Yolanda Carmona Leyva

Expediente 1897/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua. 3 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1897/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
09/12/2021

Partes del expediente

  • Yolanda Carmona Leyva

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha la autoridad Tesorero del Municipio de Chihuahua, con sede en esta ciudad, no ha dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, no obstante haber fenecido el término otorgado para ello en el auto de veintiocho de abril del año en curso. II. REQUERIMIENTO. En consecuencia, requiérase nuevamente a la citada responsable, para que en el plazo de tres días, contado a partir del día siguiente al en que tenga conocimiento del presente proveído, dé cumplimiento a la ejecutoria dictada en autos; en el entendido de que en caso de incumplir, de conformidad con lo establecido en los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa por el equivalente a CIEN VECES el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización y, en su oportunidad, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de Circuito, de acuerdo al artículo 193 de la ley de la materia, para seguir el trámite de inejecución de sentencia, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación ante autoridad competente. III. SE COMUNICA A LAS PARTES LA ADSCRIPCIÓN DE LA TITULAR. Por otra parte, infórmese a las partes que en sesión ordinaria celebrada el veinte de octubre de dos mil veintiuno, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal acordó la primera adscripción de la Jueza Flor Verenisse Gómez Peinado a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, en lugar de la Jueza María Guadalupe Contreras Jurado, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno; lo anterior a fin de que, de ser el caso, estén en posibilidad de promover recusación. Notifíquese.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por ******, en su carácter de quejosa, mediante el cual da cumplimiento a la prevención de doce del mes y año en curso y al efecto manifiesta los antecedentes del acto reclamado. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el acto reclamado consiste en el auto de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, dictado dentro del expediente 513/2018, del índice del Juez Tercero de lo Civil por Audiencias del Distrito Judicial Morelos, con sede en esta ciudad, en el que se declaró que no ha lugar a tener a la parte actora designando como perito al profesionista que refirió, toda vez que la documental que exhibió para tal efecto, no colmó alguno de los supuestos para ejercer la especialidad de valuación de inmuebles. De la interpretación armónica de las disposiciones trascritas, se obtiene que cuando el amparo se solicita contra actos de ejecución de sentencia, sólo será procedente contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, siendo ésta la que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente. De ahí que, en el caso particular, no se surta la hipótesis de procedencia del amparo indirecto, toda vez que la parte quejosa no reclama la última resolución recaída en la etapa de ejecución de sentencia, sino que reclama la determinación de la autoridad responsable de no tener por admitido como perito al profesionista que designó para tal efecto por no acreditar la especialidad en valuación de inmuebles. La causa de improcedencia invocada establece que las resoluciones intermedias que hayan sido dictadas después de concluido el juicio, esto es, en el período de ejecución de sentencia, no son combatibles a través del juicio de amparo, toda vez que es voluntad del legislador de evitar abusos en la promoción del juicio de amparo y no obstaculizar el cumplimiento de sentencias ejecutorias, las cuales, por razones de interés social, no se pueden entorpecer o dilatar por mandato expreso y categórico del artículo 17, de la Constitución General de la República. Luego, es evidente que el acuerdo reclamado, a saber, la determinación de la autoridad responsable de no tener por admitido como perito al profesionista que designó la parte actora en el juicio de origen, es un acto que ha sido emitido en la etapa de ejecución, empero, no es la última resolución de esa etapa, por lo cual, no es procedente el amparo indirecto en su contra. En efecto, es inconcuso que la determinación impugnada no constituye la "última resolución" en el procedimiento de ejecución, en virtud de que, en ella no se aprueba ni reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, así como tampoco declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, ni ordena el archivo definitivo del expediente. De ahí que el acto reclamado no pueda ser estudiado a través del juicio constitucional, sino hasta en tanto se pronuncie aquella última decisión que culmine el procedimiento de ejecución, momento en el que, válidamente podrá impugnar todas las violaciones que, habiendo sido oportunamente preparadas, hayan dejado a la parte quejosa sin defensa y que sean de imposible reparación. Sin embargo, en la resolución que ahora se reclama no se ordena en forma definitiva el otorgamiento de la escritura de adjudicación o la entrega de bienes rematados, tampoco se determinó en ella, que se aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, ni se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, como tampoco se ordena el archivo definitivo del expediente, lo cual evidencia que no se ubica en ninguna de las hipótesis de procedencia del amparo previstas en el artículo 107, fracción IV, de la Ley de la materia. Por otra parte, tampoco constituye una resolución autónoma que afecte derechos sustantivos del promovente, puesto que, el auto impugnado, se encuentra directamente encaminado a obtener el cumplimiento de una sentencia con carácter de cosa juzgada, por lo cual, en el supuesto de que se llegara a configurar una violación que deje sin defensa a la quejosa y trascienda al resultado del fallo, ello lo podrá hacer valer de impugnarse la última resolución que en ese procedimiento se emitiera. De ahí que, el acto reclamado no puede ser estudiado a través del juicio constitucional, sino hasta en tanto se pronuncie aquella última resolución que culmine la etapa de ejecución, momento en el que, válidamente podrá impugnar todas las violaciones que, habiendo sido oportunamente preparadas, lo hayan dejado sin defensa y trasciendan al resultado del fallo. Lo anterior encuentra apoyo en el contenido del artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo y, conforme al criterio trascrito con antelación, se aprecia que la intención del legislador es evitar la proliferación de juicios de amparo en la referida etapa en los que se alegara cualquier violación, que impidan la ejecución de sentencias con categoría de cosa juzgada, cuyo cumplimiento es de interés social y orden público. Consecuentemente, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia invocada; con fundamento en lo dispuesto por el artículo 61, fracción XXIII, en relación al 107, fracción IV, de la ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo analizada y su ampliación, por ser notoria y manifiesta su improcedencia. Por otra parte, infórmese a las partes que en sesión ordinaria celebrada el veinte de octubre de dos mil veintiuno, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal acordó la primera adscripción de la Jueza Flor Verenisse Gómez Peinado a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, en lugar de la Jueza María Guadalupe Contreras Jurado, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno; lo anterior a fin de que, de ser el caso, estén en posibilidad de promover recusación.

  3. Principal

    Agréguese el *****, signado por los Integrantes de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje, firmando el Presidente Auxiliar por ausencia temporal del titular, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa sobre el cumplimiento que dice dar a la sentencia de amparo pronunciada en este juicio y para tal efecto remite copia certificada del acuerdo de diez de noviembre del año en curso, mediante el cual se cerró la instrucción dentro del juicio laboral ******. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196, primer párrafo de la Ley de Amparo vigente, dese vista de lo anterior a la parte quejosa, para que, en el plazo de tres días, contado a partir de que quede legalmente notificada del presente proveído, exprese lo que a sus intereses convenga. En el entendido de que, transcurrido dicho plazo, este órgano de control constitucional dictará resolución fundada y motivada que declare si la sentencia dictada en este juicio de Amparo, está cumplida o no, si se incurrió en exceso o defecto, o bien, si hay imposibilidad para cumplirse.

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