Yolanda Ceja Miranda
Expediente 379/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 26 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 379/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 26
- Última actuación
- 07/11/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Yolanda Ceja Miranda
Actuaciones
Las 4 más recientes de 26.
- Principal
Morelia, Michoacán, siete de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la cuenta precedente, se advierte que por sentencia de once de octubre del dos mil dieciocho se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; asimismo, de la certificación que antecede se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra dicho fallo. Por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Con fundamento en lo establecido en el punto décimo, fracción I, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, archívese el presente asunto como totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración de conformidad con el punto vigésimo primero, fracción IV, del referido Acuerdo conjunto, en razón de que se negó el amparo en el mismo.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 379/2018, promovido por Yolanda Ceja Miranda, por conducto de sus apoderados jurídicos; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el catorce de marzo de dos mil dieciocho (fojas 5-20), en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, Yolanda Ceja Miranda, por conducto de sus apoderados jurídicos Gerardo Saúl Vázquez Ortega y Carlos Gerardo Vázquez López, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Décimo Octavo en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia en la Ciudad de México y de otras autoridades. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Impedimento del Juez Primero de Distrito en el estado de Michoacán. Por razón de turno, correspondió al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán conocer de la demanda de amparo de referencia, por lo que se registró bajo expediente 244/2018 y en proveído de quince de marzo de dos mil dieciocho se declaró legalmente impedido para conocer de la demanda; y, ordenó hacerlo del conocimiento del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito en turno, para que la calificación del impedimento. Por razón de turno, correspondió conocer del mismo al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, órgano colegiado que en sesión de doce de abril de dos mil dieciocho (fojas 89-89), calificó de legal el impedimento y ordenó returnar la demanda al juzgado que correspondiera. Tercero. Avocamiento de este juzgado para conocer de la demanda de amparo. El dos de mayo de dos mil dieciocho (foja 96), este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, se avocó al conocimiento de la demanda; se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se reservó proveer respecto del tercero interesado; se otorgó la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. En proveído de veintiuno de junio de dos mil dieciocho (fojas 163 y 164), se reconoció el carácter de tercero interesado a Raúl Eduardo Dávila Munguía y se ordenó su emplazamiento. Cuarto. Ampliación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el nueve de julio de dos mil dieciocho (fojas 201-205), los apoderados jurídicos de la quejosa, solicitaron la ampliación de la demanda respecto de los conceptos de violación. El diez de julio de dos mil dieciocho (foja 206), este juzgador tuvo a la parte quejosa ampliando su demanda de amparo, por lo que ve a sus conceptos de violación. Finalmente, seguido el juicio por todos sus trámites legales tuvo verificativo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede; y, CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el acto reclamado tiene ejecución en el lugar en el este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se analizará la certeza o inexistencia del acto reclamado, previa fijación del mismo. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 181810, del rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal y atendiendo además al criterio mencionado, los actos reclamados por la parte quejosa, consisten en: Al Juez Décimo Octavo de lo Civil en la Ciudad de México, a los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, al Actuario adscrito al Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán y al Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y del Comercio con sede en esta ciudad ( El ilegal emplazamiento realizado dentro del juicio especial hipotecario 1338/2010 así como todo lo actuado dentro del mismo, entre ellos la sentencia y la orden de desalojo. Al Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y del Comercio, con sede en esta ciudad ( La cancelación de la escritura pública número cinco mil novecientos treinta y la inscripción de la escritura pública número siete mil ochocientos veintisiete, volumen trescientos cinco. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, tomo XI, abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 192097, la cual es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. Son inexistentes los actos reclamados a los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, pues así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados. Negativa que se corrobora con lo manifestado por el Juez Décimo Octavo de lo Civil en la Ciudad de México, por el Juez Cuarto de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Morelia así como por la Actuaria adscrita al mismo, en el sentido de que, ante la primera de dichas autoridades se lleva el juicio especial hipotecario 1338/2010 y respecto de las restantes, que practicaron -vía exhorto- la diligencia de emplazamiento a Yolanda Ceja Miranda. En consecuencia, ante la inexistencia del acto reclamado materia de este considerando, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, por tanto, con apoyo en dicho precepto, procede sobreseer en el juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/20, visible en la página seiscientos veintisiete del tomo IV, segunda parte-2 del Semanario Judicial de la Federación de julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, materia común, octava época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Cuarto. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Juez Décimo Octavo de lo Civil en la Ciudad de México (foja 162), al Juez Cuarto de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Morelia (foja 152) y a la Actuaria adscrita al mismo (foja 109), ya que así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados. Lo anterior se corrobora con las pruebas documentales que acompañó a su informe la autoridad judicial en cita, consistente en las copias certificadas del juicio especial hipotecario 1338/2010 [constante de dos tomo]. Pruebas con valor pleno en términos del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se advierte el acto reclamado; de ahí que se tenga debidamente probada su existencia. Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Quinto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados es necesario examinar la procedencia del juicio constitucional, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Sin embargo, toda vez que las partes no invocaron causal de improcedencia de la acción constitucional ni de manera oficiosa se advierte la existencia de alguna; se procede realizar el estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados. Sexto. Estudio de los conceptos de violación. El promovente de amparo hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo, acorde con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Son infundados los conceptos de violación, sin que en el caso se advierta motivo para suplir la deficiencia de la queja, al tenor de lo establecido en el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo. Para una mejor comprensión del asunto, debe señalarse que el emplazamiento constituye la primera notificación que se hace en el juicio a la parte demandada, por lo que al ser la actuación judicial de mayor trascendencia dentro de un juicio, debe llevarse a cabo conforme a las formalidades establecidas para que se respete la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 constitucional, segundo párrafo, que establece: "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho". En ese sentido, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que el derecho de audiencia obliga a las autoridades -antes de la emisión de un acto privativo- a seguir un juicio en el que se cumplan con las formalidades esenciales del procedimiento siguientes: 1. Notificar al interesado el inicio del procedimiento respectivo, así como sus consecuencias. 2. Dar oportunidad al interesado de ofrecer y desahogar pruebas que en su caso justifiquen su defensa. 3. Permitir al interesado formular alegatos. 4. Emitir una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Dicho criterio se encuentra en la jurisprudencia 47/95, emitida por Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 133, tomo II, Diciembre de mil novecientos noventa y cinco, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 200234, de rubro y texto: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión el afectado." Bajo esa premisa, este órgano jurisdiccional advierte que no se vulneró en perjuicio de la quejosa el contenido del artículo 14 constitucional, toda vez que de la diligencia de catorce de enero de dos mil once (foja 66, tomo de pruebas), practicada en el juicio especial hipotecario 1338/2010, del índice del Juzgado Décimo Octavo de lo Civil en la Ciudad de México, mediante la cual se le emplazó a juicio, se ajusta a lo establecido en el Código de Procedimientos Civiles del Estado. En efecto, los artículos 77, 79 y 88 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, vigente en la fecha en que se llevó a cabo el emplazamiento reclamado, establecen: "Artículo 77. Todos los litigantes en el primer escrito que presenten o en la primera diligencia en que intervengan, deben designar casa ubicada en el lugar del juicio para que se les hagan las notificaciones y se practiquen las diligencias que sean necesarias. Igualmente deben designar la casa en que ha de hacerse la primera notificación a la persona o personas contra quienes promuevan. Cuando un litigante no cumpla con lo previsto en la primera parte de este artículo, las notificaciones, aun las que conforme a las reglas generales deban hacerse personalmente, se harán en los términos de los artículos 85 y 86; si faltan a la segunda parte no se hará notificación alguna a la persona o personas contra quienes se promueva, hasta que se subsane la omisión". "Artículo 79. La primera notificación se hará en la casa designada al efecto y en la persona misma del que deba de ser notificado, y no encontrándolo el notificador y cerciorado de que el notificado vive en dicha casa y está en la población, le dejará citatorio para hora fija dentro de las veinticuatro horas siguientes, y si no espera, se le hará la notificación por instructivo, en el que se expresará el nombre y apellido del promovente, el Tribunal o Juez que mande practicar la diligencia la determinación que se notifique, la fecha y la hora en que se deje y el nombre y apellido de la persona que lo reciba. El instructivo, lo mismo que el citatorio, se entregarán a la esposa, hijos, parientes, domésticos del notificado o a cualquiera otra persona que viva en la casa y si se negaren a recibirlos o ésta se hallare cerrada, el citatorio y el instructivo se fijarán en la forma que previene el artículo 84; de todo lo cual se asentará razón en la diligencia. Si se trata de notificar la demanda, se entregarán además, las copias del traslado, o en su caso, éstas quedarán en la secretaría a disposición del demandado". "Artículo 88. Las notificaciones se harán leyendo íntegramente la determinación que se notifique y deben firmarla la persona que la hace y la que la recibe; si ésta no supiere o no quisiere firmar, lo hará aquélla, haciéndose constar esta circunstancia. Se le dará copia simple de la resolución que se le notifique, si la pidiere y sin necesidad de mandato judicial. En caso de que la requiriera certificada, se observará lo dispuesto por el artículo 68 de este Código". De lo anterior se obtiene que para tener por cumplidas las formalidades en tratándose del emplazamiento a juicio, resulta necesario que el notificador, primeramente, bajo su más estricta responsabilidad y en forma fehaciente, se cerciore de que el domicilio donde se constituye es el designado en autos, que en éste habita la persona que se busca y exponga en el acta los medios por los cuales se enteró de esas circunstancias. Asimismo, que si el aludido fedatario no encuentra al demandado, le dejará citatorio de espera para hora fija dentro de las veinticuatro horas siguientes y si al regreso del notificador, tampoco se encuentra la persona a notificar, no obstante estar debidamente citada, la notificación se practicará mediante instructivo, entregando las copias respectivas al hacer la aludida notificación o dejar el mismo. Sin embargo, dichas formalidades no son necesarias cuando el actuario, una vez constituido en el lugar designado, entienda la diligencia directamente con el demandado, por manifestación propia de quien ante fedatario dice ser la persona buscada, puesto que con ello se satisface el objetivo del emplazamiento a juicio, esto es, el demandado quedará enterado de la pretensión deducida en su contra, del juzgado en el que se encuentra radicado el juicio y del número de expediente que le haya correspondido. En este sentido, el principio de certidumbre jurídica quedará satisfecho desde el momento en que el notificador, al constituirse en el domicilio señalado en autos, logra comunicar directamente al demandado la existencia del juicio seguido en su contra, de manera que, el cercioramiento del domicilio en el que se constituyó y de que la persona con la que entiende la diligencia es el demandado, surge de manera simultánea, ante la manifestación propia del enjuiciado de ser su domicilio el lugar en el que se encuentra constituido el notificador. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 1a./J.55/98 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 68/97, publicada en la página 33, Tomo VIII, noviembre de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO. BASTA QUE EL DILIGENCIARIO ENTIENDA LA ACTUACIÓN DIRECTAMENTE CON EL DEMANDADO, PARA ESTIMAR CUMPLIDO EL CERCIORAMIENTO DEL EXACTO DOMICILIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). De acuerdo con la correcta interpretación del artículo 49, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, el cercioramiento que debe cumplir el actuario que practique la primera notificación a la parte demandada en juicio, debe entenderse en el sentido de que en el evento en que constituido en el lugar designado en la demanda, entienda la diligencia directamente quien ante la fe pública del actuario indique ser el demandado, con ello se cumple el objetivo de que el emplazamiento a juicio quede satisfecho, al ser enterado el enjuiciado de la pretensión deducida en su contra, del juzgado en el que se encuentra radicado el juicio y del número de expediente que le haya correspondido. El principio de certidumbre queda actualizado entonces, desde el momento en que el notificador al constituirse en el domicilio señalado en autos, logra comunicar directamente al demandado la existencia del juicio seguido en su contra y el cercioramiento surge de manera simultánea, ante la manifestación propia de quien ante la fe pública del notificador manifiesta ser el enjuiciado, y que se trata de su domicilio el lugar en el que se encuentra constituido el actuario, lo que excluye la necesidad de servirse de otros medios previos a la realización directa de la diligencia con el demandado, en tanto que no existe algún requisito previsto por una disposición procesal que obligue al notificador a indagar por otros medios, como por ejemplo el dicho de los vecinos de que el lugar designado en autos sea el del demandado, pues es ilógica la necesidad de establecer intermedios para arribar al objetivo esencial del emplazamiento, que es el comunicar directamente al demandado la existencia de la pretensión deducida en su contra y qué mejor forma de cercioramiento que el entender la diligencia directamente con la parte buscada." Ahora bien, en el caso a estudio, se advierte que el catorce de enero de dos mil once, la actuaria responsable, se constituyó en el domicilio de Yolanda Ceja Miranda, ubicado en el número 100 de la calle Loma de Chupio, colonia Residencial Bonanza y/o fracc. Bonanza de esta ciudad, a fin de cumplimentar los autos de veinte de octubre de dos mil diez y tres de enero de dos mil once, emitidos en el juicio especial hipotecario 1338/2010 y exhorto 226/2011; esto es, emplazarla a dicha contienda; por lo que, al haberla encontrado presente se cercioró de que se trataba del domicilio buscado así como de su identidad con el propio dicho de ésta; procedió a hacerle saber el motivo de su visita y le dio lectura íntegra a los autos mencionados; le corrió traslado con las copias simples de la demanda y anexos y la emplazó al juicio de origen; diligencia que se desarrolló en los siguientes términos: "EMPLAZAMIENTO En la ciudad de Morelia, Michoacán, siendo las (:30 horas del día 14 catorce de enero del año 2011 dos mil once, de conformidad con el citatorio dejado, la suscrita actuaria del Juzgado Cuarto de lo Civil de este Distrito Judicial, MARÍA ELENA JIMÉNEZ MORALES, actuando en funciones de Ministro Notificador, me constituí en legal y debida forma en el domicilio de la parte demandad Yolanda Ceja Miranda, sito en el número 100 de la calle Loma de Chupio de la colonia residencial Bonanza y/o fracc Bonanza de esta ciudad, y pese al citatorio dejado a las 13:30 horas del día 13 trece de enero del año 2011 dos mil once, encuentro presente a la propia demandada Yolanda Ceja Miranda persona con quien procedo a entender la diligencia, haciendo constar que es mayor de edad y que vive en el mismo domicilio y que a la vista del suscrito se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales, procediendo a darle lectura íntegra de los autos que se cumplimentan de fecha 20 veinte de octubre de 2010 y 3 tres de enero de 2011 pronunciado dentro del juicio especial hipotecario número 1338/2010 exhorto 226/2011 promovido por HSBC México, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC División F. Acto continuo, con las copias simples de la demanda e instructivo emplazo al (los) demandado (s) por conducto de la persona con quien se entiende la diligencia, para que dentro del término de los 15 quince días más 2 días por razón de la distancia comparezca ante el Juzgado de los autos a contestar la demanda entablada en su contra, bajo apercibimiento legal que en caso de no hacerlo, la misma se tendrá por contestada en sentido afirmativo, salvo prueba en contrario. Acto continuo, en uso de la palabra la persona con quien se entiende la diligencia manifiesta: recibo las copias de traslado y quedo enterada del término para contestar la demanda. Con lo anterior se da por terminada la presente diligencia, levantándose la presente acta para constancia legal, firmado en ella los que intervinieron, supieron y quisieron hacerlo. DOY FE" (foja 66 del cuaderno de pruebas, el resaltado es nuestro). Como puede advertirse de la diligencia transcrita, la misma se realizó conforme a lo dispuesto por el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, en virtud de que la actuaria encargada de realizarla, se constituyó en el domicilio designado en autos para llevar a cabo el emplazamiento de la demandada y entendió la diligencia directamente con ésta (Yolanda Ceja Miranda) con quien se cercioró de estar en el domicilio buscado, pues así lo confirmó la propia demandada; asimismo, se cercioró de la identidad de la demandada (aquí quejosa) con el propio dicho de ésta. Lo cual, permite concluir que se cumplió el objetivo esencial del emplazamiento, dando certidumbre de que la persona contra la que se instauró el juicio estuvo enterada de ello, pues fue con la propia demandada con quien se entendió la diligencia, por lo que la aquí quejosa estuvo en posibilidad de acudir a los tribunales a defender los derechos que le correspondían, quedando así salvaguardada su garantía de audiencia. Por otra parte, en relación a lo manifestado por la quejosa en el sentido de que la actuaria no se cercioró de que el domicilio en el que realizó el emplazamiento haya sido el de la demandada, debe decirse que contrario a su dicho, de la diligencia de emplazamiento se advierte que éste realizó en el domicilio señalado para tal efecto, esto es, en el ubicado en el número 100 de la calle Loma de Chupio, colonia Residencial Bonanza y/o fracc. Bonanza de esta ciudad y en la persona misma de quien debía ser notificado (Yolanda Ceja Miranda). De lo cual se cercioró la Actuaria responsable porque así se lo manifestó la propia demandada al haberla encontrado presente. Además, de conformidad con el criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 68/97, obligatoria para este Tribunal en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, el hecho de que el actuario entienda la diligencia directamente con quien le indicara ser el demandado, como en el caso aconteció, colma el objetivo de que el emplazamiento a juicio quede satisfecho; consecuentemente, al haber entendido la diligencia de emplazamiento directamente con la demandada, por manifestación propia de quien ante el fedatario dijo ser la persona buscada, dicha circunstancia resulta suficiente para estimar cumplido el cercioramiento del exacto domicilio, al haberlo manifestado así la propia enjuiciada; máxime que ésta no desvirtuó con medio alguno dicha aseveración. En tal virtud, el haber entendido la diligencia con la propia demandada quien le manifestó al fedatario estar en el domicilio correcto y ser la persona buscada, excluyen la necesidad de que el actuario judicial responsable, se sirviera de otros medios previos a la realización directa de la diligencia por el demandado, puesto que no existe disposición legal que así lo requiera. Amén que del contenido de la actuación en estudio, se aprecia la firma de Yolanda Ceja Miranda (promovente del amparo); por lo que correspondía a ésta acreditar que la signatura plasmada en la diligencia de emplazamiento de catorce de enero de dos mil once no era de ella; sin que lo hubiere hecho. No es obstáculo a lo anterior, que la quejosa en su escrito de ampliación de demanda hubiere manifestado que el domicilio donde se practicó la diligencia de citatorio y de emplazamiento no era habitado, ni era el domicilio que tenía en esa época, pues no acreditó dicha afirmación. Y si bien la quejosa ofreció prueba testimonial para acreditar dicha afirmación [que no vivía en el domicilio donde se llevó a cabo el emplazamiento]; dicho medio de convicción se declaró desierto en la audiencia constitucional, toda vez que los atestes no comparecieron al desahogo de la misma. Por lo tanto, contrario a lo sostenido por la quejosa, se acredita la eficacia de la actuación de la Actuaria responsable; y, por ende, se estima legal la diligencia de emplazamiento que en esta vía se combate. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la Página 57, Tomo I, Segunda Parte-1 enero a junio de 1988, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "ACTUARIO, LA FE PÚBLICA DE LA QUE SE ENCUENTRA INVESTIDO, NO PUEDE DESVIRTUARSE CON SIMPLES MANIFESTACIONES, CARENTES DE PRUEBAS IDÓNEAS. Es legal el razonamiento del Juez de Distrito, en cuanto estableció que la diligencia de requerimiento de pago y emplazamiento, satisface tanto los requisitos de los artículos 1392 y 1396 del Código de Comercio, como de los diversos 116 y 117 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal , porque como también se precisó en el juicio constitucional, los quejosos no aportaron prueba idónea por virtud de la cual se desvirtuará la fe pública del actuario, en cuanto a lo asentado por éste en la indicada diligencia, y a mayor abundamiento, tampoco justificaron su dicho en el sentido de que en el lugar donde se practicó la aludida diligencia era un domicilio distinto al de los demandados, pues ante tal señalamiento correspondía a los hoy inconformes haber justificado con pruebas idóneas y suficientes cuál era su verdadero domicilio en el momento de la diligencia." También resulta aplicable la jurisprudencia IV.2o. J/4, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, publicada a fojas 265, Tomo I, Mayo de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "NOTIFICACIONES. LEGALIDAD DE LAS. EL ACTUARIO TIENE FE PÚBLICA POR ACTUAR COMO AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. Este funcionario al llevar a cabo las diligencias de notificación, tiene, por disposición de la ley, la calidad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, razón por la que está investido de fe pública; de manera que si asienta que entendió una diligencia de notificación con la persona a quien va dirigida, debe estimarse cierto ese hecho, si no hay prueba que acredite lo contrario." De ahí que se sostenga que la actuaria que llevó a cabo la diligencia en reclamo, cumplió con las exigencias que le impone la ley que rige tales actos y, por tanto, no se vulneró en perjuicio de la quejosa, el derecho de audiencia contemplado en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, opuesto a lo aducido por la quejosa, en la diligencia de emplazamiento en reclamo, se colmaron los requisitos previstos en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán; además, debe precisarse que las actuaciones de los actuarios tienen pleno valor probatorio, ya que éstos están investidos con fe pública, salvo prueba en contrario y como la peticionaria de amparo no ofreció prueba alguna para demostrar lo contrario a lo asentado por el actuario responsable en la diligencia reclamada, se le da crédito a la actuación de dicho fedatario y, por ende, se estima legal la diligencia de emplazamiento que en esta vía se combate. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en la página 202, Tomo XI, Marzo de mil novecientos noventa y tres, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación del tenor siguiente: "ACTUACION JUDICIAL DE UN ACTUARIO. SU VALOR EN JUICIO. No basta para desvirtuar la fe dada por un funcionario judicial, como lo es un actuario, en ejercicio de su encargo, el aseverar que lo asentado por éste es falso; por cuanto que, como se encuentra investido legalmente de fe pública, corresponde a quien impugna esa actuación demostrar, con los medios de prueba idóneos, que son ciertos los vicios, ya sea de forma o materiales, que le atribuye a dicha actuación, y si no se hace así, es evidente que la misma conserva su valor probatorio para tener por cierto que lo ahí asentado corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos o actos jurídicos de los cuales dio fe esa autoridad." En las relatadas condiciones, al resultar infundados los motivos de inconformidad en análisis, sin que se advierta queja deficiente que suplir en términos de la fracción VI del artículo 79 de la Ley de Amparo, lo que procede es negar a la quejosa el amparo solicitado en cuanto al emplazamiento reclamado. Dicha negativa se hace extensiva al diverso acto, consistente en las consecuencias legales del juicio aludido; dado el impedimento técnico para su análisis, pues, al advertir que la quejosa no es extraña al procedimiento, la falta o indebida defensa que tuvo durante ésta sólo le es imputable a ella. De ahí, al determinarse la legalidad del emplazamiento impugnado, debe considerarse que la quejosa estuvo en posibilidad legal de hacer valer los medios de defensa procedentes en contra de las resoluciones que le causaron algún perjuicio, las cuales además, no combate en este juicio de amparo por vicios propios. Séptimo. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Yolanda Ceja Miranda, en contra de los actos de las autoridades precisadas en el considerando segundo de esta sentencia y por los motivos expuesto en el diverso sexto. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy once de octubre de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.
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SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE TERCERA INTERESADA LA SENTENCIA DE FECHA ONCE DE OCTUBRE DE 2018 QUE EN SINTESIS DICE: "...se resuelve: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Yolanda Ceja Miranda, en contra de los actos de las autoridades precisadas en el considerando segundo de esta sentencia y por los motivos expuesto en el diverso sexto. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy once de octubre de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe..."
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Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 379/2018, promovido por Yolanda Ceja Miranda, por conducto de sus apoderados jurídicos; y, RESULTANDO: Primero. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el catorce de marzo de dos mil dieciocho (fojas 5-20), en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Michoacán, Yolanda Ceja Miranda, por conducto de sus apoderados jurídicos Gerardo Saúl Vázquez Ortega y Carlos Gerardo Vázquez López, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Juez Décimo Octavo en Materia Civil del Tribunal Superior de Justicia en la Ciudad de México y de otras autoridades. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1°, 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Impedimento del Juez Primero de Distrito en el estado de Michoacán. Por razón de turno, correspondió al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán conocer de la demanda de amparo de referencia, por lo que se registró bajo expediente 244/2018 y en proveído de quince de marzo de dos mil dieciocho se declaró legalmente impedido para conocer de la demanda; y, ordenó hacerlo del conocimiento del Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito en turno, para que la calificación del impedimento. Por razón de turno, correspondió conocer del mismo al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, órgano colegiado que en sesión de doce de abril de dos mil dieciocho (fojas 89-89), calificó de legal el impedimento y ordenó returnar la demanda al juzgado que correspondiera. Tercero. Avocamiento de este juzgado para conocer de la demanda de amparo. El dos de mayo de dos mil dieciocho (foja 96), este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, se avocó al conocimiento de la demanda; se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; se reservó proveer respecto del tercero interesado; se otorgó la intervención legal que le corresponde al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. En proveído de veintiuno de junio de dos mil dieciocho (fojas 163 y 164), se reconoció el carácter de tercero interesado a Raúl Eduardo Dávila Munguía y se ordenó su emplazamiento. Cuarto. Ampliación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el nueve de julio de dos mil dieciocho (fojas 201-205), los apoderados jurídicos de la quejosa, solicitaron la ampliación de la demanda respecto de los conceptos de violación. El diez de julio de dos mil dieciocho (foja 206), este juzgador tuvo a la parte quejosa ampliando su demanda de amparo, por lo que ve a sus conceptos de violación. Finalmente, seguido el juicio por todos sus trámites legales tuvo verificativo la audiencia constitucional con el resultado consignado en el acta que antecede; y, CONSIDERANDO: Primero. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, tiene competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en términos de lo previsto por los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 107 de la Ley de Amparo, 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y sus modificaciones, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, así como al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, dado que el acto reclamado tiene ejecución en el lugar en el este juzgado ejerce jurisdicción. Segundo. Precisión del acto reclamado. De conformidad con lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se analizará la certeza o inexistencia del acto reclamado, previa fijación del mismo. Al respecto resulta aplicable la tesis aislada P. VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 255, tomo XIX, abril 2004, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 181810, del rubro y texto siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En ese contexto, de conformidad con el citado precepto legal y atendiendo además al criterio mencionado, los actos reclamados por la parte quejosa, consisten en: Al Juez Décimo Octavo de lo Civil en la Ciudad de México, a los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Cuarto, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, al Actuario adscrito al Juzgado Cuarto de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán y al Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y del Comercio con sede en esta ciudad ( El ilegal emplazamiento realizado dentro del juicio especial hipotecario 1338/2010 así como todo lo actuado dentro del mismo, entre ellos la sentencia y la orden de desalojo. Al Director del Registro Público de la Propiedad Raíz y del Comercio, con sede en esta ciudad ( La cancelación de la escritura pública número cinco mil novecientos treinta y la inscripción de la escritura pública número siete mil ochocientos veintisiete, volumen trescientos cinco. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia, P./J. 40/2000 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 32, tomo XI, abril de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Materia Común, registro 192097, la cual es del tenor siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." Tercero. Inexistencia de los actos reclamados. Son inexistentes los actos reclamados a los Jueces Primero, Segundo, Tercero, Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo de Primera Instancia en Materia Civil del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, pues así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados. Negativa que se corrobora con lo manifestado por el Juez Décimo Octavo de lo Civil en la Ciudad de México, por el Juez Cuarto de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Morelia así como por la Actuaria adscrita al mismo, en el sentido de que, ante la primera de dichas autoridades se lleva el juicio especial hipotecario 1338/2010 y respecto de las restantes, que practicaron -vía exhorto- la diligencia de emplazamiento a Yolanda Ceja Miranda. En consecuencia, ante la inexistencia del acto reclamado materia de este considerando, se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo y, por tanto, con apoyo en dicho precepto, procede sobreseer en el juicio de amparo. Es aplicable la jurisprudencia VI.2o. J/20, visible en la página seiscientos veintisiete del tomo IV, segunda parte-2 del Semanario Judicial de la Federación de julio a diciembre de mil novecientos ochenta y nueve, materia común, octava época, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, del rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." Cuarto. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Juez Décimo Octavo de lo Civil en la Ciudad de México (foja 162), al Juez Cuarto de Primera Instancia Civil del Distrito Judicial de Morelia (foja 152) y a la Actuaria adscrita al mismo (foja 109), ya que así lo manifestaron al rendir sus respectivos informes justificados. Lo anterior se corrobora con las pruebas documentales que acompañó a su informe la autoridad judicial en cita, consistente en las copias certificadas del juicio especial hipotecario 1338/2010 [constante de dos tomo]. Pruebas con valor pleno en términos del artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de las que se advierte el acto reclamado; de ahí que se tenga debidamente probada su existencia. Es aplicable al caso, por identidad de razón, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publicó en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Quinto. Análisis de las causales de improcedencia. Determinada la certeza de los actos reclamados es necesario examinar la procedencia del juicio constitucional, ya que en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causales de improcedencia son de estudio preferente, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Sin embargo, toda vez que las partes no invocaron causal de improcedencia de la acción constitucional ni de manera oficiosa se advierte la existencia de alguna; se procede realizar el estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados. Sexto. Estudio de los conceptos de violación. El promovente de amparo hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo, acorde con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010, de rubro y texto siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." Son infundados los conceptos de violación, sin que en el caso se advierta motivo para suplir la deficiencia de la queja, al tenor de lo establecido en el artículo 79, fracción VI, de la Ley de Amparo. Para una mejor comprensión del asunto, debe señalarse que el emplazamiento constituye la primera notificación que se hace en el juicio a la parte demandada, por lo que al ser la actuación judicial de mayor trascendencia dentro de un juicio, debe llevarse a cabo conforme a las formalidades establecidas para que se respete la garantía de audiencia consagrada en el artículo 14 constitucional, segundo párrafo, que establece: "Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho". En ese sentido, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que el derecho de audiencia obliga a las autoridades -antes de la emisión de un acto privativo- a seguir un juicio en el que se cumplan con las formalidades esenciales del procedimiento siguientes: 1. Notificar al interesado el inicio del procedimiento respectivo, así como sus consecuencias. 2. Dar oportunidad al interesado de ofrecer y desahogar pruebas que en su caso justifiquen su defensa. 3. Permitir al interesado formular alegatos. 4. Emitir una resolución que dirima las cuestiones debatidas. Dicho criterio se encuentra en la jurisprudencia 47/95, emitida por Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 133, tomo II, Diciembre de mil novecientos noventa y cinco, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 200234, de rubro y texto: "FORMALIDADES ESENCIALES DEL PROCEDIMIENTO. SON LAS QUE GARANTIZAN UNA ADECUADA Y OPORTUNA DEFENSA PREVIA AL ACTO PRIVATIVO. La garantía de audiencia establecida por el artículo 14 constitucional consiste en otorgar al gobernado la oportunidad de defensa previamente al acto privativo de la vida, libertad, propiedad, posesiones o derechos, y su debido respeto impone a las autoridades, entre otras obligaciones, la de que en el juicio que se siga se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento. Estas son las que resultan necesarias para garantizar la defensa adecuada antes del acto de privación y que, de manera genérica, se traducen en los siguientes requisitos: 1) La notificación del inicio del procedimiento y sus consecuencias; 2) La oportunidad de ofrecer y desahogar las pruebas en que se finque la defensa; 3) La oportunidad de alegar; y 4) El dictado de una resolución que dirima las cuestiones debatidas. De no respetarse estos requisitos, se dejaría de cumplir con el fin de la garantía de audiencia, que es evitar la indefensión el afectado." Bajo esa premisa, este órgano jurisdiccional advierte que no se vulneró en perjuicio de la quejosa el contenido del artículo 14 constitucional, toda vez que de la diligencia de catorce de enero de dos mil once (foja 66, tomo de pruebas), practicada en el juicio especial hipotecario 1338/2010, del índice del Juzgado Décimo Octavo de lo Civil en la Ciudad de México, mediante la cual se le emplazó a juicio, se ajusta a lo establecido en el Código de Procedimientos Civiles del Estado. En efecto, los artículos 77, 79 y 88 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán, vigente en la fecha en que se llevó a cabo el emplazamiento reclamado, establecen: "Artículo 77. Todos los litigantes en el primer escrito que presenten o en la primera diligencia en que intervengan, deben designar casa ubicada en el lugar del juicio para que se les hagan las notificaciones y se practiquen las diligencias que sean necesarias. Igualmente deben designar la casa en que ha de hacerse la primera notificación a la persona o personas contra quienes promuevan. Cuando un litigante no cumpla con lo previsto en la primera parte de este artículo, las notificaciones, aun las que conforme a las reglas generales deban hacerse personalmente, se harán en los términos de los artículos 85 y 86; si faltan a la segunda parte no se hará notificación alguna a la persona o personas contra quienes se promueva, hasta que se subsane la omisión". "Artículo 79. La primera notificación se hará en la casa designada al efecto y en la persona misma del que deba de ser notificado, y no encontrándolo el notificador y cerciorado de que el notificado vive en dicha casa y está en la población, le dejará citatorio para hora fija dentro de las veinticuatro horas siguientes, y si no espera, se le hará la notificación por instructivo, en el que se expresará el nombre y apellido del promovente, el Tribunal o Juez que mande practicar la diligencia la determinación que se notifique, la fecha y la hora en que se deje y el nombre y apellido de la persona que lo reciba. El instructivo, lo mismo que el citatorio, se entregarán a la esposa, hijos, parientes, domésticos del notificado o a cualquiera otra persona que viva en la casa y si se negaren a recibirlos o ésta se hallare cerrada, el citatorio y el instructivo se fijarán en la forma que previene el artículo 84; de todo lo cual se asentará razón en la diligencia. Si se trata de notificar la demanda, se entregarán además, las copias del traslado, o en su caso, éstas quedarán en la secretaría a disposición del demandado". "Artículo 88. Las notificaciones se harán leyendo íntegramente la determinación que se notifique y deben firmarla la persona que la hace y la que la recibe; si ésta no supiere o no quisiere firmar, lo hará aquélla, haciéndose constar esta circunstancia. Se le dará copia simple de la resolución que se le notifique, si la pidiere y sin necesidad de mandato judicial. En caso de que la requiriera certificada, se observará lo dispuesto por el artículo 68 de este Código". De lo anterior se obtiene que para tener por cumplidas las formalidades en tratándose del emplazamiento a juicio, resulta necesario que el notificador, primeramente, bajo su más estricta responsabilidad y en forma fehaciente, se cerciore de que el domicilio donde se constituye es el designado en autos, que en éste habita la persona que se busca y exponga en el acta los medios por los cuales se enteró de esas circunstancias. Asimismo, que si el aludido fedatario no encuentra al demandado, le dejará citatorio de espera para hora fija dentro de las veinticuatro horas siguientes y si al regreso del notificador, tampoco se encuentra la persona a notificar, no obstante estar debidamente citada, la notificación se practicará mediante instructivo, entregando las copias respectivas al hacer la aludida notificación o dejar el mismo. Sin embargo, dichas formalidades no son necesarias cuando el actuario, una vez constituido en el lugar designado, entienda la diligencia directamente con el demandado, por manifestación propia de quien ante fedatario dice ser la persona buscada, puesto que con ello se satisface el objetivo del emplazamiento a juicio, esto es, el demandado quedará enterado de la pretensión deducida en su contra, del juzgado en el que se encuentra radicado el juicio y del número de expediente que le haya correspondido. En este sentido, el principio de certidumbre jurídica quedará satisfecho desde el momento en que el notificador, al constituirse en el domicilio señalado en autos, logra comunicar directamente al demandado la existencia del juicio seguido en su contra, de manera que, el cercioramiento del domicilio en el que se constituyó y de que la persona con la que entiende la diligencia es el demandado, surge de manera simultánea, ante la manifestación propia del enjuiciado de ser su domicilio el lugar en el que se encuentra constituido el notificador. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 1a./J.55/98 emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 68/97, publicada en la página 33, Tomo VIII, noviembre de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "EMPLAZAMIENTO. BASTA QUE EL DILIGENCIARIO ENTIENDA LA ACTUACIÓN DIRECTAMENTE CON EL DEMANDADO, PARA ESTIMAR CUMPLIDO EL CERCIORAMIENTO DEL EXACTO DOMICILIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA). De acuerdo con la correcta interpretación del artículo 49, fracción II, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, el cercioramiento que debe cumplir el actuario que practique la primera notificación a la parte demandada en juicio, debe entenderse en el sentido de que en el evento en que constituido en el lugar designado en la demanda, entienda la diligencia directamente quien ante la fe pública del actuario indique ser el demandado, con ello se cumple el objetivo de que el emplazamiento a juicio quede satisfecho, al ser enterado el enjuiciado de la pretensión deducida en su contra, del juzgado en el que se encuentra radicado el juicio y del número de expediente que le haya correspondido. El principio de certidumbre queda actualizado entonces, desde el momento en que el notificador al constituirse en el domicilio señalado en autos, logra comunicar directamente al demandado la existencia del juicio seguido en su contra y el cercioramiento surge de manera simultánea, ante la manifestación propia de quien ante la fe pública del notificador manifiesta ser el enjuiciado, y que se trata de su domicilio el lugar en el que se encuentra constituido el actuario, lo que excluye la necesidad de servirse de otros medios previos a la realización directa de la diligencia con el demandado, en tanto que no existe algún requisito previsto por una disposición procesal que obligue al notificador a indagar por otros medios, como por ejemplo el dicho de los vecinos de que el lugar designado en autos sea el del demandado, pues es ilógica la necesidad de establecer intermedios para arribar al objetivo esencial del emplazamiento, que es el comunicar directamente al demandado la existencia de la pretensión deducida en su contra y qué mejor forma de cercioramiento que el entender la diligencia directamente con la parte buscada." Ahora bien, en el caso a estudio, se advierte que el catorce de enero de dos mil once, la actuaria responsable, se constituyó en el domicilio de Yolanda Ceja Miranda, ubicado en el número 100 de la calle Loma de Chupio, colonia Residencial Bonanza y/o fracc. Bonanza de esta ciudad, a fin de cumplimentar los autos de veinte de octubre de dos mil diez y tres de enero de dos mil once, emitidos en el juicio especial hipotecario 1338/2010 y exhorto 226/2011; esto es, emplazarla a dicha contienda; por lo que, al haberla encontrado presente se cercioró de que se trataba del domicilio buscado así como de su identidad con el propio dicho de ésta; procedió a hacerle saber el motivo de su visita y le dio lectura íntegra a los autos mencionados; le corrió traslado con las copias simples de la demanda y anexos y la emplazó al juicio de origen; diligencia que se desarrolló en los siguientes términos: "EMPLAZAMIENTO En la ciudad de Morelia, Michoacán, siendo las (:30 horas del día 14 catorce de enero del año 2011 dos mil once, de conformidad con el citatorio dejado, la suscrita actuaria del Juzgado Cuarto de lo Civil de este Distrito Judicial, MARÍA ELENA JIMÉNEZ MORALES, actuando en funciones de Ministro Notificador, me constituí en legal y debida forma en el domicilio de la parte demandad Yolanda Ceja Miranda, sito en el número 100 de la calle Loma de Chupio de la colonia residencial Bonanza y/o fracc Bonanza de esta ciudad, y pese al citatorio dejado a las 13:30 horas del día 13 trece de enero del año 2011 dos mil once, encuentro presente a la propia demandada Yolanda Ceja Miranda persona con quien procedo a entender la diligencia, haciendo constar que es mayor de edad y que vive en el mismo domicilio y que a la vista del suscrito se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales, procediendo a darle lectura íntegra de los autos que se cumplimentan de fecha 20 veinte de octubre de 2010 y 3 tres de enero de 2011 pronunciado dentro del juicio especial hipotecario número 1338/2010 exhorto 226/2011 promovido por HSBC México, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero HSBC División F. Acto continuo, con las copias simples de la demanda e instructivo emplazo al (los) demandado (s) por conducto de la persona con quien se entiende la diligencia, para que dentro del término de los 15 quince días más 2 días por razón de la distancia comparezca ante el Juzgado de los autos a contestar la demanda entablada en su contra, bajo apercibimiento legal que en caso de no hacerlo, la misma se tendrá por contestada en sentido afirmativo, salvo prueba en contrario. Acto continuo, en uso de la palabra la persona con quien se entiende la diligencia manifiesta: recibo las copias de traslado y quedo enterada del término para contestar la demanda. Con lo anterior se da por terminada la presente diligencia, levantándose la presente acta para constancia legal, firmado en ella los que intervinieron, supieron y quisieron hacerlo. DOY FE" (foja 66 del cuaderno de pruebas, el resaltado es nuestro). Como puede advertirse de la diligencia transcrita, la misma se realizó conforme a lo dispuesto por el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Michoacán, en virtud de que la actuaria encargada de realizarla, se constituyó en el domicilio designado en autos para llevar a cabo el emplazamiento de la demandada y entendió la diligencia directamente con ésta (Yolanda Ceja Miranda) con quien se cercioró de estar en el domicilio buscado, pues así lo confirmó la propia demandada; asimismo, se cercioró de la identidad de la demandada (aquí quejosa) con el propio dicho de ésta. Lo cual, permite concluir que se cumplió el objetivo esencial del emplazamiento, dando certidumbre de que la persona contra la que se instauró el juicio estuvo enterada de ello, pues fue con la propia demandada con quien se entendió la diligencia, por lo que la aquí quejosa estuvo en posibilidad de acudir a los tribunales a defender los derechos que le correspondían, quedando así salvaguardada su garantía de audiencia. Por otra parte, en relación a lo manifestado por la quejosa en el sentido de que la actuaria no se cercioró de que el domicilio en el que realizó el emplazamiento haya sido el de la demandada, debe decirse que contrario a su dicho, de la diligencia de emplazamiento se advierte que éste realizó en el domicilio señalado para tal efecto, esto es, en el ubicado en el número 100 de la calle Loma de Chupio, colonia Residencial Bonanza y/o fracc. Bonanza de esta ciudad y en la persona misma de quien debía ser notificado (Yolanda Ceja Miranda). De lo cual se cercioró la Actuaria responsable porque así se lo manifestó la propia demandada al haberla encontrado presente. Además, de conformidad con el criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 68/97, obligatoria para este Tribunal en términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, el hecho de que el actuario entienda la diligencia directamente con quien le indicara ser el demandado, como en el caso aconteció, colma el objetivo de que el emplazamiento a juicio quede satisfecho; consecuentemente, al haber entendido la diligencia de emplazamiento directamente con la demandada, por manifestación propia de quien ante el fedatario dijo ser la persona buscada, dicha circunstancia resulta suficiente para estimar cumplido el cercioramiento del exacto domicilio, al haberlo manifestado así la propia enjuiciada; máxime que ésta no desvirtuó con medio alguno dicha aseveración. En tal virtud, el haber entendido la diligencia con la propia demandada quien le manifestó al fedatario estar en el domicilio correcto y ser la persona buscada, excluyen la necesidad de que el actuario judicial responsable, se sirviera de otros medios previos a la realización directa de la diligencia por el demandado, puesto que no existe disposición legal que así lo requiera. Amén que del contenido de la actuación en estudio, se aprecia la firma de Yolanda Ceja Miranda (promovente del amparo); por lo que correspondía a ésta acreditar que la signatura plasmada en la diligencia de emplazamiento de catorce de enero de dos mil once no era de ella; sin que lo hubiere hecho. No es obstáculo a lo anterior, que la quejosa en su escrito de ampliación de demanda hubiere manifestado que el domicilio donde se practicó la diligencia de citatorio y de emplazamiento no era habitado, ni era el domicilio que tenía en esa época, pues no acreditó dicha afirmación. Y si bien la quejosa ofreció prueba testimonial para acreditar dicha afirmación [que no vivía en el domicilio donde se llevó a cabo el emplazamiento]; dicho medio de convicción se declaró desierto en la audiencia constitucional, toda vez que los atestes no comparecieron al desahogo de la misma. Por lo tanto, contrario a lo sostenido por la quejosa, se acredita la eficacia de la actuación de la Actuaria responsable; y, por ende, se estima legal la diligencia de emplazamiento que en esta vía se combate. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la Página 57, Tomo I, Segunda Parte-1 enero a junio de 1988, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "ACTUARIO, LA FE PÚBLICA DE LA QUE SE ENCUENTRA INVESTIDO, NO PUEDE DESVIRTUARSE CON SIMPLES MANIFESTACIONES, CARENTES DE PRUEBAS IDÓNEAS. Es legal el razonamiento del Juez de Distrito, en cuanto estableció que la diligencia de requerimiento de pago y emplazamiento, satisface tanto los requisitos de los artículos 1392 y 1396 del Código de Comercio, como de los diversos 116 y 117 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal , porque como también se precisó en el juicio constitucional, los quejosos no aportaron prueba idónea por virtud de la cual se desvirtuará la fe pública del actuario, en cuanto a lo asentado por éste en la indicada diligencia, y a mayor abundamiento, tampoco justificaron su dicho en el sentido de que en el lugar donde se practicó la aludida diligencia era un domicilio distinto al de los demandados, pues ante tal señalamiento correspondía a los hoy inconformes haber justificado con pruebas idóneas y suficientes cuál era su verdadero domicilio en el momento de la diligencia." También resulta aplicable la jurisprudencia IV.2o. J/4, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, publicada a fojas 265, Tomo I, Mayo de 1995, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: "NOTIFICACIONES. LEGALIDAD DE LAS. EL ACTUARIO TIENE FE PÚBLICA POR ACTUAR COMO AUTORIDAD EN EJERCICIO DE SUS FUNCIONES. Este funcionario al llevar a cabo las diligencias de notificación, tiene, por disposición de la ley, la calidad de una autoridad en ejercicio de sus funciones, razón por la que está investido de fe pública; de manera que si asienta que entendió una diligencia de notificación con la persona a quien va dirigida, debe estimarse cierto ese hecho, si no hay prueba que acredite lo contrario." De ahí que se sostenga que la actuaria que llevó a cabo la diligencia en reclamo, cumplió con las exigencias que le impone la ley que rige tales actos y, por tanto, no se vulneró en perjuicio de la quejosa, el derecho de audiencia contemplado en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, opuesto a lo aducido por la quejosa, en la diligencia de emplazamiento en reclamo, se colmaron los requisitos previstos en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de Michoacán; además, debe precisarse que las actuaciones de los actuarios tienen pleno valor probatorio, ya que éstos están investidos con fe pública, salvo prueba en contrario y como la peticionaria de amparo no ofreció prueba alguna para demostrar lo contrario a lo asentado por el actuario responsable en la diligencia reclamada, se le da crédito a la actuación de dicho fedatario y, por ende, se estima legal la diligencia de emplazamiento que en esta vía se combate. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en la página 202, Tomo XI, Marzo de mil novecientos noventa y tres, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación del tenor siguiente: "ACTUACION JUDICIAL DE UN ACTUARIO. SU VALOR EN JUICIO. No basta para desvirtuar la fe dada por un funcionario judicial, como lo es un actuario, en ejercicio de su encargo, el aseverar que lo asentado por éste es falso; por cuanto que, como se encuentra investido legalmente de fe pública, corresponde a quien impugna esa actuación demostrar, con los medios de prueba idóneos, que son ciertos los vicios, ya sea de forma o materiales, que le atribuye a dicha actuación, y si no se hace así, es evidente que la misma conserva su valor probatorio para tener por cierto que lo ahí asentado corresponde a la verdad de cómo sucedieron los hechos o actos jurídicos de los cuales dio fe esa autoridad." En las relatadas condiciones, al resultar infundados los motivos de inconformidad en análisis, sin que se advierta queja deficiente que suplir en términos de la fracción VI del artículo 79 de la Ley de Amparo, lo que procede es negar a la quejosa el amparo solicitado en cuanto al emplazamiento reclamado. Dicha negativa se hace extensiva al diverso acto, consistente en las consecuencias legales del juicio aludido; dado el impedimento técnico para su análisis, pues, al advertir que la quejosa no es extraña al procedimiento, la falta o indebida defensa que tuvo durante ésta sólo le es imputable a ella. De ahí, al determinarse la legalidad del emplazamiento impugnado, debe considerarse que la quejosa estuvo en posibilidad legal de hacer valer los medios de defensa procedentes en contra de las resoluciones que le causaron algún perjuicio, las cuales además, no combate en este juicio de amparo por vicios propios. Séptimo. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, está sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada, con apoyo además en lo previsto por la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Así, por lo expuesto y conforme a los artículos 73, 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo, se resuelve: Primero. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Yolanda Ceja Miranda, en contra de los actos de las autoridades precisadas en el considerando segundo de esta sentencia y por los motivos expuesto en el diverso sexto. Segundo. Publíquese la presente sentencia en los términos que se indican en el último considerando de este fallo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy once de octubre de dos mil dieciocho, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada María del Carmen Vieyra Avilés, secretaria que autoriza y da fe.
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