Yolanda León Zaragoza
Expediente 1194/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 9 actuaciones registradas, la última del 20 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1194/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 20/02/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Yolanda León Zaragoza
- Jefe del Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas, de la Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales de la Delegación del ISSSTE (Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado), Morelia,
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinte de febrero de dos mil veintitrés. Acuse. Acúsese recibo del oficio del secretario del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, con residencia en esta ciudad, a los que anexa los autos del juicio de amparo número 1194/2021 y testimonio de la ejecutoria pronunciada por ese tribunal el dos de febrero de dos mil veintitrés, que en sus puntos resolutivos dicen: "PRIMERO. Se confirma la sentencia. SEGUNDO. Por las consideraciones de este Tribunal Colegiado se sobresee en el juicio de amparo". Hágase lo anterior del conocimiento de las partes para sus efectos legales correspondientes; asimismo del cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión de referencia, extráiganse únicamente las constancias originales a fin de que sean glosadas a este sumario y el resto destrúyase por ser copias. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas tanto en los libros de gobierno como el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, para lo cual, previo a su remisión física al área habilitada para esos efectos, se instruye a la Secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. Valoración del amparo. Ahora, en virtud de que carece de relevancia documental, en términos el artículo 12, en relación con el diverso 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, dado que se sobreseyó el juicio de amparo, además de que no se considera de relevancia documental el presente asunto; consecuentemente, el expediente principal es susceptible de DESTRUCCIÓN. Por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el presente juicio al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el capítulo octavo del Acuerdo General citado. Como lo establece el capítulo DÉCIMO TERCERO, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Garantía. Sin que se haga pronunciamiento respecto a la devolución de garantía, toda vez que no se aperturó el incidente de suspensión respectivo. Documentos irrecuperables. hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días, contados a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos; apercibidos de que, en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese; y publíquese en la página del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma Katia Orozco Alfaro, Juez Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, ante la secretaria Elva Janette Herrejón Chávez, que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticuatro de agosto de dos mil veintidós. Tribunal Colegiado admite revisión. Visto lo de cuenta y, en atención al contenido del oficio remitido por el Actuario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito; téngasele acusando de recibido e informando que dicho órgano colegiado admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto contra de la sentencia dictada el uno de febrero de dos mil veintidós en el juicio de amparo en que se actúa, mismo que se registró como amparo en revisión 210/2022, de su estadística. 2. Cambio de titular. Cambio de titular. Hágase del conocimiento de las partes que por oficio SEADS/320/2022, de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción, se determinó que a partir del veintidós de agosto de dos mil veintidós la Juez Katia Orozco Alfaro, será la titular de este órgano jurisdiccional, a efecto de que se encuentran en posibilidad de formular el impedimento que consideren pertinente.
- Principal
POR ESTE MEDIO SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA: En atención al contenido del Acuerdo General 1/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Recurso de revisión. Visto lo de cuenta, agréguese el escrito signado por la quejosa Yolanda León Zaragoza, en atención a su contenido; con fundamento en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, téngasele interponiendo recurso de revisión en contra de la sentencia de uno de febrero de dos mil veintidós. 1.1. Distribúyase entre las partes el escrito de cuenta y, una vez que se recabe la constancia de notificación correspondiente de este auto, dentro del término de tres días, remítase el escrito de agravios y el expediente en original; asimismo, póngase a disposición de la superioridad el expediente electrónico, para el ulterior trámite del recurso de que se trata. 1.2. Se solicita acuse. Requiérase a las autoridades responsable para que en el término de veinticuatro horas, contado a partir del momento en que reciban la comunicación del presente proveído, acusen de recibo este auto, asentando la hora y fecha de su recepción; lo que deberán hacer vía correo electrónico a la dirección institucional 4jdo11cto@correo.cjf.gob.mx.
- Principal
SENTENCIA Visto, para resolver, el juicio de amparo 1194/2021, promovido por Yolanda León Zaragoza, por alegada violación al artículo 1o, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida a la Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales de la Delegación del Instituto de Seguridad Social y Servicios Sociales para los Trabajadores del estado, con sede en Morelia Michoacán y otra autoridad; este órgano jurisdiccional ha decidido: SOBRESEER EN EL JUICIO. Al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERO. Precisión la norma general, acto u omisión reclamada. El quejoso lo hace consistir en el siguiente El cobro indebido de $21,306.91 (veintiún mil trescientos seis pesos 91/100 moneda nacional) derivado del préstamo personal 201204633501. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49, 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 35 de la Ley de Amparo, en relación con los puntos primero, fracción XI y cuarto, fracción XI, párrafo segundo, del Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; toda vez que el acto reclamado se ejecutó en Morelia, Michoacán lugar en donde este órgano jurisdiccional ejerce jurisdicción. TERCERO. Norma general, acto u omisión cuya existencia sí quedó demostrada. Es cierto el acto reclamado al Jefe de Departamento de Afiliación y Prestaciones y Subdelegación de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales del Instituto Mexicano del Seguro Social del Estado de Michoacán, pues así lo manifestaron al rendir informe justificado, lo que se acredita con las copias certificadas adjuntas al informe, al constituir documentos públicos, tienen valor probatorio pleno conforme a lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Análisis de las causas de improcedencia. De conformidad con el estudio oficioso que exige realizar el artículo 62 de la Ley de Amparo, en el caso se advierte de oficio que respecto al acto reclamado, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con el diverso numeral 17 de la Ley de Amparo. De los normativos transcritos, se aprecia que el amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, es decir, contra aquéllos que no se promueva el juicio de amparo dentro de los términos que prevé la ley para tal efecto, siendo que el término general para la presentación de la demanda de amparo es de quince días (hábiles) contados a partir de que surta efectos, conforme a la ley del acto la notificación del acto o resolución, de que se haya tenido conocimiento de éstos o de que el quejoso se haya ostentado sabedor de los mismos; término genérico respecto del cual deben excluirse los actos limitativamente establecidos en el artículo 17 de la Ley de Amparo. En el caso concreto, la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, manifestó que en el mes de enero de dos mil dieciocho el monto de su pensión bajo, por lo que acudió a la Aseguradora Pensiones Bancomer BBVA, en la ciudad de Zamora, Michoacán, donde le informaron que el motivo de la reducción de la pensión se debía a que se estaba cobrando el préstamo 201204633501 por la cantidad de $330,910.00 (trescientos treinta mil novecientos diez pesos 00/100 moneda nacional ), por el monto de $1,654.55 (mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos 55/100 moneda nacional) mensuales a un plazo de doscientas mensualidades. Entonces, como ya se precisó en el presente asunto, el acto reclamado es el cobro indebido cobro indebido de $21,306.91 (veintiún mil trescientos seis pesos 91/100 moneda nacional) derivado del préstamo personal 201204633501, se advierte que la parte quejosa tuvo conocimiento desde finales de enero dedos mil dieciocho, pues fue la fecha en la que le hicieron de conocimiento que se cobrarían las mensualidades del préstamo personal Sin que se soslaye a lo anterior, que la quejosa refiere que tuvo conocimiento del acto reclamado el doce de noviembre de dos mil veintiuno al pagar el monto de $21,306.91 (veintiún mil trescientos seis pesos 91/100 moneda nacional) y saldar el adeudo total del préstamo personal 201204633501; sin embargo, lo cierto es que de las manifestaciones bajo protesta de decir verdad realizadas por la parte quejosa se aprecia que el cobro que señala como acto reclamado, se realizó desde el pago de pensión de jubilación correspondiente a la segunda quincena de enero de dos mil dieciocho, pues si bien aquélla menciona que se enteró al realizar el pago de $21,306.91 (veintiún mil trescientos seis pesos 91/100 moneda nacional), es dable concluir que también supo de la existencia del crédito por la cantidad de $330,910.00 (trescientos treinta mil novecientos diez pesos 00/100 moneda nacional ), desde el primer descuento -enero de dos mil dieciocho-. Máxime que las autoridades responsables al rendir su informe justificado anexaron la nota informativa de cinco de enero de dos mil veintidós, signado por el Jefe de Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas, en el que informó al Jefe de la Unidad Jurídica del Instituto Mexicano del Seguro Social que en relación al préstamo 20120463501 de cinco de octubre de dos mil doce y cuyas condiciones de pago originalmente eran de forma quincenal de la quincena 23/2012 a la 22/2014 por la cantidad de $1,900.96 (mil novecientos pesos 96/100 moneda nacional), crédito que le fue otorgado a la quejosa encontrándose activa, empero derivado de su jubilación únicamente se aplicaron nueve descuentos, transcurriendo 112 quincenas sin que la quejosa haya realizado amortizaciones, por lo cual se generaron intereses y aumentó el monto del adeudo a la cantidad de $330,910.00 (trescientos treinta mil novecientos diez pesos 00/100 moneda nacional ). Por lo que la quejosa al acudir el doce de noviembre de dos mil veintiuno, al área de recuperación de crédito del Departamento de Afiliación y Prestaciones Económicas, en el que se le generaron el estado de cuenta del mes de octubre de dos mil veintiuno, estado de cuenta del cálculo de reducción de reducción de intereses con base en el acuerdo 40.1251.99 para la liquidación total, le arrojó un monto de adeudo de $153,533.75 (ciento cincuenta y tres mil quinientos treinta y tres pesos 75/100 moneda nacional), así como una reducción total de $132,226.84 (ciento treinta y dos mil doscientos veintiséis pesos 84/100 moneda nacional), lo que generó el monto a pagar para liquidar el adeudo con motivo del préstamo personal 201204633501, por la cantidad de $21,306.91 (veintiún mil trescientos seis pesos 91/100 moneda nocional), cantidad que aduce la quejosa fue un cobro indebido. Empero, que la quejosa haya acudido a liquidar el préstamo personal 201204633501 el doce de noviembre de dos mil veintiuno, no desvirtúa que ella tuvo conocimiento desde enero de dos mil dieciocho de la existencia del referido préstamo por la cantidad de $330,910.00 (trescientos treinta mil novecientos diez pesos 00/100 moneda nacional), el cual incremento con motivo de que no realizó amortizaciones desde el año dos mil trece. Por tanto, dicho acto reclamado encuadra en la hipótesis de la regla general, contenida en el primer párrafo del artículo 17 de la Ley de Amparo, el cual prevé que la demanda debe promoverse dentro del plazo de quince días, toda vez que no se ubica en ninguna de las hipótesis precisadas en las fracciones I a IV de dicho numeral. En efecto, el mencionado acto de autoridad reclamado por el accionante del amparo, no se trata de una norma general autoaplicativa o procedimiento de extradición; no es una sentencia definitiva en un proceso penal, que imponga pena de prisión; ni se controvierten actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal; tampoco, se impugna algún acto que implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ni la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En ese contexto, al haberse comprobado que a la parte quejosa tuvo conocimiento desde finales de enero de dos mil dieciocho, es evidente el plazo de quince días que prevé el artículo 17 de la Ley de Amparo, para presentar la demanda de amparo ha transcurrido en exceso. Por consiguiente, al haberse recibido la demanda que dio origen a este juicio constitucional el seis de diciembre de dos mil veintiuno, a través del Buzón Judicial de los Juzgados de Distrito en esta Ciudad, como se advierte del sello que obra en la primera hoja del escrito de demanda, es indudable que su presentación se hizo en forma extemporánea, lo que actualiza la causal de improcedencia invocada, pues, como ya se explicó, el acto aquí reclamado no se encuentra dentro de aquellos que de manera limitativa, constituyen una excepción a la regla genérica de quince días para promover el juicio, al no ser un acto que afecte la libertad de la quejosa fuera de procedimiento. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV en relación con el 17, todos de la Ley de Amparo, procede sobreseer el juicio de amparo por los actos precisados en este apartado. Por lo expuesto y fundado, se R E S U E L V E: Único. Se sobresee en el juicio de amparo solicitado por Yolanda León Zaragoza, por las razones precisadas en el considerando cuarto de esta resolución.
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