Yolanda Harrison Morales

Expediente 1162/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 23 actuaciones registradas, la última del 21 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1162/2021
Año
2021
Actuaciones
23
Última actuación
21/01/2022

Partes del expediente

  • Yolanda Harrison Morales

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Incidental

    Ciudad de México, a veintiuno de enero de dos mil veintidós. Se tienen por recibidos los oficios de cuenta signados por el Secretario del Consejo Salubridad General en suplencia por ausencia de su Presidente, por medio de los cuales pretende rendir su informe previo e informar la imposibilidad jurídica y material para dar cumplimiento a la suspensión concedida en el presente asunto. Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agregan a los autos sin mayor proveído, toda vez que, en el juicio principal del que deriva el presente incidente, se decretó el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional y, una vez que quedó firme esa determinación, se ordenó el archivo del expediente. Sin perjuicio de lo anterior, con apoyo en los artículos 9 y 28 fracción I de la ley de la materia, se tienen como delegados y como domicilio para oír y recibir notificaciones los que indica. Con fundamento en el artículo 22, del "Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19"; se tomará en cuenta el correo electrónico y número telefónico que indica, únicamente en caso de que este juzgado considere conveniente entablar alguna comunicación no procesal a través de ese medio. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alberto Torres Rivera, quien autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    En la Ciudad de México, veintiuno de enero de dos mil veintidós. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por el Secretario del Consejo Salubridad General en suplencia por ausencia de su Presidente, a través del cual pretende rendir su informe justificado. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese el oficio de mérito sin mayor proveído, toda vez que mediante auto de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo en que se actúa y una vez que quedó firme esa determinación se ordenó el archivo del expediente. Sin perjuicio de lo anterior, con apoyo en los artículos 9 y 28 fracción I de la ley de la materia, se tienen como delegados y como domicilio para oír y recibir notificaciones los que indica. Con fundamento en el artículo 22, del "Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19"; se tomará en cuenta el correo electrónico y número telefónico que indica, únicamente en caso de que este juzgado considere conveniente entablar alguna comunicación no procesal a través de ese medio. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alberto Torres Rivera, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    En la Ciudad de México, veintidós de diciembre de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa, que es a quien pudiera causarle perjuicio el proveído de diecinueve de noviembre de dos mil veintiuno, en el que se determinó sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, no la recurrió dentro del plazo que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo; con fundamento en la fracción II, del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que el citado auto HA CAUSADO ESTADO, por lo que, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por El Consejo de la Judicatura Federal; se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 1, del Manual referido, pues se trata de un asunto sobreseído y además no se considera relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido así como el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. En relación con los incidentes de suspensión archívense por separado. Por lo que hace al original del cuaderno original relativo al incidente de suspensión es susceptible de depuración, en virtud de que se ubican en el artículo 18, inciso a), del Acuerdo General en cita; toda vez que la medida cautelar dictada en el incidente de suspensión se concedió. En cuanto al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo citado, será destruible en el término de seis meses contados a partir del presente archivo. Glósese copia autorizada del presente proveído a los autos del original y del duplicado del incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Salvador Leyva Nava, con quien actúa y da fe. Doy fe. SALVADOR LEYVA NAVA

  4. Principal

    Ciudad de México, a veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Se agrega en autos el oficio signado por el Director General de Programación, Organización y Presupuesto de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de Ciudad de México, a veintinueve de noviembre de dos mil veintiuno. Se agrega en autos el oficio signado por el Director General de Programación, Organización y Presupuesto de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por medio del cual, informa que se encuentra llevando a cabo actividades necesarias para la obtención de la cuenta por pagar a favor de la aquí quejosa María de los Ángeles Martínez Rojas; tomando conocimiento de su contenido. En ese sentido, en atención a lo manifestado por la autoridad oficiante, no ha lugar a tener a la citada autoridad en vías de cumplimiento, toda vez que fue omisa en anexar las constancias con las cuales acredite su dicho; en consecuencia, considerando que el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público respecto del que las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir sin dilaciones ni pretextos y en los términos perentorios de los que disponen, a fin de evitar que se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107, fracción XVI, Constitucional, sin que pueda discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional, toda vez que lo ordenado en éste es cosa juzgada y no admite oposición alguna, en tales condiciones, con fundamento en los artículos 192, párrafo primero, de la Ley de Amparo, y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley citada, se REQUIERE NUEVAMENTE al Director General de Programación, Organización y Presupuesto de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, como autoridad vinculada al cumplimiento, para que atendiendo a la naturaleza de los actos en el término de TRES DÍAS, acredite haber solicitado el visto bueno para ejercer los recursos para el procedimiento de pago que corresponden a la quejosa María de los Ángeles Martínez Rojas, por la cantidad de $56,513.34 (cincuenta y seis mil quinientos trece pesos 340/100 moneda nacional), por concepto de pago de aguinaldo de dos mil dieciocho. En adición a lo anterior, con base en lo que prevé el tercer párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 297, fracción II del citado código, 21, fracción VII, inciso a) de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (ahora Ciudad de México), y tercero transitorio, segundo párrafo de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, REQUIÉRASE NUEVAMENTE a la Coordinadora General de Administración (antes Oficial Mayor) de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, como superior jerárquico del Director General de Programación, Organización y Presupuesto de la citada Fiscalía, lo conmine a cumplir con el fallo protector y dentro del término de TRES DÍAS, contado a partir de la notificación del presente acuerdo, dada la naturaleza de los actos a realizar, remita a este órgano jurisdiccional, las constancias con las que acredite haber ordenado a la responsable al cumplimiento del presente requerimiento, o bien, haber dado cumplimiento por sí mismo a la totalidad de los efectos precisados en la ejecutoria de amparo, en los términos indicados en el presente proveído; toda vez que con fundamento en el artículo 194 de la Ley de Amparo, ejerce sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en los términos exigidos en la ejecutoria de garantías, o bien, para cumplirla por sí mismo. Lo anterior se determina, toda vez que en términos de lo que dispone el artículo 197 de la Ley de Amparo, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas responsabilidades que las directas responsables de acatar el fallo constitucional. Apercibidos que, en caso de no cumplir lo anterior, sin causa justificada, se impondrá a las personas físicas que ostenten el cargo de autoridad responsable, una multa por ciento cincuenta veces la unidad de medida actualizada en la Ciudad de México, de conformidad con lo previsto en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo y en el tercero transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la autoridad requerida en este proveído, que aun cuando deje su encargo, seguirá siendo responsable del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. Lo anterior, sin perjuicio de los requerimientos que en su momento pudiera realizarles el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, en turno, que conozca del incidente de inejecución de sentencia tramitado en autos. Notifíquese.

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