Yolanda Naranjo Fuentes
Expediente 1515/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1515/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 10/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Yolanda Naranjo Fuentes
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
MESA 6 VILLAHERMOSA, TABASCO, DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista; la certificación secretarial que antecede de la que se desprende que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada el diecinueve de octubre de dos mil veintidós, en la que en su primer punto resolutivo se SOBRESEYÓ en el presente juicio de amparo, promovido por Yolanda Naranjo Fuentes; por lo que con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en la materia, por disposición de su artículo 2o, se declara que la sentencia mencionada en líneas precedentes HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes; por lo que háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y ARCHÍVESE este expediente como asunto totalmente concluido. En términos del artículo Vigésimo Primero del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Establece las Disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales Generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción, motivo por el cual debe conservarse en el archivo reciente de este órgano jurisdiccional tres años, al término de los cuales deberán seguirse los lineamientos establecidos en el numeral Vigésimo Segundo del propio acuerdo. Asimismo, con fundamento en los artículos 14 y 25, segundo párrafo, del precitado acuerdo, se indica al Secretario que, al realizar el archivo del expediente haga constar en la carátula la valoración del expediente y la fecha en que ordenó su archivo; de igual modo, realice la certificación respectiva, en el sentido de que las actuaciones del expediente físico coinciden fielmente con las que obran en el expediente electrónico. Por otra parte, hágase saber a la parte quejosa que una vez transcurridos tres años de archivado el asunto, se desintegrarán materialmente la totalidad de las constancias que obran en este expediente, por lo que, en su caso, deberá comparecer a este juzgado dentro del término de noventa días hábiles a recoger el documento original que aportó al procedimiento, consistente en el original del acuse de recibo relativo al escrito de uno de julio de dos mil veintidós, con sello de recibido por la responsable el cuatro siguiente; con el apercibimiento de que de no hacerlo, dicho documento podrá ser destruido. Ahora, hágase del conocimiento que de conformidad con el artículo 6, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales Como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, el horario de atención al público en los órganos jurisdiccionales es de lunes a viernes de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Vista la certificación que antecede, se desprende que en el expediente administrativo 4/2022, del índice de este Juzgado, se tuvo por recibido el oficio SEADS/720/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, mediante el cual informó que la licenciada Beatriz Rojas Méndez, fue designada como Jueza de este órgano jurisdiccional, a partir del dieciséis de los actuales, en sustitución del Juez Carlos Calderón Espíndola; información que se fijó en lugar visible de este Juzgado. Asimismo, con fundamento en el artículo 52 de la Ley de Amparo, el cual indica que las partes podrán recusar al juzgador que resolverá el expediente, en caso de que exista causa fundada para ello (contenida en el diverso numeral 51 de la citada normatividad), para que aquéllas conozcan la existencia de la causal, deben igualmente tener conocimiento que la citada juzgadora conocerá de la ejecución de la sentencia amparadora; hágase del conocimiento de las partes, la designación de la nueva titular, para que dentro del término de tres días hábiles, contados a partir de la notificación de este acuerdo, manifiesten si tienen algún impedimento en que la citada Juzgadora continúe teniendo conocimiento de este juicio, en el entendido de que en caso de no hacer manifestación alguna, se continuará con el cumplimiento de este asunto. Apoya lo anterior, la jurisprudencia con registro 2018465, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1114, de Noviembre de 2018, Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: "RECUSACIÓN DE LOS JUZGADOS DE AMPARO. PUEDE PLANTEARSE AUN DESPUÉSDE DE QUE EL ASUNTO EN EL QUE SE FORMULE SE HAYA LISTADO PARA SER VISTO EN SESIÓN". En otro orden, con fundamento en los artículos 107 a 191 de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario para que: verifique si existen diligencias pendientes de realizar en el presente expediente y de ser así, las realice o proceda a dar cuenta de ello para que se acuerde lo que corresponda; asimismo, si el expediente se encuentra suspenso o sin actuación, proceda a requerir la información que sea necesaria para verificar el estado de autos; igualmente, si hay recursos pendientes de enviar, los integre debidamente y los remita inmediatamente a la superioridad; en caso de existir constancias pendientes de agregar en este expediente, se agreguen como correspondan; si debe regularizarse el procedimiento, proceda a dar cuenta de ello, si es necesario realizar actuaciones proceda a efectuarlas o a dar cuenta de ello; de igual forma, si el expediente se encuentra en ejecución de sentencia o concluido, de cuenta, de ser necesario, o realice la actuación que en derecho corresponda, con el objeto de que el expediente se encauce hacia el destino legal que proceda. En diverso aspecto, agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, a través del cual en cumplimiento al fallo protector y al requerimiento realizado el cuatro de noviembre del año en curso, remite copia certificada del proveído de diez de los actuales, dictado en el expediente laboral 57/2004 y acumulado, de su índice, en el cual se desprende la cantidad correcta y actual que el Ayuntamiento demandado le adeuda a la quejosa Adriana Patricia Berdón Sordo. Asimismo, del citado auto se advierte que el tribunal responsable requirió al Cabildo del Ayuntamiento demandando para que en el término de diez días hábiles, ponga a su disposición el título de crédito a nombre de la citad quejosa, a fin de dar cumplimiento al noveno pago parcial correspondiente al mes de noviembre de dos mil veintidós. De lo anterior, este órgano jurisdiccional toma conocimiento, para los efectos legales conducentes y se tiene a la citada autoridad en vías de cumplimiento al fallo protector. En consecuencia, a fin de velar por el debido cumplimiento de la sentencia concesoria de amparo, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, remítase copia simple del oficio que se provee y requiérase al Ayuntamiento Constitucional de Macuspana, Tabasco, conformado por: Julio Ernesto Gutiérrez Bocanegra, Presidente Municipal y Primer Regidor. Ethel Victoria Córdova Gil, Síndico de Hacienda y Segunda Regidora. Reyna Natividad Jiménez Reyes, Tercera Regidora. Gladys Pérez Zurita, Cuarta Regidora. Ana Isabel Sánchez Rosales, Quinta Regidora. José Alberto Pinzón Herrera, Secretario del Ayuntamiento. Aracelis de Dios López, Directora de Administración. Gonzalo Gastambide Flores, Director de Asuntos Jurídicos. Leida López Arrazate, Contralora Municipal. Maritza Balcázar de la Rosa, Directora de Programación. Para que en el plazo de TRES DÍAS HABILES, contados a partir del día siguiente al en que quede notificada del presente acuerdo, remita copia certificada de las constancias con las cuales acrediten el total cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio, o en su defecto remita el calendario de pagos pendientes de realizar a la actora Adriana Patricia Berdón Sordo - aquí quejosa- o bien, informe las gestiones pertinentes que se encuentre realizando para su debido cumplimiento o calendarización. Ahora, ya que si bien el Ayuntamiento en mención en el presente juicio de amparo no tuvo el carácter de responsable, lo cierto es que toda autoridad vinculada con el cumplimiento a una sentencia de amparo, está obligada a realizar los actos necesarios para lograr su eficaz cumplimiento. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 144, Tomo XXV, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica". Notifíquese.
- Principal
VISTO; para resolver los autos del juicio de amparo 1515/2022-6, promovido por **********, contra los actos que reclama del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad y otra autoridad, por estimarlos violatorios de los artículos 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O PRIMERO. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Por escrito de demanda recibida el siete de septiembre de dos mil veintidós, a través del buzón judicial de los Juzgados de Distrito, recepcionado en la Oficina de Correspondencia Común el mismo día y turnada al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tabasco, el ocho siguiente, Yolanda Naranjo Fuentes, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto y las autoridades que a continuación se detallan: ACTOS RECLAMADOS LA DILACIÓN PROCESAL EN DICTAR ACUERDO Y/O VISTO, EN EL CUAL LA AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENA LA NOTIFICACIÓN Y EL EMPLAZAMIENTO A JUICIO DEL DEMANDADO, EN LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES QUE ESTABLECE LA LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE TABASCO EN SU ARTÍCULO 107. ? LA OMISION DE ACORDAR EL ESCRITO DE FECHA O1 DE JULIO DE 2022, PRESENTADO ANTE LA OFICIALIA DE PARTES DEL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO, EN FECHA 04 DE JULIO DE 2022, ESCRITO EN EL CUAL SE SOLICITA AL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO, SIRVA ORDENAR AL C. ACTUARIO ADSCRITO A DICHO TRIBUNAL LA NOTIFICACIÓN Y EMPLAZAMIENTO A JUICIO DE. ? LA FALTA DE NOTIFICACIÓN DEL ACUERDO Y/O VISTO, EN EL CUAL LA AUTORIDAD RESPONSABLE ORDENA AL ACTUARIO DE SU ADSCRIPCIÓN LA NOTIFICACIÓN Y EMPLAZAMIENTO A JUICIO DE LA ENTIDAD DEMANDADA H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE CÁRDENAS, TABASCO." AUTORIDADES RESPONSABLES 1 TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO, CON SEDE EN ESTA CIUDAD. 2 ACTUARIO ADSCRITO AL TRIBUNAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE DEL ESTADO DE TABASCO, CON SEDE EN ESTA CIUDAD. SEGUNDO. RADICACIÓN Y DECLINACIÓN DE LA DEMANDA. En proveído de nueve de septiembre de dos mil veintidós, el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, radicó la demanda de amparo bajo el expediente 1473/2022-I y declinó a este órgano jurisdiccional la competencia del referido juicio de amparo, por conocimiento previo. TERCERO. ACEPTACIÓN DE COMPETENCIA. En proveído de trece de septiembre de dos mil veintidós, este juzgado federal aceptó la competencia del precitado juicio de amparo y admitió a trámite la demanda bajo el expediente 1515/2022-6; se requirió a las autoridades señaladas como responsables para que rindieran su informe justificado, se dio la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público de la adscripción, dada la naturaleza de la cuestión planteada, no se le reconoció carácter de tercero interesado a persona alguna y se fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Posteriormente, tuvo verificativo la audiencia constitucional en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal; 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 03/2013, pronunciado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana. Lo anterior es así, porque las autoridades responsables tienen su residencia dentro del ámbito en que ejerce jurisdicción este juzgado federal. Además, este órgano jurisdiccional está facultado para dictar sentencia en el presente asunto, con fundamento en los artículos 1 y 2 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado, es necesario precisar cuál es este, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual es indispensable efectuar un examen conjunto de la demanda de amparo. 1 Artículo 74. La sentencia debe contener: I. La fijación clara y precisa del acto reclamado; Ello tiene sustento en la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 1511, del apéndice 1917-Septiembre 2011, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo II, Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte- SCJN Decima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Novena Época, registró 1003226, del rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD".2 Así como, la tesis emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO". En ese tenor, de la lectura integral del escrito de demanda se desprende que la parte quejosa sustancialmente señaló como actos reclamados: ? La omisión de acordar el escrito de uno de julio de dos mil veintidós, presentado el cuatro siguiente, ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con residencia en esta ciudad, en el expediente laboral 592/2021, de su índice; así como su notificación y emplazamiento. TERCERO. INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO AL ACTUARIO ADSCRITO AL TRIBUNAL RESPONSABLE. 2 Esta tesis y las subsecuentes que se citen en el presente fallo, que se hayan formulado antes de la Ley de Amparo publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se aplican con base en el artículo Sexto transitorio del Decreto de creación de ésta, mismo que prevé que la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga al nuevo ordenamiento jurídico. Es inexistente el acto reclamado al actuario adscrito al tribunal responsable, aun cuando fue omiso en rendir su informe justificado, no obstante que le fue requerido mediante oficio 32435/2022, mismo que recibió el veinte de septiembre de dos mil veintidós, según constancia que obra glosada en autos (foja 33). Lo anterior, toda vez que el acto destacado en este asunto se trata de la omisión de acordar el escrito de uno de julio de dos mil veintidós, presentado ante el tribunal responsable el cuatro siguiente, en el cual la parte quejosa solicita se señale fecha y hora para la audiencia de calificación y admisión de pruebas y se realice la notificación y emplazamiento de la parte demanda; por tanto, dicha omisión que se le reclama es respecto de un acuerdo que a la fecha de presentación de la demanda de amparo, aún no se había pronunciado, por lo que tampoco el actuario responsable se encontraba en aptitud legal de notificarlo. Sobre el particular, es de tomar en cuenta, en lo conducente, lo expuesto en la tesis de jurisprudencia 2a./J. 99/2018 (10a.), formulada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, del siguiente rubro y texto: ACTOS OMISIVOS. CUANDO LA AUTORIDAD NIEGA SU EXISTENCIA, EL JUEZ DEBE EXAMINARLA VERIFICANDO SI LA RESPONSABLE SE ENCONTRABA EN APTITUD LEGAL DE ATENDER A LO SOLICITADO. Ante el reclamo de actos de omisión, cuando la autoridad responsable los niegue bajo la justificación de que no estaba en posibilidades de actuar, el juzgador de amparo, en el capítulo de existencia de la sentencia respectiva, debe analizar precisamente este aspecto, es decir, si la autoridad se encontraba en condiciones y momento de contestar la solicitud de origen, o si el procedimiento respectivo estaba en estado de resolución, lo que, en su caso, podrá dar lugar al sobreseimiento por inexistencia de actos reclamados; cuestión que no implica el estudio de fondo, pues no involucra el análisis de la constitucionalidad de los actos". También sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia 2a./J. 3/94, formulada por la otrora Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 79, Julio de 1994, página 15, cuy rubro y texto es: ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTÓ LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja". Por ende, en lo tocante al acto reclamado al actuario adscrito al Tribunal responsable, procede SOBRESEER en el presente juicio en términos de la fracción IV, del artículo 633 de la Ley de Amparo. CUARTO. CERTEZA DEL DIVERSO ACTO RECLAMADO. El Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado, negó la existencia del acto que se le reclama consistente en la omisión de acordar el escrito de 3 Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y uno de julio de dos mil veintidós, presentado por la quejosa el cuatro siguiente, dentro del expediente laboral 592/2021; sin embargo, dicha negativa se desvirtúa con la documental que adjuntó al mismo, consistente en el proveído de veintinueve de septiembre del año en curso, deducido del citado expediente laboral de su índice, mismo que obra en autos, al que se le concede valor probatorio en términos de los preceptos 129, 130, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente por disposición expresa del normativo 2 de la Ley de Amparo. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1995, Quinta Época, de rubro: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO". Probanzas de las que se advierte que en el citado acuerdo de veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, el tribunal responsable, proveyó respecto del escrito de uno de julio de dos mil veintidós, presentado por la quejosa el cuatro siguiente, dentro del expediente laboral de origen; siendo la omisión de su dictado lo que constituye el acto reclamado en el presente juicio. En ese tenor, atendiendo a los datos proporcionados en la demanda de amparo, corroborados con las constancias que como justificación de su informe envió la autoridad responsable, podemos colegir que para los efectos de este juicio de amparo, hay certeza sobre la existencia del acto reclamado por la parte quejosa. QUINTO. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Ahora, debe decirse, que previo al estudio de fondo del asunto, procede analizar las causas de improcedencia del juicio de amparo, ya sea que las partes las aleguen o que de oficio se adviertan por quien ahora resuelve, por ser esta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: Artículo 62. Las causas de improcedencia se analizarán de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo" En ese sentido, esta juzgadora estima que en el caso que nos ocupa, se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y con ello el sobreseimiento del juicio en que se actúa. Dicho precepto establece lo siguiente: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En efecto, el artículo 61, fracción XXI, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando, hayan cesado los efectos del acto reclamado. En ese sentido, debe decirse que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando las autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando las autoridades sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En ese tenor, de la constancia remitida por el tribunal responsable, al rendir su informe justificado, consistente en el proveído dictado el veintinueve de septiembre de dos mil veintidós, en el juicio laboral 592/2021, se desprende que dicha autoridad proveyó lo relativo al escrito de uno de julio de dos mil veintidós, presentado por la quejosa el cuatro siguiente, por lo que, ordenó que se emplazara a juicio al ayuntamiento demandado, corriéndole traslado con copia del escrito inicial de demanda y anexos; asimismo, respecto a señalar fecha y hora para la audiencia de calificación y admisión de pruebas, determinó acordar no favorable dicha petición, toda vez que indicó que el juicio de origen aún no se encuentra en esa etapa procesal. Actuación que emana del expediente laboral 592/2021, del índice del tribunal responsable, misma que se le reitera pleno valor probatorio de conformidad con los preceptos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Por tal motivo, válidamente se puede concluir, que en el caso particular, cesaron los efectos del acto reclamado por el justiciable, pues resulta evidente que a la fecha de presentación de la demanda de amparo que nos ocupa, el siete de septiembre de dos mil veintidós, indudablemente existía el acto reclamado a la autoridad responsable; sin embargo, a la presente data en que se celebró la audiencia constitucional, los efectos del acto reclamado han cesado, en consideración a lo antes plasmado; por lo que, como se anticipó, se surte la causal de improcedencia que prevé' el numeral 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, transcrito con antelación y procede sobreseer en el juicio conforme al diverso artículo 63, fracción V, de la misma Ley. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, publicada en la página 210, del Tomo VII, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro y texto son del tenor siguiente: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales e inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 77 de la Ley de Amparo." Con motivo de lo anterior, técnica y jurídicamente resulta improcedente el estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, por tratarse de cuestiones que atañen al fondo de la litis constitucional, ya que la consecuencia del sobreseimiento es precisamente poner fin al juicio sin resolver la sustancia del mismo. Resulta aplicable la jurisprudencia de la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, publicada con el número 509 en el Semanario Judicial de la Federación, página 335, del Tomo VI, del Apéndice 1995, de epígrafe: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO". SEXTO. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Por auto de trece de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el presente juicio de amparo, se señaló a las partes el derecho que les asiste para oponerse en relación con terceros a la publicación de sus datos personales. No obstante, omitieron manifestarse al respecto, por lo tanto, como lo establecen los artículos 6, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 116, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados; y 1 y 2, fracción XI, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, elabórese versión pública de la presente sentencia con supresión de éstos. Por lo expuesto, fundado, y con apoyo además en los ordinales 73, 74, 75, 77, 79 y 124 de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se: RESUELVE PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por **********, contra los actos reclamados y las autoridades precisadas en el resultando primero, por las razones y fundamentos establecidos en los considerandos tercero y quinto de esta sentencia. SEGUNDO. En atención a lo señalado en el último considerando de este fallo, elabórese versión pública de la sentencia con supresión de datos personales. Notifíquese.
- Principal
VILLAHERMOSA, TABASCO, CUATRO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Visto; agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por el Magistrado Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Tabasco, con sede en esta ciudad, y anexo que acompaña, mediante el cual rinde su informe justificado, por lo tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley Amparo, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido. En términos del artículo 119, de la Ley de Amparo, se tiene como prueba de la autoridad oficiante la copia certificada de la constancia que anexó a su informe justificado, de la que se hará relación al momento de celebrarse la audiencia constitucional relativa. Ahora bien, de la revisión de los presentes autos se advierte que en proveído de trece de septiembre del presente año, se reservó acordar en relación a la prueba ofrecida por la parte quejosa en su libelo de amparo, consistente en la instrumental de actuaciones que derivan de las constancias inherentes al expediente de origen 592/2021; y en virtud de lo acordado previamente, dicha probanza se tiene por admitida y desahogada, en razón de su propia y especial naturaleza por no requerir forma especial para su recepción, y valórese al momento de dictarse la sentencia respectiva, sin perjuicio de hacer nueva relación de ella en la audiencia constitucional. Notifíquese.
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