que se le realizo mediante comunicado 24308/2023, en torno a que si consideraba pertinente remitiera las actuaciones originales del juicio de amparo 276/2021 del índice de este Juzgado, por lo anterior, mediante atento oficio que al efecto de gire reitérese tal petición, lo anterior tomando en consideración que a la fecha ya fue resuelto el recurso de revisión 63/2023.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA AL TERCERO INTERESADO ****, LA SENTENCIA TERMINADA DE ENGROSAR EL VEINTIOCHO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, EN ATENCIÓN AL PROVEÍDO DE DIECINUEVE DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, LA RESOLUCIÓN A NOTIFICAR SEÑALA: V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 657/2021, promovido por ****, por derecho propio, contra los actos reclamados al Tribunal Superior Agrario del Distrito 16 en Guadalajara, Jalisco; Brigada de Ejecución adscrita a dicho tribunal; y, R E S U L T A N D O. PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el veintiocho de abril de dos mil veintiuno, mediante buzón judicial y posteriormente recolectado y turnado por la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, ****, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, por los actos y contra las autoridades siguientes: Autoridades responsables: Tribunal Unitario Agrario del Distrito 16, en Guadalajara, Jalisco. Brigada de Ejecución del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 16, en Guadalajara, Jalisco. Actos reclamados: Sentencia de cuatro de mayo de dos mil dieciséis, dictada en el expediente 765/16/2012 antes 262/2009, del índice de dicho tribunal, y todo lo actuado en el mismo. SEGUNDO. Trámite de la demanda de amparo. La demanda de amparo indirecto de que se trata fue turnada a este Juzgado, la cual se registró como expediente 657/2021, y mediante proveído de veinte de mayo de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo, se requirió a las autoridades responsables el informe justificado, se ordenó dar vista a la representante social de la adscripción y emplazar a la parte tercera interesada, se señaló hora y día para la celebración de la audiencia constitucional. La cual dio inicio en los términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente resolución. Y; C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales; 1º, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; así como los diversos 57, 60 y 61, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de la materia, se fijan de manera clara y precisa los actos reclamados, para lo cual se efectúa un análisis conjunto de la demanda de amparo y de las actuaciones en el presente expediente. En esas condiciones, lo reclamado en este juicio de amparo lo constituye: Lo actuado en el juicio agrario 765/16/2012 antes 262/2009, incluyendo la sentencia dictada el cuatro de mayo de dos mil dieciséis y su ejecución. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables pertenecientes al Tribunal Unitario Agrario 16 en Guadalajara, Jalisco, al rendir su respectivo informe justificado, señalaron que son ciertos los actos reclamados. Certeza que se corrobora con las copias certificadas del aludido juicio natural, que allegaron en apoyo a dicho informe, a las que se le concede valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, acorde a lo dispuesto por su artículo 2°. CUARTO. Incidente de falsedad de documento. Por ser una cuestión de previo y especial pronunciamiento, con fundamento en el artículo 122 de la Ley de Amparo, se procede a resolver en primer término el incidente de falsedad de documento, planteado por el ejido tercero interesado. Ahora, para abordar lo anterior, conviene tener presente que el artículo 122 de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 122.- Si al presentarse un documento por una de las partes otra de ellas lo objetare de falso en la audiencia constitucional, el órgano jurisdiccional la suspenderá para continuarla dentro de los diez días siguientes; en la reanudación de la audiencia se presentarán las pruebas relativas a la autenticidad del documento. En este caso, si se trata de las pruebas testimonial, pericial o de inspección judicial se estará a lo dispuesto por el artículo 119 de esta Ley, con excepción del plazo de ofrecimiento que será de tres días contados a partir del siguiente al de la fecha de suspensión de la audiencia." Del artículo antes transcrito, se aprecia que si al presentarse un documento por una de las partes, otra de ellas lo objetare de falso, el órgano jurisdiccional suspenderá la audiencia constitucional, para continuarla dentro de los diez días siguientes y que en dicha reanudación se acordará lo conducente respecto a las pruebas relativas a la autenticidad del documento objetado. En ese sentido, en audiencia constitucional de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, se admitió el incidente de falsedad propuesto por el tercero, mediante escrito de registro 12476 y se ordenó abrir a trámite el incidente de mérito, a fin de que las partes rindieran las pruebas y contrapruebas en relación con la autenticidad del documento consistente en la copia certificada del contrato privado de cesión de derechos ofrecido por el quejoso de fecha dieciséis de febrero de mil novecientos noventa y cuatro y este Juzgado Federal estuviera en aptitud de resolver lo conducente. El tercero interesado ofreció diversas pruebas, entre las que destacan, las documentales de informes en los términos siguientes: Consistente en el informe que habrá de rendir el licenciado SAMUEL FERNÁNDEZ ÁVILA, Notario Público número 15 de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, respecto de la firma que aparece estampada en la certificación de fecha dieciséis de febrero del dos mil diez y la diversa de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, así como deberá informar si los hologramas que se encuentran contenidos en ambas certificaciones corresponden a los folios otorgados a dicho Notario Público, además para que informe si ambas firmas provienen de su puño y letra y si reconoce haber certificado el documento fundatorio de la parte quejosa y si sobre dichos folios no tiene interpuesta alguna denuncia penal por robo o extravío, así como también señale el motivo por el cual no estampo el sello de autorizar en la certificación de fecha dieciséis de febrero de dos mil diez. La documental consistente en el informe que deberá rendir el Colegio de Notarios del Estado de Jalisco a efecto de que informe a este Juzgado los números de serie de los hologramas que le fueron entregados al Notario Público 15 de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, dentro del periodo comprendido de los años 2009 y 2010, especificando la fecha en que entregó cada serie al fedatario Público; que remita copia fotostática del documento en que conste que el Notario Público recibió los paquetes de los Hologramas referidos en el punto anterior y que indique la fecha en que entregó el Notario Público los hologramas descritos en la hoja dorsal del contrato de cesión de derechos descrito en puntos anteriores, así como que remita copia fotostática del documento en que conste que el Notario Público recibió los Hologramas referidos en el punto inmediato anterior. En desahogo de dichos medios de convicción, mediante oficio de registro 328, el Colegio de Notarios del Estado de Jalisco -en la parte que interesa-, manifestó que respecto a que dicho colegio indique la fecha en la que entregó al licenciado SAMUEL FERNÁNDEZ ÁVILA, Notario Público número 15 de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, los hologramas descritos en la hoja dorsal del contrato de cesión de derechos objetada por el ejido tercero interesado, precisó que se encontraban material y jurídicamente imposibilitados para atender dicho requerimiento, dado que no contaba con el número de holograma inserto en el propio documento. Situación por la cual, mediante proveído de seis de enero de dos mil veintitrés, le fue remitida copia simple del contrato de cesión de derechos objetado a fin de que diera cumplimiento a lo requerido por éste órgano federal. En atención a dicho requerimiento, el Colegio de Notarios del Estado de Jalisco, precisó que los hologramas que se encuentran adheridos en la hoja dorsal del contrato de cesión derechos se identificaron con la siguiente serie alfanumérica GH253515 y GH253516 los cuales fueron suministrados dentro de la dotación vendida y facturada al señor licenciado Samuel Fernández Ávila, Notario Público número 15 de San Pedro Tlaquepaque, Jalisco, con la factura 640 de fecha veintiséis de marzo de dos mil veintiuno, y al efecto remitió dicha factura. Asimismo, que por lo que corresponde a la imagen del holograma de la certificación que, al parecer, se habría realizado el dieciséis de febrero de dos mil diez, se encuentran imposibilitados a proporcionar la información, ya que el número de serie del holograma no es legible. Así las cosas, mediante proveído de dieciséis de enero de dos mil veintitrés, este órgano federal, requirió a la parte quejosa a efecto de que indicara el número de serie del holograma relativo a la certificación que se realizó sobre el documento objetado el dieciséis de febrero de dos mil diez. En desahogo de dicho requerimiento, la parte quejosa precisó que dicho número de serie era el CP00391283, por lo que con dicha información, mediante proveído de veintidós de marzo pasado, se ordenó dar vista al colegio referido a efecto de que desahogara el requerimiento formulado por este órgano federal. En acatamiento a lo anterior por auto de treinta de marzo de dos mil veintitrés, el colegio de notarios antes precisado, informó que el holograma indicado fue suministrado al notario referido hasta el veintiocho de enero de dos mil trece. Asimismo, por proveído de cuatro de abril de dos mil veintitrés, el notario público SAMUEL FERNÁNDEZ ÁVILA, manifestó lo siguiente: "(.) Ahora bien, las certificaciones que se me atribuyen de fechas 16 de febrero de 2010 y 23 de abril de 2021 que aparecen la primera de ellas al reverso del contrato de cesión de derechos del 16 de febrero del año 1994 celebrado entre los señores Ambrosio Romero S. y Demetrio Alejo Hernández y la segunda en hoja por separado, ambas certificaciones no corresponden al contrato de cesión indicado. Lo anterior es evidente, pues basta tener a la vista el contrato original de cesión de derechos señalado en párrafos precedentes, para advertir que, al reverso de la hoja en donde se encuentra plasmado dicho contrato, existen dos cesiones de derechos relativos al predio materia de la cesión, la primera la hizo el señor Demetrio Alejo Hernández en favor del señor Enrique Camacho de León y la segunda de este último al señor Edgar Alberto Camacho Rosa, cesiones que fueron canceladas por el propio cedente y los cesionarios. De la copia fotostática del contrato de cesión de derechos indicado de la cual me fue remitida para efectos del presente informe, no se advierte en modo alguno las dos notas de cancelación realizadas por los cedentes y cesionarios señores Demetrio Alejo Hernández, Enrique Camacho de León y Edgar Alberto Camacho Rosa. Por lo que ve al número del holograma CP00391283 que proporcionó el representante legal del quejoso y que afirma corresponde a la certificación de fecha 16 de febrero de 2010 que la hacen aparecer al reverso de la hoja tamaño carta en que se encuentra plasmado el contrato de cesión de derechos en cuestión, ese holograma no corresponde a la certificación indicada y mucho menos que se haya hecho uso del mismo en la fecha señalada, cuestión corroborada con el informe que me dio el Colegio de Notarios del Estado de Jalisco en contestación a la solicitud que le formule al respecto, de la cual se desprende que el holograma descrito me fue dotado a través de la factura de fecha 28 de enero de 2013, razón por la cual, es ostensible es que se trata de una burda alteración de documentos, ya que no es posible que el suscrito haya utilizado un holograma en una certificación que se dice, la realice tres años antes de que ocurriera el suministro del folio de referencia, lo cual no es dable en el espacio ni en el tiempo. Y, por lo que respecta a la certificación del 23 de abril de 2021 anexada igualmente al contrato de cesión tantas veces citado, debo informarle a este Tribunal que los hologramas GH253545 y GH253546 que aparecen en ella, éstos fueron sustraídos de mi notaría y no fueron utilizados jamás por el suscrito en ningún acto jurídico del cual hubiese dado fe del mismo. (.)" Ahora bien, con fundamento en el precepto legal citado al inicio de este considerando, este Juzgado, es legalmente competente para conocer y resolver del incidente de falsedad de documento planteado. Primeramente, se debe señalar que, por su naturaleza, el contrato de cesión de derechos puesto en duda, es un documento privado, y como tal, puede ser objetado de falso en cuanto a su autenticidad, mediante el incidente previsto en el artículo 122 de la ley de la materia, sin que suceda lo mismo en cuanto a su contenido, ya que en esta última hipótesis, lo que se pretenderá demostrar es la falsedad de las declaraciones hechas por el promovente del juicio. Expuesto lo anterior, para acreditar la falsedad del contrato de cesión de referencia, el tercero interesado ofreció como pruebas de su parte -en lo que interesa-, las documentales de informes a cargo del notario que realizó aparentemente la certificación del documento y del colegio de notarios antes precisado. De este modo se advierte que el incidente de falsedad de documentos previsto en el artículo 122 de la Ley de Amparo, tiene el propósito específico de dilucidar si un documento es falso, esto es, que no es auténtico. Ahora bien, en el caso debe precisarse que la litis en este incidente, como ya se dijo, radica en determinar si las certificaciones insertas en el contrato de cesión de derechos ofrecida como documento base del juicio de amparo por el quejoso son o no legítimas. Así, y toda vez que la parte quejosa no ofreció medio de prueba alguno a fin de acreditar la autenticidad de la documental cuestionada, como consecuencia se decreta la falsedad de las certificaciones que obran en el contrato de cesión de derechos ofrecida por el quejoso junto a la demanda de amparo. Lo anterior es así ya que la parte quejosa no logró desvirtuar el hecho de que el holograma aparentemente impuesto en la certificación de dieciséis de febrero de dos mil diez (CP00391283) fue suministrado al notario mencionado hasta el veintiocho de enero de dos mil trece, esto es, casi tres años después de que "supuestamente se certificó el documento". Además de que tampoco desvirtuó lo que el Notario indicó: Que las certificaciones no corresponden al contrato de cesión indicado. Que basta tener a la vista el contrato original de cesión de derechos señalado en párrafos precedentes, para advertir que, al reverso de la hoja en donde se encuentra plasmado dicho contrato, existen dos cesiones de derechos relativos al predio materia de la cesión, la primera la hizo el señor Demetrio Alejo Hernández en favor del señor Enrique Camacho de León y la segunda de este último al señor Edgar Alberto Camacho Rosa, cesiones que fueron canceladas por el propio cedente y los cesionarios. Y que de la copia fotostática del contrato de cesión de derechos indicado de la cual se le puso a la vista, no se advierte en modo alguno las dos notas de cancelación realizadas por los cedentes y cesionarios señores Demetrio Alejo Hernández, Enrique Camacho de León y Edgar Alberto Camacho Rosa. Que por lo que ve al número del holograma CP00391283 que proporcionó el representante legal del quejoso y que afirma corresponde a la certificación de fecha dieciséis de febrero de dos mil diez, ese holograma no corresponde a la certificación indicada y mucho menos que se haya hecho uso del mismo en la fecha señalada, cuestión corroborada con el informe del Colegio de Notarios del Estado de Jalisco en contestación a la solicitud que se le formuló al respecto, de la cual se desprende que el holograma descrito le fue ministrado a través de la factura de fecha veintiocho de enero de dos mil trece, por lo que se trata de una burda alteración de documentos, puesto que no es posible que se haya utilizado un holograma en una certificación que se dice que se realizó tres años antes de que ocurriera el suministro del folio de referencia, lo que no es dable en el espacio, ni en el tiempo. Que por lo que respecta a la certificación de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, anexada igualmente al contrato de cesión tantas veces citado, informó que los hologramas GH253545 y GH253546 que aparecen en ella, éstos fueron sustraídos de la notaría y no fueron utilizados jamás por dicho notario en ningún acto jurídico del cual hubiese dado fe del mismo. Por tanto es inconcuso que a la fecha de la primera certificación (dieciséis de febrero de dos mil diez) de acuerdo con la información proporcionada por el colegio de notarios citado y el propio notario, dicho holograma (CP00391283) no había sido suministrado al notario que aparentemente realizó la certificación del mismo. Asimismo, tampoco se acredita que la segunda certificación de veintitrés de abril de dos mil veintiuno, la haya realizado el notario referido, puesto que él mismo refirió que no la realizó, y que los documentos (certificación y contrato original), distan en cuanto a las cesiones de derechos contenidas en el reverso. Así como que los hologramas GH253545 y GH253546, fueron sustraídos de la notaría a la cual se encuentra adscrito, y que no fueron utilizados jamás en ningún acto jurídico del cual hubiese dado fe. De ahí que se le reste valor probatorio a dicho contrato de cesión de derechos analizado en cuanto a la autenticidad de las certificaciones plasmadas en él y por ende no resulta apto para acreditar la fecha cierta que pretende el quejoso en el presente sumario. Por virtud de lo anterior, el referido contrato de cesión de derechos objetado, no resulta idóneo para acreditar la fecha cierta de la protocolización del mismo, por tanto, no es susceptible de valoración probatoria para efectos de otorgar fecha cierta al documento con el cual se pretende demostrar la propiedad del predio que el quejoso ostenta. En virtud de lo anterior, se declara fundado el incidente de objeción de documentos que hizo valer el ejido tercero interesado. QUINTO. Causas de sobreseimiento. De oficio, este órgano de control constitucional advierte que en la especie se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 61, fracción XII, con relación al diverso 5°, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, al no contar el quejoso con interés jurídico para comparecer al juicio de amparo; es así que los artículos citados establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". De estas disposiciones se advierte, entre otras cosas, que el juicio de amparo indirecto únicamente lo puede promover la parte a quien perjudique el acto reclamado; a contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no produce afectación a la esfera jurídica de la parte quejosa. Sirve de apoyo a lo anterior, la siguiente tesis del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, con número de registro 175910, de rubro: "JUEZ DE DISTRITO. PUEDE INVOCAR PRECEPTOS LEGALES A CONTRARIO SENSU, PARA APOYAR SUS RESOLUCIONES." Cabe destacar que la disposición legal en estudio establece uno de los principios fundamentales del juicio de garantías, el cual consiste en la posibilidad de que la parte quejosa acuda al juicio de amparo cuando sea titular de un derecho que sea transgredido por un acto de autoridad, esto es, que se haya afectado su esfera jurídica de derechos y acuda en su defensa. Efectivamente, el juicio de amparo sólo puede ser seguido a instancia de parte agraviada, lo cual implica que únicamente quien tiene un interés jurídico tutelado, cuenta con legitimación, procesal y sustantiva, para promover y obtener la protección constitucional. En ese contexto, el primer presupuesto para la procedencia del juicio está determinado por la legitimación procesal del accionante del amparo, la cual le confiere, a su vez, la posibilidad de acreditar un interés jurídico sustantivo que, de resultar afectado con el acto autoritario u omisión, que en su caso reclame, es necesario acreditar que dicha conducta afecte su esfera de derechos subjetivos públicos. Luego, para demostrar la afectación al interés jurídico en el amparo, se requiere acreditar a través de los medios de prueba ordinarios reconocidos por la ley, cuando menos, la existencia de los siguientes elementos: un derecho legítimo del quejoso sobre el bien tutelado; la precisión indudable de ese derecho (legitimación); y la afectación del citado derecho, a través de un acto autoritario (principio de agravio personal y directo). Cabe citar al respecto la tesis siguiente: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 220965 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materias(s): Común Tesis: VI. 3o. J/26 Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo VIII, Diciembre de 1991, página 117 Tipo: Jurisprudencia INTERES JURIDICO EN EL AMPARO. SU CONCEPTO. De acuerdo con el artículo 4o. de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien resiente un perjuicio con motivo de un acto de autoridad o por la ley. Por lo tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculte a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional demandando el cese de esa violación. Ese derecho protegido por el ordenamiento legal objetivo es lo que constituye el interés jurídico, que la Ley de Amparo toma en cuenta, para la procedencia del juicio de garantías." Ahora bien, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimó que el perjuicio es la base para promover el juicio de amparo, así se desprende de la tesis siguiente: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 237233 Instancia: Segunda Sala Séptima Época Materias(s): Común Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 205-216, Tercera Parte, página 127 Tipo: Aislada PERJUICIO, BASE DEL AMPARO. No debe confundirse el que el acto reclamado no viole garantías individuales cuando esté ajustado a la ley y que, por lo mismo, deba negarse el amparo, con la falta de perjuicio jurídico, porque dicho perjuicio puede causarse en obedecimiento a la aplicación de algún precepto legal que restrinja los derechos que crea tener el interesado, y, consiguientemente, si es cierto el acto reclamado y queda demostrado que se afectan los intereses del que ocurre al juicio de garantías, no debe sobreseerse en él por improcedencia." Lo anterior significa, que el juicio de amparo sólo podrá promoverse cuando el acto reclamado cause un perjuicio real y definitivo, a la persona física o moral que se estime directamente afectada, y de no ser así, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII, en relación con el 5°, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. En consecuencia, se puntualiza que el interés jurídico reviste tal importancia en el juicio de amparo, que debe quedar fehacientemente acreditado y no inferirse de simples deducciones, tal como lo advierte la jurisprudencia que indica: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 206338 Instancia: Segunda Sala Octava Época Materias(s): Común Tesis: 2a./J. 16/94 Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 82, Octubre de 1994, página 17 Tipo: Jurisprudencia INTERES JURIDICO, AFECTACION DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE. En el juicio de amparo, la afectación del interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones." No está por demás señalar, que en el presente caso no resulta aplicable examinar si ante la falta de demostración del interés jurídico, se presenta un interés legítimo que haga procedente el amparo indirecto, pues esta figura jurídica se entiende como el interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor de los quejosos derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Sin embargo, no es posible verificar su actualización en el caso concreto porque por disposición expresa del último párrafo de la fracción I, del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratándose de actos o resoluciones que provengan de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso debe aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, es decir, forzosamente tiene que contar con un interés jurídico comprobable. De tal manera, si los actos reclamados en este juicio provienen de una autoridad materialmente jurisdiccional, como es el Tribunal Unitario Agrario Distrito 16 con sede en Guadalajara, Jalisco, para que proceda el juicio de amparo, la parte quejosa debe demostrar que tiene un interés jurídico y no legítimo, esto dada la naturaleza jurisdiccional de los actos reclamados. Sirve de apoyo la jurisprudencia: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 2007921 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común Tesis: P./J. 50/2014 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 60 Tipo: Jurisprudencia INTERÉS LEGÍTIMO. CONTENIDO Y ALCANCE PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS). A consideración de este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el párrafo primero de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que tratándose de la procedencia del amparo indirecto -en los supuestos en que no se combatan actos o resoluciones de tribunales-, quien comparezca a un juicio deberá ubicarse en alguno de los siguientes dos supuestos: (I) ser titular de un derecho subjetivo, es decir, alegar una afectación inmediata y directa en la esfera jurídica, producida en virtud de tal titularidad; o (II) en caso de que no se cuente con tal interés, la Constitución ahora establece la posibilidad de solamente aducir un interés legítimo, que será suficiente para comparecer en el juicio. Dicho interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. En consecuencia, para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación en cierta esfera jurídica -no exclusivamente en una cuestión patrimonial-, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Como puede advertirse, el interés legítimo consiste en una categoría diferenciada y más amplia que el interés jurídico, pero tampoco se trata del interés genérico de la sociedad como ocurre con el interés simple, esto es, no se trata de la generalización de una acción popular, sino del acceso a los tribunales competentes ante posibles lesiones jurídicas a intereses jurídicamente relevantes y, por ende, protegidos. En esta lógica, mediante el interés legítimo, el demandante se encuentra en una situación jurídica identificable, surgida por una relación específica con el objeto de la pretensión que aduce, ya sea por una circunstancia personal o por una regulación sectorial o grupal, por lo que si bien en una situación jurídica concreta pueden concurrir el interés colectivo o difuso y el interés legítimo, lo cierto es que tal asociación no es absoluta e indefectible; pues es factible que un juzgador se encuentre con un caso en el cual exista un interés legítimo individual en virtud de que, la afectación o posición especial frente al ordenamiento jurídico, sea una situación no sólo compartida por un grupo formalmente identificable, sino que redunde también en una persona determinada que no pertenezca a dicho grupo. Incluso, podría darse el supuesto de que la afectación redunde de forma exclusiva en la esfera jurídica de una persona determinada, en razón de sus circunstancias específicas. En suma, debido a su configuración normativa, la categorización de todas las posibles situaciones y supuestos del interés legítimo, deberá ser producto de la labor cotidiana de los diversos juzgadores de amparo al aplicar dicha figura jurídica, ello a la luz de los lineamientos emitidos por esta Suprema Corte, debiendo interpretarse acorde a la naturaleza y funciones del juicio de amparo, esto es, buscando la mayor protección de los derechos fundamentales de las personas." En el caso, la parte quejosa comparece al presente sumario ostentándose como tercera extraña en estricto sentido al juicio agrario 765/16/2012 antes 262/2009, del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 16 con sede en Guadalajara, Jalisco, arguyendo que en dicho sumario se emitió una determinación el cuatro de mayo de dos mil dieciséis, que afecta el inmueble de su propiedad y posesión, consistente en la parcela de aproximadamente 600 metros cuadrados que se localiza dentro de la parcela 130 del ejido Zapopan, del municipio de Zapopan, Jalisco. Precisado lo anterior, es importante establecer que para efectos del juicio de amparo existen dos tipos de terceros extraños, esto es, en estricto sentido y por equiparación. En ese orden, el tercero extraño a juicio en estricto sentido - supuesto en el que se encuentra el quejoso-, es la persona física o moral que no figura en el juicio o en el procedimiento (del que emana el acto reclamado) como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oído en su defensa, por desconocer totalmente las actuaciones relativas. Mientras que el tercero extraño a juicio por equiparación, es la persona que promueve juicio de amparo por no haber sido emplazada al juicio en el que debió ser parte, o en virtud de que fue citada al mismo en forma distinta de la prevenida en la ley, lo que ocasiona el desconocimiento total del juicio. Así, dicho tercero es el sujeto que, formando parte de la controversia de la que emana el acto reclamado, por ser el demandado, no fue llamado a juicio al no haber sido legalmente emplazado, y, por tal motivo, no se apersonó de modo alguno al mismo. Apoya al tema la tesis jurisprudencial: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 177771 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Común Tesis: VII.2o.C. J/21 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, Julio de 2005, página 1305 Tipo: Jurisprudencia TERCERO EXTRAÑO STRICTO SENSU Y POR EQUIPARACIÓN. EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO. La persona extraña a juicio, propiamente dicha, es aquella persona, moral o física, distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, o sea, dicha idea de "persona extraña" es opuesta a la de "parte" procesal; existe otra figura que jurisprudencialmente ha sido equiparada a la persona extraña, que viene a ser el sujeto que, formando parte de la controversia, por ser el demandado, no fue llamado a juicio al no haber sido legalmente emplazado para contestar la demanda y, por tal motivo, no se apersonó de modo alguno al mismo. Así se dan dos supuestos de persona extraña a juicio: el propiamente dicho o stricto sensu y el equiparado, presentándose en cada uno de éstos, diversas particularidades que los distinguen: entre ellas los efectos que se producen de concederse el amparo, como enseguida se pasa a enunciar. Cuando se trata del tercero extraño stricto sensu, como su posición es la de ser una persona distinta de los sujetos de la controversia que en él se ventila, los efectos del amparo no son el que se le llame a juicio de origen de la controversia natural, pues no es parte, sino el de reintegrarla en sus derechos afectados que lo son los bienes que están en litigio, pero sin que eso implique que en el juicio natural se deba declarar la nulidad de todo lo actuado para ser emplazado. En cambio, cuando se trata del tercero extraño por equiparación, como su condición resulta la de aquella persona que debiendo ser sujeto de la relación procesal, por ser demandado no fue llamado a juicio, los efectos del amparo serían los de declarar la nulidad del juicio desde el momento del emplazamiento hasta su última actuación." Ahora bien, es necesario hacer una breve relación de los antecedentes que informan este juicio de amparo, lo cual se recaba de las actuaciones del presente juicio de amparo, así como del diverso 765/16/2012 antes 262/2009, del índice del diverso Tribunal Agrario del Distrito 16. Que el cuatro de mayo de dos mil dieciséis, el Tribunal Unitario Agrario del Distrito 16 en Guadalajara, Jalisco, dictó sentencia definitiva en el juicio agrario 765/16/2012 antes 262/2009, en el cual -en la parte que interesa-, determinó que la parte actora en dicho juicio Comisariado Ejidal del poblado denominado Zapopan, municipio de su mismo nombre, Jalisco, acreditaron los elementos constitutivos de su pretensión, relativos a la restitución de tierras de una superficie 5-08-78.46 hectáreas, en contra de JOSÉ RAFAEL RAMÍREZ ASCENCIO y se condenó al demandado en lo principal JOSÉ RAFAEL RAMIREZ ASCENCIO, para que proceda a entregar y desocupar la superficie de 5-08-78.46 hectáreas, atento a las consideraciones vertido en la parte considerativa de la sentencia. El veintiocho de enero de dos mil diecinueve, causó ejecutoria la sentencia antes precisada. Mediante proveído de trece de junio de dos mil diecinueve, se requirió a la parte demandada José Rafael Ramírez Ascencio, a efecto de que dentro del término de diez días diera cumplimiento voluntario a la ejecutoria, asimismo, se requirió al Registro Agrario nacional en el Estado de Jalisco, procediera a cancelar el certificado que hubiere expedido a favor del demandado antes citado sobre la superficie de 5-08-78.46 hectáreas, y en vía de consecuencia, emitiera un nuevo certificado a favor del ejido aquí tercero interesado. Mediante proveído de diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, se ordenó la ejecución forzosa de la sentencia. El veinticuatro de octubre de dos mil diecinueve, se llevó a cabo la audiencia de ejecución de sentencia, en la cual se asentó que a efecto de delimitar la superficie motivo de la ejecución, se requeria el dictamen pericial del ingeniero ahí específicado. De lo anterior, como se anticipó, se llega a la conclusión que el quejoso no figuró como parte en el juicio de origen, toda vez que el mismo fue promovido por el ejido tercero interesado en contra de José Rafael Ramírez Ascencio. No obstante, si bien la parte quejosa se ostenta tercero extraño en estricto sentido al juicio natural, del análisis de las constancias antes destacadas, también se evidencia que la falta de intervención en el juicio agrario 765/16/2012 antes 262/2009 del índice del Tribunal Unitario Agrario Distrito 16 con sede en Guadalajara, Jalisco, no afecta su interés jurídico, pues para que ello ocurra es indispensable que se encuentre demostrado de manera fehaciente su interés derivado del derecho de propiedad y posesión que dicen tener sobre la parcela materia de la controversia. En ese orden, para demostrar su interés jurídico -en lo que interesa-, el quejoso ofreció como medios de convicción los siguientes: Copia simple de la credencial de elector a nombre del quejoso. Copia certificada del contrato de cesión de derechos de dieciséis de febrero de mil novecientos noventa y cuatro. Acta de defunción de veintidós de agosto de dos mil veinte respecto de Ambrosio Romero Sánchez. Copia simple de la sentencia reclamada. Testimonial ofrecida por el quejoso. Prueba pericial en topografía y de inspección judicial asistida de peritos ofrecidas por el quejoso. No obstante lo anterior, los aludidos medios de prueba no son aptos para acreditar el interés jurídico del quejoso. Ello es así, derivado de lo siguiente: Respecto a la documental precisada en el punto uno, la misma únicamente acreditaría indiciariamente la expedición del documento respecto de la identidad del quejoso. Respecto de la documental identificada en el punto dos, relativa a la copia certificada del contrato privado de cesión de derechos ofrecido por el quejoso, celebrado al parecer el dieciséis de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, del considerando cuarto de esta sentencia, se advierte que le fue restado valor probatorio a la misma, al declararse fundado el incidente de objeción de documentos, respecto a la fecha cierta contenida en la primera certificación de dieciséis de febrero de dos mil diez, así como de la diversa de veintitrés de abril de dos mil veintitrés, por lo que dicha documental carece de fecha cierta y no es apta para justificar el interés jurídico de la parte quejosa. Sin que pase desapercibido para esta juzgadora, el hecho de que el propio quejoso, una vez celebrada la audiencia constitucional, remitió -a requerimiento de este juzgado federal-, el original del contrato de cesión de derechos a que estas certificaciones aparentemente corresponde, sin embargo, la misma no es suficiente para acreditar el interés jurídico de la parte quejosa, por lo siguiente: Primeramente debe decirse que el quejoso acude al juicio de amparo en su carácter de tercero extraño a juicio, dado que no fue parte en el juicio agrario de origen en el cual se ordenó la restitución de la parcela señalada al ejido tercero interesado; por lo que resulta indispensable que -como se dijo-, acredite fehacientemente el interés jurídico por el cual dice tener el derecho de propiedad sobre la parcela que por esta vía defiende, pues ese es el supuesto básico en que descansa su reclamación. Esto es, debe probar que cuenta con un título jurídico como causa generadora de la propiedad; lo que, en la especie, no aconteció, Orienta lo sostenido, por analogía, el criterio siguiente: "Novena Época Registro: 171148 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XXVI, Octubre de 2007, Materia(s): Civil Tesis: VI.2o.C.570 C Página: 3201 INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO PROMOVIDO POR TERCERO EXTRAÑO. CUANDO SE RECLAMA EL EMBARGO, REMATE, ADJUDICACIÓN O DESPOSESIÓN ORDENADOS EN UN JUICIO RESPECTO DE UN INMUEBLE ES INDISPENSABLE QUE AQUÉL DEMUESTRE QUE DICHO BIEN ES DE SU PROPIEDAD Y QUE ÉSTE ES EL QUE RESULTÓ AFECTADO. El artículo 4o. de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías sólo puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama. Por tanto, es presupuesto indispensable para la procedencia de la acción constitucional que el acto o ley reclamados causen perjuicio o afecten la esfera jurídica del quejoso; de ahí que si éste, ostentándose como tercero extraño, reclama el embargo, remate, adjudicación o desposesión de un bien inmueble afectado en un procedimiento, el cual alega es de su propiedad, resulta indispensable para justificar esa afectación o perjuicio que el impetrante demuestre que dicho inmueble efectivamente es de su propiedad y que éste es el mismo que resultó afectado como consecuencia del procedimiento natural al que dice ser extraño, pues sólo de esta manera se justifica su interés jurídico para ser oído en defensa de sus derechos." Sentado lo anterior, es decir, que la acción constitucional tiene como presupuesto la comprobación plena del derecho de propiedad que dice el quejoso le asiste, así como la identidad material; lo que sigue es determinar si ésto se acreditó o no, pues de lo contrario, la consecuencia necesariamente deberá ser que carece de interés jurídico para acudir en demanda de amparo. Ahora bien, respecto a la documental consistente en el contrato original de cesión de derechos ofrecido por el quejoso, celebrado al parecer el dieciséis de febrero de mil novecientos noventa y cuatro, es ineficaz para justificar la procedencia del juicio de amparo, porque aún y cuando tiene valor probatorio conforme a los artículos 133 y 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, es ineficaz, porque la fecha cierta de dicho contrato, aconteció hasta el veintiuno de agosto de dos mil veinte, con la muerte del cedente, lo cual se demuestra con la documental identificada en el numeral tres de esta sentencia, por lo que dicha fecha cierta es posterior a la emisión de la sentencia del juicio agrario de restitución de origen, lo cual aconteció el cuatro de mayo de dos mil dieciséis, por lo que no adquiere eficacia probatoria plena, ya que esa circunstancia imposibilita determinar, objetiva y razonablemente, que con antelación al origen de los actos reprochados, la parte quejosa tuviera el derecho de propiedad que aduce tener, respecto de la parcela que defiende en este amparo. En efecto, la fecha cierta es un elemento objetivo y necesario para establecer si la data estampada en un documento privado, es en realidad acorde al momento en que se plasmó, pues con ella se elimina la sospecha de que el instrumento en cuestión tenga una fecha falsa, esto es, anterior o posterior a la en que verdaderamente se suscribió, lo que resulta indispensable a efecto de que un documento privado surta efectos frente a terceros, ya que al ser elaborado por particulares, subsiste la posibilidad de que la información contenida en ellos sea manipulada. De ahí que, la fecha cierta acontece bajo alguno de los tres supuestos siguientes: Desde el momento en que el documento se incorpore o inscriba en un registro público. Se presente ante un funcionario por razón de su oficio. Con la muerte de las personas que lo hubieran firmado. Pues en caso contrario no se le puede dar ningún valor jurídico en contra de terceros, cuestión que ciertamente debe analizarse en el juicio de amparo para evitar su uso con fines desleales. Siendo que en el caso en concreto, el documento adquirió fecha cierta con la muerte del cedente de dicho contrato. Cobra aplicación, la tesis de jurisprudencia 237, de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: 'DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS. Solamente puede considerarse que los documentos privados tienen fecha cierta cuando han sido presentados a un registro público, o ante un funcionario en razón de su oficio, o a partir de la fecha de la muerte de cualquiera de sus firmantes. Luego, como se dijo, para acreditar el interés jurídico en el juicio de amparo, es indispensable que la fecha cierta del documento que se presenta para demostrar el acto jurídico del que emana el derecho sustantivo defendido por la parte quejosa, sea anterior a la del acto reclamado, lo que debe demostrarse plenamente y no sólo de forma presuntiva, ya que no basta con demostrar la existencia de un derecho real, como en la especie ocurre, derivado de un acto contenido en un documento privado, sino que además se acredite que esa prerrogativa existió con anterioridad al acto reclamado. Así lo determinó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 149/2009, en la que se pronunció respecto a la eficacia del documento certificado por Notario Público, para la acreditación del interés jurídico, bajo las consideraciones que enseguida se transcriben: '[.] Para la resolución de dicha temática, conviene precisar, en primer lugar, que para que pueda afirmarse que quien promueve un juicio de amparo tiene interés jurídico, debe demostrarse la existencia de un derecho subjetivo en favor de la quejosa, anterior al acto reclamado, así como la afectación de ese derecho por parte de la autoridad a través del propio acto reclamado [.] Interesa para efectos de lo que es materia de la presente contradicción, sobre todo, que para demostrar el interés jurídico debe acreditarse la existencia del derecho que se estima conculcado, con anterioridad al acto de autoridad reclamado en el juicio de amparo. --- Es desde esta perspectiva que debe analizarse el valor probatorio que puede tener un documento privado. [.] Sin embargo, el concepto de fecha cierta tratándose de documentos privados resulta útil en el ámbito de la acreditación del interés jurídico necesario para la procedencia del juicio de amparo, porque con el mismo se consigue como objetivo, que en el juicio de amparo se demuestre no solamente la existencia de un derecho (en su caso, un derecho real como la propiedad), derivado de un acto contenido en un documento privado, sino que además se demuestre que dicho derecho existió con anterioridad al acto reclamado. [.] Por tanto, mediante la copia certificada de un documento emitido en estos términos por un notario público, deberá considerarse demostrado que el documento existió en la fecha en que el notario lo tuvo a la vista, y si dicha fecha es anterior al acto reclamado, la copia certificada es un documento de fecha cierta para efectos de la demostración del interés jurídico en el juicio de amparo; [.]' (El destacado es propio). De la referida contradicción surgió la tesis de jurisprudencia 1a./J. 21/2010, emitida por la Primera Sala, que lleva por rubro y texto: "DOCUMENTO PRIVADO QUE CONTIENE UN ACTO JURÍDICO TRASLATIVO DE DOMINIO. SU COPIA CERTIFICADA POR UN FEDATARIO PÚBLICO DEBE CONSIDERARSE DE FECHA CIERTA Y, POR ENDE, SUFICIENTE PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. Si bien es cierto que conforme al artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados hacen prueba plena de los hechos mencionados en ellos, que pueden consistir, por ejemplo, en la celebración de un acto jurídico válido de traslación de dominio, también lo es que ello no es suficiente para tener por acreditado el interés jurídico en el juicio de amparo, acorde con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues aquéllos además deben ser de fecha cierta, lo cual acontece desde el día en que se incorporan o inscriben en un Registro Público, desde la muerte de cualquiera de sus firmantes o desde la fecha en que son presentados ante algún funcionario público, por razón de su oficio. Por tanto, si el documento privado que contiene un acto jurídico traslativo de dominio es presentado ante un notario público, y en uso de sus funciones emite copia certificada de éste, constatando que en cierta fecha tuvo a la vista el documento para su compulsa, dicha copia certificada es un documento de fecha cierta, pues no deja duda de que el documento existía al momento en que el notario lo tuvo a la vista, de manera que si dicha fecha es anterior al acto reclamado, la copia certificada puede demostrar el interés jurídico de quien la presenta, siempre y cuando se acredite la afectación al derecho real de propiedad hecho valer, y sin perjuicio de que el tribunal de amparo, valorando el documento con las reglas de las documentales privadas, pueda determinar si en éste se contiene o no un acto jurídico válido y eficaz que produzca como consecuencia la creación o traslación del derecho subjetivo que el quejoso señala como transgredido por el acto reclamado a la autoridad responsable". De ese modo, dicha documental es insuficiente para los fines pretendidos por el peticionario de amparo, puesto que el mismo adquirió fecha cierta con posterioridad a la emisión de la sentencia del juicio agrario de origen. De ahí que resulte ineficaz. Cobra aplicación la tesis siguiente: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 167466 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Civil Tesis: VI.2o.C. J/308 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIX, Abril de 2009, página 1787 Tipo: Jurisprudencia INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. EL DOCUMENTO PRIVADO DE FECHA INCIERTA ES INSUFICIENTE PARA DEMOSTRARLO. Si quien se queja en el amparo indirecto de haber sido afectado en sus derechos de propiedad y posesión de un bien inmueble, y exhibe un contrato privado de compraventa, con tal documento no puede tenerse por demostrado, de manera fehaciente, su interés jurídico pues, para que ello ocurra, resulta necesario que el referido título sea de fecha cierta, lo que acontece a partir del día en que un documento de tal naturaleza se inscribe en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio correspondiente, desde la muerte de cualquiera de los firmantes, o bien desde la fecha en que el documento se entrega a un funcionario público por razón de su oficio pues, en caso contrario, tal documento sólo produce efectos jurídicos entre las partes que originalmente intervinieron en la operación contractual, mas no frente a terceros, dado que la circunstancia de no tener fecha cierta, imposibilita determinar si el embargo y su inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de que se duele el quejoso, fueron actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso. Y ello es así por resultar claro, que la fuerza convictiva de un título privado, que contiene un acto traslativo de dominio no abarca la fecha en que aparezca realizada la enajenación cuando éste es de fecha incierta, por no reunir ninguno de los apuntados requisitos." Respecto de la documental identificada en el numeral tres, consistente en el acta de defunción exhibida, la misma únicamente acredita la fecha del deceso de la persona mencionada la cual aconteció el veintidós de agosto de dos mil veinte y la misma ha sido valorada de manera adminiculada con la documental dos de esta sentencia. Respecto de las documentales precisadas en el punto cuatro, consistentes en las copias simples de la sentencia reclamada, únicamente justifican indiciariamente la existencia del acto reclamado. Sin embargo, aún y cuando se tienen las actuaciones originales del referido juicio, entre las que se encuentra la sentencia referida, la misma no es apta para demostrar el interés jurídico del quejoso, puesto que en dicha sentencia no es parte procesal el aquí quejoso. Respecto a la testimonial ofrecida por la parte quejosa, relatada en el punto cinco, llevada a cabo en la audiencia constitucional de veintiocho de noviembre de dos mil veintidós, la misma es insuficiente para acreditar el interés jurídico de la parte quejosa, por lo siguiente: Las declaraciones de los testigos Juan Manuel Contreras Martínez y Fernando Castillo Landeros, para demostrar la posesión jurídica de la parcela en controversia, como se dijo, son insuficientes para probar el interés jurídico requerido, por los motivos siguientes. El artículo 215 del Código Federal de Procedimientos Civiles, dispone: "Artículo 215. El valor de la prueba testimonial quedará al prudente arbitrio del tribunal, quien, para apreciarla, tendrá en consideración: I. Que los testigos convengan en lo esencial del acto que refieran, aun cuando difieran en los accidentes; II. Que declaren haber oído pronunciar las palabras, presenciado el acto o visto el hecho material sobre que dispongan; III. Que, por su edad, capacidad o instrucción, tengan el criterio necesario para juzgar el acto; IV. Que, por su probidad, por la independencia de su posición o por sus antecedentes personales, tengan completa imparcialidad; V. Que por sí mismos conozcan los hechos sobre que declaren y no por inducciones ni referencias de otras personas; VI. Que la declaración sea clara, precisa, sin dudas ni reticencias sobre la substancia del hecho y sus circunstancias esenciales; VII. Que no hayan sido obligados por fuerza o miedo, ni impulsados por engaño, error o soborno, y VIII. Que den fundada razón de su dicho." Del contenido del precepto transcrito se desprenden los requisitos que debe satisfacer el dicho de un testigo que declare en un juicio para que se le pueda otorgar valor probatorio pleno. Ahora bien, los atestes depusieron al tenor del interrogatorio y ampliación del mismo siguientes: En el caso, el ateste Juan Manuel Contreras Martínez contestó lo que sigue: "1.- ¿Conoce usted al señor Demetrio Alejo Hernández? Respuesta: Si. 2.- ¿Desde cuándo conoce al señor Demetrio Alejo Hernández? Respuesta: Tengo como trece años conociéndolo. 3.- ¿Sabe usted si el Tribunal Agrario del Distrito 16, le ha intentado quitar el terreno y casa en el construida sobre el mismo, al señor Demetrio Alejo Hernández? Respuesta: Si. 4.- ¿Por qué consta a usted, que el Tribunal Agrario del Distrito 16, le ha intentado quitar un terreno y casa en el construida sobre el mismo, al señor Demetrio Alejo Hernández? Respuesta: Yo iba pasando por ahí cuando vi a los estatales y una camioneta de la Procuraduría, y como es amigo y vecino de ahí, pues me arrime a ver lo que pasaba porque lo quería desalojar. 5.- ¿Conoce usted, las razones o los motivos por los cuales el Tribunal Agrario del Distrito 16, le quiere quitar un terreno y casa en el construida sobre el mismo, al señor Demetrio Alejo Hernández? Respuesta: Pues sí que llevaban un juicio ahí y lo quería desalojar. 6.- ¿Usted conoce el terreno y casa en el construida sobre el mismo, que le quiso quitar el Tribunal Agrario del Distrito 16, al señor Demetrio Alejo Hernández? Respuesta: Sí. 7.- En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa. Que el testigo describa las construcciones. Respuesta: Tiene una casita se ven como dos cuartitos, una cocinita y un tejaban enfrente como para poner animales. 8.- En caso de que la respuesta a la interrogante 6, sea afirmativa. Que el testigo describa el destino o uso que se le da al terreno. Respuesta: Casa habitación. 9.- En caso de que la respuesta a la interrogante 6, sea afirmativa. Que el testigo describa si el terreno cuenta con el servicio de energía eléctrica. Respuesta: Si tiene luz. 10. En caso de que la respuesta a la interrogante 6, sea afirmativa. Que el testigo describa si el terreno cuenta con el servicio de agua potable.Respuesta: también tienen agua, eh llegado a pedirle agua. 11. En caso de que la respuesta a la interrogante 6, sea afirmativa. Que el testigo describa si el terreno cuenta con el servicio de drenaje.Respuesta: Yo digo que si porque hay baño, pienso que si hay servicio. 12. En caso de que la respuesta a la interrogante 6, sea afirmativa. Que el testigo describa la ubicación del terreno.Respuesta: Está al poniente un parque a un lado, al norte un arroyito, al sur calle de entrada y al oeste unas casas en construcción. 13. En caso de que la respuesta a la interrogante 6, sea afirmativa. Que el testigo describa las colindancias del terreno. Respuesta: Está al poniente un parque a un lado, al norte un arroyito, al sur calle de entrada y al oeste unas casas en construcción. 14. En caso de que la respuesta a la interrogante 6, sea afirmativa. Que el testigo describa cómo está delimitado el terreno. Respuesta: Lo tiene delimitado con cerca. 15. Sabe quién es el dueño del terreno que el Tribunal Agrario del Distrito 16, le ha intentado quitar al señor Demetrio Alejo Hernández. Respuesta: de Demetrio Alejo Hernández. 16. En caso de que la respuesta a la interrogante 15, sea afirmativa. Que el testigo mencione el nombre completo del dueño. Respuesta: Demetrio Alejo Hernández. 17. En caso de que la respuesta a la interrogante 15, sea afirmativa. Que el testigo describa lo que conoce sobre cómo se hizo propietario o dueño la persona que menciona. Respuesta: Pues el ahí arriaba caballos y ganado, siempre todo el tiempo lo he visto en ese predio, yo pienso que siempre ha sido de él, y mucha gente sabe que es de él, no había sabido que lo querían desalojar antes, hasta ahorita. 18. ¿Sabe Usted si el señor Demetrio Alejo Hernández, sigue teniendo a la fecha que se le formula esta interrogante la posesión del terreno que el Tribunal Agrario le quiso quitar? Respuesta: Sí. 19. En caso de que la respuesta a la interrogante 18, sea afirmativa. Que diga el testigo, desde cuando le consta que el señor Demetrio Alejo Hernández tiene la posesión del terreno que ha estado describiendo a lo largo de este interrogatorio. Respuesta: Pues yo creo unos diez años. 20. En caso de que la respuesta a la interrogante 18, sea afirmativa. Que diga el testigo, si la posesión que tiene Demetrio Alejo Hernández sobre el terreno que ha estado describiendo a lo largo de este interrogatorio, es a título de dueño. Respuesta: Pues yo lo vi que traía una papel firmado cuando llegaron los del Tribunal Agrario, y les mostró un papel. 21. En caso de que la respuesta a la interrogante 18, sea afirmativa. Que diga el testigo, si la posesión que tiene Demetrio Alejo Hernández sobre el terreno que ha estado describiendo a lo largo del interrogatorio, ha sido pública. Respuesta: Sí. 22. En caso de que la respuesta a la interrogante 18, sea afirmativa. Que diga el testigo, si la posesión que tiene Demetrio Alejo Hernández sobre el terreno que ha estado describiendo a lo largo del interrogatorio, ha sido pacífica. Respuesta: Sí. 23. En caso de que la respuesta a la interrogante 18, sea afirmativa. Que diga el testigo, si la posesión que tiene Demetrio Alejo Hernández sobre el terreno que ha estado describiendo a lo largo del interrogatorio, ha sido buena fe. Respuesta: Sí. 24. Conoce usted, si el señor Demetrio Alejo Hernández, tiene un documento que acredite ser legítimo poseedor o propietario del terreno que ha estado describiendo a lo largo de este interrogatorio. Respuesta: Yo digo que sí porque lo presentó a la Procuraduría un papel que lo hacía dueño. 25. Que diga el testigo la razón de su dicho. Respuesta: Porque es conocido y se me hace injusto lo que está pasando con él. Luego, se procede a realizar el desahogo de la ampliación de interrogatorio propuesta por la autoridad responsable Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco, que versan al tenor de lo siguiente: ¿Que diga el testigo si sabe o le consta, que el señor Demetrio Alejo Hernández, formó parte de un procedimiento agrario con el número 765/16/2012, radicado ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Dieciséis? Respuesta: Yo digo que si porque ahí llevaban unos papeles y le leyeron todo eso. ¿Que diga el testigo si sabe o le consta, quien tiene la posesión del terreno materia del juicio de garantías? Respuesta: Sí lo tiene Demetrio Alejo Hernández. ¿Que diga el testigo si sabe o le consta, si existe alguna edificación construida con material o concreto, en el terreno materia del juicio de garantías? Respuesta: Sí existe una construcción con block. ¿Que diga el testigo si sabe o le consta, si existen servicios públicos o privados, dentro del terreno materia del juicio de garantías? Respuesta: Si existen servicios públicos. 5.- ¿Que diga el testigo si sabe o le consta, quien es el propietario del terreno materia del juicio de garantías?Respuesta: Sí Demetrio Alejo Hernández. 6.- ¿Que diga el testigo si sabe o le consta, si es propiedad social, el terreno materia del juicio de garantías?Respuesta: No me consta. 7.- ¿Que diga el testigo si sabe o le consta, si dicho terreno materia del juicio de garantías, formo parte de algún núcleo de población ejidal? Respuesta: Sí me consta. 8.- ¿Que diga el testigo si sabe o le consta, si dicho terreno materia del juicio de garantías, formo parte de alguna regularización ejidal? Respuesta: No me consta eso. 9.- ¿Que diga el testigo si sabe o le consta, quien tiene la posesión actual del terreno materia del juicio de garantías? Respuesta: Sí Demetrio Alejo Hernández. En el caso, el ateste Fernando Castillo Landeros contestó lo que sigue: "1.- ¿Conoce usted al señor Demetrio Alejo Hernández? Respuesta: Sí. 2.- ¿Desde cuándo conoce al señor Demetrio Alejo Hernández? Respuesta: Como hace doce años. 3.- ¿Sabe usted si el Tribunal Agrario del Distrito 16, le ha intentado quitar el terreno y casa en el construida sobre el mismo, al señor Demetrio Alejo Hernández? Respuesta: Sí. 4.- ¿Por qué consta a usted, que el Tribunal Agrario del Distrito 16, le ha intentado quitar un terreno y casa en el construida sobre el mismo, al señor Demetrio Alejo Hernández? Respuesta: Porque yo estaba ahí. 5.- ¿Conoce usted, las razones o los motivos por los cuales el Tribunal Agrario del Distrito 16, le quiere quitar un terreno y casa en el construida sobre el mismo, al señor Demetrio Alejo Hernández? Respuesta: No solo llegaron y querían quitarle. 6.- ¿Usted conoce el terreno y casa en el construida sobre el mismo, que le quiso quitar el Tribunal Agrario del Distrito 16, al señor Demetrio Alejo Hernández? Respuesta: Sí. 7.- En caso de que la respuesta anterior sea afirmativa. Que el testigo describa las construcciones. Respuesta: Es una casa, hay una máquina y esta cercado y un tejaban. 8.- En caso de que la respuesta a la interrogante 6, sea afirmativa. Que el testigo describa el destino o uso que se le da al terreno. Respuesta: Ahí vive. 9.- En caso de que la respuesta a la interrogante 6, sea afirmativa. Que el testigo describa si el terreno cuenta con el servicio de energía eléctrica. Respuesta: Sí. 10. En caso de que la respuesta a la interrogante 6, sea afirmativa. Que el testigo describa si el terreno cuenta con el servicio de agua potable. Respuesta: Sí. 11. En caso de que la respuesta a la interrogante 6, sea afirmativa. Que el testigo describa si el terreno cuenta con el servicio de drenaje.Respuesta: Sí. 12. En caso de que la respuesta a la interrogante 6, sea afirmativa. Que el testigo describa la ubicación del terreno. Respuesta: Atrás esta un arroyo, luego sigue el centinela atrás, a un costado una calle y del otro lado un parque y por el frente está la venida. 13. En caso de que la respuesta a la interrogante 6, sea afirmativa. Que el testigo describa las colindancias del terreno. Respuesta: Norte está el arroyo y el centinela y para el sur está la avenida, y para el otro lado está un parque y al otro una calle. 14. En caso de que la respuesta a la interrogante 6, sea afirmativa. Que el testigo describa cómo está delimitado el terreno. Respuesta, Tiene malla. 15. Sabe quién es el dueño del terreno que el Tribunal Agrario del Distrito 16, le ha intentado quitar al señor Demetrio Alejo Hernández. Respuesta: Pues de Demetrio. 16. En caso de que la respuesta a la interrogante 15, sea afirmativa. Que el testigo mencione el nombre completo del dueño. Respuesta: Demetrio Alejo Hernández. 17. En caso de que la respuesta a la interrogante 15, sea afirmativa. Que el testigo describa lo que conoce sobre cómo se hizo propietario o dueño la persona que menciona. Respuesta: Pues yo que me acuerdo el siempre ha estado ahí nunca lo han molestado. 18. ¿Sabe Usted si el señor Demetrio Alejo Hernández, sigue teniendo a la fecha que se le formula esta interrogante la posesión del terreno que el Tribunal Agrario le quiso quitar? Respuesta: Sí. 19. En caso de que la respuesta a la interrogante 18, sea afirmativa. Que diga el testigo, desde cuando le consta que el señor **** tiene la posesión del terreno que ha estado describiendo a lo largo de este interrogatorio. Respuesta: Pues desde que me acuerdo lo conozco los doce años. 20. En caso de que la respuesta a la interrogante 18, sea afirmativa. Que diga el testigo, si la posesión que tiene Demetrio Alejo Hernández sobre el terreno que ha estado describiendo a lo largo de este interrogatorio, es a título de dueño. Respuesta: Yo pienso que sí. 21. En caso de que la respuesta a la interrogante 18, sea afirmativa. Que diga el testigo, si la posesión que tiene Demetrio Alejo Hernández sobre el terreno que ha estado describiendo a lo largo del interrogatorio, ha sido pública. Respuesta: Sí. 22. En caso de que la respuesta a la interrogante 18, sea afirmativa. Que diga el testigo, si la posesión que tiene Demetrio Alejo Hernández sobre el terreno que ha estado describiendo a lo largo del interrogatorio, ha sido pacífica. Respuesta: Sí. 23. En caso de que la respuesta a la interrogante 18, sea afirmativa. Que diga el testigo, si la posesión que tiene Demetrio Alejo Hernández sobre el terreno que ha estado describiendo a lo largo del interrogatorio, ha sido buena fe. Respuesta: Sí. 24. Conoce usted, si el señor Demetrio Alejo Hernández, tiene un documento que acredite ser legítimo poseedor o propietario del terreno que ha estado describiendo a lo largo de este interrogatorio. Respuesta: Sí. 25. Que diga el testigo la razón de su dicho. Respuesta: Porque yo estaba ahí y en redes sociales uno se entera. Luego, se procede a realizar el desahogo de la ampliación de interrogatorio propuesta por la autoridad responsable Ayuntamiento Constitucional de Zapopan, Jalisco, que versan al tenor de lo siguiente: ¿Que diga el testigo si sabe o le consta, que el señor Demetrio Alejo Hernández, formó parte de un procedimiento agrario con el número 765/16/2012, radicado ante el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Dieciséis? Respuesta: No me consta. ¿Que diga el testigo si sabe o le consta, quien tiene la posesión del terreno materia del juicio de garantías? Respuesta: Demterio Alejo Hernández. ¿Que diga el testigo si sabe o le consta, si existe alguna edificación construida con material o concreto, en el terreno materia del juicio de garantías? Respuesta: Pues su casa. ¿Que diga el testigo si sabe o le consta, si existen servicios públicos o privados, dentro del terreno materia del juicio de garantías? Respuesta: Públicos sí. 5.- ¿Que diga el testigo si sabe o le consta, quien es el propietario del terreno materia del juicio de garantías?Respuesta: Demetrio Alejo Hernández. 6.- ¿Que diga el testigo si sabe o le consta, si es propiedad social, el terreno materia del juicio de garantías?Respuesta: No sé. 7.- ¿Que diga el testigo si sabe o le consta, si dicho terreno materia del juicio de garantías, formo parte de algún núcleo de población ejidal? Respuesta: Yo que sepa no, solo sé que es de él. 8.- ¿Que diga el testigo si sabe o le consta, si dicho terreno materia del juicio de garantías, formo parte de alguna regularización ejidal? Respuesta: No sé. 9.- ¿Que diga el testigo si sabe o le consta, quien tiene la posesión actual del terreno materia del juicio de garantías? Respuesta: Demetrio Alejo Hernández." De lo anterior se colige que, como se dijo, la prueba en estudio no es suficiente para evidenciar la posesión jurídica de la parcela, puesto que los atestes al responder al interrogatorio no expresaron las circunstancias de modo, tiempo y lugar y, la manera en que adquirieron el conocimiento, de la celebración del contrato de cesión de derechos que el quejoso señaló haber celebrado con Ambrosio Romero Sánchez, respecto de la parcela cuya desposesión reclama. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis siguiente: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 212461 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Octava Época Materias(s): Civil Tesis: VI.2o. J/274 Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 77, Mayo de 1994, página 73 Tipo: Jurisprudencia PRUEBA TESTIMONIAL. ANALISIS NECESARIO DEL INTERROGATORIO RESPECTIVO, AL VALORAR LA. (LEGISLACION DE PUEBLA). Aun cuando al admitirse la prueba testimonial se hayan calificado de legales las preguntas del interrogatorio correspondiente, esta circunstancia no impide que al valorarse el resultado de esa probanza, se analice la naturaleza de los cuestionamientos y el hecho que con ellos se pretende probar, pues la valoración del testimonio no puede ni debe concretarse al examen de las respuestas dadas por el testigo, ya que son las preguntas respectivas las que motivan el sentido y alcance de la declaración, por lo cual no puede excluirse a los cuestionamientos del análisis de la prueba, toda vez que de lo contrario no podría juzgarse con certidumbre el contenido de la deposición; además de que, para calificar de legal determinada pregunta basta que se encuentre redactada con palabras claras y precisas, y que cada una contenga un solo hecho, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 371 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, mientras que la valoración de la prueba requiere examinar congruentemente con los hechos que se pretenden probar, la naturaleza y alcances tanto de las preguntas formuladas como de las contestaciones respectivas, que en su conjunto integran la declaración del testificante, encontrándose regulada esa valoración principalmente por los artículos 437 y 438 de la legislación procesal invocada; de ahí que, el simple análisis de las contestaciones de los testigos, sin estudiar el contenido y alcances de las preguntas, no constituye una verdadera valoración del testimonio." Máxime que con la prueba testimonial indicada no se otorga a los contratos de cesión de derechos, de referencia, fecha cierta. Aunado al hecho de que acudió al juicio de amparo en su carácter de propietario y poseedor de la parcela reclamada, debió adminicularla con alguna documental fehaciente que demostrara la propiedad de dicha parcela. Apoya a lo anterior, la tesis siguiente: "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 245380 Instancia: Sala Auxiliar Séptima Época Materias(s): Administrativa Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 187-192, Séptima Parte, página 214 Tipo: Aislada AGRARIO. POSESION. PRUEBA. DOCUMENTAL Y TESTIMONIAL, EN CONJUNTO, SON APTAS. Las pruebas documentales adminiculadas con la testimonial son aptas para concluir que el demandante es propietario y poseedor de una fracción del terreno objeto del amparo; consideración que se hace únicamente con la finalidad de establecer el interés jurídico necesario para la procedencia del juicio y no en cuanto a la validez de los documentos. Finalmente respecto a la pericial en materia de topografía y la inspección ocular asistida de peritos, marcadas con el numeral seis, con independencia de su valor probatorio, no son aptas para demostrar el interés jurídico en cuanto a la propiedad que aduce tener el quejoso sobre la parcela reclamada, dado que la naturaleza de las mismas únicamente acreditan la identificación de la parcela, su ubicación y características del inmueble, sin que ello constituya alguna documental traslativa de dominio. De ahí que no sean aptas para acreditar el interés jurídico necesario en el presente juicio. Ante ello, y dado que no obra medio de convicción alguno que demuestre fehacientemente el interés jurídico de la parte quejosa, se dice que las pruebas ofrecidas por el quejoso son ineficaces para ello. Tiene aplicación al respecto por las razones que la informan la Tesis "Suprema Corte de Justicia de la Nación Registro digital: 190119 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Novena Época Materias(s): Civil Tesis: I.3o.C. J/20 Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XIII, Marzo de 2001, página 1650 Tipo: Jurisprudencia POSESIÓN, NO ESTÁ PROTEGIDA POR LA GARANTÍA DE PREVIA AUDIENCIA CUANDO NO SE JUSTIFICA LA CAUSA LEGAL DE LA. Cuando en una demanda de garantías el quejoso se ostenta como tercero extraño poseedor de un inmueble en calidad de propietario, siendo elemento de procedibilidad del juicio, conforme al artículo 4o. de la Ley de Amparo, acreditar el interés jurídico, o sea que el referido juicio únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique la ley, el tratado internacional, el reglamento o cualquier otro acto que se reclame, tratándose de la citada posesión en concepto de dueño es menester la plena comprobación del derecho de propiedad atribuido, ya que la posesión sin derecho sólo puede tenerse como simple detentación por falta de causa legal que la apoye y por tanto no protegida a través del juicio constitucional." En consecuencia, el acto impugnado en la materia de análisis, no irroga afectación al promovente del amparo, al no haber acreditado ser titular del derecho subjetivo de propiedad sobre la parcela mencionada, se actualiza de manera notoria e indudable la causa de improcedencia prevista en el dispositivo 61, fracción XII, esta última en relación con el 5°, aplicada a contrario sensu de la Ley de Amparo, y con apoyo en el artículo 63, fracción V, de dicho ordenamiento legal, se SOBRESE en el presente juicio de amparo. En tales condiciones, toda vez que el sobreseimiento decretado impide el estudio de las cuestiones de fondo de la litis constitucional, resulta innecesario el análisis de los conceptos de violación respectivos; lo anterior con fundamento en la jurisprudencia 509 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número de registro 394465, de rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO." SEXTO. Infórmese a superioridad. Visto el estado procesal de autos, del que se advierte que se encuentran pendientes de resolución diversos medios de impugnación radicados ante el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, registrados bajo los tocas de queja 183/2023; 202/2023 y 213/2023, infórmese el dictado de la presente sentencia para los efectos legales a a que haya lugar. SÉPTIMO. En ese orden de ideas y analizada que fue la vía incidental hecha valer y respecto al incidente de objeción resuelto, el cual resultó fundado, dése vista al del Ministerio Público de la Federación adscrito, a fin de que proceda conforme a derecho corresponda y sus funciones lo permitan, lo anterior con sustento en la jurisprudencia que a continuación se inserta. "Registro digital: 2014917 Instancia: Pleno Décima Época Materias(s): Común, Penal Tesis: P./J. 13/2017 (10a.) Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 45, Agosto de 2017, Tomo I, página 5 Tipo: Jurisprudencia VISTA AL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. LOS JUZGADORES DE AMPARO DEBEN ORDENARLA ANTE EL CONOCIMIENTO DE ACTOS REALIZADOS DURANTE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO CONSTITUCIONAL QUE PODRÍAN RESULTAR CONSTITUTIVOS DE ALGUNO DE LOS DELITOS ESPECIALES TIPIFICADOS EN EL ARTÍCULO 261 DE LA LEY DE LA MATERIA. Los artículos 15, 121, 209, 237, fracción III y 271 de la Ley de Amparo facultan a los órganos jurisdiccionales de amparo para que, con independencia de la intervención del Ministerio Público Federal como parte en los juicios de la materia, hagan del conocimiento de este último los hechos que podrían ser constitutivos de delitos; por otra parte, el artículo 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales establece la obligación ineludible de las autoridades en ejercicio de sus funciones públicas -y hasta de las partes que intervengan en el proceso- de denunciar y hacer del conocimiento de la representación social la probable existencia de un hecho que la ley señale como delito. De lo anterior se colige que los juzgadores de amparo deben dar vista al Ministerio Público Federal ante el conocimiento de actos realizados durante la tramitación del juicio constitucional que podrían resultar constitutivos de alguno de los delitos especiales previstos en el artículo 261 de la Ley de Amparo, a fin de que la representación social investigue de inmediato." Por lo expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Es fundado el incidente de objeción de documentos que hizo valer el ejido tercero interesado, de conformidad con lo expuesto en el considerando cuarto de esta sentencia. SEGUNDO. De conformidad con el considerando sexto de esta sentencia, infórmese al Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, el dictado de la presente sentencia a fin de que provean lo conducente en los tocas de queja 183/2023; 202/2023 y 213/2023 de su índice. TERCERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por ****, contra los actos reclamados al Tribunal Superior Agrario del Distrito 16 en Guadalajara, Jalisco; Brigada de Ejecución adscrita a dicho tribunal, precisados en el considerando segundo, por los motivos expuestos en esta sentencia. CUARTO. De conformidad con el considerando séptimo de este fallo, se ordena dar vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, a fin de que proceda conforme a derecho corresponda y sus funciones lo permitan, derivado de lo analizado en el incidente de objeción de documentos.
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