Yolanda Cecilia López Ugalde

Expediente 1042/2015 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 35 actuaciones registradas, la última del 8 de diciembre de 2016.

Datos del expediente

Expediente
1042/2015
Año
2015
Actuaciones
35
Última actuación
08/12/2016

Partes del expediente

  • Zulma Guadalupe Guzman Hernández
  • Yolanda Cecilia López Ugalde
  • Jesús Martín García Moreno
  • Yolanda Cecilia López Ugalde y Otros.
  • Ayda Araceli Reyes Mayorquin
  • Jesús Martín García Moreno y Otros.
  • María Dolores Hernández Moreno
  • Secretario de Educación, con sede en México, Distrito Federal

Actuaciones

Las 4 más recientes de 35.

  1. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, ocho de diciembre de dos mil dieciséis. Vista la certificación secretarial de cuenta, donde aparece que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo sin que la parte quejosa, hubiese recurrido la sentencia de quince de noviembre dos mil dieciséis, dictada en el presente juicio de amparo. Con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia que sobresee HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; consecuentemente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. Por tanto, se ordena el archivo del presente juicio de amparo como asunto totalmente concluido; comuníquese lo anterior a las partes, para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1.- DESTRUIR el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se decretó el sobreseimiento en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental. 2. DESTRUIR el cuaderno original del incidente de suspensión, al haberse negado la suspensión provisional solicitada, acorde con lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo primero del acuerdo general relativo. 3. DESTRUIR el duplicado del cuaderno incidental, en términos de lo dispuesto en la fracción III del punto vigésimo del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 4. TRANSFERIR el cuaderno original del incidente de suspensión junto con el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  2. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, a cinco de septiembre de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido y se ordena agregar en autos para que surta los efectos legales conducentes, el informe justificado rendido por el Director General de Asuntos Jurídicos, en representación de la autoridad responsable Consejera Presidenta de la Junta de Gobierno del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, con sede en Ciudad de México; mismo que se hace del conocimiento de las partes, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo vigente. Como lo solicita la mencionada autoridad responsable, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su informe de cuenta, y por designados como delegados en términos del artículo 9 de la citada ley, a los profesionistas que menciona. Asimismo, con fundamento en el artículo 119, de la Ley de Amparo vigente, téngase ofrecida la prueba documental que acompaña; asimismo, se da vista a las partes con el referido informe y prueba documental que anexa la autoridad responsable, para los efectos legales correspondientes. Tiene aplicación al respecto, la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito con residencia en Ciudad Nezahualcóyotl, Estado de México, publicada el 29 de abril de 2016, en el Semanario Judicial de la Federación, en Materia Común, correspondiente a la Décima Época, con Registro 2011561, del rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. CASOS EN QUE EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ORDENAR SU NOTIFICACIÓN POR LISTA. Si del informe justificado rendido por la autoridad responsable no se advierte la existencia de un nuevo acto reclamado, de una diversa autoridad no señalada inicialmente por el agraviado o que mediante él se den a conocer los fundamentos y motivos del acto que impugna y alegó desconocer, el Juez de Distrito deberá ordenar su notificación por lista de acuerdos, ya que sólo si se actualiza alguno de los referidos supuestos tendría que efectuarse personalmente porque, de no hacerlo así, se dejaría en estado de indefensión al quejoso, pues no tendría otro momento para impugnar esos aspectos, cobrando aplicación, en ese caso, la fracción I, inciso k), del artículo 26 de la Ley de Amparo, que consigna la facultad del juzgador para hacerlo así cuando lo amerite." NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, veinticinco de agosto de dos mil dieciséis. Vistos los autos, se advierte que la autoridad responsable Consejera Presidenta del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, con sede en Ciudad de México, no ha rendido su informe justificado, ni existe constancia de la tarjeta acuse de recibo relativa al oficio 42217/2016, de veinticinco de julio del año en curso, por el que se reexpidió el diverso 6579/2016, en el que se solicitó el referido informe; mismo que fue depositado en la Administración Postal de esta ciudad, el veintiocho de julio de dos mil dieciséis. Para dar margen a lo anterior, la audiencia constitucional programada para hoy, SE DIFIERE para que tenga verificativo a las NUEVE HORAS CON DOS MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECISÉIS. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Mazatlán, Sinaloa, a doce de agosto de dos mil dieciséis. Se tiene por recibido el informe justificado rendido por la Directora en ausencia y suplencia del Coordinador Nacional del Servicio Profesional Docente de la Secretaría de Educación Pública, con residencia en la Ciudad de México; el cual se hace del conocimiento de las partes, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo vigente. Como lo solicita la autoridad responsable, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su informe de cuenta, y por designado como delegado en términos del artículo 9 de la citada ley, al profesionista que menciona. En cuanto a la oposición para la publicación de datos personales que realiza la autoridad responsable, dígase que no ha lugar a acordar de conformidad, al existir disposición expresa que, en su carácter de autoridad responsable en este juicio, lo obliga a transparentar y permitir el acceso a la información que tenga en posesión, protegiendo los datos personales que obren en su poder, ello en términos de los numerales 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Es orientadora al tema, la tesis XIII.3o.12 A, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Tercer Circuito, visible en la página 2518, Tomo XXIII, enero de 2006, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA GUBERNAMENTAL. LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS DATOS PERSONALES SÓLO CONSTITUYE UN DERECHO PARA LAS PERSONAS FÍSICAS MAS NO DE LAS MORALES (AUTORIDADES RESPONSABLES). De la interpretación sistemática de los artículos 1, 3, 4, 8, 18 a 22 y 61 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con el Acuerdo General 76/2003, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que modifica los artículos 19 y tercero transitorio del Acuerdo General 30/2003, que establece los órganos, criterios y procedimientos institucionales para la transparencia y acceso a la información pública para ese órgano del Poder Judicial de la Federación, los Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito, se advierte que entre los objetivos de la ley citada se encuentra el garantizar la protección de los datos personales en posesión de los sujetos obligados, es decir, la información concerniente a una persona física, identificada o identificable, y para lograrlo otorgó facultades al Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el que dictó los acuerdos correspondientes, estableciendo en relación con los datos personales de las partes, que con el fin de respetar cabalmente tal derecho, al hacerse públicas las sentencias, se omitirán cuando manifiesten su oposición de manera expresa, e impuso a los órganos jurisdiccionales la obligación de que en el primer acuerdo que dicten en los asuntos de su competencia, señalen a las partes el derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros, a esa publicación, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos; de donde se concluye que la protección de los datos personales de referencia sólo constituye un derecho para las personas físicas, pues así lo señala la fracción II del artículo 3 de la ley mencionada, al indicar que por aquéllos debe entenderse la información concerniente a una persona física identificada o identificable, excluyendo así a las personas morales, entre las que se encuentran las autoridades responsables." Finalmente, se autoriza a la citada autoridad, realizar la reproducción de las actuaciones judiciales que integran el presente expediente, mediante el empleo de lector óptico, fotográfico, escáner o algún otro medio electrónico. Lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 signada por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el cual autoriza el uso de medios electrónicos para imponerse de los acuerdos dictados en el presente expediente. Notifíquese.

Quedan 31 actuaciones en este expediente

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