Yolanda Hernández Francisco
Expediente 442/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 442/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 04/05/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Yolanda Hernández Francisco
Actuaciones
- Principal
III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, cuatro de mayo de dos mil veintidós. Visto que transcurrió el término de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el auto del diecinueve de abril pasado, en el que se desechó la demanda que dio origen a este asunto; con fundamento en el numeral 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara firme ese proveído. En ese sentido, dado que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es destruible en términos del artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Lo anterior en atención a que se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido. Además, no tiene relevancia documental para ser resguardado, ni se ubica dentro de las hipótesis contenidas en el artículo 15 del aludido Acuerdo. Notifíquese y por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
III. Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecinueve de abril de dos mil veintidós. Vista la demanda promovida por *********, por derecho propio, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, y otras autoridades; háganse las anotaciones respectivas bajo el número 442/2022-III. En este asunto el quejoso señala como actos reclamados la orden de detención y/o aprehensión girada en su contra y su ejecución. En ese sentido, se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relación con los diversos 5o., fracción I, y 63, fracción IV, todos de la Ley de Amparo. De una interpretación conjunta de los preceptos invocados se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra los actos que no producen una afectación real y actual en la esfera jurídica de la parte promovente, al ser inexistentes al momento de la presentación de la demanda de amparo. Sobre este tema el Máximo Tribunal del País estableció que la afectación a la parte quejosa debe ser real y no subjetiva, recaer en una persona determinada, concretarse en ésta, y ser de realización pasada, presente o inminente. De ahí que la exigencia de una afectación real y actual implica un requisito de procedencia del juicio de amparo, en el que se exige que con el acto reclamado se cause afectación a la interesada en el aspecto más amplio de tutela de derechos, el que puede haberse producido, estarse efectuando en el momento de la promoción del juicio, y no simplemente ser eventual, aleatorio o hipotético. En el caso, del contenido de los antecedentes que la quejosa narra bajo protesta de decir verdad se observa que los actos de autoridad se hacen depender del hecho de que aproximadamente a las diez horas del once de abril de este año, se presentaron en su domicilio personas que denomina como policías de investigación, preguntando por ella, haciendo referencia que el motivo de su presencia era para cumplimentar una orden de detención y aprehensión dictada en su contra, personas que nunca se identificaron, dejaron o mostraron un documento que acreditara la legalidad de su presencia, situación que le informaron sus familiares. Sin embargo, conforme a los citados hechos es evidente que existe ausencia de afectación a la quejosa, puesto que no señala de manera concreta elementos objetivos que acrediten su dicho, puesto que es omisa en precisar los nombres de las personas que atendieron en su domicilio a quienes denomina como policías de investigación, sin indicar por qué llegó a esa conclusión, además de que en la especie no mostraron alguna orden o documento a los familiares que afirman le informaron el evento que narra. De esta forma es evidente que a la fecha de presentación de la demanda no se está produciendo una afectación real y actual en contra del promovente, pues se está en presencia de un hecho hipotético e inexistente al momento de la promoción de amparo, al observase conjeturas sobre una posible privación de la libertad, y no así un acto real y actual que se pretenda materializar en su contra y que él haya tenido conocimiento de forma cierta y concreta. Además, la Primera Sala del Máximo Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 57/95, que dio origen a la jurisprudencia con el rubro "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN", en la ejecutoria estableció, en resumen, que la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya al quejoso en el goce del derecho vulnerado, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como podría suceder en la hipótesis en que el perjuicio no exista al momento de ejercer la acción, sino durante la tramitación del juicio. Criterio en contrario genera la imposibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos. Por lo anterior, se desecha la demanda de amparo en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio de la promovente para oír y recibir notificaciones, la lista electrónica de este Juzgado Federal; lo anterior es así, dado que el correo electrónico y número telefónico que se señala para dichos efectos, la ley de la materia no contempla la posibilidad de notificar a las partes a través de cuentas particulares de los postulantes ni de llamadas telefónicas; sin embargo, únicamente se toma conocimiento de ellos, a fin de establecer contacto en caso de que este juzgador lo considere necesario durante la tramitación de este juicio. Ahora bien, dada la naturaleza del presente acuerdo, por única ocasión, se comisiona a un actuario adscrito a este Juzgado, a fin de que se constituya en el domicilio que señala habita la quejosa y le notifique de manera personal la presente determinación. Con apoyo en el último párrafo del artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, para que el Actuario Judicial de la adscripción realice las notificaciones que ameriten ser practicadas de manera personal en el presente asunto. Asimismo, con fundamento en el artículo 21 de la citada legislación, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles, para que el actuario judicial adscrito a este órgano constitucional practique dicha diligencia. Es preciso destacar que para la práctica de la notificación personal, el fedatario correspondiente deberá seguir el protocolo de seguridad establecido por el Consejo de la Judicatura Federal para tal efecto. Por otro lado, se tienen por autorizadas a las personas que menciona para los efectos que establece, en el entendido de que para el caso de ser en amplios términos deberán contar con el registro correspondiente. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
III. Aviso. Con fundamento en los artículos 26, fracción III, 27, fracción I, inciso c), y 29 de la Ley de Amparo, se notifica por lista a la parte quejosa, el auto del diecinueve de abril de dos mil veintidós, que en lo conducente dice: "Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecinueve de abril de dos mil veintidós. Vista la demanda promovida por *********, por derecho propio, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Tlalnepantla de Baz, Estado de México, y otras autoridades; háganse las anotaciones respectivas bajo el número 442/2022-III. En este asunto el quejoso señala como actos reclamados la orden de detención y/o aprehensión girada en su contra y su ejecución. En ese sentido, se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relación con los diversos 5o., fracción I, y 63, fracción IV, todos de la Ley de Amparo. De una interpretación conjunta de los preceptos invocados se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra los actos que no producen una afectación real y actual en la esfera jurídica de la parte promovente, al ser inexistentes al momento de la presentación de la demanda de amparo. Sobre este tema el Máximo Tribunal del País estableció que la afectación a la parte quejosa debe ser real y no subjetiva, recaer en una persona determinada, concretarse en ésta, y ser de realización pasada, presente o inminente. De ahí que la exigencia de una afectación real y actual implica un requisito de procedencia del juicio de amparo, en el que se exige que con el acto reclamado se cause afectación a la interesada en el aspecto más amplio de tutela de derechos, el que puede haberse producido, estarse efectuando en el momento de la promoción del juicio, y no simplemente ser eventual, aleatorio o hipotético. En el caso, del contenido de los antecedentes que la quejosa narra bajo protesta de decir verdad se observa que los actos de autoridad se hacen depender del hecho de que aproximadamente a las diez horas del once de abril de este año, se presentaron en su domicilio personas que denomina como policías de investigación, preguntando por ella, haciendo referencia que el motivo de su presencia era para cumplimentar una orden de detención y aprehensión dictada en su contra, personas que nunca se identificaron, dejaron o mostraron un documento que acreditara la legalidad de su presencia, situación que le informaron sus familiares. Sin embargo, conforme a los citados hechos es evidente que existe ausencia de afectación a la quejosa, puesto que no señala de manera concreta elementos objetivos que acrediten su dicho, puesto que es omisa en precisar los nombres de las personas que atendieron en su domicilio a quienes denomina como policías de investigación, sin indicar por qué llegó a esa conclusión, además de que en la especie no mostraron alguna orden o documento a los familiares que afirman le informaron el evento que narra. De esta forma es evidente que a la fecha de presentación de la demanda no se está produciendo una afectación real y actual en contra del promovente, pues se está en presencia de un hecho hipotético e inexistente al momento de la promoción de amparo, al observase conjeturas sobre una posible privación de la libertad, y no así un acto real y actual que se pretenda materializar en su contra y que él haya tenido conocimiento de forma cierta y concreta. Además, la Primera Sala del Máximo Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 57/95, que dio origen a la jurisprudencia con el rubro "ACTO RECLAMADO DE CARÁCTER POSITIVO. SU EXISTENCIA DEBE ANALIZARSE DE ACUERDO CON LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA, AUN EN EL CASO DE ÓRDENES DE APREHENSIÓN", en la ejecutoria estableció, en resumen, que la demanda de amparo tiene como finalidad obtener la protección de la Justicia Federal a efecto de que se restituya al quejoso en el goce del derecho vulnerado, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación, como podría suceder en la hipótesis en que el perjuicio no exista al momento de ejercer la acción, sino durante la tramitación del juicio. Criterio en contrario genera la imposibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no en contra de actos concretos. Por lo anterior, se desecha la demanda de amparo en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio de la promovente para oír y recibir notificaciones, la lista electrónica de este Juzgado Federal; lo anterior es así, dado que el correo electrónico y número telefónico que se señala para dichos efectos, la ley de la materia no contempla la posibilidad de notificar a las partes a través de cuentas particulares de los postulantes ni de llamadas telefónicas; sin embargo, únicamente se toma conocimiento de ellos, a fin de establecer contacto en caso de que este juzgador lo considere necesario durante la tramitación de este juicio. Ahora bien, dada la naturaleza del presente acuerdo, por única ocasión, se comisiona a un actuario adscrito a este Juzgado, a fin de que se constituya en el domicilio que señala habita la quejosa y le notifique de manera personal la presente determinación. Con apoyo en el último párrafo del artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, para que el Actuario Judicial de la adscripción realice las notificaciones que ameriten ser practicadas de manera personal en el presente asunto. Asimismo, con fundamento en el artículo 21 de la citada legislación, se habilitan desde este momento días y horas inhábiles, para que el actuario judicial adscrito a este órgano constitucional practique dicha diligencia. Es preciso destacar que para la práctica de la notificación personal, el fedatario correspondiente deberá seguir el protocolo de seguridad establecido por el Consejo de la Judicatura Federal para tal efecto. Por otro lado, se tienen por autorizadas a las personas que menciona para los efectos que establece, en el entendido de que para el caso de ser en amplios términos deberán contar con el registro correspondiente. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Erik Jaime Romero Castañeda, Secretario quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe."
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