Yolanda Jiménez Loo

Expediente 257/2016 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 48 actuaciones registradas, la última del 11 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
257/2016
Año
2016
Actuaciones
48
Última actuación
11/09/2018

Partes del expediente

  • Yolanda Jiménez Loo
  • Yolanda Jiménez Loo y Otros.
  • Juez de lo Civil. Matías Romero, Oaxaca

Actuaciones

Las 4 más recientes de 48.

  1. Incidental

    Como está ordenado con esta fecha en el juicio de amparo 257/2016, del que deriva este incidente de suspensión, y toda vez que de la certificación que antecede se advierte que no existe asunto pendiente por diligenciar, con fundamento en los puntos décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena el archivo de este incidente como definitivamente concluido. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto vigésimo primero, párrafo último, del Acuerdo General citado. Ahora, toda vez que por auto de cuatro de septiembre de dos mil quince (fojas 13 y 14), se concedió la suspensión provisional, y por resolución de veintidós de septiembre de dos mil quince (fojas 24 y 25), se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados, comuníquese a las partes que el original de este incidente de suspensión es susceptible de depuración conforme a los puntos vigésimo primero fracción III, párrafo segundo, del citado Acuerdo. Asimismo, se destaca que en este expediente no existen documentos ofrecidos por las partes considerados como originales por el punto segundo, fracción XVIII, del referido Acuerdo General, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro, ni billete de depósito o garantía que devolver o remitirse a la Tesorería de la Federación. Como consecuencia de lo anterior, transcurridos más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, es susceptible de depuración; conservándose en el archivo de este órgano jurisdiccional por tres años conforme al punto Décimo, fracción I, del referido Acuerdo General, fenecido dicho término se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido que se conservará el auto de cuatro de septiembre de dos mil quince (fojas 13 y 14), que concedió la suspensión provisional, y la resolución de veintidós de septiembre de dos mil quince (fojas 24 y 25), que concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados. En tanto que, con apoyo en los puntos décimo primero, vigésimo, fracción III, vigésimo quinto, de ese Acuerdo General, transcurridos más de seis meses, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente de suspensión. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo.

  2. Principal

    Visto el contenido de la primera de las certificaciones secretariales de cuenta, en atención a que los quejosos no interpusieron recurso de revisión en contra del auto de dieciséis de agosto de dos mil dieciocho (fojas 537 a 542), dictado en este juicio de amparo, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto que sobreseyó en este juicio de amparo, ha causado ejecutoria para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y gírese oficio a las autoridades responsables, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la materia, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, se declara que este asunto carece de relevancia documental, dado que no se ubica en alguno de los supuestos que prevé el artículo vigésimo primero, párrafo último del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; asimismo, se destaca que el presente expediente fue sobreseído, que no se concedió la suspensión de plano de los actos reclamados, ni existen documentos ofrecidos por las partes, considerados como originales por el punto Segundo, fracción XVIII, del referido Acuerdo General Conjunto 1/2009, esto es, que contengan un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro; como consecuencia de lo anterior, transcurrido más de cinco años, a partir de la fecha en que se dicta este acuerdo, es susceptible de destrucción. Conforme al punto Décimo, fracción I, del acuerdo en cita, se comunica a las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional, durante tres años; por lo que, una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Hágase la anotación en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Díctese el acuerdo correspondiente en el incidente de suspensión relativo. Finalmente, devuélvase al Presidente de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, con residencia en Reyes Mantecón, San Bartolo Coyotepec, las documentales que remitió como justificación de su informe, consistentes en: 1. Toca familiar 285/2015, del índice de esa Sala Familiar, y 2. Testimonio de copias certificadas de las constancias deducidas del expediente familiar 934/2010, del índice del Juzgado Civil, con residencia en Matías Romero Oaxaca; documentales con las cuales se ordenó formar los anexos uno y dos (foja 42).

  3. Principal

    Visto el estado procesal de los presentes autos, y la primera de las certificaciones secretariales de cuenta, de la que se advierte que los quejosos Yolanda Jiménez Loo y Carlos Jiménez Loo, no cumplieron con el requerimiento que se les hizo por auto de veinte de junio de dos mil dieciocho (fojas 511 y 512), en el sentido de que acreditaran dentro de los veinte días siguientes a la recepción de los edictos por medio de los cuales se ordenó el emplazamiento del representante legal de la sucesión del extinto Ricardo Jiménez Loo, aquí tercero interesado, haber realizado la publicación de los mismos, así como tampoco manifestaron que no tenían capacidad económica para sufragar el costo de la publicación de los mismos. Así las cosas, se les hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído, y con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, y 63, fracción II, en relación con el 27, fracción III, inciso b), y 5, fracción III, inciso b), 6 y 108, fracción II, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el juicio en términos del diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Lo anterior es así, en razón que de las constancias que integran el presente juicio, con pleno valor probatorio en su calidad de instrumental de actuaciones judiciales, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se aprecia que por auto de veintidós de diciembre de dos mil quince (foja 63), el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, determinó que le resultaba el carácter de tercera interesada a Fanny del Kristal Morales Gómez, ordenándose emplazarla a juicio en el domicilio señalado en dicho proveído, por conducto de la Actuaria Judicial adscrita a dicho órgano jurisdiccional; al no haber señalado dicha tercera interesada domicilio para recibir notificaciones, por auto de veintiuno de enero de dos mil dieciséis (foja 67), se le hizo efectivo el apercibimiento decretado en proveído de veintidós de diciembre de dos mil quince, y se ordenó realizarle las notificaciones personales que le correspondieran mediante lista de acuerdos. Por acuerdo de dieciséis de febrero de dos mil dieciséis (foja 76), el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, determinó que les resultaba el carácter de terceros interesados a Jotina Morales Gómez y Fernando Loo González, ordenándose emplazarlos a juicio en el domicilio señalado en dicho proveído, por conducto de la Actuaria Judicial adscrita a dicho órgano jurisdiccional; terceros interesados que al no haber señalado domicilio para oír y recibir notificaciones, por auto de veintiséis de mayo de dos mil dieciséis (fojas 115 a 117), este órgano jurisdiccional ordenó hacerles sus notificaciones por medio de lista de acuerdos en los estrados del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, quien inicialmente conoció de la demanda de amparo respectiva. Por auto de veinticuatro de junio de dos mil dieciséis (foja 142), se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados José Luis Jiménez Osorio, en su carácter de apoderado legal de Javier Jiménez Loo o José Luis Jiménez Loo; Ricardo Jiménez Loo y Yazmin Jiménez Loo, en términos del artículo 5, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, ordenándose emplazarlos a juicio en los domicilios señalados en dicho proveído, mediante despacho girado al Juez Civil, con residencia en Matías Romero Avendaño, Oaxaca, y exhorto girado al Juez de Distrito en turno en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos. Mediante escrito de veintinueve de julio de dos mil dieciséis (foja 176), la tercera interesada Fanny del Kristal Morales Gómez, se apersonó al presente juicio de amparo, y señaló domicilio para oír y recibir notificaciones. Por acuerdo de veintidós de agosto de dos mil dieciséis (fojas 242 y 243), se tuvo al Juez Primero de lo Civil, con residencia en Matías Romero Avendaño, Oaxaca, devolviendo parcialmente diligenciado el despacho 146/2016, con número de orden 862/2016, deducido de este juicio de amparo, que se le remitió para emplazar a los terceros interesados José Luis Jiménez Osorio, en su carácter de apoderado legal de Javier Jiménez Loo o José Luis Jiménez Loo y Ricardo Jiménez Loo; asimismo, en virtud de que el primero de los citados terceros interesados no señaló domicilio para recibir notificaciones en el lugar de residencia de este juzgado, dentro del plazo que le fue concedido, se le hizo efectivo el apercibimiento decretado, por lo que se ordenó que las notificaciones que surgieran en este expediente, aun las de carácter personal, se le practicaran por lista de acuerdo que se fijara en los estrados de este juzgado. De igual forma, en atención que la Ejecutora adscrita al Juzgado Primero de lo Civil, con residencia en Matías Romero Avendaño, Oaxaca, asentó en su razón actuarial de diez de agosto de dos mil dieciséis (foja 223 vuelta), la imposibilidad de emplazar a juicio al tercero interesado Ricardo Jiménez Loo, toda vez que fue informada en el domicilio en el que se constituyó, que dicho tercero interesado había fallecido el dos de mayo de dos mil dieciséis, a fin de tener pleno conocimiento del fallecimiento del tercero interesado de referencia, y estar en aptitud de acordar lo procedentes, se ordenó requerir al Oficial del Registro Civil de Matías Romero Avendaño, Oaxaca, para que informara si en los libros de registro de defunciones obraba algún antecedente relativo al fallecimiento de Ricardo Jiménez Loo. Mediante escrito de once de agosto de dos mil dieciséis (foja 246), el tercero interesado José Luis Jiménez Osorio, en su carácter de apoderado legal de Javier Jiménez Loo o José Luis Jiménez Loo, se apersonó al presente juicio de amparo, y señaló domicilio para oír y recibir notificaciones. Por auto de doce de septiembre de dos mil dieciséis (foja 252), se tuvo al Oficial del Registro Civil, con residencia en Matías Romero Avendaño, Oaxaca, remitiendo copia certificada del acta de defunción de Ricardo Jiménez Loo; por lo que, se ordenó dar vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días siguientes a su legal notificación, informara quien tenía el carácter de albacea provisional de la sucesión a bienes del extinto tercero interesado Ricardo Jiménez Loo; asimismo, se ordenó requerir al Juez Civil del Distrito Judicial de Matías Romero Avendaño, Oaxaca, para que informara si en el expediente 934/2010, de su índice, relativo al juicio sucesorio intestamentario, promovido por Fanny del Crystal y Jotina, de apellidos Morales Gómez, a bienes de Jotina Loo Toledo o Jotina Loo de Gómez, existía albacea provisional de la sucesión de bienes del extinto tercero interesado Ricardo Jiménez Loo, o bien, quién tenía el carácter de su representante legal. Mediante escrito de catorce de septiembre de dos mil dieciséis (foja 256), los quejosos manifestaron la imposibilidad de proporcionar el nombre de quien tiene el carácter de albacea provisional de la sucesión a bienes del extinto tercero interesado Ricardo Jiménez Loo. Por proveído de siete de octubre de dos mil dieciséis (foja 276), se recibió el oficio 599/2016, signado por el Juez Civil de Matías Romero Avendaño, Oaxaca (foja 268), mediante el cual informó que en ese juzgado no existía constancia alguna referente al nombramiento de albacea provisional de la sucesión de bienes del extinto tercero interesado Ricardo Jiménez Loo, ni documental alguna que acreditara que dicho tercero contara con apoderado legal; de igual forma, se ordenó requerir nuevamente a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días siguientes a su legal notificación, informara el nombre y domicilio del albacea provisional o definitivo, o bien, del representante legal del tercero interesado Ricardo Jiménez Loo. Por determinación de veintiocho de octubre de dos mil dieciséis (foja 305), se agregó a los autos el escrito de los quejosos, por el que manifestaron que no les era posible proporcionar el nombre y domicilio del albacea provisional o definitivo, o bien, del representante legal del extinto tercero interesado Ricardo Jiménez Loo, toda vez que no tenían conocimiento de que se hubiera promovido juicio sucesorio a bienes del citado tercero interesado, o quien fuera su representante legal; por consiguiente, se ordenó girar oficio al Oficial del Registro Civil, al Jefe del Departamento Jurídico de la Comisión Federal de Electricidad, al apoderado o representante legal de Teléfonos de México, al Administrador del Sistema de Agua Potable y al Registrador del Registro Público de la Propiedad, residentes en Matías Romero Avendaño, Oaxaca, para que dentro del plazo de tres días siguientes a su legal notificación, informaran si en el padrón y/o archivos de esas instituciones existía registro de alguna persona que estuviera actuando en representación de Ricardo Jiménez Loo, de ser así, proporcionaran su domicilio y de existir en sus archivos alguna identificación, proporcionaran copia certificada de la misma, ello, como medida pertinente a fin de ubicar el domicilio de la persona que pudiera tener el carácter de albacea provisional o definitivo, o bien, de representante legal del extinto tercero interesado Ricardo Jiménez Loo. Por autos de uno y veintiocho de marzo de dos mil diecisiete (fojas 415 y 442), se ordenó requerir a los Jueces Civiles de Juchitán de Zaragoza y Matías Romero, Oaxaca, y a los Jueces Primero y Segundo Familiar de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, para que previa búsqueda en sus libros de gobierno respectivos, informaran si existe algún juicio de sucesión intestamentario a nombre del tercero interesado Ricardo Jiménez Loo, de ser así, proporcionaran nombre y domicilio del albacea provisional o definitivo, según fuera el caso, remitiendo copia certificada de las constancias correspondientes, ello, con la finalidad de darle intervención en este juicio de amparo y no dejar en estado de indefensión los derechos del extinto tercero interesado. Por acuerdo de ocho de mayo de dos mil diecisiete (fojas 480 y 481), tomando en consideración que las autoridades Oficial del Registro Civil, Jefe del Departamento Jurídico de la Comisión Federal de Electricidad, apoderado o representante legal de Teléfonos de México, Administrador del Sistema de Agua Potable y Registrador del Registro Público de la Propiedad, residentes en Matías Romero Avendaño, Oaxaca (requeridas en auto de veintiocho de octubre de dos mil dieciséis), informaron que en sus archivos electrónicos, registros, base de datos y archivos de control de registro (fojas 318, 312, 366, 426 y 317), no se encontró registro de persona alguna que estuviera actuando en representación del extinto tercero interesado Ricardo Jiménez Loo; así también, los Jueces Civiles de Juchitán y Matías Romero, Oaxaca, así como los Jueces Primero y Segundo Familiar de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, informaron que en sus libros de registro con que cuentan dichos juzgados, no obraba registro alguno de la existencia de un juicio sucesorio intestamentario a nombre de Ricardo Jiménez Loo; por consiguiente, al existir certeza plena del fallecimiento del tercero interesado Ricardo Jiménez Loo, lo que se corroboraba con el acta de defunción correspondiente (foja 251), sin que se tuviera conocimiento de quién podría tener la representación legal de su sucesión, y toda vez que no se afectaban derechos estrictamente personales del referido fallecido, con fundamento en el artículo 16 de la Ley de Amparo, se suspendió el procedimiento del juicio de amparo, hasta en tanto, se acreditara la existencia de un representante de la sucesión del extinto tercero interesado; en el entendido que si la sucesión no intervenía dentro del plazo de sesenta días siguientes al en que surtiera efectos dicha determinación, se ordenaría lo conducente. Por proveído de veinte de junio de dos mil dieciocho (fojas 511 y 512), en virtud de que había transcurrido el plazo de sesenta días para que el representante legal de la sucesión del extinto Ricardo Jiménez Loo, aquí tercero interesado, interviniera en este juicio de amparo, se levantó la suspensión del procedimiento decretado en auto de ocho de mayo de dos mil diecisiete, señalándose nueva hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional en este asunto. Asimismo, a fin de no retrasar el procedimiento en este juicio de amparo y lograr una pronta y expedita administración de justicia, en términos de lo previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal; con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se ordenó el emplazamiento del representante legal de la sucesión del extinto Ricardo Jiménez Loo, aquí tercero interesado, por medio de edictos, a costa de la parte quejosa, como lo prevé el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; requiriéndose a la parte quejosa para que dentro de los tres días siguientes al en que surtiera efectos la notificación de ese auto, compareciera ante este Juzgado a fin de que se le hicieran entrega de los edictos respectivos; imponiéndole además la carga procesal de acreditar dentro de los veinte días siguientes a su recepción, que ordenó la publicación de los mismos, apercibida que en caso de incumplimiento se decretaría el sobreseimiento en el juicio por su notoria falta de interés jurídico en la prosecución del juicio. Con fecha veintisiete de junio de dos mil dieciocho (foja 525), la quejosa Yolanda Jiménez Loo, compareció ante el Secretario llevador del presente expediente, haciéndosele entrega de los edictos por el cual se ordenaba el emplazamiento al representante legal de la sucesión del extinto tercero interesado Ricardo Jiménez Loo, para su publicación en los términos ordenados en proveído de veinte de junio de esta anualidad. Así las cosas, y toda vez que de la primera de las certificaciones secretariales de cuenta, se advierte que los quejosos Yolanda Jiménez Loo y Carlos Jiménez Loo, no cumplieron con el requerimiento que se les hizo por auto de veinte de junio de dos mil dieciocho (fojas 511 y 512), en el sentido de que acreditaran dentro de los veinte días siguientes a la recepción de los edictos por medio de los cuales se ordenó el emplazamiento del representante legal de la sucesión del extinto Ricardo Jiménez Loo, aquí tercero interesado, haber realizado la publicación de los mismos, ni hicieron manifestación al respecto en cuanto a que no tienen capacidad económica para sufragar el costo de la publicación de los mismos, queda de manifiesto que incumplieron con la carga procesal que les fue impuesta, de donde se evidencia su notoria falta de interés jurídico en la prosecución del presente juicio de amparo, máxime que el emplazamiento del referido tercero interesado, ordenado por edictos, se agota en tres momentos distintos, a saber, recoger los edictos, pagar su publicación, y exhibir ésta, de tal forma que constriñe a la parte quejosa a satisfacer todos y cada uno de esos deberes. En las relatadas consideraciones, al constituir el emplazamiento un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento, cuya falta produce como consecuencia, que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional, se actualiza como una causa de improcedencia el desinterés en la prosecución del juicio por inactividad procesal; lo que actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, 5, fracción III, inciso b), 6 y 108, fracción II, de la Ley de Amparo, que impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción II, de la Ley invocada. Se invoca en apoyo por resultar exactamente aplicable al caso concreto la jurisprudencia II.2o.C. J/27, publicada en la página 1868, tomo XXXII, julio de 2010, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO POR OMISIÓN DE RECOGER EDICTOS CON EL FIN DE EMPLAZAR A LA PARTE TERCERA PERJUDICADA. ANTE LA AUSENCIA DE NORMA QUE ESTABLEZCA TAL HIPÓTESIS, ES CORRECTA LA APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA RELATIVA. Si bien es exacto que inexiste precepto que establezca como causal de sobreseimiento el no recoger los edictos para que se emplace a la tercera perjudicada, no obstante, existe una jurisprudencia obligatoria ineludible, cuyo rubro es: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO."; luego, atento al criterio jurisprudencial en cita, establecido por contradicción de tesis, ello autoriza al Juez de Distrito al respecto, por contener la interpretación jurídica y armónica de esa situación fáctica y procesal, según lo estimó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto al alcance de los preceptos 14, párrafo segundo y 17 constitucionales; 73, fracción XVIII, en relación con el 30, fracción II y 5o., fracción III, de la Ley de Amparo, precisamente en razón a la falta de norma que motivó la integración de tal laguna de ley para actualizar la referida causa de sobreseimiento del juicio de garantías, dada la evidente omisión y desinterés del quejoso de recoger los edictos para emplazar al tercero o terceros perjudicados." Asimismo, resulta aplicable la jurisprudencia por contradicción de Tesis número 2a./J. 64/2002, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Cuarto Circuito y Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 211, del Tomo XVI, correspondiente al mes de Julio de 2002, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguientes. "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, en cuanto al sobreseimiento fuera de audiencia decretado, la Jurisprudencia número 2ª./J.10/2003, visible en la página número 386, del Tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto y rubro, son del tenor literal siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En virtud del sobreseimiento decretado en este asunto, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con treinta minutos de este día. Para los efectos de la publicidad de esta sentencia en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, aun cuando las partes no manifestaron durante esta primera instancia su oposición a que se hagan públicos sus datos personales contenidos en la misma, conforme lo requiere el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública deberán suprimirse los datos sensibles que puedan contener, procurando que dicha supresión no impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Asimismo, se ordena a la Secretaría de este Juzgado que elabore la correspondiente versión pública siguiendo los lineamientos que al efecto establece el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por mayoría del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve y se envíe al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E); protocolo vigente atento a que en el mismo se establece que se aplicará a las resoluciones y sentencias a que hace referencia el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el uso obligatorio del Módulo de Captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y dicho Acuerdo no fue abrogado por el diverso Acuerdo General del Pleno del citado Consejo, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, en vigor el día siguiente.

  4. Principal

    Visto el estado procesal de los presentes autos, y la primera de las certificaciones secretariales de cuenta, de la que se advierte que los quejosos Yolanda Jiménez Loo y Carlos Jiménez Loo, no cumplieron con el requerimiento que se les hizo por auto de veinte de junio de dos mil dieciocho (fojas 511 y 512), en el sentido de que acreditaran dentro de los veinte días siguientes a la recepción de los edictos por medio de los cuales se ordenó el emplazamiento del representante legal de la sucesión del extinto Ricardo Jiménez Loo, aquí tercero interesado, haber realizado la publicación de los mismos, así como tampoco manifestaron que no tenían capacidad económica para sufragar el costo de la publicación de los mismos. Así las cosas, se les hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído, y con fundamento en los artículos 61, fracción XXIII, y 63, fracción II, en relación con el 27, fracción III, inciso b), y 5, fracción III, inciso b), 6 y 108, fracción II, de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el juicio en términos del diverso 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Lo anterior es así, en razón que de las constancias que integran el presente juicio, con pleno valor probatorio en su calidad de instrumental de actuaciones judiciales, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se aprecia que por auto de veintidós de diciembre de dos mil quince (foja 63), el Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, determinó que le resultaba el carácter de tercera interesada a Fanny del Kristal Morales Gómez, ordenándose emplazarla a juicio en el domicilio señalado en dicho proveído, por conducto de la Actuaria Judicial adscrita a dicho órgano jurisdiccional; al no haber señalado dicha tercera interesada domicilio para recibir notificaciones, por auto de veintiuno de enero de dos mil dieciséis (foja 67), se le hizo efectivo el apercibimiento decretado en proveído de veintidós de diciembre de dos mil quince, y se ordenó realizarle las notificaciones personales que le correspondieran mediante lista de acuerdos. Por acuerdo de dieciséis de febrero de dos mil dieciséis (foja 76), el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, determinó que les resultaba el carácter de terceros interesados a Jotina Morales Gómez y Fernando Loo González, ordenándose emplazarlos a juicio en el domicilio señalado en dicho proveído, por conducto de la Actuaria Judicial adscrita a dicho órgano jurisdiccional; terceros interesados que al no haber señalado domicilio para oír y recibir notificaciones, por auto de veintiséis de mayo de dos mil dieciséis (fojas 115 a 117), este órgano jurisdiccional ordenó hacerles sus notificaciones por medio de lista de acuerdos en los estrados del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca, quien inicialmente conoció de la demanda de amparo respectiva. Por auto de veinticuatro de junio de dos mil dieciséis (foja 142), se ordenó el emplazamiento de los terceros interesados José Luis Jiménez Osorio, en su carácter de apoderado legal de Javier Jiménez Loo o José Luis Jiménez Loo; Ricardo Jiménez Loo y Yazmin Jiménez Loo, en términos del artículo 5, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, ordenándose emplazarlos a juicio en los domicilios señalados en dicho proveído, mediante despacho girado al Juez Civil, con residencia en Matías Romero Avendaño, Oaxaca, y exhorto girado al Juez de Distrito en turno en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos. Mediante escrito de veintinueve de julio de dos mil dieciséis (foja 176), la tercera interesada Fanny del Kristal Morales Gómez, se apersonó al presente juicio de amparo, y señaló domicilio para oír y recibir notificaciones. Por acuerdo de veintidós de agosto de dos mil dieciséis (fojas 242 y 243), se tuvo al Juez Primero de lo Civil, con residencia en Matías Romero Avendaño, Oaxaca, devolviendo parcialmente diligenciado el despacho 146/2016, con número de orden 862/2016, deducido de este juicio de amparo, que se le remitió para emplazar a los terceros interesados José Luis Jiménez Osorio, en su carácter de apoderado legal de Javier Jiménez Loo o José Luis Jiménez Loo y Ricardo Jiménez Loo; asimismo, en virtud de que el primero de los citados terceros interesados no señaló domicilio para recibir notificaciones en el lugar de residencia de este juzgado, dentro del plazo que le fue concedido, se le hizo efectivo el apercibimiento decretado, por lo que se ordenó que las notificaciones que surgieran en este expediente, aun las de carácter personal, se le practicaran por lista de acuerdo que se fijara en los estrados de este juzgado. De igual forma, en atención que la Ejecutora adscrita al Juzgado Primero de lo Civil, con residencia en Matías Romero Avendaño, Oaxaca, asentó en su razón actuarial de diez de agosto de dos mil dieciséis (foja 223 vuelta), la imposibilidad de emplazar a juicio al tercero interesado Ricardo Jiménez Loo, toda vez que fue informada en el domicilio en el que se constituyó, que dicho tercero interesado había fallecido el dos de mayo de dos mil dieciséis, a fin de tener pleno conocimiento del fallecimiento del tercero interesado de referencia, y estar en aptitud de acordar lo procedentes, se ordenó requerir al Oficial del Registro Civil de Matías Romero Avendaño, Oaxaca, para que informara si en los libros de registro de defunciones obraba algún antecedente relativo al fallecimiento de Ricardo Jiménez Loo. Mediante escrito de once de agosto de dos mil dieciséis (foja 246), el tercero interesado José Luis Jiménez Osorio, en su carácter de apoderado legal de Javier Jiménez Loo o José Luis Jiménez Loo, se apersonó al presente juicio de amparo, y señaló domicilio para oír y recibir notificaciones. Por auto de doce de septiembre de dos mil dieciséis (foja 252), se tuvo al Oficial del Registro Civil, con residencia en Matías Romero Avendaño, Oaxaca, remitiendo copia certificada del acta de defunción de Ricardo Jiménez Loo; por lo que, se ordenó dar vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días siguientes a su legal notificación, informara quien tenía el carácter de albacea provisional de la sucesión a bienes del extinto tercero interesado Ricardo Jiménez Loo; asimismo, se ordenó requerir al Juez Civil del Distrito Judicial de Matías Romero Avendaño, Oaxaca, para que informara si en el expediente 934/2010, de su índice, relativo al juicio sucesorio intestamentario, promovido por Fanny del Crystal y Jotina, de apellidos Morales Gómez, a bienes de Jotina Loo Toledo o Jotina Loo de Gómez, existía albacea provisional de la sucesión de bienes del extinto tercero interesado Ricardo Jiménez Loo, o bien, quién tenía el carácter de su representante legal. Mediante escrito de catorce de septiembre de dos mil dieciséis (foja 256), los quejosos manifestaron la imposibilidad de proporcionar el nombre de quien tiene el carácter de albacea provisional de la sucesión a bienes del extinto tercero interesado Ricardo Jiménez Loo. Por proveído de siete de octubre de dos mil dieciséis (foja 276), se recibió el oficio 599/2016, signado por el Juez Civil de Matías Romero Avendaño, Oaxaca (foja 268), mediante el cual informó que en ese juzgado no existía constancia alguna referente al nombramiento de albacea provisional de la sucesión de bienes del extinto tercero interesado Ricardo Jiménez Loo, ni documental alguna que acreditara que dicho tercero contara con apoderado legal; de igual forma, se ordenó requerir nuevamente a la parte quejosa para que dentro del plazo de tres días siguientes a su legal notificación, informara el nombre y domicilio del albacea provisional o definitivo, o bien, del representante legal del tercero interesado Ricardo Jiménez Loo. Por determinación de veintiocho de octubre de dos mil dieciséis (foja 305), se agregó a los autos el escrito de los quejosos, por el que manifestaron que no les era posible proporcionar el nombre y domicilio del albacea provisional o definitivo, o bien, del representante legal del extinto tercero interesado Ricardo Jiménez Loo, toda vez que no tenían conocimiento de que se hubiera promovido juicio sucesorio a bienes del citado tercero interesado, o quien fuera su representante legal; por consiguiente, se ordenó girar oficio al Oficial del Registro Civil, al Jefe del Departamento Jurídico de la Comisión Federal de Electricidad, al apoderado o representante legal de Teléfonos de México, al Administrador del Sistema de Agua Potable y al Registrador del Registro Público de la Propiedad, residentes en Matías Romero Avendaño, Oaxaca, para que dentro del plazo de tres días siguientes a su legal notificación, informaran si en el padrón y/o archivos de esas instituciones existía registro de alguna persona que estuviera actuando en representación de Ricardo Jiménez Loo, de ser así, proporcionaran su domicilio y de existir en sus archivos alguna identificación, proporcionaran copia certificada de la misma, ello, como medida pertinente a fin de ubicar el domicilio de la persona que pudiera tener el carácter de albacea provisional o definitivo, o bien, de representante legal del extinto tercero interesado Ricardo Jiménez Loo. Por autos de uno y veintiocho de marzo de dos mil diecisiete (fojas 415 y 442), se ordenó requerir a los Jueces Civiles de Juchitán de Zaragoza y Matías Romero, Oaxaca, y a los Jueces Primero y Segundo Familiar de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, para que previa búsqueda en sus libros de gobierno respectivos, informaran si existe algún juicio de sucesión intestamentario a nombre del tercero interesado Ricardo Jiménez Loo, de ser así, proporcionaran nombre y domicilio del albacea provisional o definitivo, según fuera el caso, remitiendo copia certificada de las constancias correspondientes, ello, con la finalidad de darle intervención en este juicio de amparo y no dejar en estado de indefensión los derechos del extinto tercero interesado. Por acuerdo de ocho de mayo de dos mil diecisiete (fojas 480 y 481), tomando en consideración que las autoridades Oficial del Registro Civil, Jefe del Departamento Jurídico de la Comisión Federal de Electricidad, apoderado o representante legal de Teléfonos de México, Administrador del Sistema de Agua Potable y Registrador del Registro Público de la Propiedad, residentes en Matías Romero Avendaño, Oaxaca (requeridas en auto de veintiocho de octubre de dos mil dieciséis), informaron que en sus archivos electrónicos, registros, base de datos y archivos de control de registro (fojas 318, 312, 366, 426 y 317), no se encontró registro de persona alguna que estuviera actuando en representación del extinto tercero interesado Ricardo Jiménez Loo; así también, los Jueces Civiles de Juchitán y Matías Romero, Oaxaca, así como los Jueces Primero y Segundo Familiar de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, informaron que en sus libros de registro con que cuentan dichos juzgados, no obraba registro alguno de la existencia de un juicio sucesorio intestamentario a nombre de Ricardo Jiménez Loo; por consiguiente, al existir certeza plena del fallecimiento del tercero interesado Ricardo Jiménez Loo, lo que se corroboraba con el acta de defunción correspondiente (foja 251), sin que se tuviera conocimiento de quién podría tener la representación legal de su sucesión, y toda vez que no se afectaban derechos estrictamente personales del referido fallecido, con fundamento en el artículo 16 de la Ley de Amparo, se suspendió el procedimiento del juicio de amparo, hasta en tanto, se acreditara la existencia de un representante de la sucesión del extinto tercero interesado; en el entendido que si la sucesión no intervenía dentro del plazo de sesenta días siguientes al en que surtiera efectos dicha determinación, se ordenaría lo conducente. Por proveído de veinte de junio de dos mil dieciocho (fojas 511 y 512), en virtud de que había transcurrido el plazo de sesenta días para que el representante legal de la sucesión del extinto Ricardo Jiménez Loo, aquí tercero interesado, interviniera en este juicio de amparo, se levantó la suspensión del procedimiento decretado en auto de ocho de mayo de dos mil diecisiete, señalándose nueva hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional en este asunto. Asimismo, a fin de no retrasar el procedimiento en este juicio de amparo y lograr una pronta y expedita administración de justicia, en términos de lo previsto en el artículo 17 de la Constitución Federal; con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso b), segundo párrafo, de la Ley de Amparo, se ordenó el emplazamiento del representante legal de la sucesión del extinto Ricardo Jiménez Loo, aquí tercero interesado, por medio de edictos, a costa de la parte quejosa, como lo prevé el artículo 315 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; requiriéndose a la parte quejosa para que dentro de los tres días siguientes al en que surtiera efectos la notificación de ese auto, compareciera ante este Juzgado a fin de que se le hicieran entrega de los edictos respectivos; imponiéndole además la carga procesal de acreditar dentro de los veinte días siguientes a su recepción, que ordenó la publicación de los mismos, apercibida que en caso de incumplimiento se decretaría el sobreseimiento en el juicio por su notoria falta de interés jurídico en la prosecución del juicio. Con fecha veintisiete de junio de dos mil dieciocho (foja 525), la quejosa Yolanda Jiménez Loo, compareció ante el Secretario llevador del presente expediente, haciéndosele entrega de los edictos por el cual se ordenaba el emplazamiento al representante legal de la sucesión del extinto tercero interesado Ricardo Jiménez Loo, para su publicación en los términos ordenados en proveído de veinte de junio de esta anualidad. Así las cosas, y toda vez que de la primera de las certificaciones secretariales de cuenta, se advierte que los quejosos Yolanda Jiménez Loo y Carlos Jiménez Loo, no cumplieron con el requerimiento que se les hizo por auto de veinte de junio de dos mil dieciocho (fojas 511 y 512), en el sentido de que acreditaran dentro de los veinte días siguientes a la recepción de los edictos por medio de los cuales se ordenó el emplazamiento del representante legal de la sucesión del extinto Ricardo Jiménez Loo, aquí tercero interesado, haber realizado la publicación de los mismos, ni hicieron manifestación al respecto en cuanto a que no tienen capacidad económica para sufragar el costo de la publicación de los mismos, queda de manifiesto que incumplieron con la carga procesal que les fue impuesta, de donde se evidencia su notoria falta de interés jurídico en la prosecución del presente juicio de amparo, máxime que el emplazamiento del referido tercero interesado, ordenado por edictos, se agota en tres momentos distintos, a saber, recoger los edictos, pagar su publicación, y exhibir ésta, de tal forma que constriñe a la parte quejosa a satisfacer todos y cada uno de esos deberes. En las relatadas consideraciones, al constituir el emplazamiento un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento, cuya falta produce como consecuencia, que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional, se actualiza como una causa de improcedencia el desinterés en la prosecución del juicio por inactividad procesal; lo que actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, 5, fracción III, inciso b), 6 y 108, fracción II, de la Ley de Amparo, que impone decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, con apoyo en el artículo 63, fracción II, de la Ley invocada. Se invoca en apoyo por resultar exactamente aplicable al caso concreto la jurisprudencia II.2o.C. J/27, publicada en la página 1868, tomo XXXII, julio de 2010, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO POR OMISIÓN DE RECOGER EDICTOS CON EL FIN DE EMPLAZAR A LA PARTE TERCERA PERJUDICADA. ANTE LA AUSENCIA DE NORMA QUE ESTABLEZCA TAL HIPÓTESIS, ES CORRECTA LA APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA RELATIVA. Si bien es exacto que inexiste precepto que establezca como causal de sobreseimiento el no recoger los edictos para que se emplace a la tercera perjudicada, no obstante, existe una jurisprudencia obligatoria ineludible, cuyo rubro es: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO."; luego, atento al criterio jurisprudencial en cita, establecido por contradicción de tesis, ello autoriza al Juez de Distrito al respecto, por contener la interpretación jurídica y armónica de esa situación fáctica y procesal, según lo estimó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto al alcance de los preceptos 14, párrafo segundo y 17 constitucionales; 73, fracción XVIII, en relación con el 30, fracción II y 5o., fracción III, de la Ley de Amparo, precisamente en razón a la falta de norma que motivó la integración de tal laguna de ley para actualizar la referida causa de sobreseimiento del juicio de garantías, dada la evidente omisión y desinterés del quejoso de recoger los edictos para emplazar al tercero o terceros perjudicados." Asimismo, resulta aplicable la jurisprudencia por contradicción de Tesis número 2a./J. 64/2002, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Cuarto Circuito y Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 211, del Tomo XVI, correspondiente al mes de Julio de 2002, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguientes. "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5o., fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se erige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso." Asimismo, sirve de apoyo a lo anterior, en cuanto al sobreseimiento fuera de audiencia decretado, la Jurisprudencia número 2ª./J.10/2003, visible en la página número 386, del Tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto y rubro, son del tenor literal siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.". De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En virtud del sobreseimiento decretado en este asunto, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las diez horas con treinta minutos de este día. Para los efectos de la publicidad de esta sentencia en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, aun cuando las partes no manifestaron durante esta primera instancia su oposición a que se hagan públicos sus datos personales contenidos en la misma, conforme lo requiere el artículo 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública deberán suprimirse los datos sensibles que puedan contener, procurando que dicha supresión no impida dar a conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Asimismo, se ordena a la Secretaría de este Juzgado que elabore la correspondiente versión pública siguiendo los lineamientos que al efecto establece el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por mayoría del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve y se envíe al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E); protocolo vigente atento a que en el mismo se establece que se aplicará a las resoluciones y sentencias a que hace referencia el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que determina el uso obligatorio del Módulo de Captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y dicho Acuerdo no fue abrogado por el diverso Acuerdo General del Pleno del citado Consejo, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce, en vigor el día siguiente.

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