Yolanda Herrera Pablo
Expediente 415/2023 tramitado ante el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito. 6 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 415/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 29/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito · Tribunales Colegiados de Circuito
Partes del expediente
- Yolanda Herrera Pablo
- Raúl de la Torre Ibarra
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Amparo en revisión
Visto el oficio de cuenta, por medio del cual la autoridad federal de origen remite para la sustanciación del presente asunto copia de la boleta de turno, el original del juicio de amparo 947/2023-A-1, de su índice, en tres tomos, y el escrito original de expresión de agravios, e informa que el expediente electrónico relacionado con este recurso se encuentra vinculado y/o disponible para su consulta; acúsese el recibo correspondiente. Atento a que por acuerdo de veintitrés anterior se admitió el medio de impugnación que nos ocupa, intégrense al expediente electrónico el oficio de mérito y sus anexos.
- Juicio de Amparo Directo
Visto lo de cuenta se advierte que a pesar de estar debidamente emplazada la parte tercera interesada al presente juicio de amparo no señaló domicilio alguno donde oír y recibir notificaciones; por tanto, con fundamento en los artículos 27, fracción III, inciso a), y 29 de la Ley de Amparo, la sentencia dictada por este tribunal y las subsecuentes notificaciones personales hágansele por lista.
- Juicio de Amparo Directo
ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege
- Juicio de Amparo Directo
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA Y SURTE EFECTOS DE NOTIFICACIÓN PERSONAL A LA PARTE TERCERA INTERESADA EN EL AMPARO DIRECTO 415/2023, LA RESOLUCIÓN DE QUINCE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, DICTADA POR EL PLENO DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL Y QUE DEL TENOR SIGUIENTE: AMPARO DIRECTO 415/2023. QUEJOSOS: YOLANDA HERRERA PABLO Y OTROS. TERCERO INTERESADO: ARTURO DIEGO RODRÍGUEZ CASTRO. MAGISTRADA PONENTE: GABRIELA ELENA ORTIZ GONZÁLEZ. SECRETARIO: ENRIQUE HINOJOSA MUÑOZ. Toluca, Estado de México. Acuerdo del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, correspondiente a la sesión virtual ordinaria del quince de noviembre de dos mil veintitrés. V I S T O S, para resolver los autos del juicio de amparo directo 415/2023, promovido por Yolanda Herrera Pablo, por su propio derecho y en representación de sus hijos de iniciales S.R.H., J.A.R.H. y D.R.H., contra la sentencia definitiva de doce de mayo de dos mil veintitrés, dictada en el toca de apelación 386/2023 por la Primera Sala Colegiada Familiar de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo directo. Por escrito presentado ante la Oficialía de Partes de la sala responsable, Yolanda Herrera Pablo, por su propio derecho y en representación de sus hijos de iniciales S.R.H., J.A.R.H. y D.R.H., demandó la protección de la Justicia Federal contra la autoridad y acto siguientes: "(.) III. AUTORIDAD RESPONSABLE.- La Primera Sala Colegiada Familiar de Tlalnepantla de Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, . IV. ACTO RECLAMADO.- Sentencia de fecha doce de mayo del dos mil veintitrés, dictada por la Primera Sala Colegiada Familiar de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México; en el Toca Civil de Apelación número 386/2023. (.)" Actos que consideró violatorios de los derechos fundamentales tutelados en los artículos 1°, 14 y 16 constitucionales. SEGUNDO. Trámite de demanda de amparo. Por razón de turno correspondió conocer del asunto a este Tribunal Colegiado, el cual por auto de presidencia de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, se admitió y registró con el número de amparo directo 415/2023; asimismo, se ordenó dar vista a las partes y al agente del Ministerio Público para formular manifestaciones o promover amparo adhesivo. El agente del ministerio público no formuló alegato ministerial. El tercero interesado no promovió amparo adhesivo, pero sí formuló alegatos. TERCERO. Turno. En proveído de catorce de julio de dos mil veintitrés, se turnó el presente asunto a la Magistrada Gabriela Elena Ortiz González, para formular el proyecto de resolución respectivo, conforme al artículo 92 de la Ley de Amparo. CUARTO. Sesión por video conferencia. Por Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, el cual reformó entre otros, los artículos 27 y 30 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en el cual se estableció esencialmente que los Tribunales Colegiados y los Plenos Regionales procurarán y podrán celebrar sesiones utilizando el Sistema Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal, que permita la celebración de videoconferencias; es por lo anterior que se justifica que las sesiones ordinarias se celebren por videoconferencia y sin la presencia del público, y como el presente asunto se incluyó en la lista respectiva publicada en la página del Consejo de la Judicatura Federal, se encuentra para resolverse vía remota; y, C O N S I D E R A N D O S PRIMERO. Competencia. Este Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, es competente para conocer del presente asunto de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones V, inciso c), y VI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 33, fracción II y 34 de la Ley de Amparo; 38, fracción I, 39 y 40, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el contenido del Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de veintitrés de enero de dos mil trece, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero del propio año y que entró en vigor el día de su aprobación; por reclamarse la sentencia definitiva pronunciada en un juicio del orden civil, por una autoridad jurisdiccional residente en este circuito. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. El acto reclamado consiste en la sentencia definitiva de doce de mayo de dos mil veintitrés, dictada en el toca de apelación 386/2023 por la Primera Sala Colegiada Familiar de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La autoridad responsable, al rendir su informe justificado reconoció la certeza del acto que se le atribuye, lo que se corrobora con el toca de apelación 386/2023 y los autos del expediente de origen 524/2020, que anexó en apoyo a su informe con justificación, a los que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los dispositivos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, en términos del segundo párrafo de su artículo 2. CUARTO. Legitimación. La quejosa Yolanda Herrera Pablo, por su propio derecho y en representación de sus hijos de iniciales S.R.H., J.A.R.H. y D.R.H., está legitimada para promover el presente juicio de amparo porque es parte actora en el juicio de origen, en términos de lo dispuesto en el artículo 5º, fracción I, de la Ley de Amparo. QUINTO. Oportunidad de la demanda La presentación de la demanda de amparo se realizó dentro del plazo de quince días que establece el artículo 17 de la Ley de Amparo, en virtud de que el acto reclamado le fue notificado de manera electrónica a la quejosa, el quince de mayo de dos mil veintitrés (foja 54 del toca 386/2023), surtió efectos el dieciséis de mayo siguiente en términos del artículo 1.24 bis, último párrafo, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México; por tanto, en términos del artículo 18 de la Ley de Amparo, el plazo transcurrió del diecisiete de mayo al seis de junio de dos mil veintitrés, sin contar los días, veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho de mayo, tres y cuatro de junio, todos de dos mil veintitrés por ser sábados y domingos en términos del artículo 19, de la Ley de Amparo . Luego, como la demanda de amparo fue presentada el cinco de junio de dos mil veintitrés, es inconcuso que su presentación se hizo en el plazo establecido para tal efecto. Lo que se ilustra en el calendario que a continuación se inserta: JUNIO 2023 L M M J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 MAYO 2023 L M M J V S D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 NOTIFICA SURTE EFECTOS INICIA CÓMPUTO FENECE PLAZO PRESENTA DEMANDA DÍAS INHÁBILES SEXTO. Conceptos de violación y acto reclamado. No se efectúa la transcripción del fallo reclamado ni de los conceptos de violación propuestos, pues por una parte, la Constitución Federal no establece esa exigencia en sus artículos 94 a 107 y, por otra, el artículo 74, de la Ley de Amparo, determina que las sentencias que se dicten en los juicios de amparo deben contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, apreciándose para ello las pruebas conducentes, fallo que deberá contener la motivación y fundamentación que oriente cualquiera que sea su sentido, mismo que se plasma en los puntos resolutivos, sea sobreseer, amparar o negar la protección de la Justicia Federal. Cobra aplicación al caso, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." SÉPTIMO. Antecedentes del acto reclamado. Son hechos relevantes del caso: I. Yolanda Herrera Pablo inició procedimiento especial de divorcio incausado en contra de Arturo Diego Rodríguez Castro en el que solicitó la disolución del vínculo matrimonial que los une; como medidas provisionales la guarda y custodia de sus tres menores hijos, así como una pensión alimenticia para ellos por cincuenta y dos mil pesos; y, presentó propuesta de convenio (fojas 2 a 4 del juicio natural). II. Una vez admitido el procedimiento especial sobre divorcio incausado bajo el expediente 524/2020, se corrió traslado a Arturo Diego Rodríguez Castro quien, al contestar en dicho procedimiento, manifestó que de igual forma era su voluntad dar por terminado el vínculo matrimonial y en cuanto a las medidas provisionales solicitó ser él el padre custodio, además mencionó que la pensión provisional solicitada por su contraria estaba fuera de sus posibilidades, por lo que propuso aportar diez mil pesos de pensión alimenticia mensual a favor de su tres hijos, y pagar el 50% de sus colegiaturas (fojas 112 a 116 ibídeim). III. El tres de noviembre de dos mil veinte se llevó a cabo la segunda audiencia de avenencia, en la que se aprobó de manera definitiva el convenio parcial en el sentido de que Yolanda Herrera Pablo tendría la guarda y custodia de los infantes de iniciales S.R.H., J.A.R.H. y D.R.H., quienes llevarían a cabo un régimen de convivencias con su progenitor Arturo Diego Rodríguez Castro, asimismo, se determinó una pensión provisional a favor de los menores a cargo del progenitor por diez mil pesos mensuales, y que el progenitor aportaría el 50% por ciento del monto total de las colegiaturas de sus menores hijos. En dicha audiencia el juez otorgó a las partes un plazo de cinco días para que formularan sus pretensiones; asimismo se dictó sentencia de disolución del vínculo matrimonial. (fojas 203 a 208 ibídeim). IV. Por escrito presentado por Arturo Diego Rodríguez Castro formuló sus pretensiones, en las que solicitó se decretara una pensión alimenticia definitiva a favor de sus menores hijos por $10,000.00 pesos mensuales, la aportación por parte de él del 50% por ciento del monto total de las colegiaturas, inscripciones, uniformes y demás costos escolares; y, la liquidación de la sociedad conyugal (fojas 209 a 217 ibídem). V. Posteriormente, Yolanda Herrera Pablo, por su propio derecho y en representación de sus hijos de iniciales S.R.H., J.A.R.H. y D.R.H. formuló pretensiones solicitando una pensión alimenticia para sus hijos no menor al 40% de las percepciones ordinarias y extraordinarias que percibe Arturo Diego Rodríguez Castro, aduciendo que resulta un total de $160,358.02 pesos; el pago de las pensiones caídas y no pagadas por parte del progenitor por los meses de septiembre, octubre y noviembre de dos mil veinte; y, los gastos y costas del juicio (fojas 390 a 400 ibídem). VI. En diverso escrito, Yolanda Herrera Pablo, por su propio derecho y en representación de sus menores hijos de iniciales S.R.H., J.A.R.H. y D.R.H. contestó las pretensiones hechas valer por su contrario, señalando que las mismas resultaban improcedentes esencialmente porque durante el procedimiento Arturo Diego Rodríguez Castro confesó contar con la capacidad económica suficiente para solventar los gastos representativos de los menores, además que ella durante el matrimonio se dedicó a las labores del hogar y cuidado de sus hijos; y objeto las pruebas de su contraparte (fojas 498 a 509 ibídem). VII. Por su parte, Arturo Diego Rodríguez Castro dio contestación a las pretensiones formuladas por su contraria y manifestó que de manera incorrecta Yolanda Herrera Pablo refirió ingresos de la cuenta bancaria de la cual se presentaron los estados de cuenta; sin embargo, dijo esos ingresos se utilizan para la operación de dos consultorios de los que dependen entre doce y veinte personas que cobran sueldo, así como la renta del lugar e insumos, e incluso se advierte un déficit o pérdida al cierre de la cuenta; y, señaló que es falso que deba pensión por los meses de septiembre, octubre y noviembre de dos mil veinte, ya que siempre ha cumplido con los alimentos de sus menores hijos (fojas 538 a 543 ibídem). VIII. Seguido el juicio en sus trámites, el veintidós de marzo de dos mil veintitrés, se dictó sentencia definitiva que concluyó con los puntos resolutivos (fojas 1356 a 1366 ibídem): "(.) PRIMERO. Ha sido procedente la vía elegida por la parte solicitante en controversia por su propio derecho. SEGUNDO. Se decreta a cargo del progenitor el pago y cumplimiento de su obligación alimentaría en forma definitiva en favor de sus tres hijos equivalente a 117 veces el salario mínimo diario general vigente en la zona en que se actúa y la cantidad resultante deberá ser exhibida por adelantado, dentro de los primeros cinco días de cada mes en efectivo o billete de depósito ante este expediente o mediante depósito en cuenta bancaria que para tal efecto proporcione la actora, con la precisión que a cada infante corresponde 39 treinta y nueve veces dicho salario. TERCERO. Se dejan sin efecto las medidas provisionales que se decretaron durante el procedimiento. CUARTO. El progenitor deberá en el plazo de ocho días, deberá (sic) de exhibir garantía de cumplimiento de pensión alimenticia por el importe equivalente a trescientas cincuenta y un veces el valor diario del salario mínimo general vigente, en cualquiera de las formas ordenadas específicamente por el artículo 4.143 del Código Civil, con el apercibimiento que en caso de no hacerlo, se dará vista al Agente del Ministerio Público, para que ejercite las acciones correspondientes, y de ser procedente se haga la inscripción en el registro de alimentarios morosos y se aplicará una multa de hasta 100 cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente. QUINTO. Se absuelve al progenitor del pago de las cantidades que por concepto de pensiones caídas reclama la actora. SEXTO. No se hace especial condena en costas en esta instancia. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. (.)" IX. Inconforme con dicha determinación Yolanda Herrera Pablo, por su propio derecho y en representación de sus hijos de iniciales S.R.H., J.A.R.H. y D.R.H interpuso recurso de apelación (foja 4 a 22 del toca de apelación), el cual se radicó con el número de toca 386/2023, del índice de la Primera Sala Colegiada Familiar de Tlalnepantla del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, y se resolvió el doce de mayo de dos mil veintitrés (fojas 33 a 52 del toca de apelación), con los puntos resolutivos: "(.) PRIMERO. Resultaron por una parte infundados y en otra inoperantes por insuficientes los agravios que esgrimió la apelante YOLANDA HERRERA PABLO, en consecuencia; SEGUNDO. Se CONFIRMA a sentencia definitiva del veintidós 22 de marzo de dos mil veintitrés 2023, dictada por la Titular del Juzgado Octavo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, México, en los autos del expediente 524/2020, relativo al procedimiento especial de Divorcio Incausado solicitado por YOLANDA HERRERA PABLO de ARTURO DIEGO RODRÍGUEZ CASTRO, en su etapa de Controversia del Derecho Familiar donde ambas partes formularon pretensión sobre PENSIÓN ALIMENTICIA. TERCERO. No se condena al pago de costas en esta Segunda Instancia. CUARTO. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE (.)" Esa sentencia constituye el acto reclamado en este juicio de amparo. OCTAVO. Violaciones procesales. Se hace la precisión que la quejosa no hace valer violaciones procesales, ni este tribunal advierte de oficio que se actualice alguna, por lo que resulta procedente entrar al fondo del asunto. NOVENO. Estudio de los conceptos de violación. -De la omisión de analizar y contestar agravios- Son esencialmente fundados los conceptos de violación expuestos por la quejosa vinculados a que se omitió analizar los agravios relacionados con la omisión de valorar todas las pruebas para determinar la pensión alimenticia de los infantes en atención al principio de proporcionalidad, ya que al analizar la capacidad económica del deudor alimentario únicamente se sustentó en el dictamen pericial en trabajo social, que si bien es prueba para determinar la pensión alimenticia, no es la única ofrecida y desahogada en autos. En efecto, en el escrito de apelación la quejosa esencialmente expuso: 1. Que contrario a lo expuesto por el A quo, no se distorsiona el verdadero fin de los alimentos si se determina que el deudor alimentario cuenta con los medios económicos para otorgar una pensión alimenticia suficiente y acorde a las necesidades como al estilo de vida de los acreedores, porque conforme al artículo 4.138 del código civil se debe considerar la capacidad económica y nivel de vida que el deudor y sus acreedores alimentarios hayan tenido en el último año. 2. Que en caso contrario resultaría inútil iniciar un procedimiento judicial para determinar la capacidad económica del deudor alimentario para resolver cuánto debe pagar, sin importar si existen medios y capacidad económica para poder proporcionar mayores cantidades y oportunidades de acceder a una vida mejor, por suponer el A quo que determinar mayor cantidad de dinero es sinónimo de un alto nivel de vida dedicado al ocio. 3. Que en el convenio celebrado entre las partes se pactó que la guarda y custodia de los hijos correspondería a la apelante por lo que los alimentos que le corresponde pagar se cumplen con la incorporación de los infantes en su domicilio, es el padre el obligado a cumplir con el deber alimentario. 4. Que en la declaración de parte a su cargo manifestó que inició a laborar una vez que se separó de su contrario, y a partir de ese momento adquirió experiencia laboral, ya que durante el matrimonio se dedicó al cuidado del hogar y de los hijos, lo cual reconoció el deudor alimentario; que fue incorrecto que el A quo considerara que su grado académico le permite satisfacer las necesidades alimentarias de sus hijos. Que existió una desigualdad en su desarrollo profesional en comparación con el progenitor, quien fue el que siempre se encargó de solventar los gastos cuando vivían juntos, pues únicamente se enfocó en que la apelante tiene un grado académico suficiente para satisfacer las necesidades alimentarias de sus hijos. 5. Que al tener la guarda y custodia de sus hijos cumple con una doble jornada que debe atender a los infantes, sus actividades escolares y extraescolares, cuidado personal, lavado de ropa, atención en la casa, emocional de salud y demás, sin recibir remuneración alguna, además de intentar generar recursos que dejó de proporcionar el progenitor en términos de lo resuelto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los amparos en revisión 1754/2015 y 4883/2017, lo que no analizó el A quo; que existe desequilibrio porque si bien da consultas, no cuenta con los recursos ni la experiencia profesional del contrario, quien cuenta con dos clínicas de belleza en que realiza consultas y cirugías de las que cobra mucho más que la recurrente dando sólo consultas. 6. Que de la confesional a cargo del progenitor se obtiene que era él quien se hacía cargo de todos los gastos del hogar, que realizaba cirugías estéticas mientras que la apelante se dedicó a las labores del hogar y cuidado de los hijos, por lo que tuvo menos posibilidades de desarrollarse profesionalmente; fue incorrecto que el A quo considerara que ambos tienen la misma capacidad económica para hacerse cargo de la mitad de los gastos por igual, porque el progenitor tiene mayor capacidad económica. 7. Con la declaración de parte del progenitor se demostró que la apelante se dedicó al cuidado de los niños; que la administración de las clínicas las llevaba él y no como lo consideró el A quo, ya que si bien la apelante le ayudaba, él era el administrador, además que todas las consultas y cirugías eran cobradas en una cuenta que estaba a nombre de la recurrente porque únicamente tenían esa cuenta pero quien realizaba todo era él; por lo que fue incorrecto que se considerara que ambos padres contaban con aptitud de una actividad económica remunerada. 8. Que las testimoniales se ofrecieron para acreditar los préstamos reclamados en la demanda y no para acreditar lo mencionado por el A quo; con el desahogo de la declaración de parte se acredita que se dedicó a las labores del hogar durante el matrimonio, que el contrario tiene dos clínicas y que generó ingresos por más de cuatro millones de pesos por en el año dos mil veinte. Que con las documentales consistentes en tickets, contrato de arrendamiento e informe médico, informe del SAT se acreditaron los gastos generados por la manutención y subsistencia de sus hijos en el año dos mil veinte, así como su estilo de vida. Además se acredita la falsedad del progenitor respecto a lo informado a la trabajadora social sin que ofreciera prueba para acreditar su dicho sobre sus ingresos. 9. Que existe una desigualdad entre los ingresos y situación profesional de las partes, por lo que fue incorrecta la pensión alimenticia decretada de manera igual entre las partes, ya que la apelante se encuentra en desigualdad frente a su contraparte respecto a los ingresos, situación profesional y doble jornada que desempeña, por lo que la sentencia es desigual y discriminatoria. Al respecto en la sentencia reclamada, la sala responsable declaró infundados los agravios porque consideró que fue correcto que el A quo valorara la prueba pericial en trabajo social para determinar el monto de las necesidades alimentarias de los hijos de las partes acreedores alimentarios. Sin embargo, como lo refiere la quejosa no se analizaron los agravios expuestos en apelación, relativos a la indebida valoración del cúmulo de pruebas ofrecidas y desahogadas en el juicio para acreditar no sólo las necesidades de los acreedores alimentarios, sino también para demostrar la capacidad económica del deudor alimentario y de la progenitora. En efecto, como se advierte de la sentencia reclamada, la sala responsable únicamente analizó los agravios en relación con la valoración de la pericial en trabajo social que consideró idónea y suficiente para acreditar las necesidades alimentarias de los hijos de la quejosa; pero no analizó los agravios respecto a que con la pericial y demás pruebas como son la confesional y la declaración de parte del demandado se demostraba su capacidad económica que debió tomarse en cuenta para fijar la pensión alimenticia acorde al principio de proporcionalidad y equidad. Así es, en el juicio natural la aquí quejosa ofreció como pruebas de su parte para acreditar sus pretensiones sobre la pensión alimenticia reclamada, las siguientes: 1. La confesional a cargo de Arturo Diego Rodríguez Castro; 2. La declaración de parte a cargo de Arturo Diego Rodríguez Castro; 3. Las documentales públicas consistentes en copias certificadas de sus hijos. 4. La documental pública consistente en todo lo actuado en el juicio de divorcio. 5. Las documentales privadas consistentes en tikets de tiendas de conveniencia, recibos, vouchers, gastos escolares (papelería), gasolinas, gastos de servicios como luz, agua, teléfono, internet, comprobantes de transferencias bancarias, pagos de renta de casa habitación. 6. Las documentales privadas consistentes en dos informes rendidos por la optometrista comportamental a cargo de la médico tratante de su hija S.R.H., 7. La documental privada consistente en el contrato de arrendamiento del inmueble en que habita con sus hijos. 8. Documental privada consistente en el informe de la institución bancaria BBVA de la cuenta a nombre del demandado Arturo Diego Rodríguez Castro. 9. Las documentales privadas consistentes en los estados de cuenta del banco BBVA de la cuenta de la quejosa con número 1514245027 por el período de julio a octubre de dos mil veinte 10. Las documentales privadas consistentes en los informes de las instituciones bancarias respecto de alguna cuenta bancaria de ahorro o crédito, derivado del oficio correspondiente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que les requiera a las instituciones bancarias esa información. 11. La testimonial a cargo de Perla Alejandra Herrera Pablo, Francisco Alejandro Herrera Ramírez y Alejandro Herrera Pablo. 12. Las documentales privadas consistentes en diez estados de cuenta a nombre de Arturo Diego Rodríguez Castro, de la cuenta número 2709620362, de la institución bancaria BBVA Bancomer. 13. La instrumental de actuaciones. 14. La presuncional legal y humana. (fojas 396 a 399 y 506 a 509 del juicio natural) Pruebas todas ellas que ofreció para acreditar los extremos de sus pretensiones sobre la pensión alimenticia a favor de sus hijos infantes; sin embargo, la autoridad responsable únicamente analizó la pericial en trabajo social para determinar la capacidad económica de ambos progenitores, y al respecto la quejosa en sus agravios expuso que únicamente se analizó dicha prueba, sin atender y estudiar el resto del material probatorio. Por tanto, la sala no analizó de manera integral y congruente los agravios expuestos por la apelante, pues se limitó a exponer que la pericial en trabajo social era la idónea y que con ella se demostraba el monto de las necesidades de los hijos de las partes, pero no analizó lo relativo a la capacidad económica del deudor para fijar la pensión alimenticia. Asimismo, la sala no analizó la incongruencia de la sentencia de primer grado en el sentido de que por un lado el A quo determinó que la quejosa cumplía su obligación alimentaria al tener incorporados a los hijos en su domicilio familiar; pero por otro lado, que al tener una profesión y desempeñar un trabajo remunerado, tenía capacidad económica para solventar las necesidades de sus hijos, y con base en ello determinó que la pensión alimenticia debía dividirse entre las partes de la siguiente manera: el padre debía pagar la cantidad de $24.270.48 y la madre debía pagar la cantidad de $23,374.41; lo que evidencia que la sala responsable al considerar correcta la sentencia reclamada por considerar que la quejosa tenía ingresos y por tanto capacidad para cubrir las necesidades de su hijos en la misma proporción que su contraparte, incurrió en incongruencia. Es así, porque no puede considerarse válido que por un lado se determine que la quejosa cumple con su obligación alimentaria al tener incorporados a sus hijos en el domicilio familiar, y por otro lado se le imponga una obligación alimentaria en la misma proporción que el padre de los infantes, cuando la quejosa ejerce la guarda y custodia de los niños, por lo que se encarga de su cuidado y solventar todas sus necesidades de atención personal, mientras que el padre no lo hace. Por ello, asiste razón a la quejosa en el sentido de que tampoco se analizó de manera correcta el agravio relacionado con la doble jornada que tiene la quejosa al hacerse cargo del cuidado de los hijos durante el matrimonio y aun después del divorcio, además de que labora como médico. Tampoco se analizó lo relativo a que el padre de los hijos durante el matrimonio se dedicó a una actividad profesional remunerada como médico y que tiene dos clínicas (lo cual reconoció en hecho III, del escrito de pretensiones de diez de noviembre de dos mil veinte ), mientras que la quejosa comenzó a ejercer su profesión hasta después del divorcio. Si bien, la sala consideró que respecto a la doble jornada no se debía considerar porque fue mediante convenio que la parte quejosa aceptó hacerse cargo del cuidado de los hijos; ello no es razón suficientemente válida para dejar de considerar que tiene incorporados a sus hijos al domicilio familiar y ello implica una doble jornada para la recurrente, porque labora fuera de casa para tener ingresos y además, tiene a su cuidado a sus hijos, debiendo estar pendiente de su comida, salud, tareas, aseo físico, de su ropa limpia y demás necesidades de atención y cuidado tanto físico como afectivo de sus hijos infantes. Además, como lo señala, tampoco se analizaron las circunstancias profesionales y laborales de las partes y las pruebas consistentes en la confesional y declaración de parte del tercero interesado, así como los estados de cuenta, comprobantes de pagos y gastos, testimonial y demás pruebas que fueron ofrecidas, exhibidos y desahogadas en autos del juicio de origen, para acreditar los extremos de sus pretensiones sobre las necesidades alimentarias de sus hijos infantes y la capacidad económica del deudor alimentario, así como de la quejosa; las cuales no fueron consideradas por la sala para determinar la verdadera capacidad económica del deudor alimentario, pues únicamente se analizaron los agravios relacionados con las necesidades alimentarias de los hijos de las partes, pero no con la capacidad económica del deudor alimentario. Por tanto, es incongruente la sentencia reclamada al no haber analizado todos los aspectos planteados en los agravios por la quejosa relacionados con la valoración de todo el cúmulo de pruebas ofrecidos parta acreditar su pretensión sobre la pensión alimenticia a favor de sus hijos acorte a los principios de proporcionalidad y equidad, lo que resulta suficiente para conceder el amparo solicitado. -De los alimentos vencidos y no pagados- Son esencialmente fundados los argumentos expuestos en el segundo concepto de violación sobre el tema relativo al pago de alimentos vencidos, suplidos en su deficiencia en términos de lo dispuesto en el artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo, por tratarse de un asunto en que se encuentran involucrados derechos alimenticios de infantes. Apoya a lo expuesto, la jurisprudencia de la voz: "MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quien o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda (el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz." En el escrito inicial de pretensiones, la quejosa reclamó entre otras prestaciones el pago de las pensiones caídas y no pagadas por parte del progenitor por los meses de septiembre ($45,349.59), octubre ($61,646.02) y noviembre ($43,399.98), todos de dos mil veinte, asimismo, insertó tres tablas por los gastos generados por los citados meses en que desglosó cada uno de los gastos señalados: 1. Relación de gastos de septiembre de dos mil veinte (foja 446 del juicio natural): 2. Relación de gastos de octubre de dos mil veinte (foja 410 del juicio natural): 3. Relación de gastos de noviembre de dos mil veinte (foja 401 del juicio natural): No se inadvierte que en el título de esta última relación se señala "relación de gastos de septiembre 2020"; sin embargo de la columna relativa a la fecha de gastos, se evidencia que se trata del mes de noviembre de ese año, por lo que título del mes señalado solo constituye un error; más aún porque los montos reclamados en las pretensiones coincide con el establecido en cada una de las tablas insertas. Asimismo, ofreció como pruebas para acreditar los extremos de sus pretensiones las siguientes: 1. La confesional a cargo de Arturo Diego Rodríguez Castro; 2. La declaración de parte a cargo de Arturo Diego Rodríguez Castro; 3. Las documentales públicas consistentes en copias certificadas de sus hijos. 4. La documental pública consistente en todo lo actuado en el juicio de divorcio. 5. Las documentales privadas consistentes en tikets de tiendas de conveniencia, recibos, vouchers, gastos escolares (papelería), gasolinas, gastos de servicios como luz, agua, teléfono, internet, comprobantes de transferencias bancarias, pagos de renta de casa habitación. 6. Las documentales privadas consistentes en dos informes rendidos por la optometrista comportamental a cargo de la médico tratante de su hija S.R.H., 7. La documental privada consistente en el contrato de arrendamiento del inmueble en que habita con sus hijos. 8. Documental privada consistente en el informe de la institución bancaria BBVA de la cuenta a nombre del demandado Arturo Diego Rodríguez Castro. 9. Las documentales privadas consistentes en los estados de cuenta del banco BBVA de la cuenta de la quejosa con número 1514245027 por el período de julio a octubre de dos mil veinte 10. Las documentales privadas consistentes en los informes de las instituciones bancarias respecto de alguna cuenta bancaria de ahorro o crédito, derivado del oficio correspondiente a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, para que les requiera a las instituciones bancarias esa información. 11. La testimonial a cargo de Perla Alejandra Herrera Pablo, Francisco Alejandro Herrera Ramírez y Alejandro Herrera Pablo. 12. Las documentales privadas consistentes en diez estados de cuenta a nombre de Arturo Diego Rodríguez Castro, de la cuenta número 2709620362, de la institución bancaria BBVA Bancomer. 13. La instrumental de actuaciones. 14. La presuncional legal y humana. (fojas 396 a 399 y 506 a 509 del juicio natural) Ahora, en el juicio natural, la pensión provisional se decretó en la segunda audiencia de avenencia de tres de noviembre de dos mil veinte a cargo del progenitor por $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.), mensuales, y que el progenitor aportaría el 50% por ciento del monto total de las colegiaturas de sus menores hijos (fojas 203 a 208 del juicio natural). En la sentencia de primer grado, sobre esa pretensión de pensiones alimenticias vencidas por los meses de septiembre, octubre y noviembre de dos mil veinte, el A quo hizo referencia a las pretensiones reclamadas, describió las documentales exhibidas por la quejosa y consideró que en términos de los artículos 1.293 al 1.297, 1.356 y 1.359 del código procesal civil local, se deducía que no contenían indicio que permitiera concluir que las cantidades ahí mencionadas fueron erogadas y/o pagadas por concepto de alimentos en favor de los infantes hijos de las partes o que se adeudara por dicho concepto; que si bien en términos de los artículos 1.336 a 1.338 del citado ordenamiento, existía obligación del progenitor de otorgar alimentos en favor de sus hijos, la progenitora incumplió con la carga probatoria porque con ningún medio de prueba acreditó que en los meses de septiembre a noviembre de dos mil veinte haya erogado las cantidades reclamadas en concepto de alimentos caídos a favor de sus hijos. Precisó que el progenitor manifestó que siempre pagó los gastos de sus hijos, aun cuando ya estaba separado de la progenitora y que a partir de septiembre de dos mil veinte comenzó a realizar el pago de la pensión alimenticia en el monto que le fue decretado en el expediente; que de las documentales consistentes en estados de cuenta bancarios a nombre de la progenitora y del progenitor se advertía un depósito de treinta de septiembre de dos mil veinte por $5,000.00; un comprobante de depósito en efectivo de catorce de septiembre por $4,000.00; un depósito de uno de octubre de dos mil veinte por $5,000.00; un depósito por la cantidad de $5,000.00; todos a la cuenta de la progenitora, que en suma daban la cantidad de $19,000.00; lo que evidenciaba que en los meses de septiembre y octubre de dos mil veinte el progenitor realizó depósitos en la cuenta de la progenitora, quien no negó específicamente la recepción de esos depósitos, conceptos y montos, por lo que en los citados meses el progenitor realizó dichos pagos; además que en confesional a cargo de éste señaló que continuó realizando el pago de los alimentos para sus hijos, por lo que procedía absolver al pago de esa prestación. En apelación, la quejosa impugnó esa determinación al considerar que fue incorrecto que tuviera que demostrar que eran acreedores alimentarios para el pago de pensiones vencidas y no pagadas, además de demostrar un hecho omisivo como es el incumplimiento de las obligaciones alimentarias, sin que el obligado alimentario hubiera ofrecido prueba para acreditar dicho pago. Al respecto, en la sentencia reclamada se declararon inoperantes los agravios con base en las siguientes consideraciones: - Los agravios expuestos fueron inoperantes por insuficientes porque la apelante se limitó a señalar que cumplió con la carga probatoria de demostrar el pago de las cantidades reclamadas en concepto de alimentos caídos, además que no podía acreditar hechos negativos, sin exponer argumentos tendentes a combatir las consideraciones por las que la jueza declaró improcedente la prestación reclamada, donde otorgó valor probatorio a los productos bancarios de BBVA Bancomer, y fueron observados depósitos por concepto de manutención de los hijos, refiriendo incluso que la accionante no negó haberlos recibido, teniendo en consecuencia por acreditado que en el periodo reclamado el deudor alimentario sí efectuó pago en cumplimiento a su obligación alimentaria. Sin embargo, es incorrecta esa consideración de declarar inoperantes los agravios, porque en el caso, al tratarse de un asunto en materia familiar en el que se encuentran involucrados derechos alimentarios de infantes, debió suplirse la deficiencia de la queja a favor de ellos en términos de lo dispuesto en el artículo 5.8 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México. Además, la autoridad responsable no cumplió con esa obligación, porque debió analizar la prestación de pensiones alimenticias vencidas a favor de los infantes, ya que en primer término, la carga probatoria correspondía al deudor y no a la progenitora que reclamó esas pensiones de las que dice no pagó los gastos el padre de sus hijos, sobre todo como se advierte de autos la quejosa realizó tres tablas de gastos y ofreció diversos medios de prueba relativas a documentales para acreditar los gastos efectuados en ese período, como fueron distintos tickets, vouchers, comprobantes de pago, así como los estados de cuenta respecto a los depósitos realizados de la cuenta bancaria del tercero interesado a la cuenta bancaria de la quejosa, sin que la A quo como la sala responsable hayan analizado de manera integral su contenido, a fin de determinar si con ellas se demostraban los gastos mencionadas y descritos por la progenitora, y además, si el progenitor los cubrió. Por tanto, se debió analizar si el deudor alimentario cubrió los gastos alimentarios vencidos reclamados a favor de los acreedores alimentarios en los meses de septiembre, octubre y noviembre de dos mil veinte, lo cual no fue analizado en su integridad por la autoridad responsable, a fin de determinar si efectivamente se generaron o no los alimentos vencidos reclamados por la quejosa; por el contrario, la sala responsable se limitó a desestimar los agravios por considerar que no se combatieron las consideraciones de la sentencia de primer grado, pero no tomó en cuenta que al tratarse de un asunto en que se involucran infantes debe suplir analizar de manera integral el cúmulo de pruebas ofrecidas y desahogadas en autos, para determinar si se generaron o no las pensiones alimenticias vencidas y no pagadas y si el deudor alimentario cumplió o no con el pago, lo que resulta suficiente para conceder el amparo solicitado. ALEGATOS NO FORMAN PARTE DE LA LITIS No se inadvierten los alegatos formulados por el tercer interesado los cuales no se analizarán, pues por una parte, no se hacen valer causas de improcedencia y por otra, no forman parte de la litis en el juicio constitucional. Apoya a lo expuesto la jurisprudencia de rubro: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO." Al resultar fundados los conceptos de violación estudiados, es innecesario estudiar el resto de los argumentos, debido a que constituyen una reiteración de los agravios los cuales precisamente debe analizar de manera congruente la sala responsable en cumplimiento a esta ejecutoria de amparo. DÉCIMO. Efectos del amparo. En las narradas circunstancias al resultar evidente que se transgredió en perjuicio de la parte quejosa los derechos y garantías previstos en los artículos 1°, 14 y 17 constitucionales, lo procedente es otorgar la protección constitucional para el efecto de que la responsable: 1. Deje insubsistente la sentencia reclamada. 2. Deje intocado lo que no es materia de concesión. 3. Analice de manera congruente los agravios expuestos por la quejosa respecto a la pensión alimenticia definitiva en atención al principio de proporcionalidad, considerando la doble jornada de la progenitora, así como la capacidad económica del deudor alimentario. 4. Valore las pruebas ofrecidas por la quejosa para demostrar sus pretensiones sobre la capacidad económica de las partes para fijar una pensión alimenticia acorde a los principios de equidad y proporcionalidad que rigen en materia de alimentos. 5. Valore las pruebas ofrecidas por la quejosa para demostrar sus pretensiones sobre las pensiones alimenticias vencidas que reclama y que la carga probatoria de acreditar que cumplió corresponde al deudor alimentario. 6. Con plenitud de jurisdicción resuelva el recurso de apelación conforme a derecho proceda. Por lo expuesto, y fundado, y con apoyo, además en los artículos 73 al 76 y 189 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, se R E S U E L V E : ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Yolanda Herrera Pablo, por su propio derecho y en representación de sus hijos de iniciales S.R.H., J.A.R.H. y D.R.H., contra el acto y la autoridad precisados en el resultando primero de esta resolución. Notifíquese; y, a la autoridad responsable con testimonio autorizado de esta resolución, para que una vez que cause ejecutoria la presente, se le devuelvan los autos y se le requiera de su cumplimiento. En su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. Así lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito, por unanimidad de votos de los magistrados presidenta Gabriela Elena Ortiz González, Jacinto Juárez Rosas y Raúl Angulo Garfias, siendo ponente la primera de los nombrados, quienes firman electrónicamente con el secretario de acuerdos Fernando Lamas Pérez, que da fe. El secretario de acuerdos licenciado Fernando Lamas Pérez C E R T I F I C A: que el diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, se firmó electrónicamente el engrose correspondiente al amparo directo 415/2023, promovido por Yolanda Herrera Pablo, por su propio derecho y en representación de sus hijos de iniciales S.R.H., J.A.R.H. y D.R.H.. Doy fe. Esta foja pertenece a la sentencia dictada en la sesión ordinaria virtual de quince de noviembre de dos mil veintitrés, correspondiente al amparo directo 415/2023, promovido por Yolanda Herrera Pablo, por su propio derecho y en representación de sus hijos de iniciales S.R.H., J.A.R.H. y D.R.H.. Doy fe.
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