Yolanda Maeda Rivera

Expediente 544/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 29 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2016.

Datos del expediente

Expediente
544/2015
Año
2015
Actuaciones
29
Última actuación
24/08/2016

Partes del expediente

  • Yolanda Maeda Rivera

Actuaciones

Las 4 más recientes de 29.

  1. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, VEINTICUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS. Vista la certificación de cuenta se advierte que las partes no se inconformaron en contra del proveído de catorce de julio de dos mil dieciséis, mediante el cual este Juzgado declaró cumplida la sentencia de amparo pronunciada en el presente asunto; en consecuencia, en términos de los artículos 201 y 202, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se tiene por conforme la determinación aludida. REMISIÓN DE CONSTANCIAS A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Por otra parte, devuélvanse al Juez Mixto de Primera Instancia, con residencia en San Luis Río Colorado, Sonora, ahora Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal, con residencia en San Luis Río Colorado, Sonora, las copias certificadas que remitió en apoyo a su informe, relativas al expediente 153/2015, de su índice constantes de un tomo, toda vez resulta innecesaria su retención en el presente juicio de amparo dado lo determinado en el presente auto. CALIFICACIÓN DEL EXPEDIENTE JUDICIAL En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el cuaderno principal del presente juicio es susceptible de depuración, de conformidad con el último párrafo del punto VIGÉSIMO PRIMERO del mencionado Acuerdo General Conjunto. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. Por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el cuaderno principal, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en el libro de Juzgado, tal y como lo dispone el punto Vigésimo Quinto y el punto Décimo Cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual. INCIDENTES DE SUSPENSIÓN Por otra parte, se advierte que el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, por encontrarse en la hipótesis de las fracciones II y III, del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General Conjunto 1/2009. Asimismo, se hace constar que el presente expediente no se considera de relevancia documental, conforme al arbitrio de este Juzgado y, además, por no encontrarse en alguna de las hipótesis contempladas en el último párrafo, del punto Vigésimo Primero, del Acuerdo General antes mencionado. De igual manera, atento a lo previsto por el punto décimo cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual, deberá también transferirse el presente cuadernillo, para que el Centro archivístico que le corresponda su resguardo proceda a la destrucción del mismo atendiendo a la calificación y acervo documental que contiene. En la inteligencia de que los cuadernos incidentales no deberán glosarse al expediente del juicio principal, en atención a que éste es destruible mientras que el incidente es depurable, lo anterior acorde a los lineamientos contenidos en la página 25 del "Manual de Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación" de diciembre de dos mil doce. ARCHIVO DEFINITIVO Y CAPTURA EN LIBROS DE ANOTACIÓN EN LIBRO DE JUZGADO Y SISE Tomando en cuenta que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro Uno de Juzgado, notifíquese a las partes en el juicio, y en su oportunidad archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el mencionado libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. Finalmente, hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C)Y 29 DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA AL QUEJOSO EL AUTO DE CATORCE DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, EL CUAL DICE: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A CATORCE DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS. CUMPLIMIENTO Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa y terceros interesados, no desahogaron la vista que se les dio por auto de quince de junio de dos mil dieciséis, para que manifestaran por escrito lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento dado por la responsable Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Distrito Judicial de San Luis Río Colorado, Sonora; en consecuencia, este Juzgado procederá a determinar, de oficio, si la cumplimentación de que se trata, se encuentra apegada a los lineamientos señalados en la sentencia referida. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, publicada en la página doscientos cuarenta y tres, del Tomo XI, marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Al respecto, primeramente procede establecer que por resolución definitiva dictada por este Juzgado, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en la que se concedió el amparo y protección a la quejosa YOLANDA MAEDA RIVERA, para que la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Distrito Judicial de San Luis Río Colorado, Sonora, diera cumplimiento a los siguientes efectos: Deje insubsistente el auto de formal prisión de uno de septiembre de dos mil quince, dictado en la causa 153/2015, contra la aquí quejosa YOLANDA MAEDA RIVERA. Debiendo quedar subsistente la declaración preparatoria de la indiciada, ahora quejosa, así como las probanzas ofertadas por la defensa y desahogadas, incluyendo las pruebas documentales agregadas a los autos. Se otorgue nuevamente a la indiciada y quejosa el término constitucional ampliado, es decir, ciento cuarenta y cuatro horas, por así haberlo solicitado la defensa en su oportunidad, plazo que deberá contar a partir de la hora y fecha en que el juez responsable reciba la ejecutoria de amparo que nos ocupa, sin restarle hora alguna. Durante ese término la autoridad responsable deberá de proveer lo conducente a fin de estar en posibilidad de llevar a cabo la ampliación de declaración a cargo de Félix Aguilar Méndez, ofrecida por la imputada y la testimonial a cargo de Eduardo Barajas ofrecida por el tercero interesado, debiendo de agotar los medios legales a su alcance a efecto de lograr el desahogo de dichas pruebas, así como hacer uso de las medidas de apremio para cumplir sus determinaciones y de ser necesario, hacerlas efectivas. Al considerar que existe imposibilidad material o jurídica comprobada que evite llevar a cabo el desahogo de las probanzas careos constitucionales entre la quejosa y José Tito Rodríguez Villaescusa, Víctor Medina Valenzuela, Petra García Larios y Juan Francisco Casas Díaz, ampliación de declaración de José Tito Rodríguez Villaescusa, Víctor Medina Valenzuela, Petra García Larios, Alberto Emeterio Bojorquez López y Salomón Díaz y testimonial a cargo de Mario Alberto Sedano Sainz, dése vista a la inculpada y a su defensa para que manifiesten lo que a su interés convenga, en el entendido que en caso de que éstas opten por el desistimiento, proceda en términos de ley, haciéndoles saber la trascendencia jurídica que implica. Proveer lo conducente en derecho respecto de las pruebas ampliación de declaración a cargo de Juan Francisco Casas Díaz y Testimonio del perito valuador Gerardo Payán, dada su incomparecencia injustificada al desahogo de las pruebas en las que iban a intervenir, respectivamente. Hecho lo anterior, siguiendo las formalidades legales del procedimiento penal, la juez responsable dentro del término de ley deberá de resolver la situación jurídica de la inculpada emitiendo una nueva resolución con plenitud de jurisdicción, fundada y motivada, debiendo de realizar un desglose de los elementos que integran el delito que se le imputa a la quejosa y un análisis de manera completa y congruente de cada uno de ellos con los medios de prueba recabados durante la etapa de averiguación previa y en la preinstrucción; así como hacer la valoración y justificación con razonamientos lógicos jurídicos; además de vincularlos con el análisis respectivo para determinar si se acredita o no la probable responsabilidad penal. Causando ejecutoria el dos de junio de dos mil dieciséis. Ahora bien, por oficio 1148/2016-II remitido por la Secretaria Primera de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal de San Luis Río Colorado, Sonora, remitió diversas constancias relativas al expediente 153/2015-BIS, con las que se advierte el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Por lo anterior, PROCEDE TENER POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO PRONUNCIADA EN EL PRESENTE EXPEDIENTE. En términos de lo establecido por el tercer párrafo del artículo 192, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, notifíquese a la parte quejosa y terceros interesados, haciendo de su conocimiento que cuentan con el término de quince días contados a partir de la legal notificación de este acuerdo para expresar lo que a sus intereses convenga y en su oportunidad, archívese el juicio de amparo como asunto concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C)Y 29 DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA AL TERCERO INTERESADO EL AUTO DE CATORCE DE JULIO DEL PRESENTE AÑO, EL CUAL DICE: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A CATORCE DE JULIO DE DOS MIL DIECISÉIS. CUMPLIMIENTO Vista la certificación que antecede, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que la parte quejosa y terceros interesados, no desahogaron la vista que se les dio por auto de quince de junio de dos mil dieciséis, para que manifestaran por escrito lo que a su derecho conviniera en relación con el cumplimiento dado por la responsable Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Distrito Judicial de San Luis Río Colorado, Sonora; en consecuencia, este Juzgado procederá a determinar, de oficio, si la cumplimentación de que se trata, se encuentra apegada a los lineamientos señalados en la sentencia referida. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 26/2000, publicada en la página doscientos cuarenta y tres, del Tomo XI, marzo de dos mil, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyos rubro y texto son: "INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, en la jurisprudencia 85/98, sostuvo el criterio de que cuando el Juez de Distrito o Tribunal Colegiado dé vista al quejoso con el contenido del oficio de las responsables, en el que manifiestan haber cumplido con la sentencia respectiva, concediéndole un plazo de tres días para que exprese lo que a su derecho convenga, apercibiéndolo que, de no hacerlo, se tendrá por cumplida, y el quejoso no desahoga dicha vista, procede hacer efectivo el apercibimiento. Sin embargo, una nueva reflexión sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse parcialmente el criterio anterior, toda vez que el apercibimiento no puede tener el alcance que se le dio, atendiendo a que la forma de desahogo de la vista o su omisión, no es determinante para tener, o no, por acatada la sentencia. Lo jurídicamente correcto es que tomando en cuenta que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, para la adecuada resolución de los procedimientos de ejecución y a fin de evitar la constante remisión de expedientes por inejecuciones e inconformidades que pudieran decidirse oportunamente desde el Juzgado de Distrito o el Tribunal Colegiado, el apercibimiento que se haga al quejoso debe ser en el sentido de que, de no desahogar la vista, el tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad y, por lo mismo, de no darse el desahogo, deberá actuarse en consecuencia." Al respecto, primeramente procede establecer que por resolución definitiva dictada por este Juzgado, el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en la que se concedió el amparo y protección a la quejosa YOLANDA MAEDA RIVERA, para que la autoridad responsable Juez Primero de Primera Instancia de lo Penal del Distrito Judicial de San Luis Río Colorado, Sonora, diera cumplimiento a los siguientes efectos: Deje insubsistente el auto de formal prisión de uno de septiembre de dos mil quince, dictado en la causa 153/2015, contra la aquí quejosa YOLANDA MAEDA RIVERA. Debiendo quedar subsistente la declaración preparatoria de la indiciada, ahora quejosa, así como las probanzas ofertadas por la defensa y desahogadas, incluyendo las pruebas documentales agregadas a los autos. Se otorgue nuevamente a la indiciada y quejosa el término constitucional ampliado, es decir, ciento cuarenta y cuatro horas, por así haberlo solicitado la defensa en su oportunidad, plazo que deberá contar a partir de la hora y fecha en que el juez responsable reciba la ejecutoria de amparo que nos ocupa, sin restarle hora alguna. Durante ese término la autoridad responsable deberá de proveer lo conducente a fin de estar en posibilidad de llevar a cabo la ampliación de declaración a cargo de Félix Aguilar Méndez, ofrecida por la imputada y la testimonial a cargo de Eduardo Barajas ofrecida por el tercero interesado, debiendo de agotar los medios legales a su alcance a efecto de lograr el desahogo de dichas pruebas, así como hacer uso de las medidas de apremio para cumplir sus determinaciones y de ser necesario, hacerlas efectivas. Al considerar que existe imposibilidad material o jurídica comprobada que evite llevar a cabo el desahogo de las probanzas careos constitucionales entre la quejosa y José Tito Rodríguez Villaescusa, Víctor Medina Valenzuela, Petra García Larios y Juan Francisco Casas Díaz, ampliación de declaración de José Tito Rodríguez Villaescusa, Víctor Medina Valenzuela, Petra García Larios, Alberto Emeterio Bojorquez López y Salomón Díaz y testimonial a cargo de Mario Alberto Sedano Sainz, dése vista a la inculpada y a su defensa para que manifiesten lo que a su interés convenga, en el entendido que en caso de que éstas opten por el desistimiento, proceda en términos de ley, haciéndoles saber la trascendencia jurídica que implica. Proveer lo conducente en derecho respecto de las pruebas ampliación de declaración a cargo de Juan Francisco Casas Díaz y Testimonio del perito valuador Gerardo Payán, dada su incomparecencia injustificada al desahogo de las pruebas en las que iban a intervenir, respectivamente. Hecho lo anterior, siguiendo las formalidades legales del procedimiento penal, la juez responsable dentro del término de ley deberá de resolver la situación jurídica de la inculpada emitiendo una nueva resolución con plenitud de jurisdicción, fundada y motivada, debiendo de realizar un desglose de los elementos que integran el delito que se le imputa a la quejosa y un análisis de manera completa y congruente de cada uno de ellos con los medios de prueba recabados durante la etapa de averiguación previa y en la preinstrucción; así como hacer la valoración y justificación con razonamientos lógicos jurídicos; además de vincularlos con el análisis respectivo para determinar si se acredita o no la probable responsabilidad penal. Causando ejecutoria el dos de junio de dos mil dieciséis. Ahora bien, por oficio 1148/2016-II remitido por la Secretaria Primera de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal de San Luis Río Colorado, Sonora, remitió diversas constancias relativas al expediente 153/2015-BIS, con las que se advierte el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. Por lo anterior, PROCEDE TENER POR CUMPLIDA LA SENTENCIA DE AMPARO PRONUNCIADA EN EL PRESENTE EXPEDIENTE. En términos de lo establecido por el tercer párrafo del artículo 192, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, notifíquese a la parte quejosa y terceros interesados, haciendo de su conocimiento que cuentan con el término de quince días contados a partir de la legal notificación de este acuerdo para expresar lo que a sus intereses convenga y en su oportunidad, archívese el juicio de amparo como asunto concluido, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno correspondiente.

  4. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA AL TERCERO INTERESADO EL AUTO DE QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS, QUE DICE: MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A QUINCE DE JUNIO DE DOS MIL DIECISÉIS. Agréguense para que obren como correspondan, el oficio y telegrama de cuenta, que remite la Secretaria Primera de Acuerdos del Juzgado Primero de Primera Instancia de lo Penal, Encargada del Despacho por Ministerio de Ley, residente en San Luis Río Colorado, Sonora, con el primero remite diversas diligencias llevadas a cabo dentro del expediente 153/2015-BIS; en consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a la parte quejosa y terceros interesados con lo anterior, a fin de que dentro del plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la legal notificación del presente proveído, manifiesten lo que a su interés convenga; apercibidos que de no hacer manifestación alguna sobre el particular, este tribunal de amparo resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad, dada la naturaleza de la concesión otorgada. En el entendido que respecto a la notificación que realiza la autoridad responsable de no hacer manifestación en el referido plazo, se entenderá que se encuentran conforme con la misma y que no existe vicio en ella. Ahora bien, por lo que hace al segundo de sus comunicados agréguese únicamente para que obre como corresponda, dado lo asentado en los párrafos que anteceden.

Quedan 25 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California · 9,683 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano