Yolanda Martinez Chable

Expediente 1355/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1355/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
10/11/2021

Partes del expediente

  • Yolanda Martinez Chable

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso numeral 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa haya recurrido el auto de veintisiete de octubre de dos mil veintiuno, por el cual se desechó la demanda de amparo; por tanto, de conformidad con el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se le tiene por perdido ese derecho, y se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se desprende que son susceptibles de destrucción sólo los sobreseimientos dictados en sentencia o fuera de audiencia, autos que desechan o tienen por no interpuesta la demanda de garantías, y los que declinan la competencia, así como los incidentes que niegan la suspensión provisional y la definitiva, al ser sobreseimientos o proveídos que sin decidir el juicio en lo principal lo dan por concluido. En consecuencia, el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en el artículo 21, incisos b) y d), de dicho Acuerdo, al ser un asunto en el que se desechó la demanda y dio por concluido el juicio sin decidirlo en lo principal; asimismo, carece de información reservada ya que no fue objeto de solicitud de acceso a la información; no tiene documentos originales, y carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del propio Acuerdo General; valoración que deberá constar en la carátula de este expediente en términos del artículo 35, párrafo segundo, del mismo Acuerdo. Con fundamento en los artículos 21, penúltimo párrafo, y 24 del Acuerdo en comento, este expediente debe conservarse por un término de tres años, contado a partir de esta fecha. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes treinta días, este juzgado deberá destruir el expediente, y remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación.

  2. Principal

    Visto lo de cuenta, téngase por recibido el escrito firmado por Zoraida Lara Cruz, en su carácter de autorizada de la parte quejosa, por medio del cual solicita la devolución de los documentos originales anexados a la demanda de amparo; al efecto, agréguese el ocurso de cuenta únicamente para que obre como corresponda, en virtud de que no se encuentra facultada para actuar dentro del presente expediente, sino que sólo se le autorizó para efectos de oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, en virtud de no contar con registro de cédula en el sistema computarizado para el registro único de profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito.

  3. Principal

    Reynosa, Tamaulipas, veintisiete de octubre de dos mil veintiuno. Visto lo de cuenta, téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Yolanda Martínez Chable, en representación del menor de edad Cristian Eduardo Gorgorita Martínez, promovida contra el acto de la Directora de la Escuela Secundaria Técnica número 73, turno matutino, con residencia en esta ciudad; regístrese en el Libro Uno de Juzgado y en el sistema integral de seguimiento de expedientes con el número 1355/2021-II, por ser el ordinal progresivo que le corresponde. Ahora bien, analizada la demanda de amparo, debe decirse que es notoriamente improcedente, por actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el diverso numeral 17, párrafo primero, de la Ley de Amparo, que conlleva a desecharla de plano de conformidad con los artículos 112 y 113 de la invocada ley, por las consideraciones siguientes. En efecto, los artículos 17 y 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo vigente, disponen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. ." De la interpretación jurídica de los preceptos antes transcritos, se infiere que atento a lo dispuesto en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, el juicio constitucional es improcedente contra actos consentidos tácitamente, reputando como tales los no reclamados dentro de los plazos establecidos en el artículo 17 de ese ordenamiento, con las excepciones ahí consignadas. Ahora bien, como puede verse de la demanda de amparo, la parte quejosa reclama de la responsable, la negativa de permitir su inscripción como alumno de primer grado en la escuela secundaria técnica número 73, en el turno matutino, de esta ciudad, en virtud de manifestar dicha autoridad que ya no había cupo disponible para ello; acto respecto del cual refiere en su demanda de amparo bajo protesta de decir verdad, tuvo conocimiento el dos de febrero del presente año (punto número 2 del capítulo de antecedentes del acto reclamado). Lo anterior, deja de manifiesto que la acción constitucional intentada por la parte quejosa, en contra del aludido acto, se encuentra fuera del término de quince días que establece el artículo 17, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para la interposición de la demanda de amparo. Lo expresado por la parte quejosa en su demanda de amparo bajo protesta de decir verdad, constituye para quien aquí provee, una confesión expresa, en términos del artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Tal afirmación se sustenta en que si bien es cierto que el artículo 119 de la Ley de Amparo, estable que: "En el juicio de amparo es admisible toda clase de pruebas, excepto la confesional por posiciones.", no menos lo es que, no prohíbe la prueba de confesión, sino sólo una de las modalidades de este medio de convicción, que es la confesión obtenida mediante la absolución de posiciones. Sobre este tópico, conviene mencionar que el artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en consulta, establece las diversas formas mediante las cuales surge la confesión, entendida como la prueba que se constituye a través del reconocimiento, expreso o tácito, de una parte, formal o material, de un hecho que le perjudica. En efecto, el dispositivo legal invocado con anterioridad, es del tenor siguiente: "Artículo 95.- La confesión puede ser expresa o tácita: expresa, la que se hace clara y distintamente, ya al formular o contestar la demanda, ya absolviendo posiciones, o en cualquier otro acto del proceso; tácita, la que se presume en los casos señalados por la ley." De la transcripción anterior, se distinguen los diversos modos que dan nacimiento a la confesión de un hecho que produce efectos jurídicos en el proceso, entre las que se encuentra la expresa, cuando deriva de la absolución de posiciones, y que prohíbe el artículo 150 de la ley de Amparo. En cambio, la confesión expresa que se hace al formular la demanda o en el escrito aclaratorio de ésta, sí es admisible en el juicio de amparo y debe valorarse en los términos fijados en el código adjetivo civil federal, por ser aplicable, supletoriamente, en ese aspecto, a la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, a la confesión expresa se debe otorgar el valor de prueba plena, al disponer los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, lo siguiente: "199. La confesión expresa hará prueba plena cuando concurran, en ella, las circunstancias siguientes: I. Que sea hecha por persona capacitada para obligarse; II. Que sea hecha con pleno conocimiento, y sin coacción ni violencia, y III. Que sea de hecho propio o, en su caso, del representado o del cedente, y concerniente al negocio." "200. Los hechos propios de las partes, aseverados en la demanda, en la contestación o en cualquier otro acto del juicio, harán prueba plena en contra de quien los asevere, sin necesidad de ofrecerlos como prueba." Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la anterior integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en las páginas 294 y 295 del Tomo LXXXIX, del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, cuyo rubro y texto dicen: "AMPARO, CONFESIÓN EN EL. Es indudable que en el juicio de amparo no se admite la prueba de confesión, porque el artículo que la prohíbe, quiere vedar la que se provoca por medio de posiciones; pero esto no quiere decir que no tenga eficacia probatoria la confesión que, de manera espontánea, hagan las partes en sus memoriales y sólo puede dejarse de considerar eficaz, si hay prueba de mayor fuerza que la desvirtúe." De acuerdo con lo expuesto, las manifestaciones de la parte quejosa vertidas en la demanda de amparo bajo protesta de decir verdad, en el sentido de que desde el dos de febrero del presente año, se enteró del acto que reclama en su demanda de amparo, constituyen para esta juzgadora una confesión expresa con valor pleno, que por esa razón genera la eficacia convictiva de su emisión, con fundamento en lo estipulado en los artículos 199 y 200 del citado código adjetivo aplicado supletoriamente a la ley de la materia. En ese sentido, si el artículo 18 de la Ley de Amparo vigente, establece que el plazo de los quince días para la promoción de la demanda de amparo se computará desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o su ejecución, es claro que el primero de los quince días que tenía la parte quejosa para la interposición de la demanda de amparo en contra del acto que nos ocupa, fue el tres de febrero del presente año y, concluyó el término correspondiente el veinticuatro de febrero pasado. Por ello, es evidente que el plazo de quince días que establece a favor de la parte quejosa el artículo 17, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para promover el juicio de amparo contra el acto de que se ha venido hablando, le transcurrió del tres al veinticuatro de febrero del presente año; por tanto, si la demanda que se provee fue presentada el veinticinco de octubre del año en curso, es inconcuso que dicha promoción constitucional se realizó fuera del término permitido por el citado numeral, lo que deviene en el consentimiento tácito por la parte quejosa del acto que por esta vía reclama, pues dejó transcurrir dicho término sin promover demanda de amparo, siendo que con esta conducta revela su conformidad con tal acto. De modo que al no haber promovido la demanda de amparo la parte quejosa en el periodo comprendido del tres al veinticuatro de febrero del año en curso, en contra del acto reclamado, es incuestionable que le corrió el término que al efecto establece el artículo 17, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para la interposición de la misma, siendo claro que, como se dijo, a tal acto le reviste el carácter de consentido tácitamente, lo que hace improcedente el juicio de amparo, al actualizarse la causal prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, y sin que en la especie se esté en alguno de los casos de excepción que estipula el primero de los citados preceptos legales. Sirve de apoyo a lo considerado, la jurisprudencia P./J. 115/2010, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2008-PL; publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, Enero de 2011, Materia Común, visible en la página 5, del rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene por qué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." En tales circunstancias, con apoyo en el artículo 113 de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo en estudio, por encontrarse en ella motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de conformidad con los diversos numerales 61, fracción XIV, y 17, párrafo primero, de la Ley de Amparo. Siendo aplicable la jurisprudencia XIX.1°. J/6, emitida por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito, que aparece publicada en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VIII, Octubre de 1998, página 997, cuyo rubro y texto dicen lo siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE. PARA QUE OPERE DEBE SER PATENTE, CLARA E INOBJETABLE. Conforme al artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito ante todo debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechar de plano, pero cuando la causal de improcedencia aducida por el a quo no es patente, clara e inobjetable, sino que simplemente se desecha porque a su juicio no existe violación de garantías, fundándose en los motivos y razones que, en su caso, podrían servir para negar la protección constitucional solicitada es inconcuso que tal manera de proceder no es lógica, ni jurídica, porque son precisamente esos temas sobre los que versar el estudio de fondo con vista del informe justificado y de las pruebas aportadas por las partes, por lo que en casos como el de la especie lo procedente es revocar el auto recurrido y ordenar que se admita a trámite la demanda." En otro aspecto, se tiene como domicilio de la parte quejosa para efectos de oír y recibir notificaciones, el que indica en su demanda y como autorizadas únicamente para oír y recibir notificaciones, así como para imponerse de los autos a Zoraida Lara Cruz y Patricia Isabel de Lourdes Silva Rodríguez, de quienes no se encontró registro de sus cédulas profesionales en el sistema correspondiente; y únicamente para imponerse de los autos a Arturo Alejandre Flores, por así solicitarlo. Finalmente, se toma nota de los correos electrónicos y números telefónicos proporcionados, como medios alternos de contacto y para recibir notificaciones. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Vanessa Esmeralda Revilla Muñoz, secretaria en funciones de Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Reynosa, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; autorizada mediante oficio CCJ/ST/3249/2021, de trece de septiembre del presente año, firmado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, ante José Luis González Arredondo, Secretario que autoriza y da fe.

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