Yolanda del Rivero Priego

Expediente 767/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
767/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
24/09/2019

Partes del expediente

  • Yolanda del Rivero Priego

Actuaciones

  1. Principal

    III. Advirtiendo del estado procesal que guardan los presentes autos que ha transcurrido el término de cinco días sin que se hubiese recurrido el auto de cinco de septiembre de dos mil diecinueve, mediante el cual este Juzgado DESECHÓ LA DEMANDA DE AMPARO, promovida por la quejosa, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. Se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción después de los cinco años siguientes a partir del presente acuerdo, toda vez que no se considera de relevancia documental, carece de valor jurídico, no contiene documentos originales que deban ser recogidos por las partes.

  2. Principal

    III. Notificación personal.

  3. Principal

    III. Con esta fecha se notifica a la parte quejosa, el auto de cinco de septiembre de dos mil diecinueve, que en lo conducente dice: Con la demanda de amparo de cuenta, se tiene al apoderado legal de la parte quejosa solicitando el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra del acto que reclama del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad. Se ordena formar expediente, y registrarlo en el Libro de Gobierno. Esta actualización es manifiesta cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; mientras que resulta indudable cuando existe la certidumbre y la plena convicción de que la hipótesis de improcedencia analizada opera en el caso a estudio. Lo anterior obedece a que el acto reclamado de acuerdo a su naturaleza no es de aquellos que producen efectos de imposible reparación por no afectar materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano es parte. En ese orden de ideas, sólo procederá contra sentencias definitivas respecto de las cuales no proceda recurso alguno por virtud del cual puedan ser modificadas o reformadas, por violaciones cometidas en ellas o durante el procedimiento, si estas últimas afectan partes sustanciales de manera que se deje sin defensa a la quejosa, o bien, contra aquellas resoluciones que pongan fin al juicio, cuando sean contrarias a la letra de la ley aplicable al caso, a su interpretación jurídica o a los principios generales del derecho, a falta de la ley aplicable cuando comprendan acciones, excepciones o cosas que no hayan sido objeto del juicio, o cuando no las comprendan todas, por omisión o negación expresa, hecha excepción de aquellos actos de autoridades judiciales cuando se emitan fuera de juicio, o bien, después de concluido, los que afectan a terceros extraños y los realizados en el juicio que tuvieran una ejecución de imposible reparación, que solamente podrán ser reclamados en amparo indirecto. En ese contexto, cabe precisar que por actos que tengan una ejecución de imposible reparación debe entenderse aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte; es decir, aquéllos que lesionen el interés de una de las partes en el juicio que perdure cualquiera que sea el sentido de la resolución que se pronuncie en éste o bien, haga imposible la prosecución del procedimiento, es decir, que cause a una de las partes un agravio no reparable en dicho fallo. En otras palabras, por actos de imposible reparación para los fines de determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, debemos atender a aquellos que tengan una ejecución de carácter material e irreparable para las personas, sus derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del procedimiento del cual se derivan tales actos procesales, como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, etcétera; esto en virtud de los daños y perjuicios que puedan revestir los particulares con esa clase de actos y que no se les puedan resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento de que trate, puesto que la privación de esos derechos ya no se puede reparar posteriormente, lo que impide la posibilidad de que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución que llegue a pronunciarse. Por otra parte, son violaciones procesales aquellas en las cuales los actos conculcan los denominados derechos adjetivos o procesales, cuya ejecución no es de imposible reparación, ya que únicamente producen efectos de carácter formal o intraprocesal, e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del juicio con el objeto de lograr un fallo favorable; por lo que, en los casos en los que la parte agraviada logra el objetivo principal, tales efectos y consecuencias perecen sin ocasionar afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado. Se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda. Cabe resaltar que el estudio de las causales de improcedencia, de ninguna forma afecta el derecho a una tutela judicial efectiva, incluso la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que para que exista un recurso efectivo, debe ser idóneo para determinar si se ha incurrido en una violación a los derechos humanos y establecer lo conducente para remediarlo; pero en el derecho interno existen condiciones que deben observarse para garantizarlos, como criterios de admisibilidad del recurso o relativos al estudio de fondo del mismo, porque por seguridad jurídica, es dable establecerlos para una correcta y funcional administración de justicia y consecuente protección de derechos; sin que ello implique una violación al derecho de acceso a un recurso judicial efectivo. Por tanto, el incumplimiento de las condiciones necesarias para que las autoridades jurisdiccionales analicen el fondo de los argumentos propuestos por las partes, no constituye, en sí mismo, una denegación de justicia, máxime que permitir el acceso en todo momento al juicio de amparo, generaría inseguridad jurídica en detrimento del propio derecho fundamental de acceso a la justicia. Se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda y como sus autorizados a quienes menciona. Se habilitan días y horas inhábiles para que cualesquiera de los actuarios judiciales de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Se ordena la protección de los datos personales y la información relativa a la vida privada de los particulares, en las constancias y actuaciones judiciales que se encuentren en este expediente, en caso de su requerimiento vía solicitud de acceso a la información, no obstante que las partes no se opongan a la publicación de los datos personales.

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