yolanda Cruz santiago
Expediente 461/2015 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado de Puebla. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de junio de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 461/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 23/06/2015
Partes del expediente
- yolanda Cruz santiago
Actuaciones
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, veintitrés de junio de dos mil quince. Agréguese a los autos el oficio 3437/2015 signado por el Actuario del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, y atento a su contenido téngase a la autoridad oficiante informando a este Juzgado que admitió a trámite el recurso de queja interpuesto por los quejosos Yolanda Cruz Santiago y José Jesús Rodríguez García, en contra del proveído dictado el tres de junio de dos mil quince, en el juicio de amparo 461/2015 de esta estadística, de lo que queda enterado el suscrito para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, diecisiete de junio de dos mil quince. Agréguese a los autos el escrito signado por los quejosos Yolanda Cruz Santiago y José Jesús Rodríguez García, por medio del cual interponen recurso de queja en contra del proveído de tres de junio de dos mil quince. Atento a lo anterior, con fundamento en los artículos 97, fracción I, inciso a), y 101 de la nueva Ley de Amparo, ríndase el informe respectivo sobre la materia de la queja al Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito en Turno, fórmese expedientillo de antecedentes y remítase el presente juicio de amparo, el escrito original de expresión de agravios y una copia simple del mismo para el Agente del Ministerio Público Federal adscrito al tribunal que corresponda conocer del recurso de que se habla. Sin que haya lugar a dar vista a las partes por el plazo de tres días para que señalen las constancias que en copia certificada deberán remitirse a la superioridad, según lo dispuesto por el numeral 101 del citado ordenamiento, tomando en consideración que no se admitió a trámite la demanda de amparo. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Andrés Cholula, Puebla, tres de junio de dos mil quince. 1 EXPEDIENTE Y REGISTRO Con la demanda de amparo promovida por Yolanda Cruz Santiago y José Jesús Rodríguez García, contra actos de la Juez Primero de Distrito en Materia Mercantil Especializada en Juicios de Cuantía Menor en el Estado de Puebla; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número estadístico 461/2015; y dése de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. 2 DESECHAMIENTO Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la nueva Ley de Amparo, se desecha la demanda de amparo, ya que se actualiza de manera manifiesta e indudable, una causa de improcedencia. En primer término debe precisarse que de la lectura integral al escrito de demanda se advierte que el acto que en concreto reclama la parte promovente en esta instancia constitucional, lo es el auto de once de mayo de dos mil quince, dictado en el juicio 226/2014-II, a través del cual la Juez Primero de Distrito en Materia Mercantil Especializada en Juicios de Cuantía Menor en el Estado de Puebla, reconoció la cesión de derechos litigiosos realizada por la moral actora en el juicio natural, aquí tercero interesada, Hipotecaria Nacional, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Grupo Financiero BBVA Bancomer, a favor de Cibergestion Administradora de Activos Sociedad Anónima de Capital Variable. Precisado lo anterior, el suscrito juez Federal advierte que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracciones IV y V, está última interpretada a contrario sentido, ambos de la nueva Ley de Amparo, que disponen Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." Las transcritas fracciones establecen los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados en juicio, fuera de juicio o después de concluido. En ese sentido, debe decirse que el Máximo Tribunal del País ha determinado que ante la regla general consistente en que tratándose de los actos dentro de la etapa de ejecución de sentencia sólo procede el amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en esa etapa, cabe excepcionalmente la procedencia del mencionado juicio de amparo, si es que dichos actos tienen sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Por otro lado, de los preceptos citados es posible advertir que por actos de imposible reparación debe entenderse aquéllos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Sobre ese contexto, si el acto reclamado sólo produce una violación procesal, aun cuando pueda calificarse como de grado predominante o superior, no puede ser sujeto de análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues ésta vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado. Lo hasta aquí expuesto nos lleva a concluir que tratándose de los actos dentro de la etapa de ejecución de sentencia sólo procede el amparo indirecto en contra de la última resolución dictada en esa etapa y excepcionalmente podrá proceder el juicio constitucional contra actos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, es decir, que afecten derechos sustantivos. En esa tesitura, reconocer la cesión de derechos litigiosos realizada por la moral actora en el juicio natural, aquí tercero interesada, Hipotecaria Nacional, Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, Entidad Regulada, Grupo Financiero BBVA Bancomer, a favor de Cibergestion Administradora de Activos Sociedad Anónima de Capital Variable, no es un acto de imposible reparación, ya que tal determinación no afecta ningún derecho sustantivo de la parte peticionaria de amparo. Incluso, contrario a lo manifestado por los impetrantes, de dicho acto no depende la suerte de todo el juicio, el cual, como los propios quejosos lo reconocen bajo protesta de decir verdad, ya concluyó con el dictado de la sentencia respectiva y por ende, hasta el momento en el que se presentó la demanda de amparo constituye cosa juzgada. En ese sentido, no es obstáculo a la anterior conclusión el hecho de que los peticionarios de protección federal manifiesten que contra esa sentencia definitiva promovieron juicio de amparo directo del que correspondió conoce al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito y que se encuentra pendiente de resolver, pues una sentencia contra la que no proceda recurso no pierde su calidad de ejecutoria, ni la fuerza de la cosa juzgada, mientras está pendiente de dictarse la sentencia que concluya en definitiva el juicio de amparo, pues en todo caso, dejará de existir jurídicamente cuando se dicte sentencia firme en el amparo en el que se conceda la protección federal, declarando que aquélla no se emitió conforme a la Constitución General de la República. Empero, mientras ello no suceda, la sentencia dictada dentro del juicio natural constituye cosa juzgada y por ende, el acto reclamado en el que la responsable reconoció la cesión de derechos realizada por la parte actora del juicio natural a favor de una tercera persona en nada incide en lo ya resuelto. De tal modo que el acto cuestionado únicamente tiene una afectación adjetiva, pues incide en cuestiones netamente procesales sin que afecte algún derecho sustantivo de la parte quejosa. Por ende, como se adelantó, debe estimarse que el juicio de amparo resulta improcedente en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracciones IV y V, está última interpretada a contrario sentido, ambos de la Ley de Amparo, ya que este tipo de juicio constitucional es un medio extraordinario de análisis de los actos de las autoridades y por ende, procede de forma excepcional contra actos que afecten los derechos sustantivos de los gobernados y no únicamente cuestiones adjectivas. En mérito de lo anterior, al actualizarse la referida causal de improcedencia, con fundamento en el artículo 113 de la nueva Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de garantías de mérito. 3 DOMICILIO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS Se tiene como domicilio de la parte promovente para oír y recibir notificaciones el que indica en el escrito de cuenta y, por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la nueva Ley de Amparo, a José de Jesús Rodríguez Cruz, en virtud de haber acreditado tener inscrita su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. 4 REPRESENTANTE COMÚN Con fundamento en el artículo 13 de la nueva Ley de Amparo, se tiene como representante común a Yolanda Cruz Santiago. 5 HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS, Y NOTIFICACIONES EN ZONA CONURBADA. Con el propósito de evitar dilaciones innecesarias en este asunto, se faculta a los Actuarios de la adscripción a practicar las notificaciones que se les ordenen en este juicio, aun en días y horas inhábiles en términos del artículo 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la nueva Ley de Amparo, según su artículo 2. Ahora bien, en razón de que el artículo 27, fracción II, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, establece que se podrá comisionar al Actuario Judicial de la adscripción para realizar notificaciones en zonas conurbadas y en atención a que mediante Decreto del Ejecutivo del Estado de Puebla, que aprueba la Modificación Parcial al Programa Subregional de Desarrollo Urbano de los Municipios de Cuautlancingo, Puebla, San Andrés Cholula y San Pedro Cholula, publicado en el Periódico Oficial del Estado el tres de marzo de dos mil once, se reconoce la conurbación entre los referidos Municipios, aglutinados en la denominada Reserva Territorial Atlixcáyotl-Quetzalcóatl; en consecuencia, se instruye al Actuario Judicial adscrito a este juzgado para que practique las notificaciones derivadas de este asunto en la referida zona conurbada. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
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