Yolanda Méndez Bautista

Expediente 730/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
730/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
19/11/2021

Partes del expediente

  • Yolanda Méndez Bautista

Actuaciones

  1. Principal

    Se notifica por lista a la parte quejosa: Vista; la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de lo cual se advierte que revisado físicamente el juicio de amparo en que se actúa, así como el expediente electrónico, no obra la notificación a la parte quejosa del proveído de veintisiete de agosto del presente año. Al efecto, se acuerda: En tales condiciones y en obvio de mayores dilaciones, se ordena a cualquiera de los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional, para que de manera inmediata realice la notificación correspondiente a la parte quejosa, como se ordenó en auto de veintisiete de agosto del año en curso. Asimismo, se exhorta a los actuarios adscritos a este órgano de control constitucional, sean más acuciosos en el desempeño de sus funciones, debiendo realizarlo con eficiencia y calidad. De igual forma, deberán notificar los autos o resoluciones correspondientes de la manera en que fueron ordenados en los expedientes a su cargo, para lo cual deberán constatar que se encuentren debidamente integrados al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE COMO LEGALMENTE CORRESPONDA. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintisiete de agosto de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ****, por propio derecho, contra actos de la Sala Regional Colegiada Mixta Zona 03 del Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en San Cristóbal de Las Casas Chiapas y otra autoridad. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 730/2021-II, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). CAUSA DE IMPROCEDENCIA El artículo 113, de la Ley de Amparo, dispone que el escrito de demanda se examinará y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia desechará de plano la demanda intentada. Ilustra a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, cuyo rubro y texto es: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En vinculación, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es obligación del juzgado, realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, por lo que de la lectura integral de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa combate: La resolución emitida en el toca civil 121-A-1C03/2021, el cinco de julio de dos mil veintiuno, en el recurso de apelación, que modificó el auto de veinticinco de febrero de dos mil veinte y tuvo por admitida la prueba pericial en grafoscopía en el juicio de origen. En razón de lo anterior, se estima que en este asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Dicha aseveración obedece a que la determinación reclamada, tiene su origen en un acto de naturaleza intraprocesal, esto es, es un acto dentro de juicio que puede repararse a través de una sentencia favorable que llegue a pronunciarse en el asunto de origen y que por lo mismo no se ha consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho fundamental de que se trata, es decir no se trata de un acto que sea de imposible reparación. Así, contra los actos emitidos dentro de juicio que solamente tengan efectos intraprocesales es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues pueden ser reparadas aquellas violaciones al dictarse la sentencia correspondiente y en caso contrario, se pueden reclamar en el amparo directo que se promueva contra esta última, en términos de los artículos 170, fracción I, y 174, de la Ley de Amparo. Por lo que, los actos que en esta instancia se reclaman, no tienen efectos de imposible reparación, en virtud de que sus consecuencias no afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal o en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Por las razones que la informan, resulta ilustrativa la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. (énfasis añadido) En el caso particular, la parte quejosa se duele que la Sala responsable, modificó el auto de veinticinco de febrero de dos mil veinte y tuvo por admitida la prueba pericial en grafoscopía en el juicio de origen. No obstante, se estima que el acto reclamado no produce en contra del promovente una afectación material a derechos sustantivos; pues no impide en forma actual, el ejercicio de un derecho, contrario a ello, sólo produce una lesión jurídica formal o adjetiva, toda vez que se trata de una prueba, lo cual, no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. En efecto, la parte quejosa se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, pues el acto deriva de un juicio ejecutivo mercantil, el cual, aun cuando alegue violación a los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, éste, no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como violación de carácter adjetivo, ya que tiene su origen en la etapa de desahogo probatorio durante la etapa del procedimiento del juicio de origen y, por ende, la demanda de amparo que nos ocupa, es notoriamente improcedente de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, en relación con la fracción XXIII, del artículo 61, ambos de la Ley de Amparo, pues dicha actuación repercute únicamente en los derechos adjetivos de las partes, no así en sus derechos sustantivos y, en todo caso, podrían ser materia de amparo directo en caso de que el juicio de origen concluya con una resolución contraria a sus intereses. Así, aplicando lo expuesto al caso concreto, tenemos que la determinación impugnada no es de naturaleza irreparable, sino que resulta ser una violación a las leyes del procedimiento, en términos del artículo 172, fracción XII, de la Ley de Amparo; por tanto, se reitera que el acto reclamado no es de ejecución irreparable. Apoya lo anterior, por su contenido jurídico la diversa tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, que dice: PRUEBAS DE LA CONTRAPARTE. SU ILEGAL DESAHOGO ES RECLAMABLE COMO VIOLACIÓN PROCESAL EN AMPARO DIRECTO. Conforme a lo dispuesto en el artículo 159 fracción III de la Ley de Amparo, es violación procesal reclamable en amparo directo el que no se reciban las pruebas que el quejoso haya ofrecido legalmente o el que no se le reciban conforme a la ley; y la diversa fracción XI del precepto de referencia considera violaciones procesales reclamables en amparo directo aquéllas que guarden analogía con las primeras diez fracciones, por lo que si el acto reclamado se hace consistir en el ilegal desahogo de las pruebas de la contraparte tal violación procesal debe impugnarse en amparo directo, pues qué mayor analogía cuando se reciben las pruebas de la quejosa o no se reciben conforme a la ley (fracción III) que la hipótesis en que se reciben las pruebas ofrecidas por la contraparte estimándose tal cosa contraria a la ley. Luego, si el quejoso reclama la resolución emitida en el recurso de apelación, que modificó el auto de veinticinco de febrero de dos mil veinte, y tuvo por admitida la prueba pericial en grafoscopía en el juicio de origen, es evidente que se trata de un acto que entraña una violación a las leyes del procedimiento, concretamente la prevista por el artículo 172, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues el resultado del mismo en todo caso tendría repercusión directa en los derechos adjetivos de las partes; por tanto, al tratarse de pruebas, no resulta ser de ejecución irreparable. Por esa razón, es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito correspondiente, siempre que, como ya se dijo, afecte la defensa del quejoso y trascienda al resultado del fallo adverso. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto es el siguiente: AMPARO POR VIOLACIONES PROCESALES. CUÁNDO Y CÓMO PROCEDE.- La Constitución y la Ley de Amparo no establecen que el amparo proceda contra todas las violaciones que se puedan dar en el procedimiento judicial; por el contrario, la Constitución en el artículo 107, fracción III, inciso a), señala que para que proceda el amparo por violaciones en el procedimiento, éstas deben afectar 'las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo'. La Ley de Amparo, con las mismas palabras repite esta orden constitucional en su artículo 158, para determinar la procedencia del amparo directo. La propia Constitución señala a la anterior regla general, las excepciones: contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan y contra actos que afecten a personas extrañas a juicio. Así, para las violaciones en el procedimiento hay una regla general establecida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución y 158 de la Ley de Amparo y en estos casos procede el amparo directo; y una serie de excepciones que señala la propia Constitución en el artículo 107, fracción III, incisos b) y c) y que precisa el artículo 114, fracciones III, IV y V de la Ley de Amparo, procediendo en estos casos el amparo indirecto. Y por el contenido jurídico que la orienta, es aplicable al caso la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, cuyo rubro y texto son del siguiente tenor: VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. De conformidad con el artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo, en relación con el 73, fracción XVIII, ibídem, resulta improcedente el juicio de garantías promovido contra el acuerdo que desechó el recurso de revocación interpuesto en contra del diverso que denegó la designación de perito tercero en discordia, al no tener aquél una ejecución de imposible reparación, precisamente porque se trata de una violación a las leyes que rigen el procedimiento, reclamable al través del juicio de amparo directo, en el supuesto de que trascienda al resultado del fallo con afectación a las defensas del quejoso. Los razonamientos expuestos con antelación ponen de relieve lo manifiesto de la causa de improcedencia del asunto controvertido, lo cual resulta indudable, habida cuenta de que, no obstante que se admitiera la demanda de amparo y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA En las relatadas condiciones, al ser manifiesto que el acto combatido constituye una violación procesal que no produce de manera inmediata afectación alguna a los derechos fundamentales de la parte peticionaria de amparo, sino únicamente derechos adjetivos dentro del proceso, los cuales en todo caso, pueden ser impugnados conjuntamente con la sentencia que se pronuncie en el juicio de origen, a través del juicio de amparo directo, si es adverso a sus intereses. Entonces se sigue, que se actualiza la causa improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, y 172, fracción XII, de la Ley de Amparo; en consecuencia, conforme a lo dispuesto en el numeral 113, de la ley de la materia, procede desechar de plano la demanda de amparo. Apoya la conclusión de mérito, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Por no contrariar las disposiciones aplicables de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril del presente año, es aplicable la jurisprudencia del Decimotercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que sostiene: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno de amparo y en la estadística del juzgado. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Toda vez que la Ley de Amparo no contempla los estrados como dicho medio de notificación, a efecto de no dejar en estado de indefensión a la promovente, de conformidad con lo establecido por el artículo 27, fracción II, del ordenamiento legal en cita, notifíquese por lista, el proveído de referencia, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal. Asimismo, con fundamento en el artículo 12, párrafo segundo, parte in fine, relacionado con el diverso 24, párrafo segundo, se tiene como autorizados, únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que menciona, por así haberlo solicitado la promovente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario o Secretarios adscritos a este juzgado puedan realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto, cumpliendo con ello el imperativo previsto en el artículo 17, Constitucional. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A YOLANDA MÉNDEZ BAUTISTA.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintisiete de agosto de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por ****, por propio derecho, contra actos de la Sala Regional Colegiada Mixta Zona 03 del Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en San Cristóbal de Las Casas Chiapas y otra autoridad. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 730/2021-II, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). CAUSA DE IMPROCEDENCIA El artículo 113, de la Ley de Amparo, dispone que el escrito de demanda se examinará y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia desechará de plano la demanda intentada. Ilustra a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, cuyo rubro y texto es: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS. De la lectura del artículo 145 de la Ley de Amparo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; que este motivo sea manifiesto; que también sea indudable. Lo relativo al motivo o causa de improcedencia del juicio constitucional no requiere mayor explicación; lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación -cuando los haya- y de los documentos que se anexan a tales promociones, y lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo; y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En vinculación, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es obligación del juzgado, realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, por lo que de la lectura integral de la demanda de amparo se desprende que la parte quejosa combate: La resolución emitida en el toca civil 121-A-1C03/2021, el cinco de julio de dos mil veintiuno, en el recurso de apelación, que modificó el auto de veinticinco de febrero de dos mil veinte y tuvo por admitida la prueba pericial en grafoscopía en el juicio de origen. En razón de lo anterior, se estima que en este asunto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Dicha aseveración obedece a que la determinación reclamada, tiene su origen en un acto de naturaleza intraprocesal, esto es, es un acto dentro de juicio que puede repararse a través de una sentencia favorable que llegue a pronunciarse en el asunto de origen y que por lo mismo no se ha consumado irreversiblemente la violación en el disfrute del derecho fundamental de que se trata, es decir no se trata de un acto que sea de imposible reparación. Así, contra los actos emitidos dentro de juicio que solamente tengan efectos intraprocesales es improcedente el juicio de amparo indirecto, pues pueden ser reparadas aquellas violaciones al dictarse la sentencia correspondiente y en caso contrario, se pueden reclamar en el amparo directo que se promueva contra esta última, en términos de los artículos 170, fracción I, y 174, de la Ley de Amparo. Por lo que, los actos que en esta instancia se reclaman, no tienen efectos de imposible reparación, en virtud de que sus consecuencias no afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal o en los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano es parte. Por las razones que la informan, resulta ilustrativa la jurisprudencia del rubro y texto siguientes: ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. NO LO SON LAS VIOLACIONES PROCESALES, AUN CUANDO PUEDAN CALIFICARSE COMO DE GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO (LEY DE AMPARO, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE 2 DE ABRIL DE 2013). El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo en revisión 6/95, que dio lugar a la emisión de la tesis aislada P. CXXXIV/96, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, noviembre de 1996, página 137, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO 'PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA').", sostuvo que la distinción entre actos dentro del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por las garantías individuales y los que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, era un criterio útil para determinar que, en el primer caso, procede el amparo indirecto y, en el segundo, el directo, pero que ese criterio no debía ser absoluto, pues se consideró que algunas violaciones procesales podían ser combatidas en amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectaran a las partes en grado predominante o superior. Posteriormente, emitió la jurisprudencia P./J. 4/2001, publicada en los mismos medio de difusión y Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.", en la cual reiteró el criterio que sustentó al resolver el citado amparo, precisando en éste que la interpretación que se había dado a la fracción III, inciso b), del artículo 107 constitucional, debía restringirse o moderarse en los términos que se sustentaba, entre otras razones, porque dicho artículo constitucional, al establecer la procedencia del juicio de amparo, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, no hacía distinción entre actos sustantivos y adjetivos o intraprocesales, ni excluía a estos últimos, los que, se sostuvo, también podían tener una ejecución de imposible reparación y, por ende, se estimó que no existía ningún inconveniente de carácter constitucional para enmendar o moderar la tesis en los términos propuestos. Ahora bien, con la reforma de seis de junio de dos mil once, prevalece la circunstancia de que el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, no define el concepto de actos en juicio que sean de imposible reparación; sin embargo, la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, en la fracción V de su artículo 107, ya define a los actos de imposible reparación, como aquellos "... que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte ...". Lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación de 2 de abril de 2013, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. (énfasis añadido) En el caso particular, la parte quejosa se duele que la Sala responsable, modificó el auto de veinticinco de febrero de dos mil veinte y tuvo por admitida la prueba pericial en grafoscopía en el juicio de origen. No obstante, se estima que el acto reclamado no produce en contra del promovente una afectación material a derechos sustantivos; pues no impide en forma actual, el ejercicio de un derecho, contrario a ello, sólo produce una lesión jurídica formal o adjetiva, toda vez que se trata de una prueba, lo cual, no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. En efecto, la parte quejosa se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, pues el acto deriva de un juicio ejecutivo mercantil, el cual, aun cuando alegue violación a los artículos 14 y 16, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, éste, no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como violación de carácter adjetivo, ya que tiene su origen en la etapa de desahogo probatorio durante la etapa del procedimiento del juicio de origen y, por ende, la demanda de amparo que nos ocupa, es notoriamente improcedente de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, en relación con la fracción XXIII, del artículo 61, ambos de la Ley de Amparo, pues dicha actuación repercute únicamente en los derechos adjetivos de las partes, no así en sus derechos sustantivos y, en todo caso, podrían ser materia de amparo directo en caso de que el juicio de origen concluya con una resolución contraria a sus intereses. Así, aplicando lo expuesto al caso concreto, tenemos que la determinación impugnada no es de naturaleza irreparable, sino que resulta ser una violación a las leyes del procedimiento, en términos del artículo 172, fracción XII, de la Ley de Amparo; por tanto, se reitera que el acto reclamado no es de ejecución irreparable. Apoya lo anterior, por su contenido jurídico la diversa tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito, que dice: PRUEBAS DE LA CONTRAPARTE. SU ILEGAL DESAHOGO ES RECLAMABLE COMO VIOLACIÓN PROCESAL EN AMPARO DIRECTO. Conforme a lo dispuesto en el artículo 159 fracción III de la Ley de Amparo, es violación procesal reclamable en amparo directo el que no se reciban las pruebas que el quejoso haya ofrecido legalmente o el que no se le reciban conforme a la ley; y la diversa fracción XI del precepto de referencia considera violaciones procesales reclamables en amparo directo aquéllas que guarden analogía con las primeras diez fracciones, por lo que si el acto reclamado se hace consistir en el ilegal desahogo de las pruebas de la contraparte tal violación procesal debe impugnarse en amparo directo, pues qué mayor analogía cuando se reciben las pruebas de la quejosa o no se reciben conforme a la ley (fracción III) que la hipótesis en que se reciben las pruebas ofrecidas por la contraparte estimándose tal cosa contraria a la ley. Luego, si el quejoso reclama la resolución emitida en el recurso de apelación, que modificó el auto de veinticinco de febrero de dos mil veinte, y tuvo por admitida la prueba pericial en grafoscopía en el juicio de origen, es evidente que se trata de un acto que entraña una violación a las leyes del procedimiento, concretamente la prevista por el artículo 172, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues el resultado del mismo en todo caso tendría repercusión directa en los derechos adjetivos de las partes; por tanto, al tratarse de pruebas, no resulta ser de ejecución irreparable. Por esa razón, es necesario esperar hasta el dictado de la sentencia para poder combatirlos mediante el juicio de amparo directo ante el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito correspondiente, siempre que, como ya se dijo, afecte la defensa del quejoso y trascienda al resultado del fallo adverso. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia de la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto es el siguiente: AMPARO POR VIOLACIONES PROCESALES. CUÁNDO Y CÓMO PROCEDE.- La Constitución y la Ley de Amparo no establecen que el amparo proceda contra todas las violaciones que se puedan dar en el procedimiento judicial; por el contrario, la Constitución en el artículo 107, fracción III, inciso a), señala que para que proceda el amparo por violaciones en el procedimiento, éstas deben afectar 'las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo'. La Ley de Amparo, con las mismas palabras repite esta orden constitucional en su artículo 158, para determinar la procedencia del amparo directo. La propia Constitución señala a la anterior regla general, las excepciones: contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan y contra actos que afecten a personas extrañas a juicio. Así, para las violaciones en el procedimiento hay una regla general establecida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución y 158 de la Ley de Amparo y en estos casos procede el amparo directo; y una serie de excepciones que señala la propia Constitución en el artículo 107, fracción III, incisos b) y c) y que precisa el artículo 114, fracciones III, IV y V de la Ley de Amparo, procediendo en estos casos el amparo indirecto. Y por el contenido jurídico que la orienta, es aplicable al caso la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, cuyo rubro y texto son del siguiente tenor: VIOLACIONES AL PROCEDIMIENTO. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO. De conformidad con el artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo, en relación con el 73, fracción XVIII, ibídem, resulta improcedente el juicio de garantías promovido contra el acuerdo que desechó el recurso de revocación interpuesto en contra del diverso que denegó la designación de perito tercero en discordia, al no tener aquél una ejecución de imposible reparación, precisamente porque se trata de una violación a las leyes que rigen el procedimiento, reclamable al través del juicio de amparo directo, en el supuesto de que trascienda al resultado del fallo con afectación a las defensas del quejoso. Los razonamientos expuestos con antelación ponen de relieve lo manifiesto de la causa de improcedencia del asunto controvertido, lo cual resulta indudable, habida cuenta de que, no obstante que se admitiera la demanda de amparo y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos probatorios que eventualmente pudieran allegar las partes. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA En las relatadas condiciones, al ser manifiesto que el acto combatido constituye una violación procesal que no produce de manera inmediata afectación alguna a los derechos fundamentales de la parte peticionaria de amparo, sino únicamente derechos adjetivos dentro del proceso, los cuales en todo caso, pueden ser impugnados conjuntamente con la sentencia que se pronuncie en el juicio de origen, a través del juicio de amparo directo, si es adverso a sus intereses. Entonces se sigue, que se actualiza la causa improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción V, y 172, fracción XII, de la Ley de Amparo; en consecuencia, conforme a lo dispuesto en el numeral 113, de la ley de la materia, procede desechar de plano la demanda de amparo. Apoya la conclusión de mérito, la jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Por no contrariar las disposiciones aplicables de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril del presente año, es aplicable la jurisprudencia del Decimotercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que sostiene: DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno de amparo y en la estadística del juzgado. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Toda vez que la Ley de Amparo no contempla los estrados como dicho medio de notificación, a efecto de no dejar en estado de indefensión a la promovente, de conformidad con lo establecido por el artículo 27, fracción II, del ordenamiento legal en cita, notifíquese por lista, el proveído de referencia, así como las subsecuentes, aún las de carácter personal. Asimismo, con fundamento en el artículo 12, párrafo segundo, parte in fine, relacionado con el diverso 24, párrafo segundo, se tiene como autorizados, únicamente para oír y recibir notificaciones a las personas que menciona, por así haberlo solicitado la promovente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que el Actuario o Secretarios adscritos a este juzgado puedan realizar las diligencias inherentes a sus funciones, cuando exista causa urgente que lo exija, debiendo hacerlo constar en el acta que se levante para tal efecto, cumpliendo con ello el imperativo previsto en el artículo 17, Constitucional. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN. Hágase saber a las partes, que con el objeto de respetar el derecho a la reserva y confidencialidad de sus datos personales, para el caso de que este Juzgado de Distrito atienda una solicitud de información, con fundamento en el artículo 118 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, al elaborar la versión pública de la sentencia que se llegue a dictar, se testarán las palabras, frases o párrafos que contengan datos clasificados como reservados o confidenciales, indicando su contenido de manera genérica, sin que se omita la información que constituya para este juzgado alguna obligación de transparencia prevista en la referida ley. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A YOLANDA MÉNDEZ BAUTISTA.

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