Yolanda Díaz Martínez

Expediente 889/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
889/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
29/12/2021

Partes del expediente

  • Yolanda Díaz Martínez

Actuaciones

  1. Principal

    "... Agréguese el oficio del Primer Tribunal Colegiado en materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, con sede en esta localidad, y anexo consistente en testimonio de la resolución de diecisiete de diciembre de dos mil veintiuno, dictada en el recurso de queja 346/2021 de su índice; acúsese recibo. Ahora, toda vez que la Superioridad declaró infundada la queja interpuesta contra el auto de cinco de agosto de dos mil veintiuno, por el cual se desechó la demanda de amparo interpuesta por ******; se declara que dicho auto quedó firme. Por tanto, archívese el presente asunto como concluido, el cual se estima carece de relevancia documental; por lo que transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a su destrucción, ..."

  2. Principal

    "... Agréguese el oficio procedente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, por el cual comunica, que dicho tribunal admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por Yolanda Díaz Martínez, contra el proveído de cinco de agosto de la presente anualidad, donde se desechó la demanda de amparo; registrándolo con el número 346/2021..."

  3. Principal

    "...Agréguese el escrito y anexo de la quejosa ***, en su atención, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), 99, 100 y 101 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja contra el proveído de cinco de agosto de dos mil veintiuno, donde se desechó la demanda de amparo; en consecuencia, ríndase el informe correspondiente, como apoyo del mismo, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Decimotercer Circuito, en turno, a quien incumbe la calificación sobre procedencia, oportunidad y, en su caso, resolución. Por consiguiente, remítase al tribunal aludido el escrito de queja, mismo que fue recibido en este Juzgado y sin necesidad de enviarle copia certificada del expediente físico, déjese a su disposición, debidamente vinculado, el expediente electrónico, ello a efecto de que se tramite y resuelva el recurso interpuesto. Se instruye a la analista jurídica SISE vincule el expediente electrónico..."

  4. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, cinco de agosto de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por Yolanda Díaz Martínez, contra actos del Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el juicio de amparo indirecto número 889/2021. Desechamiento. En principio, con fundamento en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede examinar si existe motivo notorio, manifiesto e indudable de improcedencia. En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con los numerales 1º fracción I y 5, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)". "Artículo 1. El Juicio de Amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte; (.)" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. (.)" Al efecto, existen las jurisprudencias siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." (Jurisprudencia 2a.164/2011, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Tomo XXXIV, correspondiente al mes de Septiembre de 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época). "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado." (Jurisprudencia 2a. XXXVI/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 307, Tomo IX, Marzo de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta). Los artículos y jurisprudencia transcritos, revelan que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no provienen de autoridad, verbigracia las relaciones de coordinación que son las entabladas entre particulares, en los cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que, para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; de este tipo de relaciones, las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En el caso, de se advierte que la quejosa Yolanda Díaz Martínez, reclama de la autoridad que tilda como responsable, esencialmente: La falta de respuesta y notificación de su escrito fechado el doce de julio de dos mil veintiuno y recibido el trece de julio siguiente, donde solicitó al Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración: 1) se le regularice la cuantificación automática en forma correcta y pago de cuatro quinquenios; 2) se le realice el pago de las quincenas correspondiente a cuatro quinquenios; 3) En lo sucesivo le sigan pagando los quinquenios a que tiene derecho. Pues bien, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación al tema determinó que para establecer si se está en presencia de una autoridad, se debe atender a la norma legal y examinar si ésta le faculta o no a tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien, a través de otras autoridades. El concepto de autoridad responsable debe concebirse por exclusión, de los actos de particulares; por ende, es menester instituir las bases para distinguir un acto de otro, para ello, es necesario considerar la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación y supra a subordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que, para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; de este tipo de relaciones, las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que, coactivamente, se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación, en cambio, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se caracterizan por la unilateralidad, por ello, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece las garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. De lo anterior, se advierten como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: 1. La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular. 2. Que esa relación tiene su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. 3. Que con motivo de esa relación emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular. 4. Que para emitir esos actos no requiere de acudir a los órganos judiciales ni precisa del consenso de la voluntad del afectado. En el caso, el acto reclamado por la parte quejosa se ubica en un plano de coordinación, ya que deriva de una relación obrero-patronal existente entre la parte agraviada y el Director de Recursos Humanos de la Secretaría de Administración. Lo que se corrobora con la narración de hechos que hace la parte solicitante de amparo en su escrito de demanda. Entonces, entre el peticionario de amparo y Director General del Instituto Mexicano del Seguro Social y demás adscritos a dicho Instituto, no existe una relación jurídica entre gobernante y gobernado, pues el acto que aquí se les reclama no es un acto de autoridad, ya que éste se suscita en una relación de coordinación entre la citada autoridad es decir, actúan como un ente patronal. En ese sentido, es evidente que el acto reclamado, no constituye un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, y éste resulta notoriamente improcedente. Son aplicables al respecto, las tesis de rubro y texto: "PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARANTÍA INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD. El derecho de petición es consagrado por el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Gobierno del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, por lo que la existencia de este derecho como garantía individual y la procedencia del juicio de amparo para su salvaguarda requieren que la petición se eleve al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, y no en una relación de coordinación regulada por el derecho privado en que el ente público actúe como particular." (P./J. 42/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 126, abril de 2001, tomo XIII, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta) "AUTORIDADES RESPONSABLES, IMPROCEDENCIA DEL AMPARO CUANDO OBRAN COMO PERSONAS DE DERECHO PRIVADO. Debe sobreseerse en el juicio, revocándose la sentencia del inferior que negó el amparo, si lo que en realidad se reclama en el amparo, es el desconocimiento o falta de cumplimiento por parte del Ejecutivo de un Estado, de un contrato que había celebrado con el quejoso, y las consecuencias y efectos de la anulación o rescisión de los derechos que había adquirido por virtud del referido contrato; pues es claro que el gobierno de dicha entidad, al vender o prometer vender ciertos terrenos, ha obrado como persona de derecho privado, contratando como un simple particular, de donde se desprende que el cumplimiento de sus obligaciones no debe de ventilarse a través del juicio de garantías, pues éste, de acuerdo con lo establecido en la fracción I del artículo 1o. de la Ley de Amparo, sólo procede contra actos de autoridad que violen las garantías individuales, y no en casos como el de que se trata, en que dado el carácter con que intervino el Ejecutivo del Estado, hay que admitir que en realidad se trata de una contienda entre particulares." (Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, página 189, tomo LXXXII, Quinta Época, Semanario Judicial de la Federación). "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE EN CONTRA DE LOS ACTOS DICTADOS EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 47, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, AL SER EMITIDOS EN UN PROCEDIMIENTO PARAPROCESAL. El auto que ordena la notificación al trabajador de la rescisión de la relación laboral, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 47, penúltimo párrafo, de la Ley Federal del Trabajo, así como su ejecución, son actos emitidos en un procedimiento paraprocesal, en el cual no se resuelve jurisdiccionalmente conflicto alguno entre partes determinadas ni existe juicio propiamente dicho, toda vez que el único objeto del aludido procedimiento, en el caso, es notificar la determinación de la rescisión laboral, de manera tal que el trabajador pueda defenderse en el juicio correspondiente; razón por la cual dichos actos no pueden ser analizados en amparo indirecto, porque al no ser definitivos no causan perjuicio en la esfera jurídica del gobernado, en virtud de que la violación a las garantías derivará, en todo caso, del juicio laboral que se promueva ante la autoridad correspondiente, que es donde se estudiará la legalidad o ilegalidad de la rescisión de la relación laboral; de ahí la improcedencia del juicio en los términos de la fracción V del artículo 73 de la Ley de Amparo. (Registro digital: 183939, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Materias(s): Laboral, Tesis: XXI.1o.90 L, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVIII, Julio de 2003, página 1022) En consecuencia, al actualizarse las causas de improcedencia analizadas, con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo, por notoriamente improcedente, DE PLANO, SE DESECHA, la demanda de amparo. Autorizados. Se tiene como domicilio el que indica y por autorizados para oír y recibir notificaciones a las persona que menciona por así solicitarlo expresamente. Asimismo a efecto de agilizar la tramitación del juicio en el que se actúa y tomando en cuenta la situación que actualmente vive el país con motivo de la pandemia derivada del virus SARSCoV2 (COVID-19); aunado a que el espíritu de los Acuerdos Generales 8/2020 y 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal es privilegiar el uso de medios electrónicos dada la contingencia sanitaria que atraviesa el país, y toda vez que la parte quejosa proporcionó número de celular 9512121283, y correo electrónico yoladm10@hotmail.com. Medios electrónicos. Respecto a la utilización de medios electrónico para capturar o reproducir el contenido de las constancias del expediente, desde este momento se le autoriza el uso. Lo anterior, privilegiando el uso de medios electrónicos tomando en consideración la situación que actualmente vive el país con motivo de la pandemia derivada del virus SARCoV2 (COVID 19), aunado a que los Acuerdos Generales 8/2020, 13/2020 y 15/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, privilegian el uso de medios electrónicos en el contexto de dicha contingencia sanitaria. Trámite de juicio en línea. Toda vez que la demanda de amparo fue promovida físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema del juicio en línea, debiendo para ello utilizar la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, conocida como "FIREL", o la "e-firma" (antes firma electrónica avanzada o "FIEL").Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes que de no tener autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar por sí o por conducto de sus representantes legales a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico determinado y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, 26, fracción IV de la Ley de Amparo. Habilitan días inhábiles De conformidad con el numeral 21 párrafo último, de la Ley de la materia, en obvio de dilaciones procesales, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles, para practicar las notificaciones personales que, en su caso, se ordenen en este expediente. Transparencia Finalmente, con el objeto de respetar el derecho a la intimidad de las partes al hacerse públicas las sentencias, de conformidad con el artículo 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, vigente a partir del dos de junio de dos mil nueve, en el que estipula que toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición; y en los diversos 68, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y cuyo primer artículo transitorio indica que entrara en vigor al día siguiente de sus publicación, hágase saber a las partes que la sentencia que al efecto se dicte en el presente asunto, estará a disposición del público para su consulta, dado así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información pública respectivo, así también, el derecho que le asiste para oponerse expresamente en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, hasta antes de ser dictada, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos, la cual de ninguna manera operará respecto de quienes, en términos de la legislación aplicable, estén legitimados para solicitar copia de aquella. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY. Lo provee y firma electrónicamente, el Juez Segundo de Distrito en el Estado de Oaxaca Fidel Gallegos Figueroa, con el Secretario, Marcos Rodrigo Sánchez Díaz, quien autoriza y da fe.EGS

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