Yolanda Elizondo Maltos

Expediente 722/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
722/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
26/09/2017

Partes del expediente

  • Yolanda Elizondo Maltos

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado procesal que guardan los autos y atendiendo a la certificación de cuenta, se advierte que la parte promovente, no impugnó el proveído de siete de septiembre de la presente anualidad (fojas 3 a 8), por el que se desechó la demanda de amparo, dentro del plazo que la ley otorga; por ende, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a) y 98 de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado. En tal razón, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y se ordena archivar el expediente, como asunto concluido. Por otra parte, toda vez que se desechó la demanda de garantías, como lo establece la fracción I del punto vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009, del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, este expediente es susceptible de destrucción, no se encuentran documentos originales que devolver a las partes, y además carece de valor histórico, jurídico y de relevancia documental; por lo anterior, es clasificado como archivo reciente y por tanto, el mismo será conservado en este Órgano Jurisdiccional por el término de tres años, por lo que una vez cumplido ese plazo, deberá transferirse a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

  2. Principal

    Notifíquese personalmente a la parte promovente. I. Se recibe demanda telegráfica. Se recibe demanda telegráfica a nombre de ***, contra actos del Actuario de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la ciudad de Sabinas, Coahuila de Zaragoza, y otras autoridades. II. Formación de expediente. Fórmese expediente, y regístrese con el número progresivo 722/2017, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). III. Autoridades responsables y actos reclamados. En principio, conviene señalar que del estudio integral de la demanda telegráfica de amparo se advierte que los promoventes reclaman en esta instancia a las siguientes autoridades responsables: No. Denominación: 1 Actuario de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de la Ciudad de Sabinas, Coahuila de Zaragoza. 2 Comandante de la Policía Municipal y Agentes a su mando. Melchor Múzquiz, Coahuila. 3 Comandante de la Policía Ministerial y Agentes a su mando. Melchor Múzquiz, Coahuila. 4 Comandantes de Fuerza Coahuila y Agentes a su mando. Melchor Múzquiz, Coahuila de Zaragoza. 5 Alcalde de la cárcel Municipal. Melchor Múzquiz, Coahuila de Zaragoza. El acto reclamado consistente en: ". . ORDENA LA PRIMERA AUTORIDAD A LAS DIFERENTES CORPORACIONES POLICIACAS ARRESTO Y DETENCIÓN DE LOS QUEJOSOS FUERA DE PROCEDIMIENTO JUDICIAL, ACTOS PROHIBIDOS, ARTÍCULOS 14, 16, Y 22 CONSTITUCIONALES." IV. Desechamiento. Con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo, por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El precepto 113 de la Ley de Amparo, autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página cuatrocientos cuarenta y ocho, tomo XVI, julio de dos mil dos, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: *** En el caso concreto, del análisis del presente juicio de amparo este Juzgador considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 20, 108 y 159, todos de la Ley de Amparo, en virtud de que no se actualiza algún supuesto legal para la presentación de la demanda vía telegráfica. Para sustentar lo anterior, resulta necesario traer a colación el contenido de los numerales invocados, los que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 20. El juicio puede promoverse por escrito, comparecencia o medios electrónicos en cualquier día y hora, si se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En estos casos, cualquier hora será hábil para tramitar el incidente de suspensión y dictar las providencias urgentes a fin de que se cumpla la resolución en que se haya concedido. Para los efectos de esta disposición, los jefes y encargados de las oficinas públicas de comunicaciones estarán obligados a recibir y transmitir, sin costo alguno para los interesados, los mensajes en que se demande amparo por alguno de los actos enunciados, así como las resoluciones y oficios que expidan las autoridades que conozcan de la suspensión, fuera de las horas del despacho y a pesar de que existan disposiciones en contrario de autoridades administrativas." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: I. El nombre y domicilio del quejoso y del que promueve en su nombre, quien deberá acreditar su representación; II. El nombre y domicilio del tercero interesado, y si no los conoce, manifestarlo así bajo protesta de decir verdad; III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; V. Bajo protesta de decir verdad, los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación; VI. Los preceptos que, conforme al artículo 1o de esta Ley, contengan los derechos humanos y las garantías cuya violación se reclame; VII. Si el amparo se promueve con fundamento en la fracción II del artículo 1o de esta Ley, deberá precisarse la facultad reservada a los estados u otorgada al Distrito Federal que haya sido invadida por la autoridad federal; si el amparo se promueve con apoyo en la fracción III de dicho artículo, se señalará el precepto de la Constitución General de la República que contenga la facultad de la autoridad federal que haya sido vulnerada o restringida; y VIII. Los conceptos de violación." "Artículo 159. En los lugares donde no resida juez de distrito y especialmente cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, el juez de primera instancia dentro de cuya jurisdicción radique la autoridad que ejecute o trate de ejecutar el acto reclamado, deberá recibir la demanda de amparo y acordar de plano sobre la suspensión de oficio conforme a las siguientes reglas: I. Formará por duplicado un expediente que contenga la demanda de amparo y sus anexos, el acuerdo que decrete la suspensión de oficio y el señalamiento preciso de la resolución que se mande suspender; las constancias de notificación y las determinaciones que dicte para hacer cumplir su resolución; II. Ordenará a la autoridad responsable que mantenga las cosas en el estado en que se encuentren o que, en su caso, proceda inmediatamente a poner en libertad o a disposición del Ministerio Público al quejoso y que rinda al juez de distrito el informe previo; y III. Remitirá de inmediato el original de las actuaciones al juez de distrito competente y conservará el duplicado para vigilar el cumplimiento de sus resoluciones, hasta en tanto el juez de distrito provea lo conducente, con plena jurisdicción. En caso de la probable comisión del delito de desaparición forzada, el juez de primera instancia procederá conforme lo establecido por el artículo 15 de esta Ley. Cuando el amparo se promueva contra actos de un juez de primera instancia y no haya otro en el lugar, o cuando se impugnen actos de otras autoridades y aquél no pueda ser habido, la demanda de amparo podrá presentarse ante cualquiera de los órganos judiciales que ejerzan jurisdicción en el mismo lugar, siempre que en él resida la autoridad ejecutora o, en su defecto, ante el órgano jurisdiccional más próximo." Las citadas disposiciones legales establecen que el juicio puede promoverse por escrito, comparecencia o medios electrónicos en cualquier día y hora, si se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. En estos casos, cualquier hora será hábil para tramitar el incidente de suspensión y dictar las providencias urgentes a fin de que se cumpla la resolución en que se haya concedido. Para esos efectos, los jefes y encargados de las oficinas públicas de comunicaciones estarán obligados a recibir y transmitir, sin costo alguno para los interesados, los mensajes en que se demande amparo por alguno de los actos enunciados, así como las resoluciones y oficios que expidan las autoridades que conozcan de la suspensión, fuera de las horas del despacho y a pesar de que existan disposiciones en contrario de autoridades administrativas. En los lugares donde no resida juez de distrito y especialmente cuando se trate de los actos precisados, el juez de primera instancia dentro de cuya jurisdicción radique la autoridad que ejecute o trate de ejecutar el acto reclamado, deberá recibir la demanda de amparo y acordar de plano sobre la suspensión de oficio conforme a las reglas establecidas en el artículo 159 de la Ley de Amparo. En suma, se puede presentar la demanda de amparo en la forma en que lo realiza la parte quejosa, cuando la petición del juicio de amparo y de la suspensión sea respecto de actos que no admitan demora, siempre que el promovente encuentre algún inconveniente en la justicia local. Entendiendo por actos que no admiten demora, aquellos que importan peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento judicial, deportación o destierro, o de alguno de los prohibidos por el referido artículo 22 constitucional. En lo referente a la inconveniencia de acudir a la justicia local, se debe entender como la circunstancia de que en el lugar donde tenga ejecución el acto comprendido como de aquellos que no admiten demora, no existan autoridades judiciales locales o que, existiendo en el lugar, se nieguen a recibir la demanda, o bien que por cualquier motivo, a juicio del quejoso, estimare que existe inconveniente en la justicia local para pedir el amparo y la suspensión del acto reclamado, mismo motivo que la parte quejosa debe externar en su petición al solicitar amparo vía telegráfica. Fuera de estos supuestos, los quejosos deben promover el juicio de amparo por escrito. Situaciones arriba indicadas, que en el caso no suceden, dado que de la lectura del telegrama allegado, se advierte que si bien la parte quejosa reclama la orden de arresto y/o detención y su ejecución; tales actos no actualizan la hipótesis legal establecida en el numeral 15 de la Ley de Amparo, dado que la misma no se ha ejecutado ni tampoco se desprende que se estén ocasionado en su contra alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional; por tanto, es claro, que los solicitantes del amparo debieron instar la demanda de mérito por escrito y no vía telegráfica, cumpliendo con los requisitos establecidos en el numeral 108 de la Ley de Amparo. Máxime que del telegrama que se provee se advierte que la parte quejosa es quien promueve el amparo, razón por la cual es dable suponer que no se encontraba en imposibilidad de presentar el original de su escrito respectivo; además, de que no se encuentran privados de la libertad, en tanto que precisa en el documento de mérito que se pretende ejecutar el acto reclamado. De tal suerte que todas las manifestaciones que se contienen en la comunicación de los quejosos, no constituyen una excepción para la presentación de la demanda vía telegráfica, como lo pretenden, es decir, los quejosos no cumplieron con las obligaciones que la ley le impone para estar en posibilidad de presentar un amparo por la vía telegráfica. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis XXXI.2 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Trigésimo Primer Circuito, consultable en la página mil doscientos treinta y cinco, del tomo XXXII, septiembre de dos mil diez publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, con número de registro 163834, que a la letra dice: *** En las relatadas condiciones, se desecha la demanda de amparo, con base en el artículo 113, en relación con los diversos numerales 61 fracción XXIII, 20, 108 y 159, todos de la Ley de Amparo, por existir un motivo manifiesto e indudable de improcedencia de acuerdo a lo antes expuesto. V. Días y horas hábiles. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias, se faculta a los Actuarios adscritos a este Juzgado de Distrito, para practicar las notificaciones que se les ordenen en el asunto, aun en días y horas inhábiles, en términos del artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo . VI. Domicilio. Se tienen como sus autorizados en los términos a que se refiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, a los licenciados ***, y por lo que se refiere a ***, únicamente como autorizado, en términos del párrafo segundo, parte final, del numeral citado, y como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Morelos número 202, interior 1, en esta ciudad. VII Autorización de medios electrónicos. Atento a la circular 12/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal de dieciocho de marzo de dos mil nueve, desde este momento se faculta a las partes el uso de medios electrónicos, a fin de reproducir las constancias del presente asunto. VIII. Digitalización. De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se comisiona al personal de este órgano jurisdiccional, para efectos de que digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el presente asunto; asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica se proceda a su impresión para ser incorporadas al expediente impreso. IX. Depuración. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales en términos del capítulo primero, punto segundo, fracción dieciocho del Acuerdo General Conjunto 1/2009, emitido por los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se requiere a la parte oferente del mismo para que se presente o recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin el presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del Capitulo Quinto, último párrafo del punto Vigésimo del citado Acuerdo General. X. Transparencia Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los articulas 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Coahuila · 8,673 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano