Yolanda Judith Hernández Cobix

Expediente 797/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 5 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
797/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
05/10/2021

Partes del expediente

  • Yolanda Judith Hernández Cobix

Actuaciones

  1. Principal

    "Boca del Río, Veracruz, cinco de octubre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta, se declara que el auto que desechó la demanda de amparo ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Archívese como asunto concluido. Hágase la anotación de rigor en el libro de gobierno respectivo y captúrese en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). DOCUMENTOS. En este orden, no existe razón para que continúen a disposición de esta autoridad los documentos exhibidos por la parte impetrante. Se ordena la devolución. Requiérasele a fin de que comparezca a recibirlos. Se le concede un plazo de noventa días hábiles, con el apercibimiento que de no recogerlos correrán la suerte del expediente. En el entendido que, como se estableció en proveído de dieciséis del mes en curso, se deberá atender al sistema de citas previsto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte. Notifíquese personalmente a la parte quejosa..."

  2. Principal

    Boca del Río, Veracruz, veintidós de septiembre de dos mil veintiuno. En el término previsto por el artículo 2, fracción VIII del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte y el diverso 09/2021 que lo prorrogó; se acuerda: Vista la demanda de amparo promovida por por Yolanda Judith Hernández Cobix, contra actos del 1. Juez Segundo de Primera Instancia, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz y otras autoridades. Fórmese expediente y regístrese con el número 797/2021-VII que le correspondió. -DESECHAMIENTO- De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar el escrito de demanda y de encontrar algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia deberá desecharla de plano. De la demanda de amparo se desprende señala como actos reclamados: a) El embargo trabado del inmueble consistente en la casa ubicada en calle Independencia sin número, colonia Centro de Catemaco, Veracruz, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de San Andrés Tuxtla, Veracruz, bajo el número mil trescientos cincuenta y tres (1,353) del tomo II de la Sección Primera de veinte de octubre de mil novecientos setenta y cinco. Dentro de los autos del Juicio Ejecutivo Mercantil 256/2011-IV del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Andrés Tuxtla, Veracruz, promovido por Cecilio Coatzozon Campechano, en contra de Juana Cobix Ortiz (finada) y Yolanda Judith Hernández Cobix (aquí quejosa). b) La orden emitida por el Juez natural el veinticinco de marzo de dos mil once, donde ordenó girar oficio al Encargado del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de San Andrés Tuxtla, Veracruz para inscribir la diligencia de embargo de nueve de marzo de dos mil once. c) Del Juez señalado como responsable, el inminente remate, adjudicación, desalojo, desocupación, entrega del bien inmueble y escrituración que se pretende realizar respecto del inmueble antes descrito. d) El ilegal emplazamiento de nueve de marzo de dos mil once, realizado en los autos del Juicio Ejecutivo Mercantil 256/2011-IV. e) La diligencia de requerimiento de pago y embargo de nueve de marzo de dos mil once. f) Todo lo actuado en rebeldía a partir del emplazamiento realizado en los autos del juicio natural del cual emanan los actos de que se duele (notificaciones, sentencia, auto que declara ejecutoria, requerimiento de pago de intereses y procedimiento de ejecución). Como antecedentes refiere: 1. El lunes trece de septiembre del año en curso, unos vecinos acudieron a su domicilio para informarle que unas personas del sexo masculino preguntaron por la promovente y su finada madre, aduciendo ser dueños de la casa ubicada en calle Independencia sin número, colonia Centro de Catemaco, Veracruz y que tenían un orden de desalojo emitida por el Juez de San Andrés Tuxtla, Veracruz por un asunto de adeudo, refiriendo que regresarían con la policía para tomar posesión del inmueble y se retiraron del lugar. 2. El martes catorce de septiembre del presente año, luego de investigar la existencia del juicio natural en la página oficial del Poder Judicial del Estado, se presentó ante el Juzgado Segundo de Primera Instancia de aquella localidad, en donde le indicaron la existencia de una demanda presentada en su contra y de su finada madre, percatándose del embargo en la propiedad de su señora madre. 3. Refiere no le fue notificado en forma personal ninguna resolución judicial y menos aún algún requerimiento de pago y/o embargo respecto de dicho bien, así como emplazamiento por autoridad judicial. De la demanda de amparo que se provee se aprecia la papeleta de turno correspondiente al diverso juicio de amparo 869/2016-VI del índice de este órgano jurisdiccional, el cual fue promovido por la misma impetrante y señaló como acto reclamado: - La nulidad de todas y cada una de las actuaciones desarrolladas dentro del juicio ejecutivo mercantil 256/2011/IV del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz; promovido por Miguel Angel Huamantla Sánchez (actor) en contra de Juana Covix Ortiz (finada) y Yolanda Judith Hernández Cobix (aquí quejosa). Dicho sumario fue radicado en auto de veintinueve de agosto de dos mil dieciséis, en donde se previno a fin de que exhibiera copias de su escrito de demanda y ampliara los antecedentes del acto reclamado, misma que no desahogo cabalmente. El trece de septiembre de dos mil dieciséis, se tuvo por no presentada la demanda y el tres de octubre de ese año quedó firme dicha determinación. Datos que se invocan como hecho notorio, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, con apoyo en el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencial 163, visible en la página 4693, del Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 4. Controversias constitucionales Primera Parte - SCJN, Novena Época, Materia Común, Registro 1000477, de epígrafe y contenido siguientes: "HECHOS NOTORIOS. CONCEPTOS GENERAL Y JURÍDICO. Conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles los tribunales pueden invocar hechos notorios aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por hechos notorios deben entenderse, en general, aquellos que por el conocimiento humano se consideran ciertos e indiscutibles, ya sea que pertenezcan a la historia, a la ciencia, a la naturaleza, a las vicisitudes de la vida pública actual o a circunstancias comúnmente conocidas en un determinado lugar, de modo que toda persona de ese medio esté en condiciones de saberlo; y desde el punto de vista jurídico, hecho notorio es cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión; de manera que al ser notorio la ley exime de su prueba, por ser del conocimiento público en el medio social donde ocurrió o donde se tramita el procedimiento." La promovente aduce ser tercera extraña, pues refiere no tenía conocimiento de la existencia del juicio natural del cual emanan los actos reclamados. No obstante, la quejosa es parte demandada en el expediente 256/2011, del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, asimismo, no cuenta con el carácter de tercera extraña a juicio, pues tuvo conocimiento y acceso al expediente al menos desde el año dos mil dieciséis -sin que hubiere combatido legalmente su emplazamiento-, pues incluso, promovió juicio de derechos humanos, siendo su carga e interés procesal dar seguimiento al mismo. Ahora, como se indicó, en la especie la promovente ahora pretende señalar como acto reclamado en la presente instancia, el embargo trabado del inmueble consistente en la casa ubicada en calle Independencia sin número, colonia Centro de Catemaco, Veracruz, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de San Andrés Tuxtla, Veracruz, bajo el número mil trescientos cincuenta y tres (1,353) del tomo II de la Sección Primera de veinte de octubre de mil novecientos setenta y cinco, dentro de los autos del Juicio Ejecutivo Mercantil 256/2011-IV del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Andrés Tuxtla, Veracruz, así como todo lo actuado en rebeldía con posterioridad al emplazamiento realizado en dichos autos, incluida la sección de ejecución. No obstante, como se estableció en párrafos precedentes, del Juicio de Amparo 869/2016-VI se advierte en forma patente la impetrante tenía conocimiento al menos desde el año dos mil dieciséis de la existencia del Juicio Ejecutivo Mercantil 256/2011-IV del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Andrés Tuxtla, Veracruz. Conforme a lo anterior se actualiza la improcedencia que resulta de relacionar los numerales 17, 18, 61, fracción XIV, todos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días [.]" "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso." Del citado artículo 17 de la ley de la materia se aprecia que el término para promover el juicio de amparo es de quince días, el cual, conforme al diverso 18, debe computarse a partir de: - El día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación de la resolución o acto que reclama, de acuerdo con la ley que rige el acto reclamado; - El día siguiente al en que el quejoso tenga conocimiento de los actos o su ejecución o; - Al día siguiente a aquél en que se hubiese ostentado sabedor del mismo. De no promoverse el juicio de amparo dentro del término antes señalado, éste será improcedente, dada su extemporaneidad. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado. Para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse cualquiera de los tres supuestos, la notificación, el conocimiento o la confesión. Al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser analizados para cada caso determinado. Porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él; toda vez que la notificación es una actuación procesal que requiere formalidades, mientras que el conocimiento del acto reclamado no siempre proviene de una notificación y la confesión implica la aceptación de un hecho vertido por el propio promovente. En ese orden de ideas, tenemos que la demanda de amparo se presentó el veinte de los actuales. De las constancias que integran el expediente en que se actúa, resulta un hecho notorio la existencia del expediente 869/2016-VI donde queda de manifiesto la impetrante tuvo conocimiento el quince de agosto de dos mil dieciséis de la existencia del Juicio Ejecutivo Mercantil 256/2011-IV del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia de San Andrés Tuxtla, Veracruz. Por lo tanto, se sitúa en el tercer supuesto (día siguiente al en que el quejoso se ostente sabedor del acto combatido). En consecuencia, el plazo para inconformarse inició al menos desde esa data [en el mes de agosto de dos mil dieciséis], si se toma en cuenta la fecha que señaló al presentar la demanda que dio origen al juicio de amparo 869/2016-VI. De ahí que sea notorio que el plazo de quince días transcurrió en exceso respecto de los actos reclamados relativos a su emplazamiento, embargo, y demás actuaciones realizadas en dicho juicio. Es aplicable, por su sentido, la jurisprudencia 446 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Tercera Sección - Plazos y notificaciones, Materia Común, página 474, Registro 1002512, siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA INTERPONERLA (ARTÍCULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVÓ EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo." Asimismo, por las razones que expone la jurisprudencia 1a./J. 67/2013 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo 1, Materia Común, página 729, Décima Época, registro 200427, siguiente: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia. Ahora, respecto al acto destacado que hace consistir en la orden de desalojo ordenado dentro de la sección de ejecución del expediente 256/2011-VI del índice del Juzgado Segundo de Primera Instancia, con sede en San Andrés Tuxtla, Veracruz, resulta inconcuso no se trata de la última resolución dictada en ejecución. La cual sería aquella que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total del fallo o declarara la imposibilidad material o jurídica para hacerlo. De esa forma se otorga la oportunidad de atacar las violaciones cometidas dentro de dicha ejecución y evitar el abuso del juicio de amparo, en aras del pronto y cabal cumplimiento de la sentencia que constituye cosa juzgada. En ese orden de ideas, el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de la materia, establece que el juicio de amparo es improcedente: "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." En relación con lo anterior, el diverso numeral 107, fracción IV de ese mismo ordenamiento, establece la procedencia del juicio de amparo indirecto, contra actos: a) ejecutados fuera de juicio, b) en ejecución de sentencia y c) tratándose de remates. Supuestos dentro de los cuales sólo pueden considerarse contemplados en el primer rubro, aquellos que sean autónomos, que no tengan como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural y sean de imposible reparación. Por ejemplo, con el arresto dictado como medida de apremio o la interlocutoria que fija la cantidad líquida. En la segunda hipótesis, respecto de la última resolución dictada en el procedimiento respectivo. Entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. En la última suposición, la que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes. En cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento, siempre y cuando se trate de un remate. En el caso concreto, la orden de desalojo de la propiedad aduce afectada, no reúne las características para hacer procedente el amparo indirecto. Al respecto, dicho actuar de la responsable, no resulta una actuación en la que se declare cumplida la sentencia, se determine la imposibilidad para ello, ni el archivo definitivo del asunto. Tampoco es de imposible reparación, ya que no se afectan derechos sustantivos de la aquí impetrante, ni se lesionan derechos ajenos a la cosa juzgada, y por ende, susceptibles de ser analizados en la presente vía constitucional. Asimismo, cuando se produzca una violación que llegue a trascender a las defensas de la parte quejosa, las violaciones aún serán susceptibles de reparación, una vez que se reclamen en términos del artículo 107, fracción IV de la Ley de Amparo, al promoverse, en su caso, amparo indirecto contra la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 570 sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN Quinta Sección - Procedencia del amparo indirecto, página 633, con registro 1002636 que dice: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA ACTOS DICTADOS DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO EN LA FASE DE CUMPLIMIENTO VOLUNTARIO DE LA SENTENCIA. La razón medular del legislador para establecer la regla de procedencia del juicio de garantías contenida en el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, relativa a que tratándose de actos dictados dentro del procedimiento de ejecución de sentencia el amparo sólo procede contra la resolución que pone fin a dicho procedimiento, pudiéndose reclamar en la misma demanda las violaciones cometidas durante éste que hubieran dejado sin defensa al quejoso, es el eficaz cumplimiento de las sentencias judiciales como tutela del Estado en la impartición de justicia; de ahí que ello también opera respecto de los actos tendentes al cumplimiento de la sentencia de condena o su preparación, ya sea en la instancia de forzoso cumplimiento o en la etapa voluntaria para el demandado. Por tanto, el amparo indirecto es improcedente contra actos dictados después de concluido el juicio en la fase de cumplimiento voluntario de la sentencia, porque no se trata de la última resolución en el periodo de ejecución. Lo anterior es así, porque si bien es cierto que tales actos no tienden directamente a obtener su cumplimiento sino que únicamente lo preparan, también lo es que la procedencia o improcedencia del juicio de garantías contra actos dictados después de concluido el juicio y que corresponden a la ejecución de sentencia no se determina por el aspecto procesal formal de haberse dado inicio o aperturado el procedimiento de apremio o de cumplimiento forzoso de la sentencia, que es un aspecto meramente formal, sino que lo determinante es establecer si existe cosa juzgada como institución procesal fundamental para identificar los actos después de concluido el juicio." Asimismo, es aplicable al caso la tesis VII.2o.C.23 K del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito con residencia en Xalapa, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, marzo de 2006, en la página 1947, con número de registro 175683, cuyo contenido versa: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LAS RESOLUCIONES EMITIDAS CON MOTIVO DEL TRÁMITE DE UN INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES PROMOVIDO CONTRA ACTOS DICTADOS DENTRO DEL PERIODO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA. Es improcedente el juicio de amparo indirecto contra las resoluciones emitidas con motivo del trámite de un incidente de nulidad de actuaciones promovido contra actos dictados dentro del periodo de ejecución de la resolución que dio por concluida la fase contenciosa de un litigio pues, como el procedimiento está encaminado a lograr la eficacia de la cosa juzgada, sólo procede el juicio de garantías contra la última resolución, entendida ésta, como la que declara expresa o tácitamente el cumplimiento de la sentencia o la imposibilidad para lograrlo, siendo que el referido incidente no reviste dichas características y, por ende, no puede ser estudiado a través del amparo, sino hasta en tanto se pronuncie aquella decisión culminatoria, momento en el que válidamente podrá impugnar todas aquellas violaciones, que habiendo sido oportunamente preparadas, le hayan dejado sin defensa, durante la referida fase ejecutiva; razonamiento que se sustenta en el texto del artículo 114, fracción III, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, del cual deriva que el amparo indirecto sólo procede contra la última resolución emitida en el procedimiento de ejecución respectivo. Además, no se está en alguno de los casos de excepción a la regla, como sucede con el arresto, los incidentes de liquidación para cuantificar la condena o aquellos actos que gozan de autonomía propia por no tener como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, supuestos en los cuales se ha admitido la procedencia del amparo indirecto contra actos dictados en ejecución de sentencia, pues el fallo que resuelve un incidente de nulidad de actuaciones, promovido en la referida etapa de ejecución, implícitamente tiene como finalidad, directa e inmediata, impedir el acatamiento de la cosa juzgada en el juicio natural, al cuestionar la legalidad de las actuaciones practicadas después de concluido el juicio, salvo cuando la nulidad demandada sea relativa a la notificación de la sentencia." Así como el diverso criterio jurisprudencial 1a./J. 52/2020 (10a.), con registro digital: 2022499, emitido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Décima Época, Materias: Civil y Común, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 81, Diciembre de 2020, Tomo I, página 293, de rubro texto siguientes: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDENCIA CONFORME LA FRACCIÓN IV DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE AMPARO. LA ORDEN DE ESCRITURACIÓN EN REBELDÍA O DESALOJO ANTE EL DESACATO DEL EJECUTADO CONSTITUYE UN ACTO DE LA ETAPA DE EJECUCIÓN. Hechos: Los Tribunales Colegiados emitieron sentencias contradictorias en torno a la fundamentación legal para sustentar la improcedencia del juicio de amparo indirecto en contra de la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, porque mientras un órgano jurisdiccional fundamentó la improcedencia del juicio de amparo en el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, considerando dicho acto como uno de ejecución de sentencia, el otro fundó la improcedencia del amparo en el párrafo primero de la fracción IV de ese mismo precepto, relativo a los actos fuera de juicio o después de concluido el juicio. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia resolvió que la orden de escrituración en rebeldía o desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado refiere a un acto de ejecución de sentencia porque está encaminado en lograr precisamente la ejecución de lo fallado en juicio, de ahí que la regla de procedencia corresponde a la del párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo y no así al párrafo primero. Justificación: Lo que se explica así porque los actos judiciales dictados fuera o después de concluido el juicio, son aquellos que tienen autonomía propia en tanto no tienen relación alguna con el juicio ni como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural; por ende, esos actos se sujetan a la regla de procedencia del primer párrafo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo. En cambio los actos que tienen vinculación directa con la ejecución de lo fallado en juicio corresponden a la etapa de ejecución conforme el párrafo segundo de la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, al estar relacionados directamente con el objeto de la ejecución de sentencia, además de ser actos en consecuencia directa y necesaria de la resolución jurisdiccional que se pretende ejecutar, cuya regla de procedencia indica que el amparo indirecto procederá sólo en contra del último acto judicial de ejecución, el cual puede ser cualquiera de los tres siguientes: el que aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o bien el archivo del expediente. Así, bajo la anterior distinción se tiene que la orden de escrituración en rebeldía o de desalojo del bien adjudicado ante la contumacia del ejecutado, constituye un acto de ejecución; primeramente, porque es consecuencia directa y necesaria de la sentencia judicial y porque al estar dirigido a lograr el cumplimiento de lo obtenido en la sentencia principal que constituye cosa juzgada, no goza de autonomía y no puede ser impugnado de forma autónoma sino como violación procesal de la fase de ejecución una vez que ésta concluya, además porque los derechos y bienes que afecta ya fueron materia del juicio y constituyen cosa juzgada por lo que una vez concluida la etapa de remate sólo resta la materialización mediante la ejecución misma, por lo que el juez tiene que forzar al cumplimiento ya sea mediante la orden de escrituración en rebeldía o la orden de desalojo para lograr la entrega del bien; y considerar que el acto de escrituración en rebeldía y/o acto de desalojo ante la contumacia del ejecutado posee autonomía, trastocaría los objetivos del legislador democrático de resguardar en todo momento el acceso a la tutela judicial efectiva." En consecuencia, si no se está ante la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución del juicio, hace incuestionable que en el caso se actualiza plenamente la causa de improcedencia, prevista por la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el 107, fracción IV de la ley en cita. En las relacionadas circunstancias, debe concluirse que se actualizan las improcedencias analizadas. Por lo que, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha la demanda origen de este asunto. DOMICILIO. Con fundamento en el numeral 27 de la Ley de Amparo, se tiene como medio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, la lista que se publica en los estrados de este órgano jurisdiccional. Asimismo, se tienen como medios no procesales de comunicación, el correo electrónico y el número de celular que proporciona para tal efecto la parte solicitante de derechos humanos. AUTORIZADOS. De conformidad con la certificación de cuenta, se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a las personas que refiere. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1 a 16, 66, fracción II, 68, 71 y 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el diverso 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en lo dispuesto por los numerales 5 a 9 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (en términos del transitorio tercero de la referida Ley Federal), que las resoluciones que se dicten durante el desarrollo del juicio, constituyen información pública y podrán ser consultadas por cualquier persona de conformidad con el artículo 6 del reglamento en comento, con la salvedad de lo previsto en la fracción V del artículo 110 de la ley federal citada; en la inteligencia que de existir alguna oposición en términos del artículo 117 de dicha ley y 8 del reglamento, la unidad administrativa que tenga el expediente bajo resguardo determinará si tal oposición puede surtir efectos. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Tomando en consideración que no existe impedimento legal para que las partes, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el secretario del juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documento requiere obtenerse la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. EXPEDICIÓN DE COPIAS. Desde este momento con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2°, en relación con el 3° de la Ley de Amparo, se autoriza la expedición de copias simples o certificadas del presente acuerdo, así como de las subsecuentes actuaciones que sean de interés para el impetrante de amparo y demás partes legítimamente facultadas previa identificación y firma que se otorgue en autos y dentro del horario de labores interno, fijado para la atención al público en general en días hábiles, las cuales no causarán contribución alguna. CITAS. En el entendido que para tales efectos se deberá atender al sistema de citas, previsto en el Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte. UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN. La referencia al salario mínimo como unidad de cuenta a que se haga referencia en el presente sumario, estará sujeta al Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el sentido que éste debe entenderse como Unidad de Medida y Actualización cuyo cálculo se encuentra regulado de acuerdo al procedimiento previsto en los numerales 3, 4 y 5 de la Ley para Determinar el Valor de la Unidad de Medida y Actualización, y su valor vigente fue establecido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía de conformidad al numeral 23 fracción XX Bis de su Reglamento Interior, publicado el ocho de enero de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación, entrando en vigor a partir del uno de febrero siguiente. DÍAS Y HORAS HABILITADOS. Con apoyo en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles que resulten necesarias para que el personal actuante adscrito a este órgano jurisdiccional pueda efectuar las notificaciones o diligencias que se encomienden durante la sustanciación del presente juicio de amparo, siempre y cuando previamente se constituyan a practicarlas dentro del horario legal previsto para ello y una vez hecha constar esa imposibilidad entonces las realicen de esa forma extraordinaria, dejando constancia en autos. JUICIO EN LÍNEA. En términos del numeral 22 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, al cual se puede ingresar desde la liga: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/. En el cual, conforme al diverso artículo 29 del citado Acuerdo, es necesario que, por sí o a través de sus representantes o autorizados con facultades expresas para hacerlo, soliciten mediante promoción física o electrónica desde el propio Portal, la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones. En el entendido que quienes actualmente actúen en un expediente bajo el modelo tradicional, pueden en cualquier momento transitar hacia el modelo de juicio en línea. La actuación por este medio requiere la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Además, se les invita propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea (p. ej. la aplicación WhatsApp), tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. En el entendido que con la entrada en vigor del Acuerdo General 21/2020 citado, solo se atenderán las promociones de las partes que cuenten con firma autógrafa -presentadas a través de las Oficialías de Partes Comunes- o electrónica recibidas a través del portal respectivo del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese personalmente.

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