Yolanda García Mares

Expediente 344/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en La Laguna. 12 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
344/2019
Año
2019
Actuaciones
12
Última actuación
11/12/2019

Partes del expediente

  • Yolanda García Mares

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Visto, el oficio signado por el Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad y en suplencia del Administrador Fiscal General, mediante el cual informa las gestiones que se encuentra efectuando a fin de dar debido cumplimiento a la ejecutoria de amparo decretada en este juicio de amparo, remite copia certificada de la resolución ************ de fecha seis de diciembre de dos mil diecinueve emitida por el Administrador General Jurídico de la Administración Fiscal General del Estado, en la que resolvió devolver a la parte quejosa la cantidad que pagó por concepto de Derechos que presta el Registro Público, para el ejercicio fiscal 2018, y solicita se le otorgue un término prudente para realizarlo. En tales condiciones, infórmese a la autoridad oficiante que mediante auto de cuatro de diciembre de dos mil diecinueve (fojas 231 a 233), se le concedió un plazo de quince días improrrogables para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo.

  2. Principal

    Vista la certificación puesta al inicio de este acuerdo, relativa a que mediante oficio SEADS/1422/2019, signado por Secretario Técnico de la Comisión de Adscripción, en suplencia del Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se comisionó temporalmente al Juez José Antonio Lozano Batarse como titular de este Juzgado Segundo de Distrito en La Laguna, a partir del uno de diciembre de dos mil diecinueve; en consecuencia, con fundamento en los artículos 51 y 60 párrafo primero, ambos de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes para los fines legales que correspondan. Por otra parte, téngase por recibido el oficio que remite la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Octavo Circuito con residencia en esta ciudad, mediante el cual devuelve el juicio de amparo número 344/2019, promovido por ********************contra los actos que reclamó del Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila, con residencia en Saltillo y otras autoridades, y remite copia certificada del testimonio de la resolución dictada en el amparo en revisión administrativo 489/2019, cuyos puntos resolutivos son los siguientes: "PRIMERO. Quedan firmes por falta de impugnación, los sobreseimientos que decretó el a quo en los considerandos tercero y sexto de su sentencia. SEGUNDO. En la materia de revisión, se confirma la sentencia recurrida. TERCERO. La justicia de la Unión ampara y protege a la quejosa ********************contra los actos y autoridades que quedaron precisados en el resultando primero de esta ejecutoria y para los efectos que destacó el a quo en la parte final del considerando último de su sentencia." Acúsese el recibo de estilo a la Superioridad; glósese el cuaderno de antecedentes relativo únicamente con las constancias generadas con posterioridad a la tramitación del recurso de revisión, lo anterior a fin de evitar la duplicidad de actuaciones. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal se contrajo para los efectos siguientes: "(.) 1. Las autoridades no apliquen a la parte quejosa, en lo presente ni en lo futuro los artículos 79 fracción II, inciso 1) y 82 fracción II, inciso 3), de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila, cuya inconstitucionalidad se ha declarado en el presente juicio de amparo. 2. Desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa los artículos 79 fracción II, inciso 1) y 82 fracción II, inciso 3), de la Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila. 3. Se dejen sin efectos los actos de aplicación de las normas declaradas inconstitucionales, contenido en los recibos de pago ********************, emitidos el veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, correspondientes al cobro por inscripción de compraventa y apertura de crédito, expedidos por la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, cuya autoaplicación se realizó la quejosa el veintisiete de febrero de dos mil diecinueve, y se devuelvan las cantidades realmente erogadas, si se tiene en cuenta que el contribuyente fue objeto de subsidio. En el entendido que la cantidad antes descrita deberá devolverse debidamente actualizada, a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce del derecho fundamental transgredido. (.)" Ahora bien, en términos de los artículos 192, 193, 194 y 258, de la Ley de Amparo, queda firme la concesión del amparo y protección de la Justicia Federal a favor de la quejosa, respecto de los actos atribuidos al Congreso y Gobernador ambas del Estado de Coahuila, con residencia en la ciudad de Saltillo; sin embargo, resulta inconducente requerir a dichas autoridades. Lo anterior es así, dado el sentido de la sentencia de amparo, y atendiendo al principio de relatividad de las sentencias contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual es claro y contundente en señalar los efectos de las resoluciones que se dicten en los juicios de amparo, las que sólo comprenden a los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio de amparo. En tales condiciones, respecto a las autoridades que participaron en la creación de la ley resulta innecesario pretender exigir el cumplimiento del fallo protector; ya que el efecto de la concesión únicamente se constriñe a que no se aplique a la parte agraviada, los preceptos tildados de inconstitucionales. Las anteriores consideraciones tienen sustento en la tesis emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 414, Tomo VI, Octubre de 1997 del Semanario Judicial de la Federación que es de rubro siguiente: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA NO PUEDE INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERAN FACULTADES LEGISLATIVAS O REGLAMENTARIAS"; tesis que es aplicable conforme al artículo 6° transitorio de la Ley de la Amparo vigente. Por lo anterior, requiérase a la autoridad denominada Administrador Local de Recaudación, con sede en esta ciudad, para que dentro del término de tres días, siguientes al en que reciba el oficio en el que se transcribe el presente acuerdo, dé cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en lo que compete a los actos de aplicación de las normas declaradas inconstitucionales. Se apercibe a la autoridad que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa de cien unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establecen los artículos 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con apoyo en los párrafos segundo y tercero del invocado artículo 192, en relación con el diverso 258 de la Ley de Amparo. Asimismo, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Finalmente, se ordena notificar y requerir al superior jerárquico que en su caso lo es, el Administrador Fiscal General del Estado de Coahuila, con residencia en Saltillo, Coahuila, para que le ordene a la responsable cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa consistente en cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establecen los artículos 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 236, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable.

  3. Principal

    Como está ordenado en autos, me permito remitirle el juicio de amparo 344/2019, promovido por *****, para la substanciación del recurso de revisión interpuesto contra la sentencia emitida en este expediente.

  4. Principal

    Se tiene por recibido el oficio signado por la Consejera Jurídica del Gobierno del Estado de Coahuila, en representación de la autoridad Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza, con sede en Saltillo, mediante el cual en cumplimiento al requerimiento formulado por auto de veintiséis de junio de dos mil diecinueve, remite las copias relativas al recurso de revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada en el presente asunto....En consecuencia, con fundamento en los artículos 81 fracción I, inciso e), 84, 86 y 88 de la Ley de Amparo, para los fines del recurso de revisión hecho valer contra la sentencia referida notifíquese a las partes la interposición del presente recurso, corriéndoles traslado con copia del mismo.

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