Yolanda Echeverría Cámara

Expediente 874/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 4 actuaciones registradas, la última del 2 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
874/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
02/05/2022

Partes del expediente

  • Yolanda Echeverría Cámara

Actuaciones

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, dos de mayo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan estos autos, se acuerda: agréguese el oficio correspondiente a la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con residencia en la Ciudad de México, mediante el cual, en cumplimiento a lo ordenado en proveído de veinte de enero de dos mil veintidós, informa que carece de las facultades necesarias para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en el presente asunto. Sin que sea el caso realizar mayor pronunciamiento, en virtud de que por acuerdo de once de marzo del año en curso, se declaró cumplida la sentencia ejecutoriada dictada en este juicio. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, diecinueve de abril de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se ordena agregar a los autos el escrito signado por José Luis Santana Gutiérrez, autorizado de la parte quejosa, mediante el cual manifiesta bajo protesta de decir verdad que les fueron aplicadas a los menores de edad RODRIGO y FERNANDA, ambos de apellidos QUIJANO LÓPEZ, las dos dosis de la vacuna de Pfizer BIOnTech; circunstancia que actualiza una causal de improcedencia cuyo estudio es de orden público y de carácter oficioso. Por tanto, este órgano federal se encuentra obligado a tomar tal manifestación en consideración y al efecto se provee: De las manifestaciones vertidas por la parte quejosa, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo que trae como consecuencia el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio, en términos del artículo 63, fracción V, del cuerpo legal antes invocado, por los motivos que a continuación se exponen. La invocada fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en lo conducente establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. (.)" El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que, según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa: dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa: lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas, se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone a la parte quejosa en el goce del derecho fundamental violado. Bajo esa óptica, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso, al cesar su actuación, lo que debe entenderse no sólo como la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho fundamental violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por lo que es patente que de la interpretación relacionada de los artículos 61, fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se aprecia que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Tiene aplicación precisa al caso, la jurisprudencia 103, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página ochenta y uno, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, con registro 917637, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De igual manera, la diversa jurisprudencia J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página doscientos diez, del tomo VII, febrero de 1998, materia común, novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 196820, cuyo rubro y texto establecen: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." En el caso concreto, la parte quejosa reclamó de las responsables, en esencia, la omisión de aplicar la vacuna BioNTech, Pfizer, para la prevención del SARS-CoV-2, COVID-19 a los menores de edad RODRIGO y FERNANDA, ambos de apellidos QUIJANO LÓPEZ, al encontrarse dentro del parámetro de los 12 a los 18 años, no obstante el mandato Presidencial de que a partir del día treinta de agosto de dos mil veintiuno, se regrese a clases presenciales a fin de cumplir el ciclo escolar 2021-2022, lo que pone en riesgo su salud. Sin embargo, la parte quejosa manifestó en el escrito de mérito que ya se aplicaron a los menores quejosos las dos dosis de la vacuna Pfizer. Circunstancia que aconteció con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo. De lo anterior se advierte que indudablemente cesaron los efectos del acto reclamado, pues al momento en que se resuelve este juicio de amparo, las cosas se encuentran en el estado que se encontraban anteriormente, como si ya se hubiera concedido a la parte impetrante la protección de la Justicia Federal que pretendía por este conducto. Ante ello resulta evidente que ha desaparecido la violación de que se trata respetando de esa forma la autoridad responsable el derecho fundamental violentado cumpliendo con lo que él mismo exige, con los efectos a que alude el artículo 77, fracción II, de la propia ley. No obsta a lo anterior que el derecho que en el presente sumario se aduce violado es el relativo a la salud de dos menores, circunstancia relevante a la luz del principio de interés superior de éste; empero, tomando en consideración que el acto reclamado se delimitó al servicio prestacional relativo a la vacuna de los menores quejosos, es evidente que con la conducta desplegada por las responsables correspondientes se destruye la conducta contumaz que originó el presente sumario y, por ende, se torna improcedente la acción intentada. Apoya lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, número P.CL/97, consultable en la página 71 del Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con registro 197367, en los siguientes términos: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". En tales circunstancias, encontrándose acreditada la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio con apoyo en la fracción V, del artículo 63 de la citada ley. No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que se esté resolviendo fuera de audiencia, toda vez que en el caso, no se causa agravio a la parte quejosa ni se le priva de defensa, en virtud de que la causa de improcedencia del juicio se ha actualizado, como sucede en el presente asunto. Es aplicable a la anterior consideración, por analogía la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 386, con registro 184572, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En mérito de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con once minutos del once de mayo de dos mil veintidós, para los efectos legales a que haya lugar, por los motivos expuestos con anterioridad. Notifíquese, haciéndolo personalmente a la parte quejosa y cúmplase.

  3. Principal

    ELECT Mérida, Yucatán, cinco de abril de dos mil veintidós. Se tiene por recibido del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad, su oficio 2118, de data uno de los corrientes y el testimonio que remite de la resolución pronunciada por ese Tribunal el treinta de marzo de esta anualidad, en el toca 53/2022, formado con motivo del recurso de queja interpuesto por la parte quejosa, en contra del proveído dictado en este juicio el ocho de febrero de dos mil veintidós, mediante el cual se tuvo por no por no presentada la demanda de amparo. Resolución de la que se desprende que el citado Tribunal declaró infundado el aludido recurso de queja. Acúsese el recibo de rigor. En mérito de lo anterior, y previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 21, del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación de que el presente asunto es susceptible de destrucción, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso d), del citado precepto, a al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda y que carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral. Igualmente, en acatamiento al acuerdo general en cita y de conformidad con el numeral 35, se hace la indicación de que este expediente físico impreso coincide en su totalidad con el electrónico generado con la FIREL. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, veintinueve de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan estos autos incidentales y lo de cuenta, se acuerda: agréguese el informe previo rendido por el Subdirector de Recursos Administrativos adscritos a la Oficina de la Abogada General de la Secretaría de Salud, en representación del Secretario de Salud, y este a su vez en representación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, todos con sede en la Ciudad de México, recibido vía electrónica en este Juzgado, mediante el uso de la FIREL; al efecto, con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, relaciónese en la audiencia incidental. Por otra parte, en relación a las diversas autoridades Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Titular de la Dirección General de Epidemiología y Titular de la Dirección General de Promoción de la Salud, todos con sede en la Ciudad de México, por las que el Subdirector de Recursos Administrativos adscritos a la Oficina de la Abogada General de la Secretaría de Salud, pretendió rendir su informe previo; al efecto, no es el caso hacer mayor pronunciamiento, toda vez que de una revisión de constancias se advierte que dichas autoridades no fueron señaladas como responsables en el presente asunto. Ahora bien, por cuanto hace a su solicitud relativa a que se vincule al Secretario de Salud del Gobierno de México, Titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, Director General del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades y Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, todos con sede en la Ciudad de México, al cumplimiento de la suspensión de plano otorgada a la parte quejosa en estos autos. En primer término, debe precisarse que en el caso no se concedió la suspensión de plano a la parte menor quejosa, como aduce la autoridad oficiante, empero, sí se concedió la suspensión provisional, por tanto, es respecto de ésta, de la que se realizará el pronunciamiento en relación a la solicitud de mérito. Por cuanto a la vinculación del Secretario de Salud del Gobierno de México y Titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, ambos con sede en la Ciudad de México, al cumplimiento de la suspensión concedida, atendiendo a la naturaleza de los actos reclamados y a que se logre una mayor defensa en favor de la parte menor quejosa, respecto a los efectos de la suspensión otorgada, se les vincula al cumplimiento de la medida cautelar otorgada en autos, lo cual es acorde al principio pro persona contenido en el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en aras de velar por el interés superior de la menor. Por tanto, en atención al derecho fundamental de la parte quejosa de acceso a una medida esencial para la prevención de la mencionada enfermedad epidémica, atento a la vinculación ya decretada de las autoridades de que se trata, en términos de los artículos 4,° constitucional, 147, segundo párrafo de la Ley de Amparo, 2°, 4° y 6° de la Convención de los Derechos del Niño y, 19 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, Pacto de San José, de los que México es parte; se le hace de su conocimiento que dentro del ámbito de sus facultades, deberán coadyuvar con las autoridades encargadas de la aplicación de la vacuna a fin de que en coordinación con aquéllas, se realice a la brevedad, la aplicación de la vacuna a la parte menor quejosa, en los términos que se indicaron al otorgarse la medida cautelar, esto es, dos dosis, cada una de 10µg, 0.2 ml, para niños de cinco a once años vía intramuscular en el deltoide, y una vez aplicada la primera dosis, la segunda debe realizarse entre las cuatro y ocho semanas. Por lo que, a fin de lograr la efectividad en el cumplimiento de la suspensión, se ordena librar oficio a las autoridades vinculadas Secretario de Salud del Gobierno de México y Titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, ambos con sede en la Ciudad de México, adjuntándoles copia autorizada de la determinación en la cual se concedió la suspensión a la parte quejosa, a fin de que se encuentren en aptitud de coadyuvar a su puntual observancia, conforme a sus atribuciones. Por su parte, en lo que se refiere al Director General del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades y Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, ambos con sede en la Ciudad de México, no ha lugar a vincular a dichas autoridades al cumplimiento de la suspensión otorgada en autos, pues no se advierte la pertinencia de tal medida. Al respecto, es importante señalar, que el Operativo Correcaminos, es la estrategia multisectorial del Gobierno de México, para coordinar la vacunación contra el virus SARS-CoV-2, en nuestro país. Su objetivo es lograr la cobertura de vacunación de toda la población mexicana (susceptible a recibir la vacuna) de manera eficaz y eficiente. La Coordinación General del Operativo está a cargo de la Presidencia de la República. El Titular del Sistema Nacional DIF, funge como Secretaría Técnica de la coordinación presidencial. También se desprende que la dirección técnica del operativo, estará a cargo de la Secretaría de Salud Federal a través de la Subsecretaría de Prevención y Promoción a la Salud. Que en cada entidad federativa contará con una persona "Coordinadora Estatal Correcaminos", designada por la Secretaría de Salud Federal, y estarán bajo la coordinación de dicha Secretaría y de la Coordinadora Presidencial. La coordinación nacional y las entidades responsables, tendrán las facultades y/o atribuciones que enumera dicho programa. También señala que la Coordinación Estatal Correcaminos será la responsable de la coordinación operativa de la estrategia federal de vacunación en cada una de las entidades federativas y definirá los planes de distribución en la entidad de acuerdo con los lineamientos federales. La persona designada como "Coordinadora Estatal Correcaminos" será la encargada de la conformación de equipos estatales con los enlaces de Bienestar, Fuerzas Armadas y enlaces institucionales de salud constituido en los Comités Estatales de Vacunación (COEVA) para la definición y seguimiento técnico de los sitios de vacunación y proceso de vacunación con la vigilancia de los procedimientos técnicos establecidos por la Secretaría de Salud Federal. Los servicios estatales de salud, específicamente los responsables del programa de vacunación y los enlaces institucionales de los COEVA, fungirán como apoyo técnico en la recepción y conformación de paquetes por unidad de vacunación. Dispone también que la persona designada como responsable de la coordinación estatal correcaminos fungirá como única vía de comunicación entre la coordinación federal y las autoridades locales, y establece cuáles son sus responsabilidades. Así, se advierte que la responsabilidad en relación con el Plan Nacional de Vacunación, corresponde en primer término, a la Presidencia de la República, como autoridad coordinadora general. Y en un segundo término, a la Secretaría de Salud Federal a través de la Subsecretaría de Prevención y Promoción a la Salud, a quien le corresponde la dirección técnica. Siendo que la indicada Secretaría de Salud Federal designará a una persona que fungirá como "Coordinadora Estatal Correcaminos", entre las que destaca la Verificación de la aplicación de vacuna en la población, de acuerdo a las etapas planteadas en la estrategia nacional. Por ende, el responsable directo de la coordinación de la aplicación de la vacuna contra el virus SARS-CoV-2, que previene la enfermedad COVID-19, en las entidades federativas de la República, es el Coordinador Estatal de Vacunación, cuyo cargo en esta entidad federativa recae en el Capitán Carlos Gómez Montes de Oca (nombre correcto). En esas circunstancias, y atento a lo anteriormente explicado, es claro que de acuerdo con la logística implementada por el Gobierno Federal en relación con la aplicación de la vacuna, las autoridades propuestas Director General del Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades y Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, ambos con sede en la Ciudad de México, no tienen participación alguna, de ahí que este órgano jurisdiccional no advierta la necesidad de la vinculación que solicita la autoridad oficiante. Lo anterior es así, pues con la vinculación de autoridades al cumplimiento de la suspensión, se trata de agilizar y aumentar la efectividad de la medida cautelar, lo cual se logra sólo estableciendo los contactos de logística adecuados en función de los efectos sobre los cuales fue otorgada, y en el caso, por las razones expuestas no se considera viable la vinculación de dichas autoridades. Notifíquese y cúmplase.

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