Yolanda Maribel Arellano de Haro

Expediente 2209/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
2209/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
12/11/2018

Partes del expediente

  • Yolanda Maribel Arellano de Haro

Actuaciones

  1. Principal

    ** TEPIC, NAYARIT, DOCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el oficio de cuenta, signado por el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con residencia en Mezcales, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, mediante el cual, en cumplimiento al proveído de diecinueve de octubre de la presente anualidad (foja 277 y 278), remite la información que le fue solicitada. En consecuencia, con fundamento en el arábigo 75 de la Ley de Amparo vigente, agréguense a los presentes autos el ocurso y anexo de cuenta para que surta los efectos legales correspondientes; sin que haya lugar a tenerle designando delegados en virtud de que no es parte en el presente juicio, en términos del precepto 5 de la Ley de Amparo. Ahora bien, del análisis integral de la demanda se observa que el acto reclamado se hace consistir en: "IV.- ACTOS RECLAMADOS al Jefe del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Bucerías, Nayarit: A).- Le reclamo la anotación y registro del traslado de dominio de inmuebles (unidades privativas 411-413-415; 138;304-306; 805-807; 203; 424; 418; 401; 290-292; 466-468; 320-322; 112; 705; unidades privativas del CONDOMINIO FLAMINGOS ACQUA registradas en el libro 643 partida 10; y libro 652 partida 24, ambos de registros de la sección I serie A) embargados por esta parte quejosa según consta en el acta de embargo ADJUNTA registrada en el libro 13 sección II serie C y que se ordenó mediante oficio_245/2017 derivado del juicio laboral ordinario 113/2008 del índice de junta especial número cuatro de la local de conciliación y arbitraje en el estado con sede en Bahía de Banderas, Nayarit. B).- Le reclamo el registro específico del traslado de dominio o compraventa (no obstante de estar embargadas) de la unidades 411-413-415 y la unidad 216-218 ambas unidades privativas del CONDOMINIO FLAMINGOS ACQUA, registradas dichas enajenaciones respectivamente en el libro 1299, sección I, serie A, partida 40; y en el libro 1306 partida 17, sección I, serie A". En este contexto, este Juzgado de Distrito de manera oficiosa advierte que se surte la causal de improcedencia, contenida en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 77, fracción II, ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado" "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: (.) II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija". De lo transcrito se observa, que el juicio de garantías es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, lo que ocurre cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Sobre este tema, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia 2a./J. 59/99, que aparece publicada en la página treinta y ocho, tomo IX, junio de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". De la Jurisprudencia invocada se advierte, que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo; y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o bien, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce de la garantía violada. Es decir, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la parte peticionaria del amparo, al cesar su actuación, lo que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, ya que la causa de improcedencia de mérito se justifica ante la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte efectos, ni dejo huella en la esfera jurídica de la parte solicitante del amparo. Por tanto, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, de tal forma que la esfera jurídica del particular vuelve al estado que tenía antes de que se produjera su alteración por los actos de la autoridad que fueron reclamados en el juicio de garantías. Las anteriores consideraciones llevan a concluir, que para que se actualice la causa de improcedencia consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se requiere de lo siguiente: 1. Un acto de autoridad que se estime lesivo de garantías y que motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; 2. Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma definitiva, el que es materia del juicio de amparo; 3. O bien, de una situación de hecho o de derecho que destruya, en forma concluyente, al acto que se reclama, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la promoción de la demanda de garantías. Los referidos requisitos fueron colmados en el caso concreto, pues el Jefe de la Oficina del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Bucerías, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit (fojas 298 a 302), remitió copia certificada de las determinaciones de uno y nueve de octubre de dos mil dieciocho, así como de los oficios 373/2018 y 397/2018, de dos y nueve del mes y año referidos, los cuales recibió el cuatro y diez de octubre de la presente anualidad, a través de los cuales el Presidente la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en Mezcales, solicitó se dejaran sin efectos los gravámenes (embargos) anotados en cumplimiento a los oficios 245/2017 y 268/2017 de diecisiete de julio y cinco de septiembre de dos mil diecisiete, derivados del juicio laboral número 113/2008, cancelando las notas de fechas catorce de julio, veinticinco de septiembre y veinte de diciembre, todos del mismo año, en relación a los inmuebles identificados como Unidades Privativas 411-413-415, 138, 216-218, 304-306, 805-807-, 203, 424, 418, 401, 290-292, 466-468, 320-322, 112 y 705, quedando constancia en el legajo tres de cancelaciones, bajo partida número 351. Lo anterior, en virtud de que el Presidente de la Junta Laboral, indicó que la actuaria adscrita no los declaró formalmente embargados mediante diligencia de embargo de doce de junio de dos mil diecisiete, motivo por el cual no se hizo la traba real de los bienes inmuebles referidos, pues únicamente fueron señalados, por ende, no surtía los efectos de embargo definitivo afectando con ello el debido proceso de su futuro remate, debido a la inconsistencia y falta de traba real; motivo por el cual dejó insubsistente lo actuado con esa fecha y posterior a la misma, ordenándose de nueva cuenta realizar la diligencia subsanando las irregularidades destacadas. En ese orden de ideas, es inconcuso que los actos reclamados, consistentes en la anotación y registro del traslado de dominio o compraventa de los inmuebles antes mencionados, ha dejado de existir, pues el Jefe de la Oficina del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de Bucerías, municipio de Bahía de Banderas, Nayarit, realizó la cancelación de los embargos de las referidas unidades privativas por orden de una autoridad judicial; en consecuencia, los efectos de los actos reclamados quedaron destruidos de forma total e incondicional. Por tanto, al no existir más el acto reclamado por la parte quejosa, consistente en la anotación y registro del traslado de dominio de los inmuebles unidades privativas 411-413-415; 138;304-306; 805-807; 203; 424; 418; 401; 290-292; 466-468; 320-322; 112; 705; unidades privativas del Condominio Flamingos Acqua registradas en el libro 643 partida 10; y libro 652 partida 24, ambos registros de la sección I serie A) embargados por dicha agraviada, según consta en el acta de embargo adjunta registrada en el libro 13 sección II serie C y que se ordenó mediante oficio 245/2017 derivado del juicio laboral ordinario 113/2008 del índice de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en Mezcales; así como el registro específico del traslado de dominio o compraventa de la unidades 411-413-415 y la unidad 216-218 ambas unidades privativas del Condominio Flamingos Acqua, registradas dichas enajenaciones respectivamente en el libro 1299, sección I, serie A, partida 40; y en el libro 1306 partida 17, sección I, serie A, se obtiene que cesaron los efectos del acto reclamado; en este orden de ideas, la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de Ley de Amparo, resulta ociosa por no existir ya el acto, la materia o los efectos reclamados. En este tenor, se concluye que se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del precepto 61, en relación con el numeral 77, fracción II de la Ley de Amparo, razón por la que resulta procedente decretar fuera de audiencia el sobreseimiento en el juicio, con fundamento en la fracción V, del arábigo 63, todos del ordenamiento legal en cita. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.1072003 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página trescientos ochenta y seis, Tomo XVII, Materia Común, correspondiente a marzo de dos mil tres, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Asimismo, apoya lo anterior, por analogía, el criterio Jurisprudencial 415, sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página trescientos cincuenta y seis, Tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos diecisiete a dos mil, que señala: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En consecuencia, la causal de sobreseimiento de la que se ha dado noticia precedentemente, impide ingresar al análisis de los conceptos de violación planteados en la demanda de amparo, pues el sentido del fallo no sólo obliga a ello sino que veda la posibilidad para realizarlo, pues de lo contrario tal proceder sería incongruente, en virtud de que la principal consecuencia del sobreseimiento es poner fin al juicio sin resolver la controversia del fondo. Apoya lo dicho, la Jurisprudencia VI. 1o. J/23, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página doscientos cincuenta y dos, tomo 22-24, octubre-diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, materia común, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dispone: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio". Por ende, se deja sin efecto legal alguno la audiencia constitucional programada para las nueve horas con cuarenta y dos minutos del trece de noviembre de dos mil dieciocho. Por otro lado, visto el escrito presentado por Carole Legare, Charles André Baccichet y Anthony Legare Bacicchet el dieciocho de octubre del año en curso; así como el diverso presentado por Charles André Baccichet el siete de noviembre del año actual, a través de los cuales, se apersonan al presente juicio en su carácter de terceros interesados, designan autorizados, señalan domicilio procesal y formulan alegatos (fojas 269 y 315 a 327). Consecuentemente, con fundamento en el artículo 5°, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo en vigor, se les tiene reconocido dicho carácter. Además, téngase a Carole Legare y a Anthony Legare Bacicchet, como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Morelos número 304, colonia Centro, en esta ciudad, y como su autorizado en términos amplios del ordinal 12 de la legislación en cita, a Edwin Salvador Ramírez Bravo. En tanto que al tercer interesado Charles André Baccichet, téngasele señalando como domicilio procesal los estrados de este juzgado, y como su autorizado en términos amplios a Luis Rogelio Ortega Martínez de Escobar; en tanto que únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos, de conformidad con la última parte del segundo párrafo del numeral 12 del ordenamiento legal antes invocado, a la diversa persona que menciona, por así haberlo solicitado. Luego, en virtud de que mediante proveído de treinta de julio del año en curso (fojas 220), se advirtió que a dichas personas les revestía el carácter de terceros interesados por acreditar la propiedad de las unidades privativas 411, 413 y 415 del Condominio Flamingos Acqua, las cuales se encuentran relacionadas con el acto reclamado en el presente juicio, sin que a la fecha se hubiere realizado su emplazamiento, sin embargo, dicha diligencia no resulta necesaria, ya que al comparecer al presente juicio con dicho carácter se hicieron sabedores del mismo. Por otro lado, del escrito presentado el siete de noviembre del año en cita por Charles André Baccichet, se advierte que interpone incidente de falsedad de documentos en relación al expediente laboral 113/2008 del índice de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en Mezcales; sin embargo, no ha lugar a proveer de conformidad, en virtud de que como se advierte de su libelo, su pretensión es combatir cuestiones de formalidad respecto del expediente en cita, a más de que dicha autoridad no fue señalada como responsable dentro del presente juicio; además, que a nada práctico llevaría admitirlo, en virtud de que lo resuelto con antelación no le causa perjuicio alguno, pues como se advierte en el presente auto, no existen más los actos reclamados por la parte quejosa; máxime que de las copias certificadas que remitió la Junta de referencia, se advierte claramente la causal de improcedencia antes invocada, lo que originó el sobreseimiento en el presente asunto. **

  2. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTISÉIS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Máxime que los efectos del amparo fueron los siguientes: ".se concede el amparo y protección de la Justicia Federal a Adriana Sánchez Ante, para el efecto de que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, en el ámbito de su competencia, emita los acuerdos que correspondan congruentes con el estado procesal del juicio laboral 98/2017, en el que la ahora quejosa figura como parte actora y dé trámite a dicho sumario dentro de los términos previstos en el Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal; así como en la Ley Federal del Trabajo de aplicación supletoria; y en forma inmediata señale día y hora para la celebración de la audiencia de pruebas, alegatos y resolución. Lo anterior, conforme a los términos legales, en estricto apego al postulado que emana del ordinal 17 constitucional de previo anuncio. Ello, a efecto de cumplir lo que el derecho en análisis exige; por ende, resarcir a la quejosa en el pleno goce del mismo, en términos del numeral 77 de la Ley de Amparo". (subrayado añadido) Se le apercibe que de no hacerlo sin causa justificada, dentro del plazo que se le indica, con apoyo en los numerales 237, fracción I, 238 y 258 de la Ley de la materia, se le impondrá una medida de apremio consistente en multa por el equivalente a cien días de salario mínimo vigente en la Ciudad de México. En el entendido de que los salarios mínimos a que se alude, se entienden referidos a los ahora denominados Unidad de medida y actualización, en términos del transitorio tercero del acuerdo emitido por el pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma disposiciones de diversos acuerdos generales en materia de desindexación del salario mínimo, así como mediante el cual se actualiza el Manual de Organización General del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de abril de dos mil dieciséis. Finalmente, cabe precisar que las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de terceros interesados respecto de acuerdos de mero trámite que no se consideren trascendentales, les serán practicadas por medio de lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal, de conformidad con el artículo 26, fracción III de la Ley de Amparo y la jurisprudencia por contradicción de tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS."

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