Yolanda Martínez Rojas
Expediente 1249/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 5 actuaciones registradas, la última del 19 de mayo de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1249/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 19/05/2016
Partes del expediente
- Yolanda Martínez Rojas
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecinueve de mayo de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el escrito de Fernando Canseco García, autorizado de la quejosa Yolanda Martínez Rojas, por medio del cual solicita copias relativas al expediente 1724/2010 del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Teziutlán, Puebla. Al respecto, dígasele que no ha lugar a acordar favorable su petición, en atención a que por auto de ocho de septiembre de dos mil quince, se devolvieron las copias certificadas relativas al expediente 1724/2010 al mencionado Juzgado de lo Civil, mediante oficio 1918-V, del cual obra el acuse correspondiente (foja 43). NOTIFÍQUESE.
- Principal
Vistos los presentes autos y la certificación de la secretaria, tomando en cuenta que ha transcurrido el término que concede el artículo 86 de la nueva Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de revisión en contra del proveído de diecisiete de agosto de dos mil quince. Con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que ha causado estado el auto de mérito, para todos los fines legales correspondientes. Háganse las anotaciones del caso en el libro respectivo, y archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Asimismo, en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo 1/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se hace constar que en su oportunidad el presente expediente será susceptible de destrucción, siguiendo los lineamientos contenidos en el acuerdo de referencia; en el entendido de que el presente asunto se tramitó sin incidente de suspensión. Se determina que este asunto no es de relevancia documental. Finalmente, y tomando en consideración que se formó un ANEXO con las copias certificadas del expediente 1724/2010, remitido por el Juez de lo Civil, con residencia en Teziutlán, Puebla; en consecuencia, devuélvase a su lugar de origen, solicitándose el acuse de recibo correspondiente. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de agosto de dos mil quince. Agréguese a sus autos el oficio del Juez de lo Civil de Teziutlán, Puebla, mediante el cual rinde su informe justificado, con fundamento en el artículo 117 de la nueva Ley de Amparo; tomando en consideración, que las constancias que adjunta la autoridad oficiante son voluminosas, para un mejor manejo del presente expediente, con esta fecha se procede a integrar un tomo que se considerará anexo al expediente en que se actúa; constancias que deberán conservar su folio original. Lo anterior con sustento en la tesis I.3o.C.104 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2342 del Tomo XXXIII, febrero de 2011, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "JUICIO DE AMPARO. LAS DOCUMENTALES EXHIBIDAS POR LAS AUTORIDADES SE DEBEN CONSIDERAR FORMALMENTE AGREGADAS AL EXPEDIENTE, CON INDEPENDENCIA DE QUE SE INTEGRE UN LEGAJO POR SEPARADO". En el juicio de garantías se reputan actuaciones judiciales todas las promociones y documentos con que el secretario dé cuenta al juzgador y éste ordene agregar al sumario, según se colige de los artículos 57, 61, 62, 63 y 87 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por consiguiente, cuando alguna autoridad exhibe determinadas documentales y, para facilitar su manejo, el Juez ordene integrar un legajo por separado, se debe considerar que las mismas obran formalmente agregadas al expediente. Estimar lo contrario significaría que las constancias no forman parte del sumario y ello impediría realizar cualquier trámite relacionado con las mismas." Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos, de los que se advierte que mediante escrito presentado el uno de julio de dos mil quince, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Puebla, Yolanda Martínez Rojas, promovió juicio de amparo en el que señaló como autoridad responsable al Juez de lo Civil de Teziutlán, Puebla, de quien reclamó la omisión de dictar sentencia dentro del juicio de nulidad absoluta 1724/2010 (fojas 9 y 10). Al respecto, la autoridad responsable Juez de lo Civil de Teziutlán, Puebla, en su informe justificado confesó la existencia del acto omisivo reclamado (foja 29). Ahora bien, del estudio integral a la demanda de amparo, se tiene que el acto concreto que la quejosa reclama consiste en la omisión de dictar sentencia dentro juicio de nulidad absoluta 1724/2010. Por su parte, de las constancias remitidas por el Juez de lo Civil de Teziutlán, Puebla, en su informe justificado de cuenta, a las que se reconoce pleno valor probatorio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197, 202 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, deriva que el siete de julio de dos mil quince, dictó la resolución correspondiente dentro del juicio de nulidad absoluta 1724/2010. Con base en lo anterior, este Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla, advierte que tal como refiere la autoridad responsable en su informe de ley, se actualiza una manifiesta e indudable causal de improcedencia, cuyo estudio es preferente y oficioso por ser de orden público, al tenor del último párrafo del artículo 61 de la nueva Ley de Amparo, y que trae como consecuencia el impedimento para abordar el estudio de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa. Es así, porque el acto reclamado por la impetrante, cesó en sus efectos. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; (.)" Del precepto transcrito se infiere que, para efectos del juicio de garantías, se entiende que la cesación de los efectos del acto reclamado se presenta en el momento en que la autoridad responsable revoca el acto que la quejosa señaló como reclamado, o bien, cuando crea o constituye una situación jurídica que destruye la que motivó la promoción del juicio de amparo, de tal manera que por esa nueva situación se restituya a la quejosa en el goce de la garantía violada. Además, para que tal causa de improcedencia del juicio de garantías se actualice, no basta que ese nuevo acto de la autoridad derogue o revoque el acto reclamado, sino que necesariamente debe destruir todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiere otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere vulnerado la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ninguna huella que amerite ser borrada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia 2a./J. 59/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, IX, Junio de 1999, página 38, de rubro y texto: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por lo tanto, en el caso se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere la fracción XXI del artículo 61 de la Ley Reglamentaria, en razón a que el Juez de lo Civil de Teziutlán, Puebla, con fecha siete de julio de dos mil quince, dictó resolución en el juicio de nulidad absoluta 1724/2010 y notificó dicha resolución a las partes; por lo tanto, es claro que cesaron los efectos del acto reclamado, por lo que, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley en cita, procede sobreseer en el presente juicio de garantías promovido por Yolanda Martínez Rojas, respecto del acto y autoridad que ha quedado precisados. No representa obstáculo jurídico el que esta determinación se realice fuera de la audiencia constitucional, en atención a que, respecto del acto reclamado, como se ha mencionado, está demostrada en autos una causal de improcedencia manifiesta e indudable que por su naturaleza y características especiales, en modo alguno puede ser desvirtuada en la referida audiencia. Por tanto, se dejan sin efecto las once horas con cuarenta minutos del veintiséis de agosto de dos mil quince, señaladas para la celebración de la audiencia constitucional en este juicio de garantías. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la publicada en la página 386, Tomo XVII, marzo de dos mil tres, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Háganse las anotaciones correspondientes. Notifíquese personalmente.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintinueve de julio de dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, y en virtud de que aún no se han recibido los informes justificados que se requirió a la autoridad responsable Juez de lo Civil de Teziutlán, Puebla, ni existe constancia postal que justifique que haya recibido el oficio por el cual se le solicitó dicho informe; en consecuencia, difiérase la audiencia constitucional para las once horas con cuarenta minutos del veintiséis de agosto de dos mil quince. NOTIFÍQUESE.
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