Yolanda María Vázquez Buelna
Expediente 906/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 10 actuaciones registradas, la última del 17 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 906/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 17/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Yolanda María Vázquez Buelna
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se concluye que la sentencia de amparo ha quedado cumplida sin exceso ni defecto; Asimismo, se ordena el Archivo y valoración del expediente.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, dieciséis de abril de dos mil veintiuno. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa y la autoridad responsable gobernadora del Estado de Sonora (quienes son las facultadas para hacerlo) interpusieran recurso de revisión en contra de la sentencia que por una parte sobreseyó y por otra concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión solicitado. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Requerimiento. En razón de lo anterior, con fundamento en los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, se requiere a la responsable jefa del Departamento de Afiliación y Vigencia de Derechos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, realice lo siguiente: "Deje insubsistente el oficio DAVD-241-2020, de diecinueve de noviembre de dos mil veinte; y, En su lugar, emita otro en el que se abstenga de aplicar a la inconforme el artículo 24, fracción V, de la Ley 38 del ISSSTESON, y considere los mismos requisitos y condiciones necesarios para ser derechohabiente al esposo de la quejosa, como en el caso de una cónyuge de un trabajador o pensionista." En la inteligencia que la obligación antes señalada será exigible, además, a todas aquellas autoridades que por razón de sus atribuciones se encuentren vinculadas al cumplimiento del fallo protector, por disposición del artículo 197 de la Ley de Amparo. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, conforme a lo establecido en el artículo 258 de la referida ley, y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado correspondiente, para iniciar el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y consignación. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante María Guadalupe Noriega Vega, secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
En Hermosillo, Sonora, a las doce horas con cincuenta y seis minutos del veinticinco de marzo de dos mil veintiuno, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, asistido de Luis Felipe Escalante Pasos, secretario con quien actúa, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario da lectura de las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con la demanda de derechos, los informes justificados rendidos por la gobernadora, presidente del Congreso y el director general del Boletín Oficial y Archivo, todos para el Estado de Sonora, así como por el subdirector de pensiones, jubilaciones y prestaciones y la jefa del departamento de Afiliación y Vigencias de Derechos, ambos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, y con las constancias de notificación de la totalidad de las partes -autoridades responsables, quejosa y fiscal federal adscrita-; asimismo, se hace constar que transcurrió a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo para que se impusieran de los referidos informes. El juez acuerda: se tiene por hecha la certificación de constancias. Abierta la etapa de pruebas, el secretario da cuenta con las documentales allegadas por las autoridades responsables y parte quejosa; asimismo, con las pruebas confesional expresa, presuncional e instrumental de actuaciones ofrecidas por la autoridad señalada en último término. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas de referencia, para los efectos legales correspondientes. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos, el secretario hace constar que ninguna de las partes los formuló. El juez acuerda: Se tiene por perdido el derecho de las partes para hacerlo. Acto seguido, se cierra este periodo y se procede a dictar la siguiente resolución. V i s t o s para resolver los autos del juicio de amparo indirecto indicado al rubro, promovido por Yolanda María Vázquez Buelna, contra los actos atribuidos al Congreso del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad, y otras autoridades; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito depositado el veinticinco de noviembre de dos mil veinte, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, con residencia en esta ciudad, y remitido, por razón de turno, el día siguiente a este juzgado de distrito, Yolanda María Vázquez Buelna, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los actos que se precisarán con posterioridad. Mediante acuerdo de cuatro de diciembre siguiente, este juzgado admitió la citada demanda, pidió a las autoridades señaladas como responsables su informe con justificación, dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete, quien no formuló pedimento, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo lugar en los términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Competencia Este órgano judicial es competente para conocer del presente juicio de garantías, de conformidad con los artículos 103, fracción I, 107, fracción IV, de la Constitución Federal; 1, 6, 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que la aplicación del artículo que se estima inconstitucional, tiene ejecución en el lugar en el que este juzgado federal ejerce jurisdicción. Precisión de los actos reclamados Del estudio integral de la demanda de amparo, con base en lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan como actos reclamados los siguientes: Del Congreso, gobernadora y director del Boletín Oficial y Archivo, todos del Estado de Sonora, en el ámbito de su respectiva competencia: La discusión, aprobación, expedición, promulgación y publicación de la Ley 38 del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, en específico el numeral 24, fracción V. Y del subdirector de pensiones, jubilaciones y prestaciones y la jefa del departamento de Afiliación y Vigencias de Derechos, ambos del ISSSTESON: La aplicación del artículo referido a través del oficio DAVD-241-2020, de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, en el que se negó la inscripción de su cónyuge como derechohabiente del ISSSTESON. III. Inexistencia del acto reclamado No es cierto el acto reclamado al subdirector de pensiones, jubilaciones y prestaciones del ISSSTESON, pues así lo manifestó al rendir su informe con justificación. Sin que la parte quejosa aportara pruebas que corroboraran las aseveraciones planteadas en su demanda de amparo, ni desvirtuaran la negativa formulada por la autoridad; lo que ineludiblemente lleva a concluir la inexistencia del acto reclamado. Es aplicable al caso, la jurisprudencia número 284, que establece: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." De igual manera resulta aplicable la tesis VI.2o.A.4 K, de rubro: "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO." En consecuencia, ante la negativa del acto que le reclama la peticionaria del amparo, aunado a que no ofreció prueba alguna tendente a desvirtuar dicha negativa, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, lo procedente es sobreseer en el presente juicio de amparo, respecto dicho acto, por lo que hace a la autoridad señaladas. IV. Existencia de los actos reclamados Son ciertos los actos reclamados al congreso, gobernadora y al director general del Boletín Oficial y Archivo, todos para el Estado de Sonora, pues así lo manifestaron al rendir informe justificado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 305, de rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." De igual forma, es cierto el acto atribuido a la jefa del departamento de Afiliación y Vigencias de Derechos del ISSSTESON, pues si bien no aceptó ni negó el acto que se le atribuye, lo cierto es que hace manifestaciones que evidencian su certeza. Es ilustrativa la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA." Además, lo relevante es que su certeza se advierte con las constancias que al efecto remitió y las acompañadas por la parte quejosa, consistente en el oficio DAVD-241-2020, de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, signado por la propia autoridad responsable; además el acto que se le atribuye consiste en un ordenamiento legal que, dada su naturaleza, no requiere probarse, al constituir un hecho notorio. Al respecto, cobran aplicación la jurisprudencia 226, de rubro: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO." V. Causa de improcedencia actualizada En cumplimiento al artículo 62 de la Ley de Amparo, este juzgador se avoca al estudio de la procedencia del presente juicio constitucional, cuyo examen es de carácter previo y preferente. Es aplicable en lo conducente la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 192, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, del rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA. ESTUDIO PREFERENCIAL DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO." Por lo que hace al acto atribuido al director general del Boletín Oficial y Archivo del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, consistente en la publicación de la Ley del ISSSTESON, en específico el numeral 24, este juzgador estima que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; [.]" La porción normativa transcrita en primer término, debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia del juicio de amparo que en forma enunciativa prevé el artículo 61, no son las únicas que generan la improcedencia de la acción constitucional, pues existen otras causas claramente previstas en algunos de los preceptos de la Constitución Federal, de la propia Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales. Por su parte, la norma transcrita en segundo lugar, establece un requisito de procedencia del juicio de amparo indirecto contra leyes, pues fija a la parte quejosa la carga de que en los supuestos en que reclame la inconstitucionalidad de una norma general y señale como autoridades responsables aquéllas que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios. Así, en la especie, toda vez que la parte quejosa no dio cumplimiento a lo que establece el artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo, es decir, si bien en su demanda se deprende que combate el acto que le atribuye por vicios propios, lo cierto es que no realizó argumentos en el sentido de que la publicación de la citada norma le genere algún perjuicio. En esa virtud, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, y 108, fracción III, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo, respecto el acto que se atribuye al director general del Boletín Oficial y Archivo del Estado de Sonora. Estudio de fondo Al no haberse hecho valer ni advertirse de oficio alguna otra causa de improcedencia de la acción de amparo, procede examinar el fondo del asunto, en cuanto a la constitucionalidad del artículo 24, fracción V, de la Ley 38 del ISSSTESON, cuya aplicación se materializó en el oficio DAVD-241-2020, de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, a través del cual se negó la inscripción de su cónyuge Juan Enrique Armenta Navarro como derechohabiente del ISSSTESON. En una parte de sus conceptos de violación, la quejosa aduce, en esencia, que el precepto combatido infringe los derechos humanos reconocidos en los artículos 1° y 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que a su consideración resulta discriminatorio, en razón de que no existe justificación que ante una misma situación jurídica se le aplique un trato diferente. Dicho motivo de disenso es fundado y suficiente para conceder el amparo solicitado. En el asunto que nos ocupa, se aplicó a la parte quejosa el contenido del artículo 24, fracción V, de la Ley 38 del ISSSTESON, por medio del oficio DAVD-241-2020, de diecinueve de noviembre de dos mil veinte, en el que la jefa del Departamento de Afiliación y Vigencia de Derechos del instituto responsable rechazó el trámite de la solicitud de afiliar a su esposo, bajo el argumento de que dicha ley no contempla la afiliación del cónyuge, cuando no se está en los supuestos de que éste se encuentre incapacitado física o psíquicamente y dependa económicamente de la derechohabiente. Ahora, del análisis de dicho numeral, se concluye que su contenido vulnera el principio de igualdad previsto en los artículos 1, 4 y 123, apartado B, fracción XI, inciso d), de la Constitución Federal, ya que no existe una justificación racional para exigir mayores requisitos al cónyuge de una trabajadora (que a un trabajador) para acceder a la prestación de los servicios médicos que proporciona el ISSSTESON. A fin de justificar tal aserto, cabe resaltar el contenido del artículo 1 de la Carta Magna, que señala: "Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley." El artículo en cita impone a todas las autoridades jurisdiccionales del país el deber de efectuar un control de constitucionalidad y convencionalidad ex oficio en materia de derechos humanos sobre las disposiciones jurídicas que apliquen en sus decisiones, lo que se traduce en el deber de examinarlas e interpretarlas conforme a los derechos humanos reconocidos tanto en la Carta Magna como en los tratados internacionales suscritos por el Estado Mexicano y, en caso de que no sea posible realizar una labor hermenéutica que las ajuste al texto constitucional o internacional (interpretación conforme), deben inaplicarse. En ese sentido, la interpretación de las normas relativas a derechos humanos debe armonizarse de acuerdo con la Constitución y los tratados internacionales de la materia, y debe favorecerse en todo tiempo la protección más amplia al individuo (pro persona). Asimismo, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, se encuentran constreñidas a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la legislación respectiva. A su vez, el artículo 4 de nuestra Carta Magna, que en el caso particular se determina transgredido, en lo que interesa, señala: "Artículo 4°. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. [.]" Se invoca por ilustrativa la jurisprudencia 1a./J. 30/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DERECHO HUMANO A LA IGUALDAD ENTRE EL VARÓN Y LA MUJER. SU ALCANCE CONFORME A LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 4o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. Al disponer el citado precepto constitucional, el derecho humano a la igualdad entre el varón y la mujer, establece una prohibición para el legislador de discriminar por razón de género, esto es, frente a la ley deben ser tratados por igual, es decir, busca garantizar la igualdad de oportunidades para que la mujer intervenga activamente en la vida social, económica, política y jurídica del país, sin distinción alguna por causa de su sexo, dada su calidad de persona; y también comprende la igualdad con el varón en el ejercicio de sus derechos y en el cumplimiento de responsabilidades. En ese sentido, la pretensión de elevar a la mujer al mismo plano de igualdad que el varón, estuvo precedida por el trato discriminatorio que a aquélla se le daba en las legislaciones secundarias, federales y locales, que le impedían participar activamente en las dimensiones anotadas y asumir, al igual que el varón, tareas de responsabilidad social pública. Así, la reforma al artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, da la pauta para modificar todas aquellas leyes secundarias que incluían modos sutiles de discriminación. Por otro lado, el marco jurídico relativo a este derecho humano desde la perspectiva convencional del sistema universal, comprende los artículos 1 y 2 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, así como 2, 3 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; y desde el sistema convencional interamericano destacan el preámbulo y el artículo II de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, así como 1 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos." Como se aprecia de dicho ordinal, en él se contiene el derecho humano de igualdad entre el hombre y la mujer, el cual, de manera complementaria con lo que disponen otros dispositivos constitucionales, debe estar libre de cualquier influencia discriminatoria que pueda generar la raza, el estado social, la condición económica, la creencia religiosa, y por supuesto, el género. Es decir, desde el punto de vista jurídico, la igualdad se traduce en que varias personas que se encuentren en una situación particular frente a la ley, tengan la capacidad y posibilidad de ser titulares de los mismos derechos, o bien de contraer las mismas obligaciones que otra persona que se encuentre en el mismo plano, esto es, que guarden el mismo estatus jurídico ante la norma legal en cuestión. En tal perspectiva, debe entenderse que cada persona es susceptible de colocarse en tantas situaciones jurídicas como relaciones o actos pueda efectuar, por lo que existen una serie de legislaciones que pretenden regular esos escenarios, cuyo contenido debe respetar siempre los derechos humanos protegidos en nuestra Constitución y, entre otros, el principio de igualdad. Esa prerrogativa elevada a rango constitucional forma parte de la concepción de que todo atributo que imponga una distinción a grupos humanos con la finalidad de discriminarlos o darles un trato preferente frente a otros debe ser eliminado -en caso de que dicha diferenciación no atienda a una justificación razonable-; máxime si se basa en alguna categoría sospechosa como raza, religión, condición económica, género, preferencia sexual u otra característica similar. Precisados los lineamientos del derecho humano de igualdad que debe ser respetado por el Estado, se tiene que cualquier individuo tiene el derecho de reclamarla, y exigir a sus autoridades que se abstengan de otorgar trato diferente si se colocan en una misma situación que no amerite esa distinción. Así, el espíritu del principio de igualdad no consiste en que a todos los individuos se les dé el mismo trato en toda hipótesis, pues en caso de que cierto grupo se sitúe en situaciones diversas, tal perspectiva equivaldría a tratarlas injustamente, sin atender a sus circunstancias particulares en relación con el conglomerado al que pertenecen. Por ende, la igualdad ante la ley consiste en dar un trato igual a los iguales y desigual a los desiguales, porque ello permite regular estados jurídicos específicos en los que puede estar colocado un grupo de personas, a las que debe tratarse en la misma forma en cualquier situación o acontecimiento. Por su parte, el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso d), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, prevé: "Artículo. 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social de trabajo, conforme a la ley. [...] B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores: [.] XI. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes bases mínimas: [.] d). Los familiares de los trabajadores tendrán derecho a asistencia médica y medicinas, en los casos y en la proporción que determine la ley. [.]" Como se aprecia, el citado precepto constitucional contiene el principio de previsión social, sin hacer distinciones de trato. Asimismo, establece las bases mínimas de seguridad social para los trabajadores al servicio del Estado, dentro de las que destaca el derecho de los familiares de acceder a asistencia médica y medicinas, prerrogativa que se genera durante la vida del trabajador o trabajadora con las aportaciones efectuadas por determinado número de años de su empleo y con la finalidad de que con tales aportaciones se garanticen los servicios médicos requeridos. Establecido el marco constitucional aplicable al asunto que nos atañe, es conveniente citar algunos dispositivos que regulan la prestación de los servicios que brinda el ISSSTESON, para con los cónyuges de las trabajadoras o pensionistas derechohabientes, entre ellos, el artículo 24, fracciones I y V, de la Ley 38 del citado instituto, los cuales establecen: "Artículo 24. También tendrán derecho a los servicios que señala la fracción I del artículo 23 de esta Ley en caso de enfermedad, siempre y cuando reúnan los requisitos y condiciones que establece la misma y el Reglamento para los Servicios Médicos del Instituto, los familiares del trabajador y del pensionista que enseguida se señalan: I. La cónyuge o, en su caso, la persona con quien ha vivido como si lo fuera durante los cinco años anteriores a la enfermedad o aún durante un término menor si con ella tuviese hijos, siempre que ambos permanezcan libres de matrimonio. Si el trabajador o pensionista tiene varias concubinas, ninguna de ellas tendrá derecho a recibir las mencionadas prestaciones. [.] V. El esposo o concubinario de la trabajadora o pensionista, siempre que esté incapacitado física o psíquicamente y dependa económicamente de ella." De lo transcrito se advierte que tienen derecho a servicios médicos, entre otros, la cónyuge del trabajador o pensionado sin ningún requisito, mientras que el cónyuge de la trabajadora o pensionada será beneficiario siempre y cuando esté incapacitado física o psíquicamente y dependa económicamente de ella. Entonces, el hecho de solicitar requisitos al esposo de la trabajadora, mientras que a la cónyuge del trabajador no se le exige ninguno, constituye una diferencia de trato, que involucra una categoría sospechosa, como lo es el género; situación que obliga a estudiar si dicha medida resulta razonable y proporcional y, por ende, si transgrede los principios de igualdad y no discriminación contenidos en los artículos 1 y 4 constitucionales. Asimismo, se advierte que la ley cuestionada hace una clara distinción del beneficio del servicio médico, al concederlo con base en distintas exigencias, otorgando un trato preferente, sin justificación, a la persona cónyuge del trabajador o pensionado, por ser mujer, pues cuando el cónyuge o concubino se trata de un hombre, se establecen una serie de requisitos que a la cónyuge mujer no se piden, esto es, el cónyuge de la trabajadora o pensionada deberá acreditar tener incapacidad física o psíquica y depender económicamente de su esposa o concubina trabajadora (mujer), lo cual constituye una distinción injustificada y discriminatoria, en la medida de que en términos del artículo 4 de la Constitución Federal, el hombre y la mujer son iguales ante la ley. En esa línea de pensamiento, los principios de igualdad y no discriminación reconocidos en los numerales 1 y 4 constitucionales, relacionadas con las relativas a la seguridad social y el principio de previsión social de referencia, permiten concluir que es un derecho fundamental de los beneficiarios de un trabajador o trabajadora, el otorgamiento de asistencia médica y medicinas en los supuestos y en la forma que determinen las leyes, sin distinción de género. En el caso, si el trabajador en activo asegurado, pretende tener como beneficiario a su cónyuge, de acuerdo con el artículo 24, fracción I, de la Ley 38 del ISSSTESON, únicamente tendrá que acreditar tal hecho. Sin embargo, si es la trabajadora o pensionista asegurada quien lo pretende, se exige que su cónyuge acredite que se encuentra en los supuestos señalados en la fracción V del numeral 24 de la Ley 38 del ISSSTESON; es decir, que esté incapacitado física o psíquicamente y dependa económicamente de ella. Lo cual, analizado desde una perspectiva general de violación al derecho de igualdad, constituye una situación que priva injustificadamente al varón de obtener el derecho de acceder a la prestación de servicios médicos, cuando no se ubica en las hipótesis señaladas en el precepto referido. En efecto, no existe una justificación racional para limitar la prestación de los servicios médicos al cónyuge de una trabajadora asegurada por el organismo referido y, por tanto, el acceso a dichos servicios, pues el hombre se ubica en las mismas circunstancias que la mujer, por tener y compartir el mismo estado civil, de modo que, ambos deben ser tratados en forma idéntica. Por tanto, al otorgar el carácter de beneficiario de los asegurados de la prestación de servicios médicos, a la cónyuge y al cónyuge, pero estableciendo a este último requisitos que la primera no tiene que acreditar, hace que los individuos sean tratados en forma distinta por la norma, y evidencia una trasgresión al derecho de igualdad establecida en la Constitución Federal, especialmente porque existen disposiciones que claramente prohíben esa desigualdad, como es el artículo 4 de la citada Carta Magna que ordena que ambos, el hombre y la mujer, serán iguales ante la ley. Además, si se toma en consideración que tanto el hombre como la mujer, en su calidad de trabajadores, desempeñan la misma labor, y cotizan de igual forma para tener acceso a los derechos otorgados por la Ley 38 del ISSSTESON, el acceso de sus beneficiarios a la prestación de servicios médicos, no es una concesión gratuita, sino que es un derecho generado durante su vida productiva tendente a garantizar la salud de su familia; por lo que, si su estado civil también es el mismo, tendrá derecho a que sus familiares disfruten de esos derechos que la institución otorga, en la misma forma que lo tiene un trabajador varón; de ahí que, negar el acceso a una prestación de esa índole, equivale a la restricción de una garantía social, consistente en el derecho a recibir asistencia médica y medicina. Bajo esa línea argumentativa, si ante una misma situación jurídica se da un trato diferente a los beneficiarios cónyuges de las trabajadoras o pensionadas aseguradas, en tanto que se les permite el derecho a la prestación de servicios médicos, únicamente en determinados supuestos, ello sin razones válidas que lo justifiquen, resulta inconcuso que la norma tildada de inconstitucional, otorga un trato diferenciado por razón de género. Es así, pues distinguir entre el esposo y la esposa de la trabajadora y del trabajador por razones de sexo o económicas, como lo hace el ordenamiento jurídico de mérito, incuestionablemente no tiene apoyo constitucional alguno, al contrario, como se dijo, el Pacto Federal en su artículo 4 establece categóricamente que el varón y la mujer son iguales ante la ley, lo que significa que la Ley 38 del ISSSTESON, debe aplicarse sin consideración de sexo o por cuestiones económicas al esposo y a la esposa de la trabajadora y del trabajador, ya que ambos tienen el carácter de cónyuges. Sirve de apoyo, la tesis LIII/89, de rubro y texto siguientes: "TRABAJADORAS AL SERVICIO DEL ESTADO. EL ARTÍCULO 5o., FRACCIÓN V, PÁRRAFO SEXTO, DE LA LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO, VIOLA LA GARANTÍA DE IGUALDAD. El artículo 4o., primer párrafo, de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos establece que el varón y la mujer son iguales ante la ley, lo cual significa que ésta debe aplicarse por igual a todos los destinatarios sin consideración de sexo. Por su parte, el artículo 123, apartado B, fracción XI, inciso D), de la misma Constitución, dispone que los familiares de los trabajadores tendrán derecho a la asistencia médica y medicinas, en los casos y en la proporción que determine la ley. De los anteriores preceptos se desprende que los familiares del trabajador, como de la trabajadora, tendrán el mismo derecho a la asistencia médica y medicinas en los supuestos y en la forma que determinen las leyes, sin distinción de sexos. Ahora bien, el artículo 5o., párrafo sexto, fracción V, de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado, viola los preceptos constitucionales referidos al establecer un trato desigual entre el varón trabajador y la mujer trabajadora. En efecto dicho precepto dispone que el esposo o concubinario de la mujer trabajadora sólo será derechohabiente si es mayor de cincuenta y cinco años o bien si se encuentra incapacitado física o psíquicamente y depende económicamente de la trabajadora, mientras que, para que la esposa o concubina del trabajador sea derechohabiente, es suficiente con que tenga el carácter de cónyuge o concubina. Este trato desigual por razones de sexo o económicas que establece el precepto que se impugna, no tiene fundamento constitucional, máxime que el párrafo tercero del artículo 4o. de la propia Constitución establece que "toda persona tiene derecho a la protección de la salud." Bajo las consideraciones expuestas, se obtiene que la norma reclamada hace una distinción entre el varón y la mujer trabajadores, lo que conlleva a una discriminación por razón de género, al solicitar mayores requisitos y condiciones a ésta última, para que su cónyuge pueda recibir los servicios de asistencia médica, quirúrgica, farmacéutica y hospitalaria. Aunado a los argumentos vertidos en esta resolución, el estudio del presente asunto, representa un análisis de violación a los principios de igualdad por razón de género y no discriminación, el cual requiere de una motivación reforzada, abordando el estudio de la norma impugnada con perspectiva de género, pues esta afecta derechos fundamentales sujetos a protección especial dado los valores implicados. Es así, pues el trato diferenciado que existe en diversos ordenamientos legales, deriva de la asignación a la mujer del rol de ama de casa, cuyo concepto se concibe, entre otras características, para lo que el caso interesa, como la persona "no proveedora" del hogar -pues sus actividades no son remuneradas-, por el solo hecho de ser mujer; lo cual implica un estereotipo de género, esto es, la preconcepción que a la mujer es a quien le corresponde ocuparse de las actividades del hogar, sin considerar que cada familia tiene su propio proyecto de vida, virtud del cual esta puede ser una responsabilidad compartida en la cual participan en igual medida, o bien, efectuada solo por la mujer, quedando el hombre al cuidado del hogar y la familia. Por ello, al plasmarse en texto vigente en la ley, menos exigencias a la mujer como beneficiaria del servicio médico por ser esposa o concubina de un pensionado, que a un hombre como esposo o concubino de una pensionada; se acentúan los estereotipos de género, ya que el legislador únicamente contempla esta última posibilidad en el caso que el cónyuge o concubinario, esté incapacitado física o psíquicamente y dependa de ella. Es decir, se asume que el rol estereotipado del hombre, por su propio género, es incorporarse al trabajo remunerado, en tanto que la mujer al cuidado del hogar y la familia y únicamente como caso de excepción (incapacidad del varón), ella participará en actividades remuneradas. Sobre esa base, ese trato asimétrico conlleva una diferenciación estructural que subyace en la norma, asignando a la mujer un determinado papel en razón exclusivamente del género, reafirmando la visión estereotipada y situación de desventaja que permea en la norma, reduciéndola al papel del cuidado del hogar, siendo que también el hombre, por tener la misma responsabilidad en ese aspecto, está en aptitud de desarrollar tal actividad. Debe tenerse presente que juzgar con perspectiva de género, constituye un método que pretende detectar y eliminar todas las barreras y obstáculos discriminatorios a las personas, por condición de sexo o género, es decir, juzgar tomando en cuenta las situación de desventaja que, por cuestión de género, discriminan e impiden la igualdad. Bajo esa línea de pensamiento, este juzgador considera que la mujer, al igual que el hombre, ambos en su carácter de esposa y esposo, concubino o concubinaria, respectivamente, de un pensionista o trabajador en activo, titular derechohabiente de un instituto de seguridad social, tienen derecho a acceder al servicio médico, como beneficiarios de la persona asegurada, sin que para ello el ISSSTESON les exija mayores requisitos a uno y otro. Por tanto, se concluye que el artículo 24, fracción V, de la Ley 38 del ISSSTESON, colisiona con lo establecido en los preceptos 1, 4 y 123 Constitucionales, lo que da pauta a conceder la protección constitucional solicitada. Concesión que se extiende al acto de aplicación consistente en el oficio DAVD-241-2020, de diecinueve de noviembre de dos mil veinte,, emitido por la jefa del Departamento de Afiliación y Vigencia de Derechos del ISSSTESON, en el cual negó la afiliación del cónyuge de la quejosa -Juan Enrique Armenta Navarro-, al haberse sustentado en el contenido del numeral declarado inconstitucional; máxime que no se reclama por vicios propios, sino como consecuencia de la aplicación del precepto reclamado. No pasa inadvertido que al rendir informe justificado, la referida jefa citó también como fundamento de su decisión el diverso numeral 15, fracción VI, del Reglamento de Afiliación y Vigencia de Derechos del ISSSTESON; no obstante, dicha disposición tiene el mismo sentido de afectación que el artículo declarado inconstitucional; de ahí que resulta ineficaz para sustentar la regularidad constitucional de la determinación cuestionada; amén que únicamente se trata de una norma secundaria que, en atención al principio de subordinación jerárquica, solo busca proveer en la esfera administrativa la exacta observancia de lo ordenado por el legislador local. VII. Decisión En las relatadas condiciones, al ser inexistente el acto reclamado al subdirector de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones del ISSSTESON, con sede en esta ciudad, e improcedente el juicio respecto el acto atribuido al director general del Boletín Oficial y Archivo del Estado de Sonora, con fundamento en el artículo 63, fracciones IV y V, de la ley de la materia, se sobresee en el juicio de amparo. En otro orden, ante lo fundado del concepto de violación enderezado contra el acto de la jefa del Departamento de Afiliación y Vigencia de Derechos del ISSSTESON, se concede el amparo y protección de la Justicia Federal a Yolanda María Vázquez Buelna, para los efectos siguientes: Deje insubsistente el oficio DAVD-241-2020, de diecinueve de noviembre de dos mil veinte; y, En su lugar, emita otro en el que se abstenga de aplicar a la inconforme el artículo 24, fracción V, de la Ley 38 del ISSSTESON, y considere los mismos requisitos y condiciones necesarios para ser derechohabiente al esposo de la quejosa, como en el caso de una cónyuge de un trabajador o pensionista. En la inteligencia que la obligación antes señalada será exigible, además, a todas aquellas autoridades que por razón de sus atribuciones se encuentren vinculadas al cumplimiento del fallo protector, por disposición del artículo 197 de la Ley de Amparo. De igual forma, cabe precisar que si bien la tutela protectora alcanza a las autoridades responsables que concurrieron en la creación de la norma, ello no implica por parte de éstas la realización de algún acto concreto en cumplimiento al fallo protector. Lo anterior, de conformidad con lo señalado en el criterio P. CXXXVII/96, sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ORGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACION." Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se VIII. R e s u e l v e Primero. Se sobresee en el juicio de amparo, por las razones y fundamentos expuestos en los considerandos III y V de este fallo. Segundo. La Justicia de la Unión ampara y protege a Yolanda María Vázquez Buelna, respecto del acto reclamado a la autoridad responsables, por los argumentos plasmados en el considerando VI, y para los efectos precisados en el diverso VII. Notifíquese; por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante el secretario de Juzgado Luis Felipe Escalante Pasos, con quien legalmente actúa, que autoriza y da fe. Doy Fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veintidós de febrero de dos mil veintiuno. Recepción de oficio. Agréguese a los autos el oficio remitido por la jefa del Departamento de Afiliación y Vigencia de Derechos del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, por medio del cual da cumplimiento a lo requerido en auto de diez de febrero del año en curso, toda vez que remitió las constancias solicitadas. En consecuencia, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por remitidas las documentales anexas, mismas que serán tomadas en cuenta al celebrarse la audiencia constitucional; y dese vista a las parte con su contenido. Notifíquese.
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