Yolanda Danae Martinez Moran

Expediente 1513/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 32 actuaciones registradas, la última del 24 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1513/2022
Año
2022
Actuaciones
32
Última actuación
24/08/2023

Partes del expediente

  • Yolanda Danae Martinez Moran
  • Víctor Manuel Pérez Aguilar

Actuaciones

Las 4 más recientes de 32.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a veinticuatro de agosto de dos mil veintitrés. Agréguese a los presentes autos el oficio signado por el Actuario Judicial del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, mediante el cual transcribe el auto de veintidós del mes y año en curso, dictado en el amparo en revisión 349/2023. Asimismo, del auto citado se advierte que el Tribunal de Alzada admitió el recurso de revisión hecho valer por el tercero interesado; lo anterior, se tiene por informado para todos los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a diecisiete de agosto de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, en la que se hace constar que, en acuerdo de diez de julio de dos mil veintitrés, se tuvo por interpuesto el recurso de revisión por el tercero interesado, y toda vez que ya obran las constancias de notificación efectuadas a las demás partes respecto de la sentencia en cita y del recurso de revisión de mérito, por lo que el presente expediente se encuentra debidamente integrado. En consecuencia, y en acatamiento a lo ordenado en el proveído de diez de julio de dos mil veintitrés, remítase al Tribunal Colegiado en Materias Civil del Decimoctavo Circuito, el juicio de amparo en que se actúa, para la substanciación del recurso de revisión interpuesto en autos; asimismo, anexo por separado el escrito original de expresión de agravios, así como todas las pruebas relativas, solicitando se sirva acusar el recibo correspondiente. Asimismo, se habilitará el expediente electrónico, consecuentemente, se podrá visualizar vía electrónica la totalidad de las constancias que se integran en el expediente; por tanto, con fundamento en lo establecido en el artículo 73, del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena a la Oficial Judicial "A" adscrita a este Juzgado, que permita al Tribunal, el acceso vía electrónico del expediente 1513/2022-II. Notifíquese.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, a diez de julio de dos mil veintitrés. Téngase por recibido el escrito firmado por el tercero interesado **********, mediante el cual interpone recurso de revisión en contra de la sentencia definitiva dictada en los presentes autos. Atento a lo anterior, con apoyo en los dispositivos 81 fracción I, inciso e), 88, 89 y demás relativos a la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el citado medio de impugnación; por tanto, se ordena distribuir entre las demás partes, copias del ocurso de expresión de agravios y una vez que se cuente con la totalidad de las constancias de notificación del presente auto, en su oportunidad, remítase al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimoctavo Circuito, el original del escrito de expresión de agravios y una copia más para el agente del Ministerio Público de su adscripción, para lo que tenga a bien determinar la superioridad en relación con su admisión o desechamiento. Notifíquese; corriéndole traslado a las partes, con excepción del promovente.

  4. Principal

    V I S T O S para resolver los autos relativos al juicio de amparo 1513/2022, promovido por Yolanda Danae Martínez Moran, en su carácter de albacea testamentaria a bienes de Agustín Pliego López, contra los actos que se reclaman del Juez Noveno Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca y otra autoridad, por considerarlos violatorios del derecho a la audiencia y seguridad jurídica. TRÁMITE PRIMERO. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el catorce de noviembre de dos mil veintidós (fojas 2 a 10), ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Decimoctavo Circuito, remitido el mismo día a este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, Yolanda Danae Martínez Moran, en su carácter de albacea testamentaria a bienes de Agustín Pliego López, solicitó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión, en contra de las autoridades y por los actos que se transcriben a continuación: AUTORIDADES RESPONSABLES "JUEZ NOVENO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO DE MORELOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA EN EL ESTADO DE MORELOS, CON SEDE EN CUERNAVACA, MORELOS. ACTUARIO ADSCRITO AL JUZGADO NOVENO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO DE MORELOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA EN EL ESTADO DE MORELOS, CON SEDE EN CUERNAVACA, MORELOS." ACTOS RECLAMADOS "LA OMISIÓN DE NOTIFICAR AL SEÑOR AGUSTÍN PLIEGO LÓPEZ LEGALMENTE LA DEMANDA INICIAL QUE DIO ORIGEN A LA SENTENCIA DEFINITIVA EN EL EXPEDIENTE 388/2018-3, radicado en el JUZGADO NOVENO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO DE MORELOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA EN EL ESTADO DE MORELOS, CON SEDE EN CUERNAVACA, MORELOS. La falta de emplazamiento de la demanda inicial en el juicio 388/2018-3, radicado en el JUZGADO NOVENO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO DE MORELOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA EN EL ESTADO DE MORELOS, CON SEDE EN CUERNAVACA, MORELOS. La Emisión de la Sentencia definitiva dictada en el expediente 388/2018-3, radicado en el JUZGADO NOVENO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO DE MORELOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA EN EL ESTADO DE MORELOS, CON SEDE EN CUERNAVACA, MORELOS. La falta notificación de la Sentencia definitiva dictada en el juicio 388/2018-3 radicado en el JUZGADO NOVENO FAMILIAR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO DE MORELOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA EN EL ESTADO DE MORELOS, CON SEDE EN CUERNAVACA, MORELOS, que desconozco. Y cada una de las actuaciones derivadas de la falta de emplazamiento." SEGUNDO. Registro, prevención, admisión y trámite de la demanda. Previa prevención debidamente desahogada, por acuerdo de dos de diciembre de dos mil veintidós (fojas 25 a 29), este Juzgado admitió a trámite la demanda de amparo, solicitó su informe justificado a las autoridades señaladas como responsables, ordenó emplazar a juicio al tercero interesado y por último, señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional. TERCERO. Emplazamiento del tercero interesado. El veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés (foja 111), se emplazó al tercero interesado Víctor Manuel Pérez Aguilar, a esta instancia constitucional. CUARTO. Audiencia Constitucional. Seguidos los trámites de ley tuvo verificativo la audiencia constitucional al tenor del acta que antecede; y, III.CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, es legalmente competente para conocer y resolver del presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 1°, fracción V, 49 y 60, fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo previsto en el Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece, dado que se reclaman actos de naturaleza civil, atribuidos a autoridades en esa materia en la jurisdicción que corresponde a este órgano constitucional. Previamente a la precisión de los actos reclamados, se destaca que conforme a lo dispuesto en el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, para la resolución del presente asunto se citan, entre otras tesis, jurisprudencias integradas conforme a la legislación de amparo abrogada, al no oponerse a lo previsto en la Ley de la Materia vigente. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 10/2016 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 27, Febrero de dos mil dieciséis, Tomo I, Materia, Común. Página: 705, Décima Época, Registro, 2010982 de rubro y texto: "JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN Y DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. LA REFORMA AL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 10 DE JUNIO DE 2011, NO IMPLICA QUE LA EMITIDA CON ANTERIORIDAD A AQUÉLLA SE TORNE OBSOLETA. La citada reforma que dio origen a la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación, no implica que la jurisprudencia emitida en términos de los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo abrogada, con anterioridad a aquélla, se torne obsoleta, por el contrario, sigue vigente y es obligatoria. No obsta a lo anterior, el hecho de que tomando como sustento el cambio de parámetros que originó el nuevo contenido del artículo 1o. constitucional, los órganos autorizados para integrar jurisprudencia puedan variar algunos de los criterios sostenidos tradicionalmente, atendiendo para ello a las particularidades de cada asunto". SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que en el caso se reclama: Del Juez Noveno Familiar del Primer Distrito Judicial del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Morelos y Actuario adscrito al mismo. La falta de emplazamiento y todo lo actuado con posterioridad en el expediente 388/2018-3. La orden de embargo en relación con el bien inmueble identificado como Fracción A resultante de la división del predio ubicado en calle de Justo Sierra, colonia Lomas de la Selva, Cuernavaca, Morelos, registrado con el folio electrónico inmobiliario número 444915, su ejecución, efectos y consecuencias. TERCERO. Actos reclamados existentes. Al rendir su informe justificado, las autoridades responsables Juez Noveno Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca y el Actuario adscrito (fojas 37 y 44 a 46), manifestaron que son ciertos los actos que se les reclaman. Certeza que además se corrobora con las copias certificadas relativas al juicio ejecutivo mercantil 388/2018-3, que obran en dos tomos por separado, a las cuales se les concede valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°, toda vez que fueron expedidas por un servidor público en el ejercicio de sus funciones, sin que además, haya sido objetada su autenticidad. CUARTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de las cuestiones de fondo planteadas, relativas a la constitucionalidad del acto que por esta vía se reclama, debe analizarse si en el caso se actualiza alguna causa de improcedencia. Lo anterior, en virtud de que las causales de improcedencia son de orden público y su estudio es preferente a la cuestión de fondo de la litis, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. Sustenta lo aquí considerado la tesis II.1o. J/5, del Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la octava época, materia común, del Semanario Judicial de la Federación. Tomo VII, Mayo de 1991, página 95, con registro 222780, que dice: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Al no existir causa de improcedencia que las partes hagan valer o que este órgano de control constitucional advierta de oficio, se impone realizar el estudio de los conceptos de violación expuestos por la parte quejosa. QUINTO. Antecedentes del acto reclamado. A manera de antecedentes se precisa que, por escrito presentado el diecinueve de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 2 a 6 del tomo I de pruebas), ante el Juzgado Noveno Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, Víctor Manuel Pérez Aguilar, demandó en la vía ejecutiva mercantil a Agustín Pliego López. El Juzgado Noveno Familiar de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, formó el expediente 388/2018-3 y por acuerdo de veinte de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 23 y 24 del tomo I de pruebas), la admitió a trámite, y ordenó el emplazamiento del demandado. El veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 30 a 34 del tomo I de pruebas), supuestamente se emplazó al demandado Agustín Pliego López al juicio natural. Seguida la secuela procesal del juicio ejecutivo mercantil, el veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho (fojas 48 a 64 del tomo I de pruebas) se dictó sentencia, en la que se determinó: "PRIMERO.- Este Juzgado Noveno Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, es competente para conocer del y resolver el presente juicio. SEGUNDO.- La vía ejecutiva mercantil en que se ejercitó la parte actora la acción cambiaria directa, es la idónea. TERCERO.- La parte actora VÍCTOR MANUEL PÉREZ AGUILAR, acreditó la acción cambiaria directa que dedujo contra AGUSTÍN PLIEGO LÓPEZ, quien no compareció a juicio, siguiéndose en su rebeldía, en consecuencia; CUARTO.- Se condena a AGUSTÍN PLIEGO LÓPEZ, en su carácter de deudor principal, a pagar a la parte actora o a quien sus derechos represente, la cantidad de $600,000.00 (SEISCIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N.) por concepto de Suerte Principal que amparan los títulos de crédito base de la acción ejercitada. QUINTO.- Se condena al demandado AGUSTÍN PLIEGO LÓPEZ, a pagar a la parte actora o a quien sus derechos represente, la cantidad que resulte por concepto de intereses moratorios a la tasa del 2.39% (dos punto treinta y nueve por ciento) mensual (.)". Finalmente, en acuerdo de ocho de enero de dos mil diecinueve (foja 69 del tomo I de pruebas), causó ejecutoria la sentencia emitida, y posteriormente se procedió a la ejecución de dicha resolución. Una vez precisados los antecedentes del juicio de origen, se procede a analizar los conceptos de violación. SEXTO. Análisis de los conceptos de violación de la quejosa Yolanda Danae Martínez Moran, en su carácter de albacea testamentaria a bienes de Agustín Pliego López. Se tienen por reproducidos en sus términos los conceptos de violación que formula la parte quejosa en su demanda de amparo, en obvio de transcripciones innecesarias, habida cuenta que para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias de amparo, su transcripción resulta innecesaria. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 164618, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXI, Mayo de2010, Página 830, de rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". De conformidad con la jurisprudencia P./J. 68/2000, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, deben tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, pues es suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que deba estudiarse. Resulta aplicable a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 191384, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, Agosto de 2000, Página 38, de rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS LA CAUSA DE PEDIR. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que debe abandonarse la tesis jurisprudencial que lleva por rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. REQUISITOS LÓGICOS Y JURÍDICOS QUE DEBEN REUNIR.", en la que, se exigía que el concepto de violación, para ser tal, debía presentarse como un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor el precepto constitucional violado, la premisa menor los actos autoritarios reclamados y la conclusión la contraposición entre aquéllas, demostrando así, jurídicamente, la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Las razones de la separación de ese criterio radican en que, por una parte, los artículos 116 y 166 de la Ley de Amparo no exigen como requisito esencial e imprescindible, que la expresión de los conceptos de violación se haga con formalidades tan rígidas y solemnes como las que establecía la aludida jurisprudencia y, por otra, que como la demanda de amparo no debe examinarse por sus partes aisladas, sino considerarse en su conjunto, es razonable que deban tenerse como conceptos de violación todos los razonamientos que, con tal contenido, aparezcan en la demanda, aunque no estén en el capítulo relativo y aunque no guarden un apego estricto a la forma lógica del silogismo, sino que será suficiente que en alguna parte del escrito se exprese con claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión o agravio que el quejoso estima le causa el acto, resolución o ley impugnada y los motivos que originaron ese agravio, para que el Juez de amparo deba estudiarlo". De igual forma, en este momento cabe precisarse que al presentar la demanda de amparo, la parte quejosa adjuntó copia certificada del acta de defunción mil quinientos noventa y nueve, a nombre de Agustín Pliego López, con registro de diez de julio de dos mil veintiuno, de la que se advierte que falleció el nueve de dichos mes y año; así como el instrumento notarial ocho mil diez, pasado ante la fe del Notario Público número Treinta y Tres del Estado de Oaxaca, con residencia en la ciudad del mismo nombre, de la que se advierte que se designó a Yolanda Danae Martínez Moran, como única heredera de la sucesión testamentaria a bienes del extinto Agustín Pliego López, así como albacea definitiva. Es por ello que acude como tercera extraña por equiparación al juicio de origen, en el que el demandado era el fallecido Agustín Pliego López; argumentando en sus conceptos de violación en esencia, que se vulnera en su perjuicio lo dispuesto en los artículos 14 y 16 Constitucionales, porque las autoridades responsables violaron la garantía de audiencia, en razón de que el emplazamiento realizado al de cujus en el juicio de origen no se realizó conforme a las formalidades que establece la ley relativa. Suplidos en su deficiencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79 fracción VI de la Ley de Amparo, son fundados los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa en virtud de que se advierte que ha habido en contra de la misma una violación evidente de la ley que la ha dejado sin defensa. En principio, debe precisarse que el estudio del emplazamiento es una cuestión de orden público, pues es un acto que debe realizarse con las formalidades que señala la ley, de tal manera que si no se cumplen todos y cada uno de esos requisitos, dará lugar a una violación procesal de gran trascendencia, por ello, independientemente de los argumentos hechos valer en la demanda de amparo, el emplazamiento se estudiará de oficio, pues al solicitante del amparo debe considerársele como persona extraña a juicio por equiparación. De ello se sigue, que su falta de verificación o su práctica defectuosa, se traduce en una violación manifiesta a la ley que produce indefensión, pues se estaría ante la infracción procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, dada su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento al afectar la oportunidad de alegar y de ofrecer y desahogar pruebas. De esta manera es obligación de los juzgadores de amparo examinar el emplazamiento cuando constituye el acto reclamado, a la luz de las disposiciones aplicables, aun cuando no se haya hecho valer conceptos de violación suficientes. Al respecto es aplicable la jurisprudencia P./J. 149/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, Tomo XII, Diciembre de 2000, página 22, registro digital 190656, de rubro y contenido, siguientes: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS CIVIL, MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE RESPECTO DE LA FALTA O DEL ILEGAL EMPLAZAMIENTO DEL DEMANDADO AL JUICIO NATURAL. Conforme a lo dispuesto por la fracción VI del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, en materias distintas a la penal, agraria y laboral, opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación y de los agravios cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. Ahora bien, si el emplazamiento del demandado al juicio natural constituye una formalidad esencial del procedimiento por ser necesario para una adecuada defensa, se sigue que la falta de verificación de tal emplazamiento o su práctica defectuosa se traduce en una violación manifiesta a la ley que produce indefensión, pues se estaría ante la infracción procesal de mayor magnitud y de carácter más grave dada su trascendencia en las demás formalidades del procedimiento al afectar la oportunidad de alegar y de ofrecer y desahogar pruebas, lo que obliga a los juzgadores de amparo a suplir la queja deficiente al respecto y, por tanto, a no dejar de examinar esa cuestión sólo porque el planteamiento específico no se haya hecho valer en la demanda de garantías, no pudiendo estimarse inoperantes los agravios relativos por esa razón.". En el mismo sentido, es también aplicable la jurisprudencia de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 163-168, Cuarta Parte, página 195, Séptima Época, volumen 163-168, cuarta parte, Registro 240531, de rubro y texto siguiente: "EMPLAZAMIENTO. ES DE ORDEN PÚBLICO Y SU ESTUDIO ES DE OFICIO. La falta de emplazamiento o su verificación en forma contraria a las disposiciones aplicables, es la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del juicio, esto es, imposibilita al demandado para contestar la demanda y, por consiguiente, le impide oponer las excepciones y defensas a su alcance; además, se le priva del derecho a presentar las pruebas que acrediten sus defensas y excepciones y a oponerse a la recepción o a contradecir las probanzas rendidas por la parte actora y, finalmente, a formular alegatos y ser notificado oportunamente del fallo que en el proceso se dicte. La extrema gravedad de esta violación procesal ha permitido la consagración del criterio de que el emplazamiento es de orden público y que los Jueces están obligados a investigar de oficio si se efectuó o no y sí, en caso afirmativo, se observaron las leyes de la materia." Expuesto lo anterior, y a fin de dilucidar si le asiste o no la razón a la parte quejosa respecto a que no fue debidamente emplazado a juicio el demandado fallecido, se transcriben los preceptos relativos que establece el Código de Comercio, vigente en la época de los hechos, para este tipo de diligencias. Artículo 1392.- Presentada por el actor su demanda acompañada del título ejecutivo, se proveerá auto, con efectos de mandamiento en forma, para que el demandado sea requerido de pago, y no haciéndolo se le embarguen bienes suficientes para cubrir la deuda, los gastos y costas, poniéndolos bajo la responsabilidad del actor, en depósito de persona nombrada por éste. En todo momento, el actor tendrá acceso a los bienes embargados, a efecto de verificar que no hayan sido dispuestos, sustraídos, su estado y la suficiencia de la garantía, para lo cual, podrá además solicitar la práctica de avalúos. De ser el caso, el actor podrá solicitar la ampliación de embargo, salvo que la depreciación del bien haya sido por causas imputables al mismo o a la persona nombrada para la custodia del bien. Artículo 1393.- No encontrándose el demandado a la primera busca en el inmueble señalado por el actor, pero cerciorado de ser el domicilio de aquél, se le dejará citatorio fijándole hora hábil, dentro de un lapso comprendido entre las seis y las setenta y dos horas posteriores, y si no aguarda, se practicará la diligencia de embargo con los parientes, empleados o domésticos del interesado, o cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado, siguiéndose las reglas del Código Federal de Procedimientos Civiles, respecto de los embargos. Una vez que el actuario o ejecutor se cerciore de que en el domicilio sí habita la persona buscada y después de la habilitación de días y horas inhábiles, de persistir la negativa de abrir o de atender la diligencia, el actuario dará fe para que el Juez ordene dicha diligencia por medio de edictos sin girar oficios para la localización del domicilio. Artículo 1394. La diligencia de embargo se iniciará con el requerimiento de pago al demandado, su representante o la persona con la que se entienda, de las indicadas en el artículo anterior; de no hacerse el pago, se requerirá al demandado, su representante o la persona con quien se entiende la diligencia, para que señale bienes suficientes para garantizar las prestaciones reclamadas, apercibiéndolo que de no hacerlo, el derecho para señalar bienes pasará al actor. A continuación, se emplazará al demandado. En todos los casos se le entregará a dicho demandado cédula en la que se contengan la orden de embargo decretada en su contra, dejándole copia de la diligencia practicada, corriéndole traslado con la copia de demanda, de los documentos base de la acción y demás que se ordenan por el artículo 1061. La diligencia de embargo no se suspenderá por ningún motivo, sino que se llevará adelante hasta su conclusión, dejando al demandado sus derechos a salvo para que los haga valer como le convenga durante el juicio. En todos los casos, practicada la diligencia de ejecución decretada, el ejecutor entregará también al ejecutante copia del acta que se levante o constancia firmada por él, en que conste los bienes que hayan sido embargados y el nombre, apellidos y domicilio del depositario designado." Al efecto, de los numerales que anteceden se desprende que en el auto de radicación, el juez de la causa despachará el requerimiento de pago correspondiente, y ante la negativa del demandado, se realizará el embargo relativo, posteriormente se nombrará depositario judicial de los bienes y se le emplazará a juicio. Además establece que al no encontrar al deudor en la primera visita en el domicilio señalado por el actor, pero una vez cerciorado que es el domicilio del buscado, se dejará citatorio en el que se asentará hora hábil dentro de un lapso comprendido entre las seis y las setenta y dos horas posteriores, y si no aguarda, se practicará la diligencia de embargo con los parientes, empleados o domésticos del interesado, o cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado, siguiendo las reglas del Código Federal de Procedimientos Civiles para el embargo. Finalmente, establece que la diligencia de embargo se iniciará con el requerimiento de pago al deudor, su representante o la persona que se encuentre en el domicilio y si hubiere negativa de pagar las cantidades reclamadas el funcionario judicial requerirá a la persona con la que entiende la diligencia para que señale bienes suficientes para garantizar las prestaciones demandadas apercibida de que en caso de no hacerlo el derecho pasará al actor, finalmente se entregara cédula que contenga la orden de embargo decretada en su contra, corriéndole traslado con copia de la demanda, documentos base de la acción y demás ordenados por el artículo 1061 del citado código. De igual forma, los preceptos reguladores revelan que los artículos de la legislación en comento, relativos al juicio ejecutivo mercantil, no prevén la totalidad de los requisitos que deben observarse al llevar a cabo el emplazamiento de la parte demandada, razón por la que debe observarse lo dispuesto en el artículo 1054 del propio Código de Comercio. Dicho precepto legal, señala que, salvo que las leyes mercantiles establezcan un procedimiento especial o una supletoriedad expresa, los juicios mercantiles se regirán por las disposiciones de dicha normatividad (Libro Quinto), o en su defecto, se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles, y en caso de que no regule suficientemente la institución cuya supletoriedad se requiera, la ley de procedimientos local respectiva. Los artículos 1054, 1068 y 1068 bis del Código de Comercio establecen: "Artículo 1054. En caso de no existir convenio de las partes sobre el procedimiento ante tribunales en los términos de los anteriores artículos, salvo que las leyes mercantiles establezcan un procedimiento especial o una supletoriedad expresa, los juicios mercantiles se regirán por las disposiciones de este libro y, en su defecto, se aplicará supletoriamente el Código Federal de Procedimientos Civiles y en caso de que no regule suficientemente la institución cuya supletoriedad se requiera, la ley de procedimientos local respectiva. (.) "Artículo 1068.- Las notificaciones, citaciones y entrega de expedientes se verificarán a más tardar el día siguiente a aquel en que se dicten las resoluciones que ordenen su práctica. Si se tratare de notificaciones personales, estas deberán realizarse dentro de los tres días siguientes a aquel en que el notificador reciba el expediente. Sin perjuicio de lo anterior, por causa justificada, el juez, bajo su responsabilidad, podrá ampliar los plazos previstos en este párrafo. (.) Las notificaciones en cualquier procedimiento judicial serán: I. Personales o por cédula; (.) Artículo 1068 Bis.- El emplazamiento se entenderá con el interesado, su representante, mandatario o procurador, entregando cédula en la que se hará constar la fecha y la hora en que se entregue; la clase de procedimiento, el nombre y apellidos de las partes, en su caso la denominación o razón social, el juez o tribunal que manda practicar la diligencia; transcripción de la determinación que se manda notificar y el nombre y apellidos de la persona a quien se entrega, levantándose acta de la diligencia, a la que se agregará copia de la cédula entregada en la que se procurará recabar la firma de aquel con quien se hubiera entendido la actuación. El notificador se identificará ante la persona con la que entienda la diligencia; requiriendo a ésta para que a su vez se identifique, asentando su resultado, así como los medios por los que se cerciore de ser el domicilio del buscado, pudiendo pedir la exhibición de documentos que lo acrediten, precisándolos en caso de su presentación, así como aquellos signos exteriores del inmueble que puedan servir de comprobación de haber acudido al domicilio señalado como el del buscado, y las demás manifestaciones que haga la persona con quien se entienda el emplazamiento en cuanto a su relación laboral, de parentesco, de negocios, de habitación o cualquier otra existente con el interesado. La cédula se entregará a los parientes, empleados o domésticos del interesado o a cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado, en caso de no encontrarse el buscado; después de que el notificador se haya cerciorado de que ahí lo tiene la persona que debe ser notificada; se expondrán en todo caso los medios por los cuales el notificador se haya cerciorado de que ahí tiene su domicilio la persona buscada. Además de la cédula, se entregará copia simple de la demanda debidamente cotejada y sellada más, en su caso, copias simples de los demás documentos que el actor haya exhibido con su demanda. El actor podrá acompañar al actuario a efectuar el emplazamiento. (.) Así, en la medida que el Código de Comercio, en el Libro Quinto, Título Primero, Capítulo IV denominado "De las notificaciones", contiene disposición expresa en cuanto a la forma como debe llevarse a cabo el emplazamiento de la parte demandada, es claro que la diligencia reclamada en este asunto debe analizarse atendiendo a las reglas que la propia legislación prevé en dicho apartado, en concordancia con las formalidades que indica el artículo 1393, sin necesidad de remitirse a las normatividades supletorias, debido a que la codificación antes precisada contempla las formalidades que deben observarse, a fin de no violar la garantía de audiencia prevista por el artículo 14, Constitucional. Ahora, de los artículos 1068 Bis y 1393 del Código de Comercio, se obtienen los siguientes requisitos: a) Debido cercioramiento de que el domicilio a donde se constituye el fedatario corresponde a la persona buscada, indicando los medios de que se valga para ello, pudiendo pedir la exhibición de documentos que lo acrediten y describir los signos exteriores del inmueble que puedan servir de comprobación de que acudió al domicilio señalado como del demandado. b) Si a la primera búsqueda se encuentra presente el interesado, su representante, mandatario o procurador, se procederá a practicar la diligencia de manera personal, y de no ser así, se le dejará citatorio para hora hábil, dentro de un lapso comprendido entre las seis y las setenta y dos horas posteriores. c) Una vez cerciorado el actuario de ser el domicilio del buscado, y en caso de ser necesario, se acordarán días y horas inhábiles para realizar la diligencia. d) De no esperar al fedatario, el emplazamiento se entenderá con los parientes, empleados o domésticos del interesado o cualquier otra persona que viva en el domicilio señalado. e) Asimismo, el notificador deberá entregar cédula de notificación, la que tiene que contener: I. Fecha y hora en que se entrega. II. Clase de procedimiento. III. Nombre y apellidos de las partes. IV. Juez o Tribunal que manda practicar la diligencia. V. Transcripción de la determinación que se manda notificar. VI. Nombre y apellidos de la persona a quien se entrega. f).- Además de la cédula, debe entregarse copia simple de la demanda debidamente cotejada y sellada, y en su caso, copias simples de los documentos que el actor haya exhibido con su demanda. g).- Asentar las manifestaciones que haga la persona con quien se entienda el emplazamiento en cuanto a su relación laboral, de parentesco, de negocios, de habitación o cualquier otra existente con el interesado. h).- El actuario debe identificarse ante la persona con quien entienda la diligencia y requerir a ésta a su vez para que se identifique, asentando el resultado. i).- Debe levantarse acta de la diligencia, a la que se agregará copia de la cédula entregada, procurando recabar la firma de la persona con quien se hubiera entendido la notificación. Aunado a lo anterior, es preciso señalar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 107/2020, sentó criterio en el sentido de que si la ley procesal respectiva establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta -como ocurre en la especie- tal enunciado normativo debe interpretarse de conformidad con el artículo 14 constitucional, a fin de concluir que el emplazamiento debe considerarse válido sólo cuando al realizar la certificación en el acta relativa, el actuario o notificador indica, describe o establece cuáles son los anexos documentales con los que corrió traslado. En ese tenor, expuso la Primera Sala del Alto Tribunal que la importancia y trascendencia del emplazamiento ha sido reiteradamente reconocida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalando que la falta de emplazamiento o su defectuosa práctica constituyen la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del procedimiento. Así señaló la Sala que los preceptos que establecen las formalidades del emplazamiento a un procedimiento jurisdiccional deben interpretarse de conformidad con las normas constitucionales que reconocen el derecho de audiencia, al debido proceso y de certeza jurídica y que esto último se traduce en que para considerar que el emplazamiento a juicio cumple con su finalidad constitucional de garantizar al demandado el pleno ejercicio a la defensa, la información que a través de él se proporcione al enjuiciado debe otorgar la suficiente certeza jurídica respecto a la fidelidad de los términos en los que el accionante formuló su demanda y de los documentos que adjuntó a ésta. Asimismo, la Primera Sala asentó que la finalidad legal y constitucional del emplazamiento no es la de proporcionar al demandado cualquier información o información incompleta respecto al juicio instaurado en su contra por la actora, sino que tal finalidad consiste en que el emplazado tenga conocimiento cierto y completo, no únicamente de las prestaciones que se le reclaman, sino de los documentos en los cuales la accionante sustenta su acción, a fin de estar en posibilidad de ejercer plenamente su derecho a la defensa mediante actos jurídicos como contestar la demanda, oponer todas las excepciones que considere pertinentes y, en su caso, aportar las pruebas que considere necesarias para su defensa. Por ello, concluyó la Sala que si la ley procesal respectiva establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, tal enunciado normativo debe interpretarse de conformidad con el artículo 14 constitucional a fin de concluir que el emplazamiento debe considerarse válido sólo cuando al realizar la certificación relativa, el actuario o notificador indica, describe o establece cuáles son esos documentos que se adjuntaron y con cuyas copias corrió traslado y acotó que tal formalidad en el emplazamiento no constituye un requisito irrazonable o difícil de cumplir por parte del actuario o notificador, pues éste sólo debe identificar en el acta de emplazamiento cuáles son, en cada caso, los anexos con cuyas copias corre traslado. Las anteriores consideraciones, encuentran origen en la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 78, Septiembre de 2020, Tomo I, página 204, Décima Época, Registro 2022118, que dice: "EMPLAZAMIENTO. DEBE CONSIDERARSE VÁLIDO SÓLO CUANDO AL REALIZAR LA CERTIFICACIÓN RELATIVA, EL NOTIFICADOR DESCRIBE CUÁLES SON LAS COPIAS DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTARON A LA DEMANDA CON LAS QUE CORRE TRASLADO. Hechos: Los órganos colegiados contendientes analizaron si como requisito de validez del emplazamiento, el actuario o notificador debe describir cuáles son las copias de los documentos que se adjuntaron a la demanda con las que corre traslado. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación arriba a la convicción de que si la ley procesal respectiva establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, tal enunciado normativo debe interpretarse de conformidad con el artículo 14 constitucional, a fin de concluir que el emplazamiento debe considerarse válido sólo cuando al realizar la certificación en el acta relativa, el actuario o notificador indica, describe o establece cuáles son los anexos documentales con los que corrió traslado. Justificación: La importancia y trascendencia del emplazamiento han sido reiteradamente reconocidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señalando que la falta de emplazamiento o su defectuosa práctica constituyen la violación procesal de mayor magnitud y de carácter más grave, puesto que da origen a la omisión de las demás formalidades esenciales del procedimiento. En ese sentido, los preceptos que establecen las formalidades del emplazamiento a un procedimiento jurisdiccional deben interpretarse de conformidad con las normas constitucionales que reconocen el derecho de audiencia, al debido proceso y de certeza jurídica. Esto último se traduce en que para considerar que el emplazamiento a juicio cumple con su finalidad constitucional de garantizar al demandado el pleno ejercicio a la defensa, la información que a través de él se proporcione al enjuiciado debe otorgar la suficiente certeza jurídica respecto a la fidelidad de los términos en los que el accionante formuló su demanda y de los documentos que adjuntó a ésta. Dicho de otro modo, la finalidad legal y constitucional del emplazamiento no es la de proporcionar al demandado cualquier información o información incompleta respecto al juicio instaurado en su contra por la actora, sino que tal finalidad consiste en que el emplazado tenga conocimiento cierto y completo, no únicamente de las prestaciones que se le reclaman, sino de los documentos en los cuales la accionante sustenta su acción, a fin de estar en posibilidad de ejercer plenamente su derecho a la defensa mediante actos jurídicos como contestar la demanda, oponer todas las excepciones que considere pertinentes y, en su caso, aportar las pruebas que considere necesarias para su defensa. Bajo esta lógica, si la ley procesal respectiva establece como formalidad del emplazamiento el entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, tal enunciado normativo debe interpretarse de conformidad con el artículo 14 constitucional a fin de concluir que el emplazamiento debe considerarse válido sólo cuando al realizar la certificación relativa, el actuario o notificador indica, describe o establece cuáles son esos documentos que se adjuntaron y con cuyas copias corrió traslado. Tal formalidad en el emplazamiento no constituye un requisito irrazonable o difícil de cumplir por parte del actuario o notificador, pues éste sólo debe identificar en el acta de emplazamiento cuáles son, en cada caso, los anexos con cuyas copias corre traslado." Ahora, el emplazamiento realizado en el juicio ejecutivo mercantil de origen 388/2018-3 , no cumple con las formalidades del procedimiento, en tanto que en el citatorio, embargo y en la diligencia de emplazamiento se aprecia que el fedatario asentó, esencialmente lo siguiente: En el citatorio de veintiséis de septiembre de dos mil dieciocho (foja 27 del tomo I de pruebas) se asentó: "Para la práctica de una diligencia de carácter judicial, solicito a Usted tenga a bien esperar a la Actuaria adscrita a la Central de Actuarios del Poder Judicial del Estado de Morelos, a las doce horas con cero minutos del día veintiocho del mes de septiembre del año dos mil dieciocho (.)". En la razón del citatorio (fojas 28 y 29 del tomo I de pruebas), se advierte que la actuaria responsable asentó: "que me constituí personalmente en compañía de VICTOR MANUEL PÉREZ AGUILAR, quien dijo ser la parte actora, (.) en la entrada del domicilio ubicado en PRIVADA EL LIMON, NÚMERO 14, DEL FRACCIONAMIENTO EL REPOSO, HUITZILAC, MORELOS, en busca de AGUSTÍN PLIEGO LÓPEZ y cerciorada de encontrarme en la entrada del citado domicilio, por así indicarlo los signos exteriores que se tienen a la vista (.)por lo que procedo a tocar en el portón en repetidas ocasiones, saliendo desde el interior del domicilio, atendiéndome en la entrada una persona, una persona del sexo masculino, quien dijo ser JULIO CÉSAR FLORES RESENDIZ, persona que SI se identifica con Credencial para votar, clave de elector FLRSJL92081624H100, expedida por el Instituto Nacional Electoral, documento el cual se tuvo a la vista en original, en la que contenía el nombre, firma y fotografía la cual concuerda fiel y exactamente con sus rasgos fisionómicos, por lo que previa identificación de la suscrita al preguntarle por la persona que busco, manifiesta que: "no se encuentra, mi tío y su esposa salieron", sin dar más informes al respecto, manifestando bajo protesta de decir verdad ser sobrino de la persona buscada, ambos viven y habitan el domicilio en que se actúa, y el domicilio si es el correcto, es decir, PRIVADA EL LIMÓN, NÚMERO 14, DEL FRACCIONAMIENTO EL REPOSO, HUITZILAC, MORELOS y que en este acto por su conducto se procede a dejarle citatorio a AGUSTÍN PLIEGO LÓPEZ, para que sirva esperar a la suscrita actuaria en la fecha y hora indicada en el mismo (.)." Posteriormente, de la diligencia de embargo de veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho (fojas 30 y 31 del tomo I de pruebas), en lo que interesa, se advierte: "En Huitzilac, Morelos, siendo las doce horas con cero minutos del día veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, la suscrita YURIDIA NATHALIE VALLE CERVANTES, Actuaria Adscrita a la Central de Actuarios del Poder Judicial del Estado (.)que me constituí física y legalmente (.) en el domicilio ubicado en Privada el Limón, número 14, del fraccionamiento el reposo Huitzilac, Morelos, y cerciorada previamente de encontrarme en el domicilio señalado en autos, por así indicarlo los signos exteriores que tengo a la vista (.) en busca de Agustín Pliego López por lo que procedo a tocar en el domicilio antes citado, y me atiende Julio César Flores Reséndiz, quien manifiesta, bajo protesta de decir verdad, ser sobrino del buscado, ambos viven y habitan en el domicilio, el domicilio si es correcto y se identifica INE con clave de elector FLRSJL92081624H100 (.)De enterada la persona que me atiende y una vez que fue leído el contenido de la misma, manifiesta que oye y recibe un tanto de la cédula de emplazamiento, copias de traslado consistentes en demanda, copias de doce pagarés, documentos anexos a la demanda y un tanto de la diligencia practicada y firma de recibido por ser su deseo (.)". Asimismo, en la cédula de emplazamiento de esa misma data (foja 32 del tomo I de pruebas), se desprende en lo que aquí interesa: "De enterada la persona que nos atiende, manifiesta que lo oye y recibe un tanto de la presente cédula de emplazamiento, copias de traslado, consistentes en: demanda, copia de doce pagarés, documentos anexos a la demanda y diligencia practicada, firma por ser su deseo. Finalmente, de la razón de emplazamiento (foja 33 del tomo I de pruebas), se advierte: "Hecho lo anterior, mediante entrega de la cédula en la que se contiene la orden de embargo, así como de la diligencia que se llegue a practicar y con el juego de copias simples de la demanda y de los documentos base de la acción se le corre traslado y emplaza a usted demandado, para que dentro del término de OCHO DÍAS siguientes, comparezca ante este juzgado a hacer paga llana o de contestación a la demanda entablada en su contra u oponga excepciones que permita la ley (.) De enterada la persona que nos atiende, manifiesta que lo oye y recibe cédula de notificación personal, copias de traslado, consistentes en demanda, copia de doce pagarés, documentos anexos a la demanda y SI firma por ser su deseo (.)". De lo anterior, se desprende que al efectuar el emplazamiento a juicio que se reclama en el presente juicio de amparo, la Actuaria señaló que se corrió traslado "mediante entrega de la cédula en la que se contiene la orden de embargo, y con el juego de copias simples de la demanda y de los documentos base de la acción se le corre traslado y emplaza a usted demandado (.) recibe cédula de notificación personal, copias de traslado, consistentes en demanda, doce pagarés, documentos anexos a la demanda"; sin embargo, fue omisa en indicar, describir o establecer cuáles son los documentos anexos con los que corrió traslado pues indicó de modo genérico "documentos base de la acción" así como "documentos anexos a la demanda". Circunstancia que se considera imprescindible a efecto de considerar la validez del emplazamiento como lo establece la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el criterio jurisprudencial citado previamente. Es así toda vez que el Código de Comercio, sí establece como formalidad del emplazamiento entregar copias de traslado de la demanda y demás documentos que se adjuntan a ésta, por lo que tales disposiciones deben interpretarse de conformidad con el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en esa virtud, a efecto de considerar la constitucionalidad del emplazamiento que se controvierte es necesario que el actuario o notificador indique, describa o establezca cuáles son esos documentos con cuyas copias corrió traslado; circunstancia que en la especie no aconteció. En ese contexto, la diligencia de emplazamiento de veintiocho de septiembre de dos mil dieciocho, realizada por la actuaria adscrita a la Central de Actuarios del Poder Judicial del Estado de Morelos, al juicio ejecutivo mercantil con número de expediente 388/2018-3 del índice del Juzgado Noveno Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, trasgrede en perjuicio de la parte quejosa, la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional. Ahora bien, si el emplazamiento a juicio resultó ilegal, ello genera que todas las actuaciones posteriores sigan esa misma suerte, puesto que se ha demostrado que ese juicio natural se llevó a cabo sin la participación de la parte quejosa, por causas no imputables a ella. Al respecto, es aplicable la jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 121-126, Sexta Parte, Séptima Época, página 280 y registro electrónico 252103, de rubro y texto siguientes: "ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE. Si un acto o diligencia de la autoridad está viciado y resulta inconstitucional, todos los actos derivados de él, o que se apoyen en él, o que en alguna forma estén condicionados por él, resultan también inconstitucionales por su origen, y los tribunales no deben darles valor legal, ya que de hacerlo, por una parte alentarían prácticas viciosas, cuyos frutos serían aprovechables por quienes las realizan y, por otra parte, los tribunales se harían en alguna forma partícipes de tal conducta irregular, al otorgar a tales actos valor legal." En esa tesitura, resulta procedente conceder el amparo y protección de la Justicia Federal. Asimismo, se estima que la aplicación de la jurisprudencia 39/2020 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en que se funda la presente determinación, aun cuando no tenía vigencia al momento en que se efectuó el emplazamiento, no implica violación al artículo 217 último párrafo de la Ley de Amparo. Esto se considera así, pues el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que la aplicación de ésta a casos concretos iniciados con anterioridad a su emisión no viola el primer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en razón de que su contenido no equivale a una ley en sentido formal y material, sino que solamente contiene la interpretación de ésta. Apoya a lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XII, Diciembre de 2000, página 16, Novena Época, Registro 190663, que dice: "JURISPRUDENCIA. SU APLICACIÓN NO VIOLA LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY. La Suprema Corte de Justicia de la Nación y los Tribunales Colegiados de Circuito, al sentar jurisprudencia, no sólo interpretan la ley y estudian los aspectos que el legislador no precisó, sino que integran a la norma los alcances que, sin estar contemplados claramente en ella, se producen en una determinada situación; sin embargo, esta "conformación o integración judicial" no constituye una norma jurídica de carácter general, aunque en ocasiones llene las lagunas de ésta, fundándose para ello, no en el arbitrio del Juez, sino en el espíritu de otras disposiciones legales, que estructuran (como unidad) situaciones jurídicas, creando en casos excepcionales normas jurídicas individualizadas, de acuerdo a los principios generales del derecho, de conformidad con lo previsto en el último párrafo del artículo 14 constitucional; tal y como se reconoce en el artículo 94, párrafo sexto, de la Constitución Federal, así como en los numerales 192 y 197 de la Ley de Amparo, en los que se contempla a la interpretación de las normas como materia de la jurisprudencia. Ahora bien, tomando en consideración que la jurisprudencia es la interpretación que los referidos tribunales hacen de la ley, y que aquélla no constituye una norma jurídica nueva equiparable a la ley, ya que no cumple con las características de generalidad, obligatoriedad y abstracción, es inconcuso que al aplicarse, no viola el principio de irretroactividad, consagrado en el artículo 14 constitucional." Aunado a lo anterior, se considera que tal jurisprudencia no tiene efectos retroactivos en perjuicio de persona alguna, ya que no existía una jurisprudencia previa que interpretara o definiera esa hipótesis específica; así como también debido a que en dicho criterio se interpretó el propio Código de Comercio, legislación que es la aplicable en el juicio ejecutivo mercantil de origen. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia del Pleno en Materia Civil del Segundo Circuito, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 22, Febrero de 2023, Tomo III, página 2902, Undécima Época, Registro 2025929, que dice: "JURISPRUDENCIA. NO SE ACTUALIZAN EFECTOS RETROACTIVOS RESPECTO DE LA TESIS 1a./J. 39/2020 (10a.) EMITIDA POR LA PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, AL NO EXISTIR UNA JURISPRUDENCIA PREVIA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios distintos al determinar si era aplicable o no, con efectos retroactivos, la jurisprudencia mencionada, al analizar la validez del emplazamiento reclamado en el juicio de amparo, cuando dicha diligencia se llevó a cabo con anterioridad a la emisión de la tesis aludida. Criterio jurídico: El Pleno en Materia Civil del Segundo Circuito considera que no se generan efectos retroactivos en la aplicación de la tesis 1a./J. 39/2020 (10a.), al no existir jurisprudencia previa que interpretara la misma porción normativa relacionada con la certificación que debe llevar a cabo el notificador al desahogar el emplazamiento y corra traslado con las copias de los documentos que se adjuntaron a la demanda. Justificación: Conforme al artículo 217, último párrafo, de la Ley de Amparo, la jurisprudencia en ningún caso tendrá efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, lo que presupone la existencia de un criterio jurisprudencial previo que interprete la misma hipótesis jurídica que la nueva jurisprudencia, pues sólo en ese supuesto los órganos jurisdiccionales están obligados a resolver un caso conforme al criterio anterior; de ahí que ante la falta de jurisprudencia previa, el juzgador puede hacer uso de su autonomía interpretativa. Así, la aplicación en el juicio de la jurisprudencia 1a./J. 39/2020 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "EMPLAZAMIENTO. DEBE CONSIDERARSE VÁLIDO SÓLO CUANDO AL REALIZAR LA CERTIFICACIÓN RELATIVA, EL NOTIFICADOR DESCRIBE CUÁLES SON LAS COPIAS DE LOS DOCUMENTOS QUE SE ADJUNTARON A LA DEMANDA CON LAS QUE CORRE TRASLADO.", no tiene efectos retroactivos en perjuicio de persona alguna, ya que no existía una jurisprudencia previa que interpretara o definiera esa hipótesis específica, sino una práctica judicial reiterada por un determinado tribunal que, incluso, podría ser distinta a la que adoptara otro tribunal en casos similares." Finalmente, no se desconoce que las partes quejosa y tercera interesada formularon alegatos; sin embargo, no constituye una obligación para este órgano jurisdiccional entrar al estudio de las afirmaciones que se realizan en esa vía, pues la contienda constitucional en el juicio de amparo se constriñe a lo expuesto en la demanda, los informes justificados y las pruebas aportadas, salvo los casos en que se hagan valer causas de improcedencia. Sustenta la consideración que antecede, la jurisprudencia P./J. 27/94, con registro 205449, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de la octava época, Núm. 80, agosto de 1994, materia común, página 14, que dice: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia publicada con el número 42, en la página 67, de la Octava Parte, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1985, sostuvo el criterio de que el Juez de Distrito exclusivamente está obligado a examinar la justificación de los conceptos violatorios contenidos en la demanda constitucional, en relación con los fundamentos del acto reclamado y con los aducidos en el informe con justificación; pero, en rigor, no tiene el deber de analizar directamente las argumentaciones que se hagan valer en los alegatos, ya que no lo exigen los artículos 77 y 155 de la Ley de Amparo; este criterio debe seguir prevaleciendo, no obstante que con posterioridad mediante decreto de treinta de diciembre de mil novecientos ochenta y tres, publicado el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro, se hubiera reformado el artículo 79 de la Ley de Amparo, que faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Jueces de Distrito para corregir los errores que adviertan en la cita de los preceptos constitucionales y legales que se estimen violados, así como examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, "así como los demás razonamientos de las partes", a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pues basta el análisis del citado precepto para advertir que no puede estimarse que tal reforma tuvo como finalidad incorporar forzosamente los alegatos dentro de la controversia constitucional, sino que exclusivamente está autorizando la interpretación de la demanda con el objeto de desentrañar la verdadera intención del quejoso, mediante el análisis íntegro de los argumentos contenidos en la misma y de las demás constancias de autos que se encuentren vinculadas con la materia de la litis, como lo son: el acto reclamado, el informe justificado, y las pruebas aportadas, en congruencia con lo dispuesto por los artículos 116, 147 y 149 de la invocada ley, ya que sólo estos planteamientos pueden formar parte de la litis en el juicio constitucional, además, de que atenta la naturaleza de los alegatos, estos constituyen simples opiniones o conclusiones lógicas de las partes sobre el fundamento de sus respectivas pretensiones, sin que puedan tener la fuerza procesal que la propia ley le reconoce a la demanda y al informe con justificación, por lo que no puede constituir una obligación para el juzgador entrar al estudio de los razonamientos expresados en esos alegatos." SÉPTIMO. Publicación de la sentencia con supresión de datos personales. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6, Base A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así como en los numerales 1, 3, 11, fracción VI, 16, 68, 110, 113, y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos preceptos 1, 3, fracciones IX y X del decreto por el que se expide la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicados en el Diario Oficial de la Federación nueve de mayo de dos mil dieciséis y el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, respectivamente, se hace del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional con el objeto de respetar el derecho humano de acceso a la información elaborará la versión publica protegiendo los datos considerados sensibles, confidenciales o reservados. OCTAVO. Efectos del amparo. Se otorga el amparo a la parte quejosa Yolanda Danae Martínez Moran, en su carácter de albacea testamentaria a bienes de Agustín Pliego López, para el efecto de que el Juez Noveno Familiar del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, realice lo siguiente: Deje sin efectos la diligencia de requerimiento de pago, embargo y emplazamiento realizado a Agustín Pliego López, dentro del juicio ejecutivo mercantil 388/2018-3 de su índice, así como todos los actos posteriores y reponga el procedimiento hasta esa etapa procesal, con base en los lineamientos señalados en la presente sentencia. Resuelva lo que corresponda respecto a un nuevo emplazamiento de la parte demandada, aquí quejosa, ahora por conducto de Yolanda Danae Martínez Moran, en su carácter de albacea testamentaria a bienes de Agustín Pliego López. Remita copia certificada de las constancias con que acredite el debido cumplimiento. Lo anterior, de acuerdo con la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Semanario Judicial de la Federación. Décima Época. Instancia: Primera Sala. Libro 49, Diciembre de 2017, Tomo I. Materia Común, Tesis: 1a./J. 99/2017 (10a.). Página: 287. Registro 2015693, que dice: "EMPLAZAMIENTO. EL AMPARO CONCEDIDO EN SU CONTRA TIENE COMO EFECTO DEJARLO INSUBSISTENTE Y REPONER EL PROCEDIMIENTO DESDE ESA ACTUACIÓN. De los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el 77 de la Ley de Amparo, para que tenga plenos efectos la sentencia estimativa de amparo, es decir, la que declara que el acto reclamado resulta violatorio del orden constitucional por ser contrario a los derechos humanos o las garantías otorgadas para su protección, o porque vulnera la esfera de competencia de la autoridad federal, la soberanía de los Estados o la autonomía de la Ciudad de México, es necesario vincular a la autoridad responsable para que, en el ámbito de su competencia, lleve a cabo la conducta o las actuaciones conducentes para restituir al quejoso en el goce del orden constitucional transgredido en su perjuicio. Así, tratándose de actos de autoridad positivos, se establece que el efecto de la sentencia es restituir al quejoso en el goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, lo cual significa, en el caso específico de la diligencia de emplazamiento donde la violación tiene lugar respecto de la garantía de audiencia prevista en el artículo 14 constitucional, a que el órgano jurisdiccional responsable deje insubsistente la actuación judicial viciada y los actos posteriores, y reponga u ordene reponer el procedimiento para conducirlo hasta su conclusión según las leyes que lo rigen". III. DECISIÓN Por lo expuesto y fundado, y con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 73 a 76 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a YOLANDA DANAE MARTÍNEZ MORAN, EN SU CARÁCTER DE ALBACEA TESTAMENTARIA A BIENES DE AGUSTÍN PLIEGO LÓPEZ, respecto de las autoridades y actos precisados en el considerando segundo, por los motivos y fundamentos expuestos en el diverso sexto y para los efectos precisados en el último considerando de este fallo. Notifíquese.

Quedan 28 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · 15,864 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano