Yolanda Gómez Flores
Expediente 282/2016 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 282/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 14/06/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Yolanda Gómez Flores
- Procurador General de Justicia de la Ciudad de México
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
mesa "8" Ciudad de México, a catorce de junio de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio de cuenta, remitido por el Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil, en la Ciudad de México, por medio del cual, informa que admite la competencia declinada por la suscrita en auto de quince de abril del año en curso. Ahora bien, en virtud de que no existen actuaciones pendientes por desahogar en el presente asunto, previas las anotaciones en el libro de gobierno, archívese el presente expediente como totalmente concluido.
- Principal
mesa "8" Ciudad de México, a dos de junio de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el oficio número OCC/C01/JDC/149/2016, signado por la Jefa de la Oficialía de Correspondencia de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, en atención a su contenido téngasele informando que la incompetencia declinada en los presentes autos le correspondió conocer al Juzgado Octavo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. En consecuencia y a fin de poder determinar lo que en derecho corresponde en los presentes autos, gírese oficio y solicítesele al referido órgano jurisdiccional informe a la suscrita sí admitió la competencia declinada a su favor. Notifíquese.
- Principal
mesa "8" Ciudad de México, a veinticinco de mayo de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los presentes autos de los cuales se advierte que mediante acuerdo de quince de abril del año en curso, se declinó competencia en favor de los Juzgados de Distrito en Materia Civil la Ciudad de México. Sin que hasta la fecha se tenga conocimiento de cual es el Juzgado que le correspondió conocer de dicha incompetencia, por lo que gírese oficio al encargado de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, para que en el término de TRES DIAS, contados a partir de su legal notificación informe a la suscrita, a que juzgado de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México le correspondió conocer de la competencia declinada, a efecto de que la suscrita se encuentre en aptitud de acordar lo que en derecho corresponda, con el apercibimiento que de no hacerlo se le impondrá una multa de cien a mil Unidades de Medida y Actualización, de conformidad con los transitorios Primero, Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis y en los artículos 238 y 260 de la Ley de Amparo. Notifíquese.
- Principal
Se notifica por lista.mesa "8" Ciudad de México, a quince de abril de dos mil dieciséis. Agréguese a los autos el escrito signado por YOLANDA GÓMEZ FLORES, en atención a su contenido ténganse a la misma desahogando la prevención ordenada en auto de ocho de abril del año en curso. Ahora bien, tomando en consideración que manifiesta que el acto reclamado en el presente juicio de amparo lo es la orden de arresto atribuido al Juzgado Vigésimo Quinto Civil de Cuantía Menor de la Ciudad de México, resulta necesario analizar el aspecto relacionado a la competencia de este Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, ello en virtud que el estudio de las cuestiones competenciales son de orden público y por tanto preferentes. De la lectura integral de la demanda de garantías en comento, este Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México, se estima legalmente incompetente para conocer del presente juicio de garantías, por las razones que a continuación se expondrán. Es menester precisar que los actos reclamados se hace consistir en: "La orden de arresto emitida por el Juez Vigésimo Quinto de lo Civil de Cuantía Menor de la Ciudad de México (antes D.F.)." El artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación estatuye: "ARTICULO 51. Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: I. De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal; contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los casos en que sea procedente contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas de los inculpados, o en los de responsabilidad civil, por los mismos tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de un delito, y III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia penal, en los términos de la Ley de Amparo". El citado numeral, establece no solamente las hipótesis de competencia del juez de amparo en materia penal, sino, además, los casos de excepción que limitan la competencia. Así, resulta materia de análisis la parte relativa a: Contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal. Tal hipótesis, otorga competencia al juez de Distrito de amparo en materia penal, sin hacer distinción alguna respecto a la naturaleza de la autoridad emisora del acto, es decir, pueden ser autoridades administrativas, civiles, laborales y, evidentemente, de competencia penal. Sin embargo, dicha hipótesis de competencia establece dos excepciones para el conocimiento de la demanda por un juez de distrito en materia de amparo penal, que lo son: Que se trate de correcciones disciplinarias, o Se trate de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal. En ese contexto, se impone señalar que la corrección disciplinaria y el medio de apremio es toda aquella medida de que puede hacer uso la autoridad (cualquiera que sea su naturaleza), dentro del ámbito de sus atribuciones para lograr el orden, el comportamiento de las partes o el cumplimiento de las obligaciones impuestas a un particular. Los casos de excepción de mérito, han sido reiterados por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 19/88, publicada en la página 153, Tomo I, Primera Parte, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es: "LIBERTAD PERSONAL, ACTOS QUE AFECTAN LA, INDEPENDIENTEMENTE DE LA NATURALEZA DE LAS AUTORIDADES QUE LOS EMITAN. CORRESPONDE A UN JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA PENAL EL CONOCIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO QUE SE PROMUEVA CONTRA ELLOS. El artículo 51, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en su parte conducente señala que compete a los jueces de Distrito en materia penal el conocimiento de los juicios de amparo en los que se reclamen: ".actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera del procedimiento penal."; lo anterior significa que independientemente de la naturaleza de las autoridades que emitan un acto, si éste tiene como consecuencia la afectación de la libertad personal del quejoso (salvo que se trate de correcciones disciplinarias o medios de apremio impuestos fuera del procedimientos penal), el juicio de garantías que se promueva en esos casos deberá ser tramitado y resuelto por un juez de Distrito en materia penal. Así pues, tratándose de la orden de traslado dictada por una autoridad administrativa en contra de un procesado o sentenciado para el efecto de cambiarlo de lugar de reclusión, es claro que se está afectando la libertad personal del reo pues aunque ya se encuentra privado de la misma, debe decirse en qué lugar y en qué condiciones habrá de seguir sufriendo tal privación, consecuentemente, corresponde a un juez en materia penal el conocimiento del amparo respecto". Por su parte, el artículo 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, textualmente dispone: Los jueces de Distrito de amparo en materia civil: conocerán: "I.- De los amparos que se promuevan contra resoluciones del orden civil, en los casos a que se refiere la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos". De lo transcrito, se desprende que este Juzgado de Distrito, no es competente legalmente para conocer del acto y autoridad antes indicada, en la demanda de garantías, pues en principio no derivan de un procedimiento penal, pues por el contrario el acto reclamado deriva de un procedimiento civil, que se ha instaurado ante el Juzgado Vigésimo Quinto de lo Civil de la Ciudad de México (antes D.F.), con motivo del juicio ejecutivo mercantil, con el rubro: A mayor abundamiento, debe precisarse que el acto reclamado a tal autoridad responsable no afecta la libertad personal de la quejosa, ni es de aquéllos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro, ni de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución General de la República, lo que en sí no constituye un acto de molestia de índole penal; es decir, en ningún modo debe entenderse que con motivo del acto reclamado, se dicten determinaciones que directamente afecte la libertad de la agraviada; de ahí que no pueda afirmarse que el acto reclamado encuentre dentro del supuesto a que se refiere la fracción I del artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ello en razón de que el acto reclamado se circunscribirá a lo fallado en tal procedimiento de orden civil y no así a cuestiones del orden penal Bajo esa óptica, con fundamento en el artículo 50 de la Ley de Amparo, 51, fracción I y 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, remítase al JUEZ DE DISTRITO EN MATERIA CIVIL EN EL DISTRITO FEDERAL, EN TURNO, los presentes autos, a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Civil en el Distrito Federal, para que por su conducto haga llegar el presente asunto al Juzgado en comento en Turno, para que manifieste si acepta la competencia declinada y en su oportunidad resuelva el fondo del asunto conforme a derecho proceda; finalmente, fórmese cuaderno de antecedentes. Tiene aplicación al caso la tesis consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Epoca, Tomo IV, Octubre de 1996, página 506, bajo la voz: "COMPETENCIA POR RAZON DE MATERIA, PUEDE SER INVOCADA AUN DE OFICIO LA", así como el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el citado Semanario, Tomo CIII, Quinta Epoca, página 2674, intitulada: "COMPETENCIA EN AMPARO POR RAZON DE LA MATERIA". Por otro lado, no ha lugar a proveer sobre la suspensión provisional del acto reclamado a la autoridad antes citada, en virtud de que no se está en ninguno de los supuestos previstos por los artículos 17 y 54, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo. Domicilio del quejoso y autorizados. Se tiene como domicilio del quejoso para recibir notificaciones el que menciona en la demanda de amparo. Por autorizados con las facultades amplias que establece el artículo 12 de la Ley de Amparo a las personas que indica. Autorización y habilitación al personal del Juzgado Se autoriza a los secretarios para que firmen los oficios relativos al presente juicio de amparo. Con fundamento en el párrafo tercero del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilita al actuario para que practique en horas y días inhábiles las notificaciones de carácter personal. Transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales Suprímanse los datos personales y sensibles que contengan las actuaciones generadas en el presente juicio. Sin embargo, queda expedito el derecho de las partes para manifestar si es su deseo que se publique esta información. Lo anterior de conformidad con el numeral 8 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental; y en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de febrero de dos mil catorce. Notifíquese personalmente.
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