Yolanda Flores Guerrero

Expediente 731/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México. 23 actuaciones registradas, la última del 29 de julio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
731/2020
Año
2020
Actuaciones
23
Última actuación
29/07/2021

Partes del expediente

  • Yolanda Flores Guerrero

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintinueve de julio de dos mil veintiuno. En atención a la certificación que antecede y visto el estado procesal de autos, se advierte que transcurrió el plazo de tres días para que las partes manifestaran lo que a su derecho conviniera con el cumplimiento dado por la autoridad responsable a la ejecutoria de amparo; por tanto, se procede a calificarlo. El treinta de abril de dos mil veintiuno, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa para que la autoridad responsable: "1. La autoridad responsable le notifique a la quejosa Yolanda Flores Guerrero, de manera personal el oficio número 159101330110/DPPR-2745/20, de veinticuatro de marzo de dos mil veinte, a través del cual le dio respuesta a la petición que le formuló mediante escrito presentado el diecinueve de marzo de dos mil veinte, en el domicilio que señaló en el citado escrito." Mediante auto de tres de junio de dos mil veintiuno, se requirió el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. La Jefa del Departamento de Pensiones en la Subdelegación Tlalnepantla del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Estado de México Oriente del Instituto Mexicano del Seguro Social, en atención al requerimiento formulado, remitió el oficio sin número, al cual adjuntó, el diverso 159101330110/DPPR-2745-20 de fecha veinticuatro de marzo de dos mil veinte, por el cual notificó a la quejosa lo relativo a la respuesta respecto de la petición que le formuló mediante escrito presentado el diecinueve de marzo de dos mil veinte, como se desprende de la copia certificada del acuse de recibo de fecha veintinueve de abril de la anualidad. Documentales públicas con valor probatorio pleno, de conformidad con el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2o., y de las que se advierte que la parte quejosa fue notificada de la respuesta que recayó a su escrito presentado ante la autoridad responsable el veintinueve de abril del año en curso, esto es un día antes de la fecha en que se resolvió el juicio de amparo en que se actúa y se otorgó al amparo solicitado para efecto de que se le notificara la citada respuesta a su petición. Por tanto, se procede declarar sin materia su cumplimiento, toda vez que el veintinueve de abril de dos mil veintiuno, la responsable le notificó a la parte quejosa la respuesta a la petición que ésta le formuló; por lo tanto, se estima que no existe materia para pronunciarse sobre los efectos del fallo protector. En mérito de lo anterior, archívese el expediente como concluido y háganse las anotaciones respectivas. Por otra parte, en observancia al Acuerdo General sin número de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, el presente expediente carece de relevancia histórica y documental, por lo que es susceptible de depuración, ya que se concedió el amparo. Finalmente, como en el presente asunto obran documentos originales, con fundamento en el último párrafo del punto décimo primero, del citado acuerdo general, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de noventa días, comparezca a recogerlos; apercibida que de no hacerlo dentro de ese término se procederá a depurarlos.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, quince de junio de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio de la Jefa del Departamento de Pensiones en la Subdelegación Tlalnepantla del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Estado de México Oriente del Instituto Mexicano del Seguro Social, por medio del cual informa las acciones tendientes a cumplir la sentencia. Con lo anterior, dese vista a las partes, para que dentro del término de tres días manifiesten lo que a su interés convenga; con el apercibimiento que, de no hacerlo, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable.

  3. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, tres de junio de dos mil veintiuno. Vista la certificación con la que se da cuenta, en la que se hace constar que al día de hoy las partes no interpusieron revisión, dentro del término legal, contra la sentencia dictada en el presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los artículos 354 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se declara que la misma ha causado ejecutoria. En tal virtud, con fundamento en los artículos 192 y 258 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que cuenten con la presente determinación, acaten en sus términos la ejecutoria de amparo, esto es: "1. La autoridad responsable le notifique a la quejosa Yolanda Flores Guerrero, de manera personal el oficio número 159101330110/DPPR-2745/20, de veinticuatro de marzo de dos mil veinte, a través del cual le dio respuesta a la petición que le formuló mediante escrito presentado el diecinueve de marzo de dos mil veinte, en el domicilio que señaló en el citado escrito." Con el apercibimiento que de no hacerlo, sin causa justificada, se impondrá a su titular la multa equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización. En el entendido que si necesitan alguna prórroga para su cumplimiento, o bien se encuentre en vías de cumplimiento, lo deberán solicitar expresamente a este juzgado, dentro del término concedido anteriormente, señalando la razón que tengan y tiempo requerido, para que este juzgado atendiendo a su petición y a los efectos de la concesión de amparo acuerde lo conducente, con el apercibimiento que de no hacerlo, se entenderá que no requieren prórroga alguna; incluso se les requiere para que en el mismo término, señalen, si llegara a existir, alguna autoridad distinta a ellas vinculadas con el cumplimiento, para que este órgano de amparo haga el requerimiento respectivo, en el entendido que si no lo informan, se entenderá que no existe. En la inteligencia de que, para dar celeridad a la integración de este asunto la información puede ser enviada al fax (53870500, extensión 1232), o al correo (2jdo2cto@correo.cjf.gob.mx) confirmando en la extensión 1240. Se hace del conocimiento de las autoridades señaladas que de conformidad con el artículo 193 de la Ley de Amparo vigente, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de las autoridades responsables, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, a menos que demuestren que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifiquen la causa del retraso. Asimismo, es necesario precisar que de acuerdo al numeral 195 del ordenamiento citado, el cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a las autoridades responsables, pues en todo caso únicamente se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 54/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 12, noviembre de 2014, tomo I, página 19, del rubro siguiente: "PROCEDIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Y EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO INDIRECTO".

  4. Principal

    V I S T O para resolver el juicio de amparo 731/2020-IV; y, R E S U L T A N D O Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito recibido el catorce de octubre de dos mil veinte, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez, turnado al día siguiente a este órgano jurisdiccional, Yolanda Flores Guerrero, por propio derecho promovió demanda de amparo en contra de las autoridades y por los actos que se precisarán en el considerando segundo y tercero de esta sentencia. Segundo. Trámite. Por auto de dieciséis de octubre del año próximo pasado, este órgano jurisdiccional admitió la demanda de amparo, solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, dio intervención legal a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita y, señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual inició al tenor del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: Primero. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo. Segundo. Fijación de la litis. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto que se advierte del análisis de la demanda íntegramente considerada, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Así, este juzgador advierte que la parte quejosa reclama: La omisión de dar respuesta a la petición que se le formuló mediante escrito presentado el diecinueve de marzo de dos mil veinte. Tercero. Inexistencia del acto reclamado. El Titular de la Coordinación Laboral así como la Directora de la Unidad de Medicina Familiar número 64 del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Estado de México Oriente, ambos el Instituto Mexicano del Seguro Social, al rendir su informe con justificación negaron la existencia del acto reclamado por la parte quejosa sin que ésta haya aportado prueba jurídicamente eficaz en contrario para desvirtuar dicha negativa. Cuarto. Existencia del acto reclamado. La Jefa del Departamento de Pensiones de la Subdelegación Tlalnepantla del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Regional Estado de México Oriente del Instituto Mexicano del Seguro Social; al rendir su informe con justificación negó la existencia del acto reclamado por la parte quejosa; sin embargo, de su contenido, se advierte que hace manifestaciones que evidencian su certeza, por tanto, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, debe tenerse por cierto el mismo. Certeza que se corrobora con las copias certificadas de la documentación a nombre de la quejosa que adjuntó la citada autoridad responsable, a las que se les concede valor probatorio de conformidad con lo establecido en los artículos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cuarto. Previamente al estudio de fondo del asunto, se analizan las causales de improcedencia, sea que las hagan valer las partes, o de oficio se advierta su actualización, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente, de conformidad con lo establecido en el artículo 62 de la Ley de Amparo. La autoridad responsable señala que el presente juicio de amparo se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, pues afirma que cesaron los efectos del acto reclamado por la parte quejosa, pues argumenta que ya se le dio respuesta a la petición que se le formuló. El artículo 61 de la Ley de Amparo, señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Sin embargo, la citada causal de improcedencia deviene infundada en la medida en que dada la naturaleza del derecho de petición consagrado en el artículo 8° constitucional, que se satisface cuando la autoridad ante quien se formuló una petición da respuesta a la misma y la notifica de manera personal al gobernado, resulta evidente que el análisis de ello involucra el estudio de fondo del presente juicio de amparo, motivo por el cual no se actualiza la citada causa de improcedencia que hace valer la autoridad responsable. Así al haberse analizado y valorado todas y cada una de las constancias que conforman el presente juicio, se concluye que no se actualiza algún otro motivo de improcedencia obvia y objetiva, ni se advierte que las partes hubieran hecho valer alguna otra, por lo que procede el estudio del fondo del asunto. Quinto. Son fundados los conceptos de violación que hace valer la parte quejosa en el sentido de que la autoridad no le ha notificado la respuesta que recayó a la petición que le formuló el diecinueve de marzo de dos mil veinte, y suficientes para conceder el amparo solicitado. Previamente debe indicarse que el denominado derecho de petición, acorde con los criterios de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. constitucional, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los siguientes elementos: a. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa; ser dirigida a una autoridad, y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. b. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla; tendrá que ser congruente con la petición; la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos; no existe obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea necesariamente de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso. Ahora bien, de las constancias que en copia certificada adjuntó la autoridad responsable a su informe con justificación, se advierte que mediante el oficio número 159101330110/DPPR-2745/20, de veinticuatro de marzo de dos mil veinte, ésta le dio respuesta a la petición que la hoy quejosa Yolanda Flores Guerrero, le formuló mediante escrito presentado el diecinueve de marzo del año próximo pasado, a través del cual la impetrante del amparo le solicitó se le hiciera pago de las mensualidades no cobradas o sus diferencias, relativas a su pensión por el periodo correspondiente del mes de abril de dos mil diecinueve al mes de enero del año dos mil veinte. En atención a esa petición la autoridad responsable mediante el oficio número 159101330110/DPPR-2745/20, de veinticuatro de marzo de dos mil veinte, le dio respuesta a la quejosa Yolanda Flores Guerrero, que le formuló mediante escrito presentado el diecinueve de marzo de dos mil veinte, informándole que en atención a su solicitud de reclamo de mensualidades no cobradas o reclamo de diferencias respecto del pago de su pensión del mes de abril de dos mil diecinueve al mes de enero de dos mil veinte, una vez que se realizó el análisis de su documentación, así como de los diversos sistemas de pensiones se observaba que los pagos fueron realizados de manera correcta, lo cual debería verificar con su institución bancaria. Lo cual acreditó con los informes de pago que adjuntó. Sin embargo, la autoridad responsable fue omisa en notificarle personalmente a la quejosa Yolanda Flores Guerrero, la citada respuesta en el domicilio que ésta proporcionó para tal efecto, esto es, en el domicilio ubicado en CIRCUNVALACIÓN NÚMERO 45, HAB. BARRIENTOS, CÓDIGO POSTAL 54110, MUNICIPIO DE TLALNEPANTLA, ESTADO DE MÉXICO. Pues de las documentales que remitió la autoridad responsable no se adjuntó la constancia de notificación personal que acreditará de manera indubitable que se le notificó a la quejosa esa respuesta. Lo anterior conlleva a concluir que la autoridad responsable no dio cabal cumplimiento a la prerrogativa contenida en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues sí bien emitió una respuesta a la solicitud que le fue formulada, ésta no fue hecha del conocimiento de la agraviada en el domicilio que proporcionó para tal efecto. Pues para que en el juicio de amparo promovido por violación del artículo 8o. constitucional se considere satisfecha la obligación de las autoridades de hacer conocer su acuerdo al peticionario, se reitera, es menester que se demuestre, en forma fehaciente, que el oficio en que se dice haber desahogado la petición fue notificado a la parte interesada. Es aplicable la tesis del Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 251, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Segunda Parte-1, Enero -Junio de 1988, de la Octava Época, del siguiente epígrafe: "DERECHO DE PETICION. NO ES SUFICIENTE DAR RESPUESTA A LA SOLICITUD FORMULADA, ES NECESARIO PROBAR FEHACIENTEMENTE QUE DICHA RESPUESTA FUE DADA A CONOCER AL PETICIONARIO". En mérito de lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder el amparo solicitado por la quejosa Yolanda Flores Guerrero, para el efecto de que: 1. La autoridad responsable le notifique a la quejosa Yolanda Flores Guerrero, de manera personal el oficio número 159101330110/DPPR-2745/20, de veinticuatro de marzo de dos mil veinte, a través del cual le dio respuesta a la petición que le formuló mediante escrito presentado el diecinueve de marzo de dos mil veinte, en el domicilio que señaló en el citado escrito. Sin que en el caso sea dable analizar la respuesta que la autoridad responsable le dio a la parte quejosa, pues al respecto tratándose de juicios de amparo promovidos por violación al derecho de petición, ante la falta de respuesta a las solicitudes presentadas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, como ente asegurador, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.), determinó que su única finalidad es obligar a la autoridad responsable a dar respuesta. Por tanto, el contenido de ésta no puede ser materia del juicio y, en consecuencia, no procede analizar si es congruente o no con lo solicitado. Es por ello, que no se le dio vista a la parte quejosa con la respuesta que le dio la autoridad responsable a su petición, pues contra ésta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo. Es aplicable la tesis VI.1o.a.54 K (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 2601, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 74, Enero de 2020, Tomo III, de la Décima Época, de rubro: "JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. NO PROCEDE ANALIZAR SI LA RESPUESTA EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL (IMSS) A UNA SOLICITUD QUE SE LE FORMULÓ COMO ENTE ASEGURADOR, ES CONGRUENTE O NO CON LO SOLICITADO [APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 66/2016 (10a.)]". Finalmente, no se desconoce la jurisprudencia P./J. 15/2019 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 74, Enero de 2020, Tomo I, de la Décima Época, cuyo rubro es: "AMPARO PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. SI EL QUEJOSO OPTÓ POR AMPLIAR SU DEMANDA EN CONTRA DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE DURANTE EL TRÁMITE DEL JUICIO, ES INNECESARIO AGOTAR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD RESPECTO DE DICHO ACTO; en el que el Alto Tribunal ha sostenido que con respecto a la respuesta dada a un derecho de petición resulta innecesario agotar el principio de definitividad al considerar que válidamente se pueden controvertir las violaciones a derechos humanos que el quejoso considere le causa el nuevo acto, las cuales deben analizarse como integrantes de la litis constitucional bajo los principios de concentración y economía procesal, previstos en el artículo 17 Constitucional. Sin embargo, el citado criterio no es aplicable al presente asunto, dada la naturaleza de la respuesta que incide directamente en los derechos relacionados con la pensión de los asegurados, pues no puede considerarse que sea a través de los recursos ordinarios previstos en la ley adjetiva (principio de definitividad) que se pueda revocar, modificar o nulificar el nuevo acto, pues ello solamente será a través de un nuevo juicio distinto y autónomo que se promueva en sede ordinaria y en el que se deberán controvertir las prestaciones reclamadas cumpliéndose las formalidades esenciales de todo procedimiento. Por lo expuesto, se: R e s u e l v e: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo... Segundo. La Justicia de la Unión ampara y protege a ...

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