Yolanda Hernández Méndez

Expediente 267/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 9 actuaciones registradas, la última del 20 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
267/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
20/05/2022

Partes del expediente

  • Yolanda Hernández Méndez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, veinte de mayo de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que causó estado el proveído de veintisiete de abril de la presente anualidad, dictado dentro del recurso de revisión 149/2022, de su índice, a través del cual, dicho órgano colegiado desechó por improcedente el medio de impugnación hecho valer por la parte quejosa; al respecto, agréguese para que obre como corresponda y surta sus efectos legales procedentes. Asimismo, remite los autos originales del juicio de amparo 267/2022-I-B del índice de este juzgado; en consecuencia, acúsese el recibo de estilo correspondiente. En ese tenor, con fundamento en el artículo 356, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el auto de treinta y uno de marzo del año en curso, por el que se desechó la demanda de amparo que dio origen a los presentes autos, ha causado estado. Por lo tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, asimismo, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otro lado, se ordena desglosar del cuaderno de antecedentes las constancias que obren en copia simple, toda vez que éstas son susceptibles de destrucción y no son necesarias para la integración del juicio de amparo en que se actúa, por lo que únicamente agréguense las constancias originales del cuaderno de antecedentes en comento; en consecuencia, de conformidad al artículo 20, fracción I, inciso a) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se ordena la destrucción de las constancias en copia simple que obran en el cuaderno de antecedentes. Ahora, en cumplimiento al artículo 21, inciso d), y penúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, resulta procedente decretar que el expediente en que se actúa es susceptible de destrucción, al haber quedado firme el auto por el cual se desechó de plano la demanda de amparo que le dio origen; asimismo, una vez que se cumplan tres años al haberse dictado el acuerdo de archivo, y pasados treinta días de este plazo, se deberá destruirse con posterioridad al VEINTE DE MAYO DE DOS MIL VEINTICINCO. Finalmente, el presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de mérito. Notifíquese por lista de acuerdos y por oficio al superior jerárquico.

  2. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, dos de mayo de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Civil del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa que desechó el recurso de revisión interpuesto por Yolanda Hernández Méndez, contra el proveído de treinta y uno de marzo de la presente anualidad, en el que fue desechada de plano la demanda de amparo que dio origen a los presentes autos; el cual quedó radicado con el número 149/2022, de su índice. Al respecto, agréguese para que obre como corresponda y estese en la espera de que cause estado dicha determinación, a fin de estar en aptitud de proveer lo conducente. Notifíquese por lista de acuerdos.Así lo proveyó y firma electrónicamente la licenciada Daniela María León Linarte, Jueza Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el licenciado Luis Alberto Camacho Mondragón, Secretario que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, once de abril de dos mil veintidós. Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por la quejosa Yolanda Hernández Méndez, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra del proveído de treinta y uno de marzo de la presente anualidad, en el que se desechó de plano la demanda de amparo que dio origen a los presentes autos. Por lo tanto, con fundamento en los artículos 84, 86 y 88 de la Ley de Amparo, fórmese cuaderno de antecedentes, y agréguese al presente expediente una copia del escrito de agravios; sin que se soslaye que la impetrante del amparo aduce interponer el precitado recurso en contra del desechamiento dictado en este asunto. Además, remítase el cuaderno original del juicio de amparo en que se actúa al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito en turno, con sede en esta ciudad, a través de su Oficina de Correspondencia Común, anexando el escrito original de agravios y la copia que corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a dicho Tribunal Colegiado, para la substanciación de la revisión en comento. Aunado a lo anterior, a fin de que la superioridad tenga un acceso total a este expediente, con apoyo en los artículos 28, 39, 40 y demás aplicables del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se ordena poner a disposición del Tribunal Colegiado, la versión electrónica del expediente en que se actúa, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación, por lo que se instruye a la Oficial Judicial "A" para que habilite esa función. Notifíquese por lista de acuerdos y por oficio al superior jerárquico.

  4. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, treinta y uno de marzo de dos mil veintidós. Téngase por recibido el escrito de cuenta, signado por la quejosa Yolanda Hernández Méndez, mediante el cual cumple con la prevención formulada por auto de once de marzo de la presente anualidad, en atención al diverso proveído de veintitrés del mismo mes y año; al respecto, se acuerda: DETERMINACIÓN SOBRE LA DEMANDA DE AMPARO. En ejercicio de la facultad que a esta juzgadora confiere el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda que dio origen a los presentes autos, conforme a lo que enseguida se expone. ANÁLISIS INTEGRAL DE LA DEMANDA. Al analizar íntegramente la demanda que nos ocupa, de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, tal como lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.";Concordancia Descargar documento PDF y la tesis al rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO."; que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo; se advierte que la solicitante de amparo expuso hechos bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro y contenido siguiente: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA. El examen de los antecedentes legislativos del artículo 116, fracción IV, de la Ley de Amparo, que establece como requisito de la demanda de amparo indirecto la obligación del quejoso de manifestar "bajo protesta de decir verdad" los hechos o abstenciones que le consten y que constituyen los antecedentes del acto reclamado o fundamento de los conceptos de violación, revela que el propósito fundamental del legislador es evitar el abuso del ejercicio de la acción de garantías, imponiendo sanciones a los quejosos que manifiesten hechos o abstenciones falsos en la demanda constitucional, según se corrobora de lo dispuesto en el artículo 211 de esa legislación al señalar que cuando algún quejoso afirme hechos falsos u omita los que le consten, se hará acreedor a una sanción de seis meses a tres años de prisión y multa de diez a noventa días de salario; por lo que si lo aseverado por el quejoso, bajo protesta de decir verdad, resulta falso, será sancionado. Además, esa protesta de decir verdad es susceptible de influir en el ánimo del juzgador de que los hechos o abstenciones expresados bajo esa condición, sucedieron en la forma que se describen, y si bien pueden no implicar la veracidad de lo narrado, sí presuponen su certeza, en tanto se trata de un juicio de buena fe y, en todo caso, las partes pueden demostrar la falsedad de lo afirmado". (Lo subrayado es propio). PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ahora, considerando lo anterior y los datos señalados en el capítulo de antecedentes de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en: La orden de desalojo emitida en el expediente civil 1020/2020 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Xalapa, Veracruz con sede en esta ciudad, respecto del bien inmueble marcado con el número ochocientos uno de la avenida Ignacio de la Llave, Zona Centro de Martínez de la Torre, Veracruz, -del cual la aquí quejosa refiere ser poseedora-; así como, los actos tendentes a su ejecución llevados a cabo en dicho asunto, respecto del cual la aquí quejosa se ostenta con el carácter de tercera extraña a juicio, al aducir ser la arrendataria del mismo. FACULTAD DE DESECHAR LA DEMANDA ANTE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, a letra disponen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". (Lo subrayado es propio). El dispositivo transcrito establece que el órgano jurisdiccional tiene la obligación de estudiar la demanda de amparo, para que dentro del plazo de veinticuatro horas, emita la determinación correspondiente, y de encontrar un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debe desecharla de plano, tomando como base que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y lo indudable, resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia I.1o.A. J/4, del rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." (Lo subrayado es propio). INTERPRETACIÓN DE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA RESPECTO AL ACTO RECLAMADO EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO. En el caso, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VI, a contrario sensu, de la Ley de Amparo, que impone desechar la demanda de amparo porque la parte quejosa no tiene la calidad de tercero extraña con que se ostenta; numerales los cuales, en lo conducente, disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; (.)" De la redacción del segundo numeral preinserto, se desprende que el amparo indirecto es procedente contra actos dictados dentro o fuera de juicio, pero impone como condición previa, que afecte a personas extrañas al mismo, teniendo este carácter aquélla que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente. Tiene apoyo lo anterior, en la jurisprudencia 7/98 que por contradicción de tesis resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 56, del Tomo VII, correspondiente al mes de Enero de 1998, Materia Común, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO, CONCEPTO DE. Para los efectos del juicio de amparo, en los términos del artículo 114, fracción V, de la ley de la materia, persona extraña es, en principio, aquella que no ha figurado en el juicio o en el procedimiento como parte en sentido material, pero que sufre un perjuicio dentro del mismo o en la ejecución de las resoluciones, sin haber tenido la oportunidad de ser oída en su defensa por desconocer las actuaciones relativas, quedando incluida en este concepto, asimismo, la parte que no fue emplazada o que fue emplazada incorrectamente." Al respecto, corresponde al peticionario de garantías acreditar fehacientemente el interés jurídico que pudiese verse afectado con los actos reclamados, toda vez que de acuerdo a la hipótesis estatuida en el numeral 6º de la Ley de Amparo, el ejercicio de la acción constitucional está reservado únicamente a quien sufre un perjuicio por un acto de autoridad o por la ley. Así, la facultad o potestad de exigencia oponible a la autoridad y, por ende, para ejercer la acción de amparo e impugnar sus actos, deviene de la afectación que éstos pudieran ocasionar a su titular en uno o varios derechos legítimamente tutelados, de manera personal y directa. Por tanto, para considerar que a las personas se les afecta su derecho subjetivo, es presupuesto que el promovente del juicio de amparo, acredite, en principio, ser titular de ese derecho legítimamente tutelado y, después, la afectación personal y directa producida por los actos reclamados; por ende, no se tendrá por actualizado ese presupuesto fundamental de procedencia, si se carece de los derechos protegidos por algún ordenamiento legal o, en su caso, de existir, no resientan afectación alguna por los actos de autoridad que se reclaman. Por ello, en el caso que nos ocupa, se debe examinar si la quejosa acredita su interés jurídico para promover el juicio constitucional, pues al tratarse de persona extraña a juicio, es necesario la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho de posesión, de manera que la promovente tenga una base objetiva, que fundada produzca la convicción de que tiene derecho de posesión del bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. - Caso concreto. Ahora bien, en el presente asunto, la accionante de amparo Yolanda Hernández Méndez, aduce ser poseedora del bien inmueble marcado con el número ochocientos uno de la avenida Ignacio de la Llave, Zona Centro de Martínez de la Torre, Veracruz, en el cual refiere se pretende ejecutar la orden de desalojo reclamada; titularidad que hace derivar del contrato de arrendamiento celebrado por ella, en su calidad de arrendataria y por otra parte como arrendador, Guillermo Hernández Galván, respecto del multicitado inmueble, el veintiuno de noviembre de dos mil veintiuno, por el término de tres años. Empero, dicha documental no es idónea para acreditar el extremo pretendido, pues bajo protesta de decir verdad, la quejosa manifestó en su escrito aclaratorio que el referido contrato de arrendamiento no se encuentra ratificado ante fedatario público ni está inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, lo cual justificaría la causa generadora de su posesión. Sirve de apoyo a lo anterior, por su contenido la tesis aislada 2a. LIII/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tomo V, Mayo de 1997, página 333, con número de registro digital 198745, con rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO. NO LO TIENEN LOS SIMPLES OCUPANTES O HABITANTES DEL INMUEBLE. El interés jurídico necesario para promover amparo contra leyes o actos de autoridad, solamente lo tiene el titular del derecho afectado y no terceras personas, aunque éstas resientan de manera indirecta, mediata o inmediata, alguna lesión o afectación, por grave que pudiera parecer, pues de aceptar lo contrario, se llegaría al absurdo de sostener la incongruencia jurídica de que ante un acto autoritario que afectara el derecho de posesión, se promovieran por separado tantos juicios de amparo como personas habitaran el inmueble relativo, incluyendo la servidumbre; por ello, aunque el quejoso alegue habitar el inmueble, del que es propietario su hijo, ello no le incorpora derecho autónomo alguno para acudir al juicio de amparo, pues tal circunstancia no demuestra la posesión que pudiera ser garantizada por la ley." Asimismo, la manifestación de la quejosa relativa a la posesión en calidad de arrendataria que aduce detenta con respecto al inmueble en cuestión, no reúne los requisitos que prevé la ley de la materia para que pueda surtir efectos contra terceros, como se verá a continuación: En efecto, la impetrante no debe soslayar que si bien alega ser poseedora del bien inmueble marcado con el número ochocientos uno de la avenida Ignacio de la Llave, Zona Centro de Martínez de la Torre, Veracruz, por haber celebrado un contrato de arrendamiento con el supuesto dueño del mismo Guillermo Hernández Galván, el veintiuno de noviembre de dos mil veintiuno, y con ello tener la posesión derivada de dicho inmueble y la legislación civil faculta al poseedor en calidad de arrendatario a usar y disfrutar de la cosa. No obstante, cualquiera que sea la clase de posesión, originaria o derivada, debe reconocer una causa jurídicamente suficiente para atribuir al sujeto que la ejerce alguno o algunos de los derechos o atributos de la propiedad (usar, disfrutar, disponer), o aquellos que son característicos y exclusivos de la posesión derivada (usar y disfrutar del bien, pero no disponer de él); por tanto, es inconcuso que la simple tenencia material de un bien, faltando dicha causa, no es la posesión jurídica a que alude la legislación civil y, por ende, no puede ser tutelada por la garantía de audiencia del artículo 14 constitucional, el cual protege la posesión jurídica, sea ésta originaria o derivada. Luego, si la aquí quejosa pretende acreditar que es poseedora en calidad de arrendataria del bien inmueble marcado con el número ochocientos uno de la avenida Ignacio de la Llave, Zona Centro de Martínez de la Torre, Veracruz, aduciendo que ello es así toda vez que celebró un contrato de arrendamiento respecto del mismo, con Guillermo Hernández Galván -quien se infiere es el propietario-, empero, no cuenta con un documento de fecha cierta que acredite esa circunstancia, puesto que dicho contrato no está inscrito en una oficina registral como lo es el Registro Público de la Propiedad y del Comercio; tampoco se aprecia que haya fallecido alguno de los contratantes, pues en el escrito aclaratorio la quejosa manifestó, bajo protesta de decir verdad, que ninguna de las personas que celebraron el contrato ha fallecido; menos aun el contrato fue elaborado y/o ratificado ante fedatario público, lo que imposibilita determinar con certeza si el mismo es anterior o posterior al reclamo que sobre el bien afecto realiza la quejosa; resulta incuestionable que aun en el supuesto de que se considerara ejerce un poder de hecho sobre el bien inmueble relacionado, debe concluirse que se trata de la simple detentación material que no constituye la posesión jurídica, en los términos de la legislación civil. En consecuencia, al no acreditar su interés jurídico, es inconcuso que a la impetrante de garantías no le asiste el carácter de tercera extraña al juicio de origen, ni siquiera por equiparación, con el cual se ostenta en el presente juicio constitucional y, por ende, se actualiza la causa de improcedencia invocada. Tiene sustento la presente determinación, por las razones que informa, en la jurisprudencia que por contradicción de tesis aprobó la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 2023029, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE DESECHARLA POR ACTUALIZARSE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, CUANDO EL JUEZ DE DISTRITO TIENE A SU ALCANCE MEDIOS PROBATORIOS SUFICIENTES PARA CONCLUIR QUE LA PARTE QUEJOSA NO TIENE EL CARÁCTER DE TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. Hechos: Al resolver diversos recursos de queja, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se pronunciaron sobre si procede o no el desechamiento de una demanda de amparo por actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, cuando quien promueve con el carácter de tercero extraño a juicio por equiparación no acredita tener tal carácter. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que procede desechar la demanda de amparo por actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, cuando el Juez de Distrito tiene a su alcance medios probatorios suficientes para concluir que el quejoso no tiene el carácter de tercero extraño al juicio por equiparación. Justificación: De conformidad con los artículos 107, fracciones III, inciso c), y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo procede contra actos u omisiones, dentro o fuera de juicio, que afecten a personas extrañas al juicio. Por otra parte, se tiene que el tercero extraño por equiparación es el sujeto que siendo parte formal de la controversia, por ser el demandado, no fue llamado al juicio, o bien, que fue defectuoso el emplazamiento y que, por ello, no pudo comparecer al procedimiento en defensa de sus intereses. En otro orden, se tiene que el Juez de amparo no podrá admitir a trámite la demanda relativa, en caso de existir una causa manifiesta e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Luego, cuando el juzgador de amparo que conoce de la demanda tiene a su alcance los elementos probatorios suficientes que le permiten deducir que el promovente no tiene el carácter de tercero extraño al juicio por equiparación, es legalmente válido que deseche la demanda de amparo, en tanto que aun cuando se tramitara el juicio no se llegaría a una conclusión distinta." Consecuentemente, es claro, que no se puede reconocer a la promovente de amparo Yolanda Hernández Méndez el carácter de tercera extraña, aun cuando manifieste bajo protesta de decir verdad que no existe juicio civil en el que haya sido oída y vencida, ni sentencia que le haya sido notificada, pues se insiste, esta no cuenta con algún título de fecha cierta que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere los derechos posesorios que defiende; por ende, la acción que intenta en este procedimiento de tutela constitucional deviene improcedente, al actualizarse la causal prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el numeral 107, fracción VI, a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Tiene sustento la presente determinación, por las razones que informa, en la jurisprudencia 2a./J. 5/2021 (10a.) de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número registro 2023029, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. PROCEDE DESECHARLA POR ACTUALIZARSE UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, CUANDO EL JUEZ DE DISTRITO TIENE A SU ALCANCE MEDIOS PROBATORIOS SUFICIENTES PARA CONCLUIR QUE LA PARTE QUEJOSA NO TIENE EL CARÁCTER DE TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO POR EQUIPARACIÓN. Hechos: Al resolver diversos recursos de queja, los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes se pronunciaron sobre si procede o no el desechamiento de una demanda de amparo por actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, cuando quien promueve con el carácter de tercero extraño a juicio por equiparación no acredita tener tal carácter. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que procede desechar la demanda de amparo por actualizarse un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, cuando el Juez de Distrito tiene a su alcance medios probatorios suficientes para concluir que el quejoso no tiene el carácter de tercero extraño al juicio por equiparación. Justificación: De conformidad con los artículos 107, fracciones III, inciso c), y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 107, fracción VI, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo procede contra actos u omisiones, dentro o fuera de juicio, que afecten a personas extrañas al juicio. Por otra parte, se tiene que el tercero extraño por equiparación es el sujeto que siendo parte formal de la controversia, por ser el demandado, no fue llamado al juicio, o bien, que fue defectuoso el emplazamiento y que, por ello, no pudo comparecer al procedimiento en defensa de sus intereses. En otro orden, se tiene que el Juez de amparo no podrá admitir a trámite la demanda relativa, en caso de existir una causa manifiesta e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Luego, cuando el juzgador de amparo que conoce de la demanda tiene a su alcance los elementos probatorios suficientes que le permiten deducir que el promovente no tiene el carácter de tercero extraño al juicio por equiparación, es legalmente válido que deseche la demanda de amparo, en tanto que aun cuando se tramitara el juicio no se llegaría a una conclusión distinta." En conclusión, al quedar debidamente acreditada la causa de improcedencia invocada, procede desechar de plano la demanda de amparo presentada por Yolanda Hernández Méndez, en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente. Sin que sea obstáculo a lo anterior, la circunstancia de que el desechamiento que se plantea sea relativo a la falta de interés jurídico, porque desde este momento se desprende claramente que la accionante del amparo únicamente deriva tal interés de la ocupación del inmueble marcado con el número ochocientos uno de la avenida Ignacio de la Llave, Zona Centro de Martínez de la Torre, Veracruz, sin que exhibiera documento que la acreditará como legítima poseedora del bien raíz que ahora pretende defender en su demanda de amparo; por tanto, el resultado aquí planteado, será el mismo al cual se llegaría aun cuando se admitiera la demanda que se atiende y se siguiera el juicio por sus cauces legales hasta el dictado de la sentencia, ello es así, ya que para el hipotético caso de que se admitiera a trámite la demanda de mérito, la posesión jurídica de la quejosa respecto del inmueble en comento, únicamente podría quedar justificada a la luz del contrato de arrendamiento que anexó a su escrito de demanda, que como ya se vio no es suficiente para acreditar el extremo pretendido, al carecer de fecha cierta. Aunado a lo anterior, debe decirse que es obligación de quien aquí resuelve velar porque el juicio de amparo no sea utilizado con fines desleales; esto es, el obtener la suspensión del acto reclamado con el fin de retardar la ejecución en el juicio de origen. Además, no se pierde de vista que, si bien el interés jurídico se puede acreditar hasta la audiencia constitucional, lo cierto es que la calidad de posesionaria con la que se ostenta la quejosa la hace desprender esencialmente del contrato de arrendamiento celebrado con Guillermo Hernández Galván, presunto propietario del bien, que desde luego carece de fecha cierta; por tanto, se reitera que lo anterior es insuficiente para acreditar la posesión jurídica que se pretende defender. Máxime que, de las propias manifestaciones expresadas por la impetrante de amparo, bajo protesta de decir verdad, se desprende que ésta indicó no contar con el contrato de arrendamiento ratificado ante fedatario público y/o inscrito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio, que justifique la causa generadora de la posesión que ostenta respecto del aludido inmueble; lo cual, constituye una confesión expresa que para este Juzgado Federal es un medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. En consecuencia, resulta notoria e indudable la actualización de la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción VI, a contrario sensu, de la Ley de Amparo; por ende, de acuerdo con lo que dispone el artículo 113 de la ley de la materia, SE DESECHA LA PRESENTE DEMANDA DE AMPARO, con el objeto de que la parte promovente tenga conocimiento desde el inicio del resultado de la demanda de amparo y a su vez evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional. Notifíquese personalmente a la quejosa.Así lo proveyó y firma electrónicamente la licenciada Daniela María León Linarte, Jueza Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el licenciado Luis Alberto Camacho Mondragon, Secretario que autoriza y da fe.

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