Yolanda Nayeli Zaragoza Ruiz
Expediente 33/2018 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 12 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 33/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 12/02/2018
Partes del expediente
- Yolanda Nayeli Zaragoza Ruiz
Actuaciones
- Principal
Conforme al artículo 196, tercer y cuarto párrafos, de la Ley de Amparo, se declara que HA QUEDADO CUMPLIDA la ejecutoria de amparo en su totalidad, sin exceso ni defecto. No pasa desapercibido que mediante el escrito de cuenta el autorizado de la parte quejosa realiza manifestaciones en el sentido de que no se ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, dado que la cantidad entregada a la quejosa es incorrecta; sin embargo, sus precisiones son inoperantes, dado que por una parte, omite razonar cuáles son los cálculos que estima son incorrectos, limitándose a señalar que los importes pagados no son los adecuados, sin particularizar el remanente que debe enterarse, ni las operaciones que le permiten arribar a dicha cantidad. En segundo término, como se anticipó, ya se emitieron los comprobantes de pago en cantidades que corresponden a los importes señalados en la interlocutoria de veintiocho de agosto de dos mil diecisiete y su actualización de dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, de lo que deriva que ya se enteró a la parte quejosa las cantidades líquidas relativas que constan en los cheques indicados, con motivo de los descuentos y retenciones efectuados por impuesto sobre la renta y fondo de pensiones, lo que permite confirmar que se acató cabalmente la ejecutoria de amparo. Asimismo, la manifestación del autorizado de la quejosa en el sentido de que no se debe hacer deducción alguna por impuesto sobre la renta y fondo de pensiones a las cantidades enteradas es insuficiente para estimar que no se encuentra cumplida la sentencia, toda vez que como se estableció en la interlocutoria de veintiocho de agosto de dos mil diecisiete y su actualización de dieciocho de diciembre de dos mil diecisiete, resulta correcto que la responsable realice las retenciones y descuentos correspondientes a las contribuciones y otros conceptos que legalmente procedan. Lo que constituye cosa juzgada acorde a lo establecido por el artículo 354 del Código Federal de Procedimientos Civiles y, por tanto, la verdad legal, pues así lo determinó el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver la queja 259/2017. En esa tesitura, de lo insertado se ratifica que la Superioridad ya estableció que resulta objetivamente correcto que las autoridades responsables realicen los descuentos y retenciones del impuesto sobre la renta y fondo de pensiones que legalmente procedan, toda vez que existe disposición legal que de manera expresa las obliga a la retención de ese tributo por ingresos relativos a la remuneración y/o indemnización por separación del cargo; además, dado que con la remuneración mensual que percibía la quejosa (quince mil quinientos nueve pesos con cincuenta y dos centavos) no es dable considerar que excedía los cuatrocientos mil pesos anuales que alude el artículo 97, inciso b) de la Ley del Impuesto Sobre la Renta; razón por la que, la autoridad responsable sí cuenta con el deber legal de retener las cantidades concernientes a dicha contribución, por concepto de ingresos; asimismo, porque la indemnización de que se trata busca satisfacer los perjuicios ocasionados a la quejosa con motivo del cese o separación del cargo como elemento de seguridad pública; aspecto por el cual, el pago a efectuar por ese concepto debe ser acorde a la expectativa que racionalmente tenía de percibir un pago como si nunca hubiera dejado el cargo, por lo que el perjuicio erogado debe cuantificarse de manera efectiva, esto es, no únicamente tomando en cuenta los haberes que tenía derecho, sino también las deducciones a dichas percepciones que por disposición de ley o derivado del propio acto jurídico que dio origen a la relación administrativa tenía la obligación de efectuar la institución de seguridad pública, tal y como si nunca se hubiera separado del cargo. De ahí la ineficacia de su argumento. De conformidad con el artículo 202 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes por el término de quince días. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno.
- Principal
Visto el oficio signado por el Director de Asuntos Jurídicos y Dictamen Legislativo del Congreso del Estado de Jalisco, mediante el cual informa que no se encuentra vinculado al cumplimiento de la sentencia de amparo; únicamente agréguese a los autos para los efectos legales que haya lugar.
- Principal
Visto el oficio de cuenta suscrito por el Titular del Área de Quejas, Denuncias e Investigaciones de la Secretaría de la Función Pública, mediante el cual remite acuse de recibo del oficio dirigido a la División de Distribución Jalisco de CFE Distribución, Empresa Productiva del Estado, Subsidiaria de la Comisión Federal de Electricidad; agréguense a los autos para los efectos legales y resérvese proveer lo conducente hasta en tanto cause ejecutoria la sentencia dictada en autos.
- Principal
Visto el estado procesal de autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término concedido a la parte quejosa en proveído de cuatro de enero de dos mil dieciocho, a fin de que manifestara lo que a su derecho convenga de las constancias remitidas por la autoridad responsable. En razón de lo anterior, lo procedente es DIFERIR la audiencia constitucional fijada para el día de hoy, y se señalan para su verificativo las NUEVE HORAS CON VEINTITRÉS MINUTOS DEL TREINTA Y UNO DE ENERO DE DOS MIL DIECIOCHO, por así permitirlo la agenda oficial, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 115 de la Ley de Amparo.
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