Yolanda Juarez Vda de Guerrero

Expediente 997/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 21 actuaciones registradas, la última del 12 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
997/2016
Año
2016
Actuaciones
21
Última actuación
12/03/2018

Partes del expediente

  • Getulo Guerrero Cruz
  • Yolanda Juarez Vda de Guerrero
  • INES GUERRERO JUÁREZ y Otros.
  • Ines Guerrero Juárez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 21.

  1. Principal

    Vista la razón asentada por la fedataria adscrita a este Juzgado de Distrito, en la que hace constar la imposibilidad que tiene para notificar personalmente el auto de seis de marzo de dos mil dieciocho, a la parte quejosa que ahí se indica, por los motivos expuestos en la razón de cuenta. En consecuencia, con fundamento en el numeral 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, se ordena hacer del conocimiento de dicha parte procesal, el auto de referencia y subsecuentes, por medio de la lista de acuerdos que se fija en un lugar visible de este órgano de control constitucional; ello hasta en tanto, designe nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad de Cuernavaca, Morelos o bien, dentro de la zona conurbada. Notifíquese. Cuernavaca, Morelos, a seis de marzo de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista contenida en el proveído de veinte de febrero de dos mil dieciocho, no obstante de haber sido legalmente notificada del cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Estudio de cumplimiento Por tanto, este órgano de control constitucional se encuentra obligado, a determinar si la ejecutoria está o no cumplida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, segundo párrafo , de la Ley de Amparo en vigor, por lo que, se procede con base en los elementos existentes en el expediente, y con los aportados por la autoridad señalada como responsable, analizar el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; así como en observancia a la tesis 26/2000-XXXVIII/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del tres de marzo del año dos mil, con el rubro: ... Ahora bien, en la resolución dictada por este Juzgador, el veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, terminada de engrosar el siete de noviembre de dos mil dieciséis, en su segundo punto resolutivo, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa *** para el efecto de que el Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, realizará lo siguiente: "I. Que el Gobernador Constitucional del Estado de Morelos designe a la persona que integrará la Comisión de Estudio y Dictamen de Antecedentes Revolucionarios, que prevé el artículo 5 de la Ley de Beneficios, Estímulos y Recompensas a los Veteranos de la Revolución en el Estado de Morelos. II. A fin de darle efectividad al punto que antecede, que el Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, por conducto de la persona que designe como representante ante la Comisión, haga del conocimiento a los quejosos, el domicilio de la misma y los horarios de recepción de solicitudes y de sesiones." Ahora bien, aún y cuando la sentencia fue recurrida, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, determinó confirmar la resolución recurrida; por lo que, por auto de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, se requirió a la referida autoridad responsable, el cumplimiento de la sentencia constitucional. Por lo anterior, mediante oficio recibido por este Juzgador el diecinueve de febrero del presente año, la Directora General de Asuntos Constitucionales y Amparo de la Consejería Jurídica en representación del Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, informó que el uno de octubre de dos mil dieciséis, el Gobernador designó al maestro Roberto Soto Castor, como su representante ante la Comisión de Estudio y Dictamen de Antecedentes Revolucionarios, a efecto de acreditar lo anterior, adjuntó copia certificada del nombramiento respectivo. Además, informó que por oficio SG/CAPSG/013/02/2018, de dos de febrero del presente año, el representante del Gobernador ante la Comisión de Estudio y Dictamen de Antecedentes Revolucionarios, comunicó que, la recepción de solicitudes relacionadas a dicha comisión, se deben presentar ante la oficialía de partes de la Secretaría de Gobierno, ubicada en primer piso de Casa de Morelos, Plaza General Emiliano Zapata, sin número, Centro de Cuernavaca, Morelos, en un horario de nueve a dieciocho horas y respecto al calendario de sesiones solicitado, la citada comisión no cuenta con un calendario de sesiones aprobadas, debido a que las convocatorias para sesionar se realizan conforme a la presentación de las solicitudes realizadas ante dicha autoridad, anexando copia certificada de dicha misiva. Sin que pase por desapercibido que no obra la constancia notificación realizada por la autoridad responsable a la parte quejosa respecto de lo anterior, en razón de que con la notificación del acuerdo de veinte de febrero del presente año, en cual, se le dio vista con el contenido de las citadas constancias, se hizo sabedora de la respuesta emitida por la autoridad responsable, lo anterior en aras de una impartición de justicia pronta y expedita consagrada en el artículo 17 constitucional, así como en observancia al principio de celeridad procesal evitando requerimiento y actuaciones judiciales innecesarias que entorpezcan la administración de justicia. Se declara cumplida ejecutoria de amparo Bajo esa tesitura, si la concesión de amparo fue para los efectos de que la autoridad responsable designara a la persona que integraría la Comisión de Estudio y Dictamen de Antecedentes Revolucionarios, que prevé el artículo 5 de la Ley de Beneficios, Estímulos y Recompensas a los Veteranos de la Revolución en el Estado de Morelos y por conducto de la persona que designara como representante ante la Comisión, hiciera del conocimiento a los quejosos, el domicilio de la misma y los horarios de recepción de solicitudes y de sesiones; entonces, atento al estudio íntegro efectuado a los oficios de referencia, es dable concluir que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental conculcado, toda vez que, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia de amparo. En las narradas condiciones, este Juzgado de Distrito tiene por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. Estudio de exceso y defecto Asimismo, cabe precisar que existe defecto en la ejecución siempre que la autoridad responsable se abstenga de realizar todos los actos necesarios para que la sentencia que concedió el amparo resulte íntegramente cumplida; por el contrario, hay exceso en la ejecución cuando la responsable, además de efectuar todos los actos conducentes para lograr que las cosas queden restituidas al estado que guardaban antes de la violación, ejecute u ordene otros actos a que no la obliga la sentencia de amparo, y que no son tampoco efecto inmediato de lo decidido en dicha sentencia. De ahí se puntualiza que no existe exceso o defecto en el cumplimiento dado por la autoridad responsable, en virtud de que cumplió íntegramente con la concesión de amparo. Se ordena archivo Por otra parte, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal, con conocimiento de las partes, archívese el presente expediente, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo en vigor , como asunto totalmente concluido. Ahora, de conformidad con lo dispuesto por el artículo vigésimo primero, fracción IV, capítulo cinco, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y toda vez que se concedió la protección de la justicia de la unión a la parte quejosa, se declara que este expediente principal es susceptible de depuración, debiéndose conservar la demanda, sentencia y demás constancias que se estimen pertinentes. Además, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria la conservación de todas las constancias. Asimismo, se requiere a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, comparezca debidamente identificada a las instalaciones que ocupa este Juzgado Federal, a efecto de hacerle entrega de los documentos que anexó a su demanda; en el entendido, que en caso de no presentarse dentro del término señalado, los documentos en comento quedarán a su disposición por un plazo de noventa días más, con la finalidad de que le sean devueltos; con el apercibimiento, que en caso de que no comparezca en el lapso indicado en último término, los documentos mencionados correrán la misma suerte que los autos del juicio en que se actúa. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a seis de marzo de dos mil dieciocho. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que la parte quejosa no desahogó la vista contenida en el proveído de veinte de febrero de dos mil dieciocho, no obstante de haber sido legalmente notificada del cumplimiento de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo. Estudio de cumplimientoPor tanto, este órgano de control constitucional se encuentra obligado, a determinar si la ejecutoria está o no cumplida, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 196, segundo párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, por lo que, se procede con base en los elementos existentes en el expediente, y con los aportados por la autoridad señalada como responsable, analizar el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo; así como en observancia a la tesis *** Ahora bien, en la resolución dictada por este Juzgador, el veintiuno de octubre de dos mil dieciséis, terminada de engrosar el siete de noviembre de dos mil dieciséis, en su segundo punto resolutivo, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa *** para el efecto de que el Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, realizará lo siguiente: Que el Gobernador Constitucional del Estado de Morelos designe a la persona que integrará la Comisión de Estudio y Dictamen de Antecedentes Revolucionarios, que prevé el artículo 5 de la Ley de Beneficios, Estímulos y Recompensas a los Veteranos de la Revolución en el Estado de Morelos. A fin de darle efectividad al punto que antecede, que el Gobernador Constitucional del Estado de Morelos, por conducto de la persona que designe como representante ante la Comisión, haga del conocimiento a los quejosos, el domicilio de la misma y los horarios de recepción de solicitudes y de sesiones." Ahora bien, aún y cuando la sentencia fue recurrida, el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, determinó confirmar la resolución recurrida; por lo que, por auto de veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, se requirió a la referida autoridad responsable, el cumplimiento de la sentencia constitucional. Por lo anterior, mediante oficio recibido por este Juzgador el diecinueve de febrero del presente año, la Directora General de Asuntos Constitucionales y Amparo de la Consejería Jurídica en representación del Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, informó que el uno de octubre de dos mil dieciséis, el Gobernador designó al maestro Roberto Soto Castor, como su representante ante la Comisión de Estudio y Dictamen de Antecedentes Revolucionarios, a efecto de acreditar lo anterior, adjuntó copia certificada del nombramiento respectivo. Además, informó que por oficio **, de dos de febrero del presente año, el representante del Gobernador ante la Comisión de Estudio y Dictamen de Antecedentes Revolucionarios, comunicó que, la recepción de solicitudes relacionadas a dicha comisión, se deben presentar ante la oficialía de partes de la Secretaría de Gobierno, ubicada en primer **, en un horario de nueve a dieciocho horas y respecto al calendario de sesiones solicitado, la citada comisión no cuenta con un calendario de sesiones aprobadas, debido a que las convocatorias para sesionar se realizan conforme a la presentación de las solicitudes realizadas ante dicha autoridad, anexando copia certificada de dicha misiva. Sin que pase por desapercibido que no obra la constancia notificación realizada por la autoridad responsable a la parte quejosa respecto de lo anterior, en razón de que con la notificación del acuerdo de veinte de febrero del presente año, en cual, se le dio vista con el contenido de las citadas constancias, se hizo sabedora de la respuesta emitida por la autoridad responsable, lo anterior en aras de una impartición de justicia pronta y expedita consagrada en el artículo 17 constitucional, así como en observancia al principio de celeridad procesal evitando requerimiento y actuaciones judiciales innecesarias que entorpezcan la administración de justicia. Bajo esa tesitura, si la concesión de amparo fue para los efectos de que la autoridad responsable designara a la persona que integraría la Comisión de Estudio y Dictamen de Antecedentes Revolucionarios, que prevé el artículo 5 de la Ley de Beneficios, Estímulos y Recompensas a los Veteranos de la Revolución en el Estado de Morelos y por conducto de la persona que designara como representante ante la Comisión, hiciera del conocimiento a los quejosos, el domicilio de la misma y los horarios de recepción de solicitudes y de sesiones; entonces, atento al estudio íntegro efectuado a los oficios de referencia, es dable concluir que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental conculcado, toda vez que, se advierte que la autoridad responsable dio cumplimiento a la sentencia de amparo. En las narradas condiciones, este Juzgado de Distrito tiene por cumplida la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo. Asimismo, cabe precisar que existe defecto en la ejecución siempre que la autoridad responsable se abstenga de realizar todos los actos necesarios para que la sentencia que concedió el amparo resulte íntegramente cumplida; por el contrario, hay exceso en la ejecución cuando la responsable, además de efectuar todos los actos conducentes para lograr que las cosas queden restituidas al estado que guardaban antes de la violación, ejecute u ordene otros actos a que no la obliga la sentencia de amparo, y que no son tampoco efecto inmediato de lo decidido en dicha sentencia. De ahí se puntualiza que no existe exceso o defecto en el cumplimiento dado por la autoridad responsable, en virtud de que cumplió íntegramente con la concesión de amparo. Por otra parte, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que se lleva en este Juzgado Federal, con conocimiento de las partes, archívese el presente expediente, con fundamento en el artículo 196, cuarto párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, como asunto totalmente concluido. Ahora, de conformidad con lo dispuesto por el artículo vigésimo primero, fracción IV, capítulo cinco, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y toda vez que se concedió la protección de la justicia de la unión a la parte quejosa, se declara que este expediente principal es susceptible de depuración, debiéndose conservar la demanda, sentencia y demás constancias que se estimen pertinentes. Además, porque del análisis de las constancias que lo integran, se advierte que no tiene relevancia documental, jurídica ni histórica, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental, tampoco contiene resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que por el sentido de la decisión adoptada tenga o haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica, por lo que no es necesaria la conservación de todas las constancias. Asimismo, se requiere a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir de la legal notificación del presente proveído, comparezca debidamente identificada a las instalaciones que ocupa este Juzgado Federal, a efecto de hacerle entrega de los documentos que anexó a su demanda; en el entendido, que en caso de no presentarse dentro del término señalado, los documentos en comento quedarán a su disposición por un plazo de noventa días más, con la finalidad de que le sean devueltos; con el apercibimiento, que en caso de que no comparezca en el lapso indicado en último término, los documentos mencionados correrán la misma suerte que los autos del juicio en que se actúa. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veinte de febrero de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio firmado por la Directora General de Asuntos Constitucionales y Amparo de la Consejería Jurídica en representación del Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, a través del cual, informa que el uno de octubre de dos mil dieciséis, el Gobernador designó al maestro Roberto Soto Castor, como su representante ante la Comisión de Estudio y Dictamen de Antecedentes Revolucionarios, a efecto de acreditar lo anterior, adjunta copia certificada del nombramiento respectivo. Además, informa que por oficio ***, de dos de febrero del presente año, el representante del Gobernador ante la Comisión de Estudio y Dictamen de Antecedentes Revolucionarios, comunicó que, la recepción de solicitudes relacionadas a dicha comisión, se deben presentar ante la oficialía de partes de la Secretaría de Gobierno, ubicada en primer piso de Casa de Morelos, Plaza General Emiliano Zapata, sin número, Centro de Cuernavaca, Morelos, en un horario de nueve a dieciocho horas y respecto al calendario de sesiones solicitado, la citada comisión no cuenta con un calendario de sesiones aprobadas, debido a que las convocatorias para sesionar se realizan conforme a la presentación de las solicitudes realizadas ante dicha autoridad, anexando copia certificada de dicha misiva. Con lo anterior y con copia del oficio de cuenta, de conformidad con el artículo 196, primer párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, manifieste lo que a su derecho corresponda. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

  4. Principal

    AVISO. CON APOYO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO, SE PROCEDE HACER A NOTIFICAR A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE DIECISEIS DE FEBRERO DE ESTE AÑO, DICTADO POR EL JUEZ DE MI ADSCRIPCIÓN, POR MEDIO DE LISTA: Cuernavaca, Morelos, a veinte de febrero de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos para que obre como corresponda el oficio firmado por la Directora General de Asuntos Constitucionales y Amparo de la Consejería Jurídica en representación del Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Morelos, a través del cual, informa que el uno de octubre de dos mil dieciséis, el Gobernador designó al maestro Roberto Soto Castor, como su representante ante la Comisión de Estudio y Dictamen de Antecedentes Revolucionarios, a efecto de acreditar lo anterior, adjunta copia certificada del nombramiento respectivo. Además, informa que por oficio ***, de dos de febrero del presente año, el representante del Gobernador ante la Comisión de Estudio y Dictamen de Antecedentes Revolucionarios, comunicó que, la recepción de solicitudes relacionadas a dicha comisión, se deben presentar ante la oficialía de partes de la Secretaría de Gobierno, ubicada en primer piso de Casa de Morelos, Plaza General Emiliano Zapata, sin número, Centro de Cuernavaca, Morelos, en un horario de nueve a dieciocho horas y respecto al calendario de sesiones solicitado, la citada comisión no cuenta con un calendario de sesiones aprobadas, debido a que las convocatorias para sesionar se realizan conforme a la presentación de las solicitudes realizadas ante dicha autoridad, anexando copia certificada de dicha misiva. Con lo anterior y con copia del oficio de cuenta, de conformidad con el artículo 196, primer párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, dese vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, manifieste lo que a su derecho corresponda. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.

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