Yolanda Cecena Palacios

Expediente 338/2018 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 27 actuaciones registradas, la última del 27 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
338/2018
Año
2018
Actuaciones
27
Última actuación
27/07/2022

Partes del expediente

  • Yolanda Cecena Palacios
  • Lobsam Yee Gastélum
  • Consejo Municipal de Catastro Inmobiliaio de Playas de Rosarito
  • Yolanda Cecena Palacios y Otros.
  • Congreso del Estado de Baja California, Mexicali

Actuaciones

Las 4 más recientes de 27.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, veintisiete de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación de la que se aprecia que la parte quejosa hizo manifestaciones en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo emitida en el presente juicio. En consecuencia, con apoyo en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar las constancias que obran en autos para determinar si dicho fallo se encuentra cumplido o no. En el presente asunto, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal, para los efectos siguientes: a) Se desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa los artículos 8, 9, 10 y 11 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Playas de Rosarito, Baja California, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, que son los impuestos al Fomento Deportivo y Educacional, y al Fomento Turístico, Desarrollo Integral de la Familia y Promoción de la Cultura, en relación con el numeral 75 Bis A de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Baja California. b) La protección constitucional se hace extensiva al acto de aplicación, consistente en la declaración de pago de ocho de febrero de dos mil dieciocho, consignada en los recibos relativos a los predios identificados con clave catastral: RZ-040-012, RZ040-006, BJ-033-045, RZ-040-043 y BJ-037-001. [hojas 30 a 32]. c) En consecuencia, el Tesorero Municipal de Playas de Rosarito, Baja California, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia y en una sola exhibición devuelva a la parte impetrante el pago que realizó el ocho de febrero del año en curso, referente a los impuestos relativos al Fomento Deportivo y Educacional; y, al Fomento Turístico, Desarrollo Integral de la Familia y Promoción de la Cultura, de los inmuebles registrados con clave catastral: RZ-040-012, RZ-040-006, BJ-033045, RZ-040-043 y BJ-037-001." Posteriormente, se requirió a la autoridad vinculada su cumplimiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 192 de la Ley de Amparo, quien informó lo conducente y remitió las constancias atinentes; documentales públicas a las que se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Ahora, del examen de los documentos remitidos por la responsable y la parte quejosa, se colige que se cumplió con la sentencia de amparo, pues la promovente recibió mediante cheque la cantidad de $2,720.38 (dos mil setecientos veinte pesos con treinta y ocho centavos, moneda nacional), por concepto del monto actualizado de la devolución de los impuestos para el fomento deportivo y educacional, y al fomento turístico, desarrollo integral de la familia y promoción de la cultura, que la impetrante enteró respecto de los inmuebles materia del presente asunto; por ello resulta procedente declarar que la ejecutoria de amparo ha quedado debidamente cumplida. Por tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, ni documentos originales que devolver, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. En otro aspecto, de conformidad con el capítulo quinto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se establece que el presente expediente no es de relevancia documental, virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos establecidos en el artículo 15 del citado acuerdo; en consecuencia, hágase la anotación correspondiente en la carátula del cuaderno en que se actúa. Ahora, en cumplimento con el artículo 18, fracción I, inciso b), del citado acuerdo, se establece que el cuaderno principal, es susceptible de depuración, por haberse otorgado el amparo y protección de la Justicia Federal, estableciéndose como fecha probable para tal efecto el uno de agosto de dos mil veinticinco. En su oportunidad, remítase el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, en cumplimiento al último párrafo del punto décimo primero del acuerdo en comento, se requiere a las partes, para que dentro del término de noventa días, legalmente computado, en caso de haber exhibido documentación original y/o fotocopias certificadas, comparezcan ante este tribunal a realizar las gestiones necesarias para su devolución, apercibiéndoles que de no hacerlo así, tales probanzas serán destruidas.

  2. Principal

    Tijuana, Baja California, siete de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se aprecia que la quejosa no hizo manifestación en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con apoyo en el segundo párrafo del artículo 196 de la Ley de Amparo, se procede a analizar las constancias que obran en autos para determinar si dicho fallo se encuentra cumplido o no. En el presente asunto, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a Yolba Gastélum De Yee, también conocida como Yolba Gastélum Orci, para los efectos siguientes: "[.] se precisan los efectos del presente fallo constitucional: Se desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa los artículos 8, 9, 10 y 11 de la Ley de Ingresos para el Municipio de Playas de Rosarito, Baja California, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, que son los impuestos al Fomento Deportivo y Educacional, y al Fomento Turístico, Desarrollo Integral de la Familia y Promoción de la Cultura, en relación con el numeral 75 Bis A de la Ley de Hacienda Municipal del Estado de Baja California. La protección constitucional se hace extensiva al acto de aplicación, consistente en la declaración de pago de ocho de febrero de dos mil dieciocho, consignada en los recibos relativos a los predios identificados con clave catastral: RZ-040-012, RZ-040-006, BJ-033-045, RZ-040-043 y BJ-037-001. [hojas 30 a 32]. En consecuencia, el Tesorero Municipal de Playas de Rosarito, Baja California, una vez que cause ejecutoria la presente sentencia y en una sola exhibición devuelva a la parte impetrante el pago que realizó el ocho de febrero del año en curso, referente a los impuestos relativos al Fomento Deportivo y Educacional; y, al Fomento Turístico, Desarrollo Integral de la Familia y Promoción de la Cultura, de los inmuebles registrados con clave catastral: RZ-040-012, RZ-040-006, BJ-033-045, RZ-040-043 y BJ-037-001." Se requirió a la autoridad vinculada, para que diera cumplimiento con el fallo protector, quien informó lo conducente y remitió copia certificada de las constancias con las que aduce acreditar su aserto, a las que se les otorga pleno valor demostrativo en términos de los artículos 129 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. Ahora bien, de las constancias remitidas se desprende que la autoridad responsable expidió un cheque a favor de la quejosa por la cantidad de $2,720.38 (dos mil setecientos veinte pesos con treinta y ocho centavos, moneda nacional), la cual corresponde al monto actualizado de la devolución de los impuestos para el fomento deportivo y educacional, y al fomento turístico, desarrollo integral de la familia y promoción de la cultura, que la impetrante de garantías enteró respecto de los inmuebles materia del presente asunto. Mediante autos de veintiséis de julio, dos de septiembre, veintiocho de septiembre, diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno; y, veinticuatro de febrero y veinticuatro de mayo del año en curso, se requirio a la quejosa para que se presentara ante la Tesoreria Municipal del Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Baja California, para el cobro del cheque puesto a su disposición; sin embargo, ha sido omisa en atender tales requerimientos, a pesar de encontrarse debidamente notificada, como se advierte de las razones actuariales respectivas. Aunado a que la autoridad responsable, mediante oficio recibido el veintitrés de mayo del año en curso, informó que la peticionaria de amparo, no se ha presentado a cobrar el titulo de crédito mencionado. En ese contexto, ante la actitud contumaz de la quejosa en acudir a recibir el título de crédito expedido a su favor, resulta procedente declarar que la ejecutoria de amparo no ha quedado debidamente cumplida. Sirve de apoyo la jurisprudencia XVIII.1o.P.A. J/1 (10a.) del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Octavo Circuito, consultable en la página 2353, libro 54, mayo de 2018, tomo III, décima época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "SENTENCIAS DE AMPARO. FORMA DE VERIFICAR SU CUMPLIMIENTO CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE QUEDÓ VINCULADA A DEVOLVER AL QUEJOSO DETERMINADA CANTIDAD) En las sentencias que concedan el amparo para el efecto de que no se aplique al quejoso el precepto declarado inconstitucional y se le restituyan las cantidades enteradas con apoyo en éste, la autoridad responsable vinculada deberá acreditar fehacientemente que las reintegró pues, de lo contrario, la sentencia no estará cumplida. En efecto, en los autos del juicio de amparo debe quedar demostrado de forma irrefutable que se devolvieron las cantidades correspondientes, pues no basta que la autoridad entregue al afectado, por ejemplo, un cheque, si no cubre el requisito de ser certificado o de caja, característica que generaría certeza sobre la existencia de fondos en determinada cuenta bancaria para cubrir el monto que ampara el documento y así cumplir con la obligación impuesta, o que manifieste haber puesto a su disposición una orden de pago simple o el cheque que ampare la cantidad ordenada o, incluso, que conste que el quejoso recibió cualquiera de esos documentos, pues solamente se dará cumplimiento al fallo cuando se haga el pago de los montos relativos. Ahora bien, si las autoridades responsables deciden cumplir con el pago mediante un billete de depósito o con un cheque de caja o certificado, deberán poner el documento original a disposición del particular ante el Juez de Distrito que conozca del juicio de amparo; si resuelven devolver la cantidad por una transferencia bancaria, deberán acreditar haberla realizado a la cuenta cuyo titular sea el quejoso y que éste haya solicitado el pago en esta forma, o bien, si no lo hicieran por dichos medios, debe probarse que aquél cobró el documento entregado. Por tanto, será a partir del momento en que la autoridad responsable exhiba el documento original (billete de depósito o cheque de caja o certificado), acredite haber realizado la transferencia bancaria al quejoso, o quede demostrado que le pagó la cantidad ordenada, cuando el Juez de Distrito deberá dar vista con las constancias relativas al cumplimiento, para que las partes realicen las manifestaciones que consideren pertinentes, pues en caso de no constar la recepción del pago correspondiente, la sentencia no estará cumplida." [Énfasis añadido] En tal contexto, se le requiere nuevamente a la quejosa para que dentro del plazo de tres días, legalmente computado, acuda a la citada dependencia para la entrega del cheque respectivo o en su caso manifieste el impedimento legal que tenga para ello; apercibida que de no dar cumplimiento, o no informar el impedimento legal que se tenga para ello, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, se impondrá a quien corresponda una multa de cincuenta a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio.

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, veinte de abril de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que el Tesorero Municipal del Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Baja California, no ha cumplido con el requerimiento formulado el veinticuatro de febrero del actual. Por tanto, requiérasele nuevamente al titular de la autoridad vinculada, para que informe si tiene constancia de la recepción del cheque expedido a nombre de la quejosa Yolba Gastélum de Yee, también conocida como Yolba Gastélum Orcí, y en su caso, remita las constancias que así lo acrediten, en el entendido que subsisten los apercibimientos correspondientes. Notifíquese.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. Visto el estado de autos, se advierte que a la fecha la parte quejosa no ha comparecido ante las oficinas de la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Playas de Rosarito, Baja California, a recoger el cheque puesto a su disposición; en consecuencia, requiérasele nuevamente para que en el plazo de tres días, legalmente computado, acuda a la citada dependencia o en su caso manifieste el impedimento legal que tenga para ello; apercibida que de no dar cumplimiento a lo anterior, se resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las autoridades responsables, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo. De igual forma, requiérase al titular de la autoridad señalada, para que informe si tiene constancia de la recepción del cheque expedido a nombre de la quejosa Yolba Gastélum de Yee, también conocida como Yolba Gastélum Orcí, y en su caso, remita las constancias que así lo acrediten. Por tanto, se le apercibe que de no dar cumplimiento, o no informar el impedimento que se tenga para ello, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, se impondrá a quien corresponda una multa de cincuenta a mil días del valor diario de la Unidad de Medida y Actualización vigente a la fecha que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio.

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