Yolanda Mora Lara

Expediente 613/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
613/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
10/12/2020

Partes del expediente

  • Yolanda Mora Lara

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal de los autos y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el proveído de veintitrés de noviembre del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo que promovió respecto de los actos que reclamó de las autoridades que señaló como responsables. Por ende, con fundamento en los preceptos 354, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la ley de la materia, por disposición del numeral 2°, se declara que dicho acuerdo ha causado estado...

  2. Principal

    Visto; el estado procesal de los autos y la certificación de cuenta, se advierte que la quejosa ***, proporcionó los usuarios: "***" y "***", para consultar el expediente electrónico y se le realizaran las notificaciones personales por ese medio; sin embargo, el servidor público encargado de efectuar el registro concerniente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE), en cumplimiento a lo ordenado en auto de veintitrés de noviembre de dos mil veinte, intentó en diversas ocasiones dar de alta al usuario "***" sin obtener resultados favorables, en virtud de que aparece una leyenda que dice: "el usuario que proporciona, no está registrado". En consecuencia, hágase saber a la citada quejosa que únicamente se encuentra dado de alta el usuario "Marlo", para la consulta del expediente electrónico y a fin de que se efectúen las notificaciones electrónicas por conducto de dicho usuario. Asimismo, que en virtud de que no procedió el alta respectiva del diverso "***", se le hace del conocimiento que una vez que proporcione correctamente dicho usuario a algún otro se procederá a darlo de alta, mientras tanto se procederá a realizar las notificaciones en el presente juicio vía electrónica a través del diverso usuario denominado "***".

  3. Principal

    Vista; la demanda de amparo que promueve ***, por propio derecho, contra actos de la Sala Especializada en Juicios en Línea del Tribunal Federal de Justicia Administrativa y otra autoridad. Anótese en el libro de registro de juicios de amparo con el número 613/2020, que le corresponde y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; para lo cual se forman expedientes, tanto físico como electrónico, acorde a lo dispuesto en el artículo 3 de la ley de mérito. (...) Atento a su contenido, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, es procedente DESECHARLA DE PLANO, por actualizarse un motivo notorio, manifiesto e indudable de improcedencia, como se expone.(...) ..., este órgano jurisdiccional no advierte una abierta dilación o retardo injustificado para proveer sobre la misma, ya que han transcurrido veintiséis días hábiles desde que presentó el escrito de demanda de nulidad ante la responsable, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, lo cual a criterio de este juzgado no se trata de un acto de imposible reparación, toda vez que, un acto de imposible reparación, es aquel que afecta de manera cierta como quedo especificado en líneas anteriores. Esto es así, porque a la fecha en que se instó la demanda constitucional que nos ocupa -a criterio del que resuelve-, no había transcurrido un plazo excesivo desde la presentación de la demanda de nulidad y la presentación de la demanda de amparo; si no, que se advierte un plazo razonable atendiendo a que la demora que cita la parte quejosa, atiende a la situación que atraviesa el país y el mundo con motivo de la propagación del virus que ocasiona la enfermedad denominada covid-19; situación que es un hecho notorio para este juzgador. Para ello, es factible hace notar que existen criterios que precisan que el "plazo razonable" en la resolución de los asuntos en que se reclama una dilación procesal, debe atenderse al caso particular, conforme a criterios de normatividad, razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, para poder determinar si se ha incurrido en una dilación o retardo injustificado, ya que contrario a ello, una demora prolongada sin justificación, puede constituir, por sí misma, una violación a los derechos fundamentales contenidos en el artículo 17 constitucional citado. Tenemos también que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha establecido cuatro elementos o parámetros para medir la razonabilidad del plazo en que se desarrolla un proceso, siendo estos los siguientes: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la conducta de las autoridades judiciales; y, d) la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso. Además ha empleado para determinar dicha razonabilidad, el conjunto de actos relativos a su trámite, lo que ha denominado como el "análisis global del procedimiento", el cual lo hace consistir en analizar el caso sometido a litigio de acuerdo a las particularidades que representa, para determinar si un transcurso excesivo de tiempo resulta justificado o no. Razonamiento que se comparte de la tesis I.4o.A.4 K (10a.), Décima Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2, Página 1452, Registro: 2002350, de rubro y texto: "PLAZO RAZONABLE PARA RESOLVER. CONCEPTO Y ELEMENTOS QUE LO INTEGRAN A LA LUZ DEL DERECHO INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS. En relación con el concepto de demora o dilación injustificada en la resolución de los asuntos, el artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, coincidente en lo sustancial con el artículo 6 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, establece que los tribunales deben resolver los asuntos sometidos a su conocimiento dentro de un plazo razonable, como uno de los elementos del debido proceso; aspecto sobre el cual la Corte Interamericana de Derechos Humanos, considerando lo expuesto por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ha establecido cuatro elementos o parámetros para medir la razonabilidad del plazo en que se desarrolla un proceso: a) la complejidad del asunto; b) la actividad procesal del interesado; c) la conducta de las autoridades judiciales; y, d) la afectación generada en la situación jurídica de la persona involucrada en el proceso. Además de los elementos descritos, el último de los tribunales internacionales mencionados también ha empleado para determinar la razonabilidad del plazo, el conjunto de actos relativos a su trámite, lo que ha denominado como el "análisis global del procedimiento", y consiste en analizar el caso sometido a litigio de acuerdo a las particularidades que representa, para determinar si un transcurso excesivo de tiempo resulta justificado o no. Por tanto, para precisar el "plazo razonable" en la resolución de los asuntos, debe atenderse al caso particular y ponderar los elementos descritos, conforme a criterios de normalidad, razonabilidad, proporcionalidad y necesidad, para emitir un juicio sobre si en el caso concreto se ha incurrido en una dilación o retardo injustificado, ya que una demora prolongada, sin justificación, puede constituir, por sí misma, una violación a las garantías judiciales contenidas tanto en los aludidos artículos como en el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que el concepto de "plazo razonable" debe concebirse como uno de los derechos mínimos de los justiciables y, correlativamente, como uno de los deberes más intensos del juzgador, y no se vincula a una cuestión meramente cuantitativa, sino fundamentalmente cualitativa, de modo que el método para determinar el cumplimiento o no por parte del Estado del deber de resolver el conflicto en su jurisdicción en un tiempo razonable, se traduce en un examen de sentido común y sensata apreciación en cada caso concreto. Ello, dado que son un hecho notorio los retrasos producidos directa o indirectamente por las medidas normativas adoptadas por el virus que ocasiona la enfermedad denominada y conocida como COVID-19, toda vez que los mecanismos de justicia en México sea, locales, Estatales o Federales, atraviesan una carga excesiva de trabajo generada por la suspensión de labores con motivo de dicho fenómeno; el regreso escalonado para la atención de asuntos urgentes en algunos casos; y, la extensión de la suspensión con motivo del mismo caso en asuntos y actividades no esenciales, propuestos y/o realizados como medida para contener la propagación del virus y por ende, analizado también como un derecho humano. Ello es así, toda vez que se trata de un acontecimiento mundial, anormal e inesperado, que afecta a toda la población, a los poderes del Estado y a todos los países, por ser una situación excepcional que resulta en algunos casos tolerable que en determinadas circunstancias justifiquen algunos retrasos con motivo de una pandemia por cuanto hace a los actos que no sean de imposible reparación. Por lo que, por analogía se invoca en este asunto el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 294/2018, en sesión de nueve de enero de dos mil diecinueve, si bien consideró que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda ser establecido de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no, una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto. Por lo que aquí se puntualiza citar, dado que en aquella, expresó la necesidad de establecer un lapso específico a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio "laboral", y determinó que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas la demanda de amparo sería procedente cuando hayan transcurrido al menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que debieron legalmente pronunciarse o realizarse los actos procesales correspondientes. Periodo que evidentemente tiene el propósito de que los juicios no queden indefinidamente paralizados, y por tanto, fue considerado un referente útil, por identidad de razones, para determinar cuándo debe considerarse que se ha configurado una dilación excesiva que se traduce en una paralización del procedimiento. De la ejecutoria que se comenta y que se cita por analogía al presente asunto derivó la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), de contenido siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. (...)". Atendiendo a las razones inmersas en los criterios relatados, debe entenderse de forma análoga que el término de cuarenta y cinco días para la procedencia del juicio de amparo comprende, tanto los actos dictados dentro del juicio, como los acaecidos fuera de juicio, pues la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue categórica al establecer que para efecto de la procedencia del juicio de amparo, ese plazo es un referente útil para determinar si hay una dilación procesal excesiva en la realización de cualquier otra diligencia. Conforme a las directrices anteriores, el análisis integral de la demanda, revela la notoria e indudable improcedencia del juicio de amparo desde su promoción, al advertirse sin lugar a dudas de los hechos manifestados claramente por la impetrante, la actualización de la causa dispuesta en el artículo 61, fracción XXIII, en relación en el diverso 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. (...) En otro contexto, téngase como su autorizada a ***, en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; respecto de ***, únicamente se le tiene para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, acorde a lo dispuesto por el arábigo 24 de la ley en comento, por así solicitarlo expresamente la parte quejosa. Como lo solicita el promovente, y toda vez que proporciona los usuarios: "***" y "***", se autoriza la consulta del expediente electrónico formado con motivo del presente juicio constitucional (por ende, la presentación de ocursos por ese medio), mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), de conformidad con el artículo 35, sección tercera, del acceso y consulta al expediente electrónico del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; por tanto, désele de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes relativo a este tribunal Federal, con el nombre de usuario que proporciona. Por su parte, respecto a que las notificaciones que se ordenen en el asunto se realicen de manera electrónica, atendiendo a las razones jurídicas expuestas en la jurisprudencia 2a./J. 71/2019 (10a.), pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada el viernes catorce de junio de dos mil diecinueve, en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "NOTIFICACIONES REALIZADAS POR VÍA ELECTRÓNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO NO INGRESA AL SISTEMA ELECTRÓNICO DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE EL ÓRGANO DE AMPARO ENVIÓ LA DETERMINACIÓN CORRESPONDIENTE, SE ENTIENDEN HECHAS Y SURTEN SUS EFECTOS EN EL PRIMER INSTANTE DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL VENCIMIENTO DE ESE PLAZO."; se autoriza que por dicho medio se le realicen únicamente las notificaciones personales.

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