Yolanda Medina Escalante

Expediente 81/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 7 actuaciones registradas, la última del 13 de mayo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
81/2021
Año
2021
Actuaciones
7
Última actuación
13/05/2021

Partes del expediente

  • Yolanda Medina Escalante

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Atento a los presentes autos y certificación levantada el día de hoy, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme el artículo 2º, de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria, para todos sus efectos legales; lo anterior, hágase del conocimiento de las partes. En su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido. Con fundamento en el artículo 21, inciso a) del Acuerdo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones en materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es susceptible de destrucción en atención a que se sobreseyó en este juicio constitucional, además de que no existen documentos originales y no se trata de un asunto de relevancia documental. Hágase la anotación en el Libro de Gobierno correspondiente y la valoración anterior en la carátula del expediente. Por lo cual, conforme a lo dispuesto en el artículo 21, párrafo primero del citado acuerdo normativo, el presente juicio de amparo queda en resguardo a cargo de este Juzgado de Distrito por el lapso de tres años. Conforme a lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, del multicitado acuerdo plenario, una vez transcurrido el plazo mencionado, este expediente, deberá ser destruido dentro de los treinta días siguientes.

  2. Principal

    PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Yolanda Medina Escalante, por conducto de su apoderado legal Joel Vicente Flores Sarno, contra el acto reclamado al Presidente de la Junta Especial Número Ocho de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, por los motivos expuestos el considerando tercero de la presente resolución. SEGUNDO. Se ordena a la secretaría supervise la captura de esta resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y agregue la constancia que así lo acredite.

  3. Principal

    Vista la certificación secretarial de cuenta, se desprende que se encuentran señaladas las trece horas con diez minutos de esta propia fecha, para el desahogo de la audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; asimismo, atendiendo a que el Titular de este Juzgado de Distrito se encuentra gozando de la licencia concedida por el Consejo de la Judicatura Federal, por tanto, tomando en consideración que la citada licencia no excede del término de quince días, de conformidad con lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el suscrito Secretario encargado del despacho no puede celebrar la audiencia constitucional fijada para el día de hoy. En consecuencia, se difiere la misma, fijándose para su celebración las ONCE HORAS DEL VEINTITRÉS DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIUNO...

  4. Principal

    Visto lo de cuenta, se tiene por recibido el oficio signado por el Secretario del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimonoveno Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual remite testimonio de la ejecutoria correspondiente a la sesión de once de agosto de dos mil veinte, dictada por el Segundo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con sede en Saltillo, Coahuila, dentro del amparo en revisión 276/2019, cuyos puntos resolutivos a la letra dicen: "PRIMERO. Se revoca la sentencia dictada el veintiocho de agosto de dos mil diecinueve, emitida por el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Ciudad Victoria, en los autos del juicio de amparo indirecto 696/2019. SEGUNDO. Se ordena reponer el procedimiento en el juicio de amparo para los efectos que se precisan en el considerando cuarto de esta ejecutoria." Acúsese el recibo de estilo. Agréguese a los autos originales que se reciben el oficio y el testimonio de cuenta, y las constancias relativas a la continuación de la sustanciación del recurso de revisión aludido que obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del mismo. En lo que se refiere a las constancias restantes del cuaderno de antecedentes aludido, procédase a su destrucción de conformidad con el acuerdo 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Efectúese las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno. IMPEDIMENTO En la ejecutoria de amparo, se fijaron los lineamientos a seguir; sin embargo, sin que ello constituya un desacato, por el momento no se realizará pronunciamiento al respecto, pues este Juzgador estima encontrarse impedido para conocer del presente juicio de amparo, por las razones que a continuación se exponen: En principio, cabe precisar que, con el propósito de garantizar el Estado de Derecho y obtener una recta aplicación de la justicia, el legislador impuso a los juzgadores federales la obligación de rechazar toda coacción ajena en el desempeño de sus funciones, a efecto de que obren libremente en la apreciación del derecho y de la equidad, sin más obstáculos que las reglas fijadas en la propia ley para substanciar el procedimiento y emitir la decisión correspondiente. La eficacia del aserto expuesto se corrobora con el contenido del artículo 51, fracción VIII, de la Ley de Amparo, del que se desprende que es deber del juez de distrito declararse impedido para conocer de los asuntos en los que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad, incluso incurre en responsabilidad si no lo hace; lo anterior, se aprecia en la transcripción siguiente: "Artículo 51. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los magistrados de circuito, los jueces de distrito, así como las autoridades que conozcan de los juicios de amparo, deberán excusarse cuando ocurra cualquiera de las siguientes causas de impedimento: (.) VIII. Si se encuentran en una situación diversa a las especificadas que implicaran elementos objetivos de los que pudiera derivarse el riesgo de pérdida de imparcialidad ." De este numeral se colige que los jueces de Distrito deberán excusarse cuando ocurra cualquiera de las causas de impedimento enumeradas. Ahora bien, la figura de la excusa por impedimento tiende a preservar las garantías establecidas en los artículos 17 y 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para lograr una tutela judicial efectiva, a través de servidores públicos cuya actuación se apegue a los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia. Ello se explica ampliamente en la jurisprudencia I.6o.C. J/44 del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con número de registro 181726, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, página 1344, de rubro y texto siguientes: "IMPEDIMENTO. ES UNA FIGURA JURÍDICA QUE LIMITA AL JUZGADOR EN SUS FUNCIONES PARA INTERVENIR EN CASOS ESPECÍFICOS, EN QUE PUEDE VERSE AFECTADA SU IMPARCIALIDAD E INDEPENDENCIA EN LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. De una sana y analítica interpretación de los artículos 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 105 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación se advierte que el Estado para poder dar cumplimiento a una de sus funciones primordiales, como es la de asegurar una recta administración de justicia procura, para que sean llamadas a esa tarea, sólo a personas que por sus conocimientos que serán evaluados a través de concursos, cultura y capacidad intelectual, así como por sus particulares requisitos de amplia moralidad y agudo escrúpulo en el cumplimiento de sus deberes, para que sean las que aparezcan como las más aptas y apropiadas para el adecuado funcionamiento de las tareas que les encomienda la alta investidura judicial. Sin embargo, en ocasiones las funciones atribuidas a los servidores públicos sufren limitaciones que por razones particulares, no sólo no pueden ejercerlas, sino que se les impone por las normas procesales la obligación precisa de no cumplirlas o de no ejercer las facultades para las que fueron propuestos, dado que, independientemente de la titularidad que se confiere a los órganos jurisdiccionales, también son personas físicas que, como tales, viven dentro de un conglomerado social y son, por consiguiente, sujetos de derecho, de intereses, con relaciones humanas, sociales y familiares, titulares de bienes propios, situaciones de vida personal, etc., abstracción hecha de la calidad que asumen como órganos del Estado, por lo que aun cuando su designación como funcionarios judiciales esté rodeada de una serie de garantías, de modo que asegure su máxima idoneidad para el cumplimiento de sus actividades, puede ocurrir, por circunstancias particulares que revisten situaciones de excepción, que quien desempeña la función de impartir justicia no sea la persona más idónea en relación con una litis determinada, no por incapacidad del órgano o del oficio, sino por una incapacidad propia y personal de los sujetos que asumen la calidad de órgano que desempeña la función judicial. En consecuencia, el ejercicio de dicha función, por lo que a la persona del juzgador se refiere, se ve limitado subjetivamente por todas esas relaciones personales que permiten presumir parcialidad, si tuviera que juzgar a ciertas personas o situaciones con las que le unen vínculos de afecto o relaciones de dependencia o antagonismo, lo que da lugar a un conflicto de intereses, en pugna con el interés público que conlleva el ejercicio de la función jurisdiccional, con el interés personal de quien debe ejercerla en un caso concreto, como esas situaciones dan lugar a una figura jurídica denominada impedimento, cuyo fundamento está plasmado en el artículo 17 constitucional que establece, entre otras cuestiones, que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia de manera pronta e imparcial y el artículo 66 de la Ley de Amparo prevé que quienes estén impedidos para conocer de los juicios en que intervengan deberán manifestarlo, ya sea porque exista amistad estrecha o enemistad manifiesta con alguna de las partes o sus abogados o representantes, al darse tales circunstancias, resulta forzosa la excusa del funcionario, ya que la ley establece una función de pleno derecho con el fin de asegurar la garantía de neutralidad en el proceso, por lo que el legislador le niega taxativamente idoneidad al juzgador y da por hecho que no existe independencia para que conozca de determinado negocio en los casos previstos en el último precepto en comento, lo que implica una declaración formal que deja intocada la respetabilidad personal, probidad, buena opinión y fama del juzgador, evitándose así una situación subjetiva que pudiera dañar la imagen personal de aquél y una afectación al justiciable." Las anteriores premisas garantizan que el titular del Juzgado de Distrito, se ajustará al principio de imparcialidad que rige su función, por lo que, tan pronto como ocurra alguna de las causas de impedimento numeradas en el artículo 51 de la Ley de Amparo, debe plantearse la excusa respectiva. Asimismo, los impedimentos son aquellas situaciones personales del juzgador de amparo que lo justifican suficientemente para que se abstenga de administrar justicia en un caso determinado, por considerar que en ese evento concreto puede verse afectada su imparcialidad en claro perjuicio a los derechos humanos que tutelan esa prerrogativa fundamental. Las premisas desarrolladas son de gran relevancia en la medida que en el presente asunto se actualiza la excusa de que se trata, pues en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia conforme a su artículo 2°, resulta un hecho notorio para este Juzgador la existencia del juicio de amparo 1935/2018 del índice de este órgano jurisdiccional, en el cual mediante proveído de dos de octubre de dos mil diecinueve, se planteó impedimento por los motivos que en el mismo se contienen, ello con motivo de un escrito signado por el aquí autorizado de la parte quejosa Juan Erik Cárdenas Nava, en el que hizo del conocimiento del suscrito, que fui denunciado ante el Agente del Ministerio Público de la Federación, Titular de la Agencia Investigadora en Turno, como se aprecia del anexo que se exhibió con el mismo, el cual ya obra agregado en autos, mismo que fue declarado fundado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimonoveno Circuito (fojas 159 a 186). Al respecto, cabe mencionar que dicho escrito de denuncia es de fecha posterior, a la data en la que se dictó la sentencia en el presente asunto, por lo que para ese momento, no había motivo que impidiera seguir conociendo del mismo y dictar la resolución correspondiente. No obstante el hecho notorio, glósese a los autos copia simple del aludido ocurso y del auto de dos de octubre de dos mil diecinueve, tomando como ilustración la Jurisprudencia 2ª./J. 103/2007 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo XXV, Junio de 2007, página 285, del rubro: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE". De igual forma, resulta necesario mencionar que en el diverso juicio de amparo 1528/2019, también se propuso el impedimento respectivo, habiendo sido resuelto por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, en el sentido de declararlo fundado (fojas 192 a 201). Por tanto, a fin de ser congruente con el espíritu plasmado en las resoluciones dictadas por los mencionados Tribunales Colegiados al declarar fundados dichos impedimentos; este juzgador, en términos de los artículos 51, fracción VIII, 52 y 55 de la Ley de Amparo, se excusa para seguir conociendo de la tramitación del presente asunto, el cual, conforme al testimonio que se agrega, se ordenó la reposición del procedimiento, para los efectos delineados en la ejecutoria de amparo. En consecuencia, acorde con lo dispuesto por el artículo 55, segundo párrafo, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, remítase el presente juicio de amparo, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y de Trabajo del Decimonoveno Circuito, en turno, a efecto de que tenga a bien resolver lo conducente respecto del impedimento planteado, previo cuaderno de antecedentes que se forme con las constancias respectivas. Por tanto, notifíquese personalmente a la parte quejosa, por lista de acuerdos al Agente del Ministerio Publico de la Federación adscrito y tercero interesado emplazado en autos, y mediante oficio a la autoridad responsable. CAPTURA SISE En cumplimiento a lo dispuesto por el punto segundo del Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, aprobado en sesión de ocho de agosto de dos mil siete, se ordena a la secretaría supervise que el analista jurídico encargado del aludido sistema capture la presente resolución y, a fin de corroborar que se llevó a cabo la anterior, agregue la constancia que así lo acredite al expediente en que se actúa.

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