Yolanda Grisel Molina Diosdado

Expediente 475/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en La Laguna. 2 actuaciones registradas, la última del 3 de mayo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
475/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
03/05/2019

Partes del expediente

  • Yolanda Grisel Molina Diosdado

Actuaciones

  1. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA QUEJOSA:Ejecutoria. Se tiene por recibido el oficio del secretario de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito de esta ciudad, mediante el cual remite copia certificada de la ejecutoria dictada dentro del amparo en revisión administrativo 314/2018, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por la autoridad responsable Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo; así como los autos originales del presente juicio; acúsese recibo; hágase del conocimiento de las partes que al substanciar dicho recurso, la superioridad resolvió: "PRIMERO. Quedan intocados los considerandos tercero, quinto y la parte final del séptimo, de la sentencia recurrida, por las razones expuestas en el diverso sexto de esta ejecutoria. SEGUNDO. En la materia de la revisión, SE MODIFICA la sentencia de quince de noviembre de dos mil diecisiete, dictada por la Juez Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región, en auxilio de la Juez Primero de Distrito en la Laguna, en el juicio de amparo 985/2017 de su índice. TERCERO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE a ROCÍO IVONNE GALLEGOS ROMO, contra los actos de aplicación de los artículos 79, fracción II y 82, fracción IV, de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, en los términos precisados en el considerando noveno de esta sentencia CUARTO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a ROCÍO IVONNE GALLEGOS ROMO, en contra de los actos y autoridad indicados, para los efectos precisados en el último considerando de esta sentencia, en relación a los ordinales 79-A y 82-A, 184, 185, 186, 187 y Tercero Transitorio de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza". Requerimiento. Por tanto, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la autoridad responsable Administrador Local de Recaudación, con sede esta ciudad, para que dentro del plazo de tres días, contado a partir del momento en que haya quedado legalmente notificada del presente proveído, cumpla con la ejecutoria de amparo dictada en este juicio. Apercibimiento. Apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, esto con fundamento en lo dispuesto por los dispositivos 192, 193 y 258 de la Ley de Amparo. Sin perjuicio de lo anterior, en caso que no cumpla con la ejecutoria de amparo dentro del plazo concedido, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito en turno, con sede en esta ciudad, para la substanciación del incidente de inejecución de sentencia, pues la omisión en que se incurre se traduce en contumacia de dar cumplimiento a la sentencia; ello, porque las sentencias ejecutorias, son de orden público y los alcances de exigir el cumplimiento de la sentencia tiene por objeto restituir al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental transgredido, en términos del artículo 77 de la Ley de Amparo; asimismo se continuará con el procedimiento que alude el dispositivo 193 de la Ley reglamentaria, esto es se abrirá el incidente de inejecución. Efectos de la concesión. En términos del artículo 107, fracción XVI de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hágase del conocimiento de la autoridad responsable que las obligaciones que le fueron impuestas en el fallo protector, son las siguientes: "1. Se desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa los artículos 79-A, 82-A, 184, 185, 186, 187 y Tercero Transitorio de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, y no se aplique en lo presente y futuro. 2. Se deje insubsistente el cobro de derechos por servicios registrales con folio 758523865 y 758523915, de fecha veintitrés de junio de dos mil diecisiete, mismos que deberán ser conforme a la cuota que establecen los artículos 79, fracción II y 82, fracción IV, de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza, es decir, por el monto de $10,000.00 (diez mil pesos 00/100 M.N.) por registro de compra venta y apertura de crédito respectivamente. 3. Hecho lo anterior, proceda a devolver la diferencia de los pagos realizados por la quejosa, al utilizar los servicios del Registro Público de la Propiedad, con residencia en esta ciudad; asimismo, la diferencia respecto del pago de las contribuciones que constan en los precisados recibos, correspondientes a los conceptos de los rubros "FOMENTO A LA EDUCACIO´N Y SEGURIDAD" e "IMPUESTO ADICIONAL". 4. Las cantidades a devolver deberán ser debidamente actualizadas". Ahora bien, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la ejecutoria de amparo por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, pues el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, atento a los efectos de la ejecutoria; por lo que no deberá requerirse para que informen sobre el cumplimiento de la misma a las autoridades que participaron en el proceso legislativo. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Nación, contenida en la página 414, tomo VI, octubre de 1997, Novena época, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de texto siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS. En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del presidente de la República, las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo, contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua; en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo". Anotaciones. Agréguense las constancias que en original constan en el cuaderno de antecedentes que derivó de este asunto y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno que para tales efectos se lleva en este juzgado de distrito. Aviso cambio de titular. Finalmente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 146 y 147 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en términos del oficio SEADS/235/2019, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, con residencia en la Ciudad de México, se hace del conocimiento de las partes que a partir del dieciséis de marzo de dos mil diecinueve, funge como titular de este Juzgado Primero de Distrito en La Laguna, el licenciado Yuri Alí Ronquillo Vélez. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA AL TERCERO INTERESADO JORGE ALFONSO GARCÍA GONZÁLEZ: Vista. Con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa y tercero interesado, con el oficio que remite la autoridad oficiante y con la que obra en el presente juicio de amparo, por el término de tres días, para que manifiesten lo que a su interés convenga. Transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin ella, éste juzgado federal dictará resolución fundada y motivada en que declarará si la sentencia está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. Notifíquese personalmente y tercero interesado.

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