Yolanda Cabral Soto
Expediente 881/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de diciembre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 881/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 23/12/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Yolanda Cabral Soto
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
El veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve, Juan García Trejo, secretario de juzgado CERTIFICA: Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Que el término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, transcurrió para la parte quejosa del nueve al veinte de diciembre del año en curso. Que no existen constancias por devolver a la autoridad responsable. No se aperturó incidente de suspensión, por lo que no se exhibió billete de depósito o algún otro medio de garantía que amerite proveer su destino. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, veintitrés de diciembre de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se advierte que la parte quejosa no interpuso recurso de revisión contra el auto dictado el veintinueve de noviembre del año en curso, en el que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio de derechos; por tanto, con apoyo en lo previsto por los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicho proveído HA CAUSADO ESTADO. En mérito de lo anterior, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la ley de la materia en consulta, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, y archívese el presente expediente como asunto concluido. Consecuentemente, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente ES DESTRUIBLE, en razón de que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia, por lo que no reviste valor jurídico o histórico que amerite su conservación. Asimismo, dese el trámite correspondiente establecido en el punto décimo primero del Acuerdo en mención. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Álvaro Augusto Álvarez Rendón, secretario del Juzgado Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, encargado del despacho por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de conformidad con el oficio CCJ/ST/6937/2019 de veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, y con las facultades derivadas de la interpretación que de ese artículo realizó la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia publicada en la página 716 del Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es del tenor siguiente: "SECRETARIOS DE JUZGADO DE DISTRITO. LA AUTORIZACIÓN CONFERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA SUSTITUIR AL JUEZ DURANTE SU PERIODO VACACIONAL, IMPLICA LA FACULTAD DE DICTAR EL FALLO DEFINITIVO TANTO EN JUICIOS DE AMPARO COMO EN PROCEDIMIENTOS DE DIVERSA MATERIA.", ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Olivia
- Principal
El veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, se da cuenta con la promoción registrada con el folio 17934 y el anexo que se adjunta. CONSTE.****************************************Zacatecas, Zacatecas, veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve.********************Agréguese a los autos para que obre como corresponda la promoción de cuenta signada por la presidenta de la Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Especial de Conciliación y Arbitraje del estado de Zacatecas, con sede en Guadalupe, por el que en cumplimiento al requerimiento formulado por este juzgado en proveído de veintiséis del presente mes y año, remite el original del juicio laboral ******************** de su índice.********************Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase como prueba de la mencionada responsable las constancias que integran el expediente labora supracitado, las que dada su propia y especial naturaleza se tienen desahogadas.********************Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que durante la tramitación del juicio en que se actúa ha cobrado vigencia la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece:********************"Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: ********************. . . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado."****************************************La improcedencia de mérito se justifica por la imposibilidad de materializar el fin que sustenta la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija.********************Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia.********************Así pues, la causa de improcedencia del juicio de derechos consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.********************De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado.********************Sustenta el anterior criterio, dada la identidad jurídica entre los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo que se interpreta, y los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido literal es, el siguiente: ********************"CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." ****************************************Así como la diversa jurisprudencia III.2o.C J/22 sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en la página 1579, tomo XXIII, Febrero de 2006, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del siguiente tenor: ********************"ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo."****************************************En el caso, el quejoso reclama a la autoridad responsable la omisión de emitir la resolución interlocutoria de competencia dentro del expediente laboral ********************.********************De la promoción de cuenta, así como de las constancias que anexa la autoridad responsable, se advierte que el veintiuno de noviembre del presente año, se emitió la resolución de competencia de que se duele la parte quejosa, la cual fue notificada a las partes el veintiocho de noviembre del presente año (fojas 186 a 193, respectivamente del cuaderno de pruebas que obra por separado), lo que se traduce en que la respuesta cuya omisión se reclama en esta instancia ya fue emitida y notificada a las partes; por tanto, es evidente que cesaron los efectos del reclamo constitucional. ********************Así, la omisión de la que se dolía la quejosa ha quedado subsanado con el dictado de la resolución de competencia por parte de la autoridad responsable. ********************De manera que el efecto del amparo únicamente se podría concretar con el dictado de la citada resolución base de la omisión reclamada, lo que ya aconteció en la especie.********************De ahí que el desfasamiento en la omisión que reclama la parte quejosa, no es susceptible de análisis constitucional, al haber cesado la omisión reclamada.********************Entonces, la posible afectación causada a la parte quejosa ha desaparecido como si se le hubiera concedido a ésta el amparo, en términos del artículo 77 de la ley de la materia, al haber sido dictada la resolución cuya omisión reclama la quejosa y ser notificada ésta a la parte quejosa, pues no es factible que la omisión reclamada pueda volver a incidir en su esfera jurídica.******************** En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie, durante la tramitación de este juicio constitucional, cobró vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; y, en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el diverso 63, fracción V, de la propia ley, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, en observancia a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia que consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República.******************** Es aplicable a este proceder la Jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, del rubro y texto siguientes:****************************************"SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."****************************************Consecuentemente, se dejan sin efecto legal alguno la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, esto es las nueve horas con diez minutos del dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve; por tanto, hágase la presente determinación del conocimiento de las partes. ********************Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).********************NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.********************Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. ********************Ángeles************************************************************ ********************34645/2019 JUNTA ESPECIAL NÚMERO CINCUENTA Y TRES (53) DE LA FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE EN EL ESTADO DE ZACATECAS (AUTORIDAD RESPONSABLE) ************************************************************SECCIÓN AMPARO.******************** 881/2019********************EN LOS AUTOS RELATIVO AL JUICIO DE AMPARO AL RUBRO INDICADO PROMOVIDO POR YOLANDA CABRAL SOTO, CONTRA ACTOS DE USTED, SE DICTÓ EL SIGUIENTE AUTO QUE A LA LETRA DICE: ********************Zacatecas, Zacatecas, veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve.********************Agréguese a los autos para que obre como corresponda la promoción de cuenta signada por la presidenta de la Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Especial de Conciliación y Arbitraje del estado de Zacatecas, con sede en Guadalupe, por el que en cumplimiento al requerimiento formulado por este juzgado en proveído de veintiséis del presente mes y año, remite el original del juicio laboral ******************** de su índice.********************Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase como prueba de la mencionada responsable las constancias que integran el expediente labora supracitado, las que dada su propia y especial naturaleza se tienen desahogadas.********************Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que durante la tramitación del juicio en que se actúa ha cobrado vigencia la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece:********************"Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: ********************. . . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado."********************La improcedencia de mérito se justifica por la imposibilidad de materializar el fin que sustenta la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija.********************Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia.********************Así pues, la causa de improcedencia del juicio de derechos consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal.********************De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado.********************Sustenta el anterior criterio, dada la identidad jurídica entre los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo que se interpreta, y los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido literal es, el siguiente: ********************"CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." ****************************************Así como la diversa jurisprudencia III.2o.C J/22 sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en la página 1579, tomo XXIII, Febrero de 2006, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del siguiente tenor: ********************"ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo."****************************************En el caso, el quejoso reclama a la autoridad responsable la omisión de emitir la resolución interlocutoria de competencia dentro del expediente laboral ********************.********************De la promoción de cuenta, así como de las constancias que anexa la autoridad responsable, se advierte que el veintiuno de noviembre del presente año, se emitió la resolución de competencia de que se duele la parte quejosa, la cual fue notificada a las partes el veintiocho de noviembre del presente año (fojas 186 a 193, respectivamente del cuaderno de pruebas que obra por separado), lo que se traduce en que la respuesta cuya omisión se reclama en esta instancia ya fue emitida y notificada a las partes; por tanto, es evidente que cesaron los efectos del reclamo constitucional. ********************Así, la omisión de la que se dolía la quejosa ha quedado subsanado con el dictado de la resolución de competencia por parte de la autoridad responsable. ********************De manera que el efecto del amparo únicamente se podría concretar con el dictado de la citada resolución base de la omisión reclamada, lo que ya aconteció en la especie.********************De ahí que el desfasamiento en la omisión que reclama la parte quejosa, no es susceptible de análisis constitucional, al haber cesado la omisión reclamada.********************Entonces, la posible afectación causada a la parte quejosa ha desaparecido como si se le hubiera concedido a ésta el amparo, en términos del artículo 77 de la ley de la materia, al haber sido dictada la resolución cuya omisión reclama la quejosa y ser notificada ésta a la parte quejosa, pues no es factible que la omisión reclamada pueda volver a incidir en su esfera jurídica.******************** En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie, durante la tramitación de este juicio constitucional, cobró vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; y, en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el diverso 63, fracción V, de la propia ley, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, en observancia a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia que consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República.******************** Es aplicable a este proceder la Jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, del rubro y texto siguientes:****************************************"SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."****************************************Consecuentemente, se dejan sin efecto legal alguno la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, esto es las nueve horas con diez minutos del dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve; por tanto, hágase la presente determinación del conocimiento de las partes. ********************Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE).********************NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.********************Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. ********************LO QUE TRANSCRIBO A USTED EN VÍA DE NOTIFICACIÓN PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR.********************ZACATECAS, ZACATECAS, A VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE.****************************************ATENTAMENTE:********************EL SECRETARIO DEL JUZGADO PRIMERO ********************DE DISTRITO EN EL ESTADO DE ********************ZACATECAS.****************************************LIC. JUAN GARCÍA TREJO.****************************************
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SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE 29 DE NOVIEMBRE DE 2019, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTICULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO. "El veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve, se da cuenta con la promoción registrada con el folio 17934 y el anexo que se adjunta. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintinueve de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los autos para que obre como corresponda la promoción de cuenta signada por la presidenta de la Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Especial de Conciliación y Arbitraje del estado de Zacatecas, con sede en Guadalupe, por el que en cumplimiento al requerimiento formulado por este juzgado en proveído de veintiséis del presente mes y año, remite el original del juicio laboral 178/2019 de su índice. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase como prueba de la mencionada responsable las constancias que integran el expediente labora supracitado, las que dada su propia y especial naturaleza se tienen desahogadas. Por otra parte, visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que durante la tramitación del juicio en que se actúa ha cobrado vigencia la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: . . . XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La improcedencia de mérito se justifica por la imposibilidad de materializar el fin que sustenta la existencia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la parte quejosa en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Así pues, la causa de improcedencia del juicio de derechos consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, razón por la que se justifica la improcedencia del juicio de amparo, pues no se traduce en la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino en la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De las precisiones realizadas se arriba a la convicción de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca; o también, cuando la autoridad sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho fundamental violado. Sustenta el anterior criterio, dada la identidad jurídica entre los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo que se interpreta, y los artículos 61, fracción XXI, y 77 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia 2a./J. 59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, tomo IX, junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido literal es, el siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Así como la diversa jurisprudencia III.2o.C J/22 sostenida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, localizable en la página 1579, tomo XXIII, Febrero de 2006, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del siguiente tenor: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo." En el caso, el quejoso reclama a la autoridad responsable la omisión de emitir la resolución interlocutoria de competencia dentro del expediente laboral 178/2019. De la promoción de cuenta, así como de las constancias que anexa la autoridad responsable, se advierte que el veintiuno de noviembre del presente año, se emitió la resolución de competencia de que se duele la parte quejosa, la cual fue notificada a las partes el veintiocho de noviembre del presente año (fojas 186 a 193, respectivamente del cuaderno de pruebas que obra por separado), lo que se traduce en que la respuesta cuya omisión se reclama en esta instancia ya fue emitida y notificada a las partes; por tanto, es evidente que cesaron los efectos del reclamo constitucional. Así, la omisión de la que se dolía la quejosa ha quedado subsanado con el dictado de la resolución de competencia por parte de la autoridad responsable. De manera que el efecto del amparo únicamente se podría concretar con el dictado de la citada resolución base de la omisión reclamada, lo que ya aconteció en la especie. De ahí que el desfasamiento en la omisión que reclama la parte quejosa, no es susceptible de análisis constitucional, al haber cesado la omisión reclamada. Entonces, la posible afectación causada a la parte quejosa ha desaparecido como si se le hubiera concedido a ésta el amparo, en términos del artículo 77 de la ley de la materia, al haber sido dictada la resolución cuya omisión reclama la quejosa y ser notificada ésta a la parte quejosa, pues no es factible que la omisión reclamada pueda volver a incidir en su esfera jurídica. En las relatadas condiciones, es evidente que en la especie, durante la tramitación de este juicio constitucional, cobró vigencia de un modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que establece el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; y, en consecuencia, con apoyo en lo establecido por el diverso 63, fracción V, de la propia ley, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, en observancia a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia que consagra en el ordinal 17 de la Constitución General de la República. Es aplicable a este proceder la Jurisprudencia número 10/2003, formada con motivo de la contradicción de tesis 26/2002, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión privada del catorce de febrero del año dos mil tres, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Consecuentemente, se dejan sin efecto legal alguno la hora y fecha señaladas para la celebración de la audiencia constitucional, esto es las nueve horas con diez minutos del dieciocho de diciembre de dos mil diecinueve; por tanto, hágase la presente determinación del conocimiento de las partes. Asimismo, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe.
- Principal
El veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve, se da cuenta con una promoción registrada con el folio 17710. CONSTE. Zacatecas, Zacatecas, veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve. Agréguese a los presentes autos para que obre como corresponda la promoción de cuenta; y con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, téngase rendido el INFORME JUSTIFICADO de la autoridad responsable Junta Especial Número Cincuenta y Tres de la Federal de Conciliación y Arbitraje del estado de Zacatecas, con sede en Guadalupe (por conducto de la magistrada Presidente); con su contenido, dese vista a las partes para que hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional manifiesten lo que a su interés convenga. Ahora, la autoridad responsable adjunta a su comunicado copia simple de la resolución emitida el veintiuno de noviembre del presente año, dentro de los autos del expediente laboral 178/2019; en consecuencia, a fin de dejar el presente asunto en estado de resolución, con apoyo en los artículos 75, párrafo tercero, y 117, ambos de la legislación aplicable, mediante oficio que derive de este proveído, requiérase a la autoridad en comento, para que dentro del término de tres días hábiles legalmente computados, remita copia certificada de la constancia antes aludida, así como de su notificación practicada a la quejosa, con el apercibimiento que de no hacerlo, o no externar los motivos legales que le impidan hacerlo, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, con relación al decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se le impondrá multa equivalente a cien unidades de medida y actualización vigente en el país. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Juan García Trejo, secretario que autoriza y da fe. Ángeles
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